{"id":103629,"date":"2026-07-02T21:32:22","date_gmt":"2026-07-02T21:32:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103629"},"modified":"2026-07-02T21:32:22","modified_gmt":"2026-07-02T21:32:22","slug":"atc417-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc417-2020\/","title":{"rendered":"ATC417-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC417-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-00552-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de junio dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de mayo de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelys Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez, quien act\u00faa en nombre propio y en el de \u00absu n\u00facleo familiar\u00bb, contra la Presidencia de la Republica y la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social, la Unidad Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, el Departamento para la Prosperidad Social -DPS, el Instituto para la Econom\u00eda Social – IPES, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, la Comisi\u00f3n Legal de Investigaci\u00f3n y Acusaciones de la C\u00e1mara de Representantes, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora \tdel amparo, quien act\u00faa en la calidad antes enunciada, \treclama la \tprotecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la \tdignidad humana y al m\u00ednimo vital, \tpresuntamente conculcados por \tlas autoridades convocadas, al no \u00abentregarle\u00bb \tlas ayudas econ\u00f3micas establecidas por el Gobierno Nacional \tpara conjurar los efectos de las medidas de aislamiento decretadas \tante la emergencia \tsanitaria generada por el \tvirus SARS CoV-21. <\/p>\n

Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Presidencia de la Rep\u00fablica y a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 i) \u00ab[q]ue [l]e entreguen en forma efectiva e inmediata ayuda humanitaria que [l]e permita satisfacer el m\u00ednimo vital personal y familiar, mientras dure el aislamiento social por ellas decretado\u00bb; ii) \u00ab[q]ue establezcan y [l]e entreguen en forma efectiva UNA RENTA B\u00c1SICA sin condicionamientos, que [l]e permita satisfacer el m\u00ednimo vital personal y familiar, mientras dure el aislamiento social por ellas decretado\u00bb; iii) \u00ab[q]ue una vez superadas las causas que generaron el aislamiento social decretado por las autoridades accionadas, se [l]e provea de los medios econ\u00f3micos necesarios y suficientes a fin de reiniciar [su] actividad laboral que se vio truncada por las medidas gubernamentales y a fin de que pueda acceder al m\u00ednimo vital\u00bb; que iv) [s]e ponga en conocimiento a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a fin de que conozca y se pronuncie de las fallas que ha venido presentando la PRESIDENCIA DE LA REP\u00daBLICA y ALCALD\u00cdA MAYOR DE BOGOT\u00c1, para que se proceda a generar las respectivas sanciones preventivas y represivas, y me sea notificado\u00bb; y, v) \u00abenviar el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.\tPara respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que es \u00abuna persona de 33 a\u00f1os, [y se] desempe\u00f1[a] desde hace varios a\u00f1os como trabajadora de culinaria, en diferentes restaurantes que pagan el d\u00eda trabajado (al destajo), trabajo informal que [viene] realizando en diferentes LOCALIDADES de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, actividad de la que depende de manera \u00abexclusiva\u00bb, y con la que sostiene econ\u00f3micamente a su familia; que \u00abdebido a las medidas de aislamiento social adoptadas tanto por el Gobierno Distrital como por el Gobierno Nacional con el fin de contener el contagio que se puede generar a partir del CORONAVIRUS \u2018COVI 19\u2019, no h[a] podido volver laborar\u00bb, encontr\u00e1ndose en una condici\u00f3n econ\u00f3mica muy dif\u00edcil, y a\u00fan cuando los entes accionados han prometido la entrega de \u00abayudas en dinero en efectivo y en especie (productos alimenticios) a personas y familias de escasos recursos, hasta la fecha no h[a] recibido ning\u00fan tipo de [auxilio]\u00bb, pese a que \u00abenvi[\u00f3] un derecho de petici\u00f3n en abril 4 de 2020, al correo electr\u00f3nico habilitado (integracion@sdis.gov.co) por la secretaria de integridad social\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pone de presente que aunque es una \u00abv\u00edctima del conflicto armado\u00bb, tampoco ha recibido ning\u00fan tipo de asistencia por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, ante la que tambi\u00e9n elev\u00f3 dos derechos de petici\u00f3n, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del escrito inicial hubiera recibido una respuesta, motivos \u00e9stos por los cuales acude a este mecanismo especial de protecci\u00f3n, pues no cuenta con otra herramienta judicial para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas primarias. <\/p>\n

3. La \tSala \tCivil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \tneg\u00f3 el \tresguardo suplicado, tras \tadvertir, en suma, que \u00abla \taccionante cuestiona decisiones del Presidente de la Rep\u00fablica \ty de la Alcaldesa Mayor de Bogot\u00e1, que son de car\u00e1cter \tgeneral, expedidos con el fin de combatir la pandemia generada por \tel Covid 19, respecto de los cuales esta acci\u00f3n es \timprocedente, porque de conformidad con el art\u00edculo 6 del \tdecreto 2591 de 1991, la tutela carece de viabilidad, entre otros \tcasos, \u2018cuando se trata de actos de car\u00e1cter general, \timpersonal y abstracto\u2019 (num. 5)\u00bb. <\/p>\n

Por otro lado, dej\u00f3 por sentado que, \u00abfuera de discusi\u00f3n el sinn\u00famero de problemas sociales y econ\u00f3micos que se han generado en todo el mundo por la aludida situaci\u00f3n sanitaria, generada por la pandemia, como la dif\u00edcil situaci\u00f3n descrita por la accionante, lo cierto es que revisado el expediente est\u00e1 ausente la prueba de una injustificada vulneraci\u00f3n o amenaza para sus derechos fundamentales, pues no se acredit\u00f3 que las autoridades y entidades accionadas negaran de forma arbitraria o caprichosa, la entrega de las ayudas econ\u00f3micas o en especie, dispuestas para esos efectos. Por el contrario, la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social inform\u00f3 que mediante entrevista a la accionante, determin\u00f3 que es beneficiaria de un bono canjeable por alimentos, el cual estar\u00e1 a finales de este mes\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, y acerca de la condici\u00f3n de \u00abv\u00edctima del conflicto armado\u00bb que dijo la accionante ostentar, explic\u00f3 que \u00e9sta \u00abno acredit\u00f3 que efectivamente elev\u00f3 una petici\u00f3n ante la UARIV, pues con los anexos de la tutela, solo alleg\u00f3 una copia de la eventual solicitud, sin la constancia de haberla remitido por cualquier medio, y as\u00ed no podr\u00eda estimarse que esa entidad vulner\u00f3 su derecho de petici\u00f3n por dejar de brindar una respuesta. Pero tampoco se prob\u00f3 que la Unidad citada vulner\u00f3 los derechos invocados, porque en buenas cuentas, no se acredit\u00f3 ninguna diligencia ante la misma, previo a radicarse la presente queja constitucional\u00bb. <\/p>\n

3. Impugnada \tla sentencia por la parte accionante, fue remitida a esta Corte para \tlo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige, en realidad, frente a la Presidencia de la Rep\u00fablica, la UARIV y la Secretaria de Integraci\u00f3n Social; la primera, en raz\u00f3n de su supuesta negativa a suministrar las \u00abayudas humanitarias\u00bb que requiere para conjurar los efectos econ\u00f3micos generados por el aislamiento obligatorio que venimos experimentando desde mediados del mes de marzo del a\u00f1o que avanza, por cuenta de la pandemia que el virus com\u00fanmente denominado \u00abCovid-19\u00bb desencaden\u00f3; y las dos \u00faltimas, por no resolver los derechos de petici\u00f3n que les ha elevado la accionante con el fin de conseguir tales auxilios; es decir, que en este caso particular, no se est\u00e1 atacando al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, ni a los Decretos por \u00e9ste expedidos con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el pa\u00eds. <\/p>\n

2.\tEntonces, como la acci\u00f3n de amparo involucra autoridades \u00abdel orden nacional\u00bb, corresponde su conocimiento en primera instancia a los jueces con categor\u00eda circuito, de conformidad a lo establecido en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20172, pues se reitera, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem3 alude a las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Presidente de la Rep\u00fablica, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra la gesti\u00f3n concreta de ese funcionario, en raz\u00f3n a que la promotora de la salvaguarda no cuestiona ni solicita la invalidez de los decretos de emergencia por \u00e9ste expedidos. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas el llamamiento del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, es meramente aparente, pues ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta, lesiva de derechos supralegales, le fue enrostrada. Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala que, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC780-2018). <\/p>\n

4.\tAs\u00ed mismo, ha destacado que, \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 -reparto, para su conocimiento. <\/p>\n

6. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n

7. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada se dirige exclusivamente contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la UARIV y la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1, m\u00e1s no en contra de una actuaci\u00f3n directa del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, quien result\u00f3 vinculado al asunto de manera aparente. <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 7 de mayo de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 -reparto, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1 \tAs\u00ed \tdenominado, oficialmente, por el Comit\u00e9 Internacional de \tTaxonom\u00eda de Virus.
\n2 \t\u201c(\u2026)2. \tLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier \tautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \ta los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d.
\n3 \t\u201c(\u2026)3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC417-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-00552-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de junio dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de mayo de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103629","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103629"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103629\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}