{"id":103635,"date":"2026-07-02T21:33:08","date_gmt":"2026-07-02T21:33:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103635"},"modified":"2026-07-02T21:33:08","modified_gmt":"2026-07-02T21:33:08","slug":"atc425-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc425-2020\/","title":{"rendered":"ATC425-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC425-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00146-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de abril de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yenny Alejandra Medina Pulido contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, si no fuera porque de la revisi\u00f3n preliminar que se realiza al expediente, se advierte la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abjuez natural\u00bb, la \u00abverdad\u00bb y \u00aba un recurso efectivo\u00bb, presuntamente vulnerados por la sala jurisdiccional convocada. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, los hechos y cuestionamientos sustento de la presente acci\u00f3n como los relat\u00f3 el apoderado de la accionante son los siguientes: <\/p>\n

\u00abSeg\u00fan las im\u00e1genes que han sido ampliamente divulgadas por la internet, medios de comunicaci\u00f3n y redes sociales, el joven dilan mauricio cruz medina es impactado por arma de fuego cuando se encontraba tratando de huir de los efectos generados por gases lacrim\u00f3genos lanzados por efectivos del Esmad, en direcci\u00f3n occidente oriente sobre el costado norte de la avenida calle 19 con carrera 4\u00aa de la ciudad de Bogot\u00e1. Herido, es auxiliado por varias personas, Cruz Roja, Gestores de Convivencia, incluidos defensores de Derechos Humanos que se encontraban en el lugar y m\u00e1s tarde, trasladado a la unidad de urgencias del Hospital Universitario de San Ignacio. Dos d\u00edas despu\u00e9s y a pesar de los m\u00faltiples esfuerzos de los profesionales de la salud, consecuencias de la gravedad de la lesi\u00f3n sufrida, pierde la vida. <\/p>\n

Pocos d\u00edas despu\u00e9s, algunos medios de comunicaci\u00f3n como el noticiero de televisi\u00f3n "Noticias Uno" dejan en evidencia a un integrante del Esmad Polic\u00eda Nacional apuntando en l\u00ednea recta, en diagonal y disparando el arma de dotaci\u00f3n; acci\u00f3n que implicar\u00eda dos d\u00edas despu\u00e9s la muerte de dilan cruz medina. Se supo que se trata del capit\u00e1n de la Polic\u00eda Nacional Manuel Cubillos Rodr\u00edguez. <\/p>\n

La investigaci\u00f3n penal fue asumida en justicia ordinaria por la Fiscal\u00eda 289 de la Unidad de Vida y, en trat\u00e1ndose de un miembro activo de la Polic\u00eda Nacional, por el Juzgado 189 de Instrucci\u00f3n Penal Militar el cual suscita conflicto positivo de competencia que a la postre y tras una paup\u00e9rrima oposici\u00f3n por cuenta del Fiscal de turno, termina siendo asignada a la Justicia Penal Militar, determinaci\u00f3n \u00e9sta que genera el presente recurso extraordinario de amparo a derechos fundamentales de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n

Respecto del prove\u00eddo que critica, esto es, el proferido el 12 de diciembre de 2019 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, encargada de dirimir el conflicto de competencia trabado entre las dos jurisdicciones para conocer del asunto penal, sostuvo: <\/p>\n

\u00abEn nuestro entender los derechos conculcados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en la [decisi\u00f3n] cuestionada son de tal envergadura constitucional que afectan los derechos propios del Bloque Constitucional, tal como lo es el principio de Juez Natural y con \u00e9l los derechos al debido proceso, a la defensa de los leg\u00edtimos intereses de las v\u00edctimas y a un recurso efectivo. No en vano la Oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en su informe [\u2026] de reciente divulgaci\u00f3n, hace importantes se\u00f1alamientos, cuestionamientos y recomendaciones al Estado Colombiano sobre asuntos como el que hoy es materia de la acci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n

Desde luego, en trat\u00e1ndose de una clara transgresi\u00f3n del art\u00edculo 11 constitucional, derecho a la vida, [\u2026] la muerte de ciudadano a manos de un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado en un escenario de protesta social, sin que medien circunstancias f\u00e1cticas que de paso legitimen el uso de la fuerza y mucho menos de instrumentos con capacidad de lesionar o hasta matar, es un acto que impacta severamente a la poblaci\u00f3n civil, por cuanto deslegitima el accionar de las instituciones\u00bb. <\/p>\n

Acus\u00f3 entonces la providencia adoptada por la Sala accionada de constituir v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, argumentando en tal sentido que: <\/p>\n

\u00abLa [\u2026] Sala Disciplinaria reconoce en el Auto de marras y en cuanto al estudio de la relaci\u00f3n entre la conducta y el servicio que; "La correspondencia que debe existir entre la conducta punible y el servicio activo en la fuerza p\u00fablica es una exigencia que debe determinarse a trav\u00e9s de una sana ponderaci\u00f3n de los elementos de juicio disponibles. <\/p>\n

