{"id":103637,"date":"2026-07-02T21:33:31","date_gmt":"2026-07-02T21:33:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103637"},"modified":"2026-07-02T21:33:31","modified_gmt":"2026-07-02T21:33:31","slug":"atc428-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc428-2020\/","title":{"rendered":"ATC428-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC428-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2020-00148-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el pasado 14 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan David Ossa G\u00f3mez, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado colombiano en Buenos Aires (Argentina), si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n

1.\tObrando en su propio nombre, el solicitante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales a la \u00ablibertad de locomoci\u00f3n, vida, salud, seguridad social [y] dignidad humana\u00bb que estima conculcadas por las entidades convocadas. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional que se ordene al \u00abMinisterio de Relaciones Exteriores de Colombia y al Consulado o la Embajada de Colombia en Buenos Aires\u2026 \u201crealizar las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento que permita habilitar el transporte a\u00e9reo con fines humanitarios de repatriaci\u00f3n\u201d\u00bb o que \u00ablas entidades tuteladas, en conjunto con la Fuerza A\u00e9rea colombiana establezcan una fecha en la cual se realice un vuelos humanitarios [sic]\u00bb. <\/p>\n

3.\tMediante prove\u00eddo de 14 de mayo anterior el tribunal a quo ampar\u00f3 el derecho fundamental al m\u00ednimo vital del gestor, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de los agentes diplom\u00e1ticos o consulares en la Rep\u00fablica Argentina, \u00abrealizar el proceso de caracterizaci\u00f3n del ciudadano\u2026 para determinar la necesidad y posibilidad de proporcionarle ayudas econ\u00f3micas para su sustento en dicho pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, orden\u00f3 a aquella cartera coordinar con la aerol\u00ednea Avianca la devoluci\u00f3n del dinero invertido por Ossa G\u00f3mez en la compra del tiquete de regreso al territorio nacional. <\/p>\n

Tal decisi\u00f3n fue impugnada por la directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Canciller\u00eda y la representante legal judicial de la referida empresa de transporte a\u00e9reo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

2.\tDe la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, advierte la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que se suscita una vinculaci\u00f3n aparente respecto del Presidente de la Rep\u00fablica que, con vista en el ordenamiento legal, la facultar\u00eda para conocer del resguardo en las condiciones que lo hizo. <\/p>\n

Ciertamente, cuando la tutela se dirige contra dicho funcionario, las reglas de reparto contenidas en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determinan la competencia para conocer del amparo, en primer grado, a los Tribunales Administrativos o Superiores de Distrito Judicial, pues as\u00ed lo establece el numeral 3 de dicho canon al indicar que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n

Empero, en el escrito inicial no se atribuye responsabilidad al Presidente de la Rep\u00fablica o a alguna actuaci\u00f3n suya y menos se formula pretensi\u00f3n en su contra y aunque el Juzgado Noveno Administrativo de Medell\u00edn asegur\u00f3 que el amparo involucra al mandatario por haber sido quien orden\u00f3 los cierres fronterizos \u00abcomo medida de prevenci\u00f3n\u2026 en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales\u00bb, es lo cierto que la programaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de vuelos humanitarios de repatriaci\u00f3n de connacionales son funciones que ata\u00f1en a organismos diferentes, como al Ministerio de Relaciