{"id":103621,"date":"2026-07-02T21:31:38","date_gmt":"2026-07-02T21:31:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103621"},"modified":"2026-07-02T21:31:38","modified_gmt":"2026-07-02T21:31:38","slug":"atc402-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc402-2020\/","title":{"rendered":"ATC402-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC402-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00121-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de junio dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 29 de abril de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Liceth Karime Serrato Serna como \u00abcuradora provisoria\u00bb de Nubia Mar\u00eda Serna Trujillo, contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Nubia Mar\u00eda Serna Trujillo a la vida, a la seguridad social y al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria de interdicci\u00f3n judicial seguido respecto de \u00e9sta, con radicado No. 2019-00032-00, al no levantar las medidas cautelares sobre el dinero depositado en cuentas bancarias y CDT\u00b4s de que es titular la \u00abpresunta interdicta\u00bb. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, \u00abofici[ar] a la entidad financiera Coomultrasan, orden\u00e1ndole descongelar y entregar los dineros depositados en CDT\u00b4S, CUENTA DE AHORROS y CUENTA DE APORTES con sus respectivos rendimientos, de propiedad de la interdicta NUBIA MAR\u00cdA SERNA TRUJILLO, o en su defecto a la suscrita curadora provisoria y esta haga uso de ellos pagando los gastos que la interdicta genera con el fin de garantizar y proteger su vida e integridad\u00bb (expediente en versi\u00f3n digital, archivo \u00ab2020-00121-Liceth Karime Serrato Serna\u00bb, fl. 12). <\/p>\n

2.\tComo sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce la se\u00f1ora Liceth Karime, en lo esencial, que junto con Marlene Serna Trujillo promovieron el referido juicio, dentro del cual el 7 de febrero de 2019 ella fue nombrada curadora provisoria de la presunta incapaz, por lo que el d\u00eda 22 del mismo mes y a\u00f1o se orden\u00f3 \u00abcongelar los dineros existentes en la entidad financiera Coomultrasan de propiedad de la se\u00f1ora Nubia Mar\u00eda y de su esposo Carlos Mar\u00eda Ortiz Navarro\u00bb; no obstante, el 27 de agosto siguiente, el estrado accionado orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso conforme el art\u00edculo 55 de la Ley 1996 de 2019, sin emitir pronunciamiento alguno sobre la aludida cautela.
\nNarra que a instancias de la orden de tutela emitida el 15 de enero del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que el se\u00f1or Carlos Mar\u00eda Ortiz Navarro adelant\u00f3 frente al Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, esta autoridad por auto del pasado 22 de enero resolvi\u00f3 levantar la suspensi\u00f3n del proceso, pero neg\u00f3 el levantamiento de las cautelas, decisi\u00f3n que no obstante apel\u00f3, se encuentra pendiente de decisi\u00f3n por parte de la precitada Colegiatura, por la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales impuesta en el acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, \u00abquedando la interdicta en un estado de indefensi\u00f3n al no obtener una decisi\u00f3n de fondo sobre las medidas cautelares decretadas en el asunto cuestionado, pues no cuenta con recursos econ\u00f3micos para cubrir sus necesidades b\u00e1sicas\u00bb (ib\u00eddem, fls 4 al 13). <\/p>\n

3. Mediante decisi\u00f3n del 29 de abril de la presente anualidad, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque \u00abel proceso se encuentra en apelaci\u00f3n precisamente para resolver el tema objeto de esta tutela, por consiguiente, la protecci\u00f3n invocada se tornar\u00eda improcedente al no cumplir con el principio de subsidiariedad. Lo anterior se tiene, de cara al an\u00e1lisis respectivo del expediente contentivo del proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria de interdicci\u00f3n, radicado bajo la partida No. 2019-00032-00 de cuyo tr\u00e1mite y resoluciones se duele la accionante en sede constitucional\u00bb (ib\u00edd., fls. 63 al 79). <\/p>\n

4.\tImpugnada la sentencia por la promotora (expediente en versi\u00f3n digital, archivo \u00abimpugnaci\u00f3n fallo de tutela Nubia Mar\u00eda Serna\u00bb, fls, 1 al 7), fue remitida a esta Sala de la Corte para lo pertinente. <\/p>\n

5.\tEn el registro de actuaciones de la rama judicial se observa que el pasado 12 de mayo la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del 22 de enero anterior, incluyendo la anotaci\u00f3n \u00abconfirma y adiciona auto\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En \tel presente asunto, \tLiceth Karime Serrato Serna, como \u00abcuradora \tprovisoria\u00bb \tde Nubia Teresa Serna Trujillo, cuestiona a trav\u00e9s del \tpresente mecanismo excepcional, el auto del 22 de enero de los \tcorrientes, mediante el cual la sede judicial criticada neg\u00f3 \tel levantamiento de las cautelas decretadas sobre los productos \tfinancieros que la prenombrada tiene en la Financiera Coomultrasan, \tmismo ataque que hab\u00eda realizado mediante recurso de \tapelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, y que fue definido el \tpasado 12 de mayo por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de \tBucaramanga, confirmando la decisi\u00f3n. <\/p>\n

2. As\u00ed \tlas cosas, y toda vez que esta Sala ha indicado que son los cargos \tesbozados en el escrito de protecci\u00f3n los que permiten \tdilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra \tquienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, se colige que \taunque la presente tutela se enfil\u00f3 \u00fanicamente contra \tel Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, por haber emitido el \tprove\u00eddo objeto de censura, \tla solicitud de protecci\u00f3n se hace extensiva al Tribunal \tSuperior de la misma ciudad, por haber mantenido \u00edntegramente, \ten sede de apelaci\u00f3n, la determinaci\u00f3n por esta v\u00eda \tcuestionada, raz\u00f3n por la cual debe tener la oportunidad de \tejercer \tsu derecho a la defensa. <\/p>\n

3. Sobre lo apuntado, la Corte Constitucional en auto 055\/97 de 11 de diciembre de 1997 indic\u00f3 que: \u00abLa integraci\u00f3n del contradictorio igualmente opera en el r\u00e9gimen procesal de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que el juez del conocimiento debe integrar el contradictorio cuando descubra que no se encuentran reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de las partes, y especialmente los organismos y autoridades contra los cuales se adelanta la acci\u00f3n, pero no admite la soluci\u00f3n del proceso civil, seg\u00fan el cual una falta de legitimaci\u00f3n para obrar conduce fatalmente a un fallo inhibitorio. En efecto, el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 29 del decreto 2591\/91, establece de manera terminante que \u2018el contenido del fallo no podr\u00e1 ser inhibitorio. <\/p>\n

La raz\u00f3n de la prohibici\u00f3n de los fallos inhibitorios es la respuesta consecuente con los objetivos de la acci\u00f3n de tutela, que busca proteger pronta y eficazmente, mediante un proceso sumario de tr\u00e1mite preferencial, los derechos fundamentales vulnerados o amenazados en su ejercicio por las autoridades p\u00fablicas y, eventualmente, por los particulares. Todo lo que dilate la actuaci\u00f3n, dificulte la defensa o impida un pronunciamiento sobre las pretensiones de los peticionarios, contraviene el esp\u00edritu del Constituyente y la voluntad del legislador, para quienes la eficacia de los objetivos prima sobre la ritualidad de los procedimientos. Con la acci\u00f3n de tutela se busc\u00f3 crear un instrumento audaz y de eficacia inmediata, para proteger los derechos fundamentales de las personas. Un fallo inhibitorio, deja de lado la decisi\u00f3n del conflicto que afecta o amenaza un derecho fundamental, desconoce el principio de la efectividad de los derechos, el derecho de acceso a la justicia y hace nugatoria la tutela como mecanismo efectivo de protecci\u00f3n de dichos derechos. <\/p>\n

As\u00ed, entonces, no siendo posible una decisi\u00f3n inhibitoria por el juez de tutela, \u00e9ste debe decidir de fondo haciendo uso de los elementos de juicio de que se dispone en el proceso, teniendo en cuenta que la actuaci\u00f3n procesal debe ajustarse a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, econom\u00eda, celeridad y eficacia (D. 2591\/91, art. 3\u00b0) y que su misi\u00f3n, ante cualquier otra alternativa, es la de proteger el derecho fundamental amenazado o desconocido. <\/p>\n

No cabe duda entonces, dadas las caracter\u00edsticas especiales del proceso de tutela, que si de la situaci\u00f3n de hecho acreditada en el informativo se deduce realmente la violaci\u00f3n de un derecho fundamental, pero no se ha constituido adecuadamente el litisconsorcio pasivo, puede el ad-quem e incluso la Corte cuando hace uso de la potestad de revisi\u00f3n de los fallos de instancia, revocar la decisi\u00f3n o decisiones sometidas a su examen y ordenar al juez de primera instancia la integraci\u00f3n del contradictorio para configurar la legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandada. La adopci\u00f3n de esta conducta se adecua y armoniza con el postulado legal de que en el proceso de tutela no pueden expedirse fallos inhibitorios, pero cabr\u00eda se\u00f1alar que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada no es posible proferir sentencia de m\u00e9rito, estimatoria o desestimatoria de las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n

4.\tAhora bien, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 consagra que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra \u00ablos Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb; entonces, resulta evidente que la salvaguarda debe ser conocida en primera instancia por esta Sala de la Corte, por ser el superior funcional de la citada Colegiatura, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, en raz\u00f3n a que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC554-2019 y ATC798 – 2019). <\/p>\n

\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n

6.\tEn consecuencia, como el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, se invalidar\u00e1 lo actuado en la presente acci\u00f3n a partir de su auto admisorio, inclusive, para que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil asuma su conocimiento en primera instancia.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO. Rem\u00edtase el expediente a la Secretar\u00eda de esta Sala para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC402-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00121-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de junio dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veinte (2020).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 29 de abril de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103621","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103621\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}