Aspecto clave que permiti\u00f3 a la Colegiatura asignar la Competencia a la Justicia Penal Militar, lo constituyeron los testimonios de los uniformados, que a su vez fueron perpetradores subordinados directos del Capit\u00e1n cubillos, siendo ellos el pt. monz\u00f3n rojas miguel \u00e1ngel, pt medina carvajal diego felipe, pt mario andr\u00e9s rivera s\u00e1nchez y el si. yampier iv\u00e1n rodr\u00edguez bland\u00f3n, testimonios estos que por esa raz\u00f3n pierden objetividad e imparcialidad; pretermitiendo lo que para las v\u00edctimas resultaba un ejercicio de obligatorio cumplimiento el de contrastar las manifestaciones que al un\u00edsono presentaron todos los policiales con relaci\u00f3n a las declaraciones o entrevistas de civiles que estando en el lugar de los acontecimientos ofrecieron un relato de los hechos con un contenido claramente contrario a los dicho por aquellos. <\/p>\n

El 23 de noviembre rindieron entrevista ante funcionarios del CTI los se\u00f1ores h\u00e9ctor wilmar olarte cancino [\u2026] el ciudadano fabi\u00e1n emilio paredes Aristiz\u00e1bal [\u2026]; un d\u00eda despu\u00e9s es decir el 24\/11\/19 se recibieron las entrevistas de alexandra paola gonz\u00e1lez zapata [\u2026]de angie lorena medina panqueba [\u2026]. <\/p>\n

Las manifestaciones rendidas por estos cuatro ciudadanos son abiertamente diferentes a lo asegurado por los policiales, en primer lugar niegan que de parte de los pocos manifestantes que para el momento en que es gravemente herido DILAN MAURICIO se estuviera agrediendo o atacando a la fuerza p\u00fablica, en segundo lugar, coinciden que las reacciones del ESMAD no estaban realmente justificadas, y que ser\u00edan \u00e9stos los que estaban afectando con el uso desmedido de la fuerza una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica, tambi\u00e9n dan cuenta de varios disparos realizados con armas diferentes a las granadas de aturdimiento y los gases lacrim\u00f3genos, (trufay, marcadores y desde luego escopetas calibre 12 mm). Ahora bien, resulta pertinente agregar, que entre los se\u00f1ores olarte cancino y paredes aristizabal al parecer no existe ning\u00fan conocimiento entre s\u00ed o relaci\u00f3n de amistad. Y por la otra parte, tanto alexandra paola como angie lorena fungen como defensoras de derechos humanos integrantes que representan a la sociedad civil en las denominadas Comisiones de Verificaci\u00f3n E Intervenci\u00f3n – CVI, espacios con reconocimiento estatal ofrecido por la Resoluci\u00f3n 1190 de 2018 del Ministerio del Interior y distrital mediante Decreto 563 de 2015 . <\/p>\n

Resulta pues evidente, que la Sala omiti\u00f3 hacer un estudio acorde e integral, de conjunto y en contexto en cuanto al contenido de las amplias y precisas manifestaciones de tiempo, modo y lugar, someti\u00e9ndolas al an\u00e1lisis y contrastaci\u00f3n necesarias lo que sin duda alguna como m\u00ednimo debi\u00f3 generar en el H. Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, DUDA RAZONABLE en cuanto al supuesto cumplimiento del principio FUNCIONAL (referido a que el delito cometido debe tener relaci\u00f3n con el servicio), elemento que representa el eje central para la competencia militar . <\/p>\n

Es preciso entonces traer a colaci\u00f3n apartes de la Sentencia C.372 de 2016 el cual define que aunque parezca evidente que la conducta punible ocurre en ejercicio de una deber legal, la concurrencia de acciones distorsionadas, si se quiere desviadas, se estar\u00eda perdiendo cualquier relaci\u00f3n con el deber legal del cumplimiento de la misi\u00f3n; dice la Sentencia entre otros apartes que: "…En relaci\u00f3n con el elemento funcional que debe concurrir para activar la competencia excepcional de la Justicia Penal Militar: que el delito cometido tenga relaci\u00f3n directa con el servicio, la Jurisprudencia ha destacado su especial importancia en la configuraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del fuero, precisando que el mismo consiste "en que la conducta punible tenga una conexi\u00f3n directa con el cumplimiento de una funci\u00f3n leg\u00edtima", lo que significa, a su vez, que si "el comportamiento t\u00edpico es consecuencia del desarrollo de una tarea propia del servicio, pero la misma es cumplida de forma distorsionada o desviada, la acci\u00f3n perder\u00e1 cualquier relaci\u00f3n con la labor legal y ser\u00e1, como cualquier delito com\u00fan, objeto de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria"\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, pide se declare \u00ab(\u2026) la nulidad de la providencia proferida el pasado 12 de diciembre de 2019 donde se resolvi\u00f3 el conflicto de competencia entre el Juez 289 de Instrucci\u00f3n Penal Militar y la Fiscal\u00eda 189 Seccional (sic) que radic\u00f3 en cabeza de la jurisdicci\u00f3n militar la investigaci\u00f3n por el homicidio de Dilan Cruz Medina (\u2026) disponer la remisi\u00f3n del expediente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que este organismo reasuma la investigaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (p\u00e1gs., 2 a 19, archivo digital \u2013 tutela primera instancia 109185 expediente 1). <\/p>\n

3.\tLa Sala a quo concedi\u00f3 el auxilio al considerar que, en efecto, la accionada incurri\u00f3 en el defecto denunciado porque \u00ab\u00adno tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas que le fueron allegadas, sino que solo se fundament\u00f3 en los testimonios rendidos por miembros de la Fuerza P\u00fablica (\u2026)\u00bb, dejando de lado las declaraciones de cuatro personas que ofrecieron su testimonio a la Fiscal\u00eda sobre el d\u00eda de los hechos, trat\u00e1ndose de versiones dis\u00edmiles a las rendidas por los agentes policiales, concretamente respecto al proceder de estos; adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi estas entrevistas fueron recepcionadas por el CTI de la Fiscal\u00eda entre el 23 y el 24 de noviembre de 2019 y la decisi\u00f3n discutida se adopt\u00f3 el 12 de diciembre siguiente, resulta evidente que hac\u00edan parte de la actuaci\u00f3n, luego no se avizora raz\u00f3n alguna para no haber sido valoradas\u00bb, y finaliz\u00f3 precisando que, \u00aben ning\u00fan aparte de la providencia se hace alusi\u00f3n a lo dicho por estos declarantes, ya sea para darle credibilidad o desestimar su versi\u00f3n, m\u00e1xime cuando su an\u00e1lisis era relevante para adoptar la decisi\u00f3n, pues como se indic\u00f3 se trata de una versi\u00f3n contraria a los testimonios vertidos por los agentes del ESMAD\u00bb. <\/p>\n

En tal sentido, resolvi\u00f3 dejar sin efecto el auto recriminado y ordenar a \u00abla Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura solicite la actuaci\u00f3n penal a la justicia penal militar y proceda nuevamente a estudiar el caso a la luz de las pruebas que obraban en el proceso para la aludida fecha\u00bb (p\u00e1gs., 76 a 90, archivo digital \u2013 cuaderno de la Sala Penal T109785). <\/p>\n

4.\tEl anterior fallo lo impugn\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primer lugar, por intermedio de uno de sus Magistrados, y posteriormente, en escrito separado, lo hizo el presidente de esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Solicitaron se declare nulidad de la actuaci\u00f3n, por cuanto no fueron notificados del auto admisorio de la demanda tutelar, lo cual les impidi\u00f3 ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n. Al respecto, explicaron que, ante el inicio de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y las medidas de salubridad adoptadas por esa misma Corporaci\u00f3n con motivo de la cuarentena nacional, a efectos de unificar la recepci\u00f3n de los tr\u00e1mites constitucionales en una sola cuenta de correo electr\u00f3nico, el 17 de marzo se cre\u00f3 el e-mail institucional acuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior
\n.ramajudicial.gov.co y se\u00f1al\u00f3 que \u00aben oficio del 17 de marzo de 2020, la doctora Damaris Orjuela Herrera Secretaria General de esa Corporaci\u00f3n, inform\u00f3 que ya ten\u00edan conocimiento de la existencia de esa cuenta de correo y que se hab\u00eda dado traslado de esa informaci\u00f3n a las Secretar\u00edas de las Salas Civil, Penal y Laboral\u00bb; sin embargo, asegur\u00f3 que, a dicho correo no lleg\u00f3 ninguna notificaci\u00f3n sobre la demanda en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Manifestaron que esa situaci\u00f3n configura una vulneraci\u00f3n al debido proceso, pues \u00abal no notificar debidamente el auto admisorio de la presente acci\u00f3n constitucional, desconoci\u00f3 el derecho al debido proceso y de defensa de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que no tuvo oportunidad alguna de pronunciarse frente a los hechos materia de la acci\u00f3n de tutela, lo cual configura una clara causal de nulidad, siendo esta la petici\u00f3n principal que se realiza al juez de segunda instancia para que as\u00ed lo declare al momento de resolver la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa notificaci\u00f3n de las providencias en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando en la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n

La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador (\u2026)\u00bb (CC A-018\/05, citado en ATC602-2019, entre otros). <\/p>\n

2.\tDe la nulidad por falta o indebida notificaci\u00f3n en los tr\u00e1mites de tutela. <\/p>\n

El numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de otras aunque sean indeterminadas. Dicha norma es aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n

En ese sentido, interesa recordar que para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de las partes intervinientes, reviste vital importancia la debida integraci\u00f3n del contradictorio tanto por activa como por pasiva, lo cual solo puede garantizarse mediante la debida y oportuna vinculaci\u00f3n de las partes; de manera que el acto de enteramiento de las decisiones judiciales para brindarle a las partes la posibilidad de defenderse, constituye un aspecto esencial de esa prerrogativa fundamental. <\/p>\n

Sobre el acto procesal denominado \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, la Corte Constitucional en sentencia C-670\/04, sostuvo que aqu\u00e9l: <\/p>\n

\u00ab\u2026en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicaci\u00f3n procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicaci\u00f3n concreta al debido proceso mediante la vinculaci\u00f3n de aquellos a quienes concierne la decisi\u00f3n judicial notificada, as\u00ed como que es un medio id\u00f3neo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicci\u00f3n, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jur\u00eddica, pues de \u00e9l se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones Judiciales\u2026\u00bb <\/p>\n

De all\u00ed que: \u00ab\u2026asuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad alguna de alegaci\u00f3n por la persona afectada, pues un impedimento de tal naturaleza violar\u00eda su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n

3.\tCaso concreto. <\/p>\n

Trasladando los anteriores postulados al asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que, aunque la Hom\u00f3loga Penal dispuso la vinculaci\u00f3n de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al tr\u00e1mite constitucional (auto de avoca conocimiento de 12 de marzo de 2020 \u2013 p\u00e1gs., 19 y 20, archivo digital \u2013 cuaderno de la Sala Penal T109785), la notificaci\u00f3n respectiva, llevada a cabo solo el 18 del mismo mes v\u00eda e-mail (p\u00e1g. 23, archivo digital \u2013 ib\u00eddem), no se surti\u00f3 al correo electr\u00f3nico dispuesto para tales efectos por la corporaci\u00f3n demandada1 y que fue habilitado y publicitado desde el d\u00eda anterior en la p\u00e1gina web \u00abnoticias\u00bb del Consejo Superior de la Judicatura (p\u00e1g., 132, archivo digital \u2013 ib.) conforme lo inform\u00f3 en estas diligencias al momento de impugnar el fallo de primer grado2, sino a las direcciones saladiscadmon@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y a pressjdcsbat@notificacionesrj.gov.co de las cuales manifestaron existe reporte de que no se recibi\u00f3 notificaci\u00f3n de entrega. De ah\u00ed que, tal y como se establece del examen de estas diligencias, no se obtuvo pronunciamiento alguno de esa autoridad. <\/p>\n

De manera que la notificaci\u00f3n del auto admisorio no se verific\u00f3 en realidad, circunstancia que impidi\u00f3 que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria tuviera conocimiento de la actuaci\u00f3n iniciada en su contra y que ofreciera pronta y oportuna respuesta frente a los reparos hechos por la tutelante. <\/p>\n

Por consiguiente, resulta evidente el desconocimiento al debido proceso en la actual demanda, no solo en detrimento de la autoridad vinculada, sino de la propia parte actora, en tanto la irregularidad existente frente a la notificaci\u00f3n del inicio del tr\u00e1mite constitucional, representa una irregularidad insubsanable que tan solo se puede enmendar con la declaratoria de invalidez. <\/p>\n

4.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, toda vez que, se itera, se impidi\u00f3 a la directa implicada intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n

En ese orden, como el yerro, seg\u00fan lo expuesto, recay\u00f3 en el procedimiento de comunicaci\u00f3n del auto del 12 de marzo de 2020 por cuenta de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (surtido el 18 de marzo de 2020) por no haber sido eficaz configur\u00e1ndose la invalidez desde entonces, se ordenar\u00e1 rehacer esa actuaci\u00f3n, notificando oportuna y debidamente dicho prove\u00eddo a la accionada al correo institucional acuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co ; se aclara que las pruebas recaudadas conservan pleno valor. <\/p>\n

En consecuencia, se dispone devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO. En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tacuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
\n2 \tAs\u00ed mismo, tambi\u00e9n se constata que la Secretar\u00eda \tGeneral de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio OSG n\u00b0 \t1700, de 17 de marzo de 2020, acus\u00f3 recibido del oficio \tSJ-GPCP n\u00b09802 con el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria \tinform\u00f3 del nuevo correo electr\u00f3nico para efectos de \tnotificaciones sobre acciones de tutela y h\u00e1beas corpus, a su \tvez que indic\u00f3 que del mismo dio traslado a las Salas Civil, \tPenal y Laboral de esta Corporaci\u00f3n.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC425-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00146-01 Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de abril de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103635"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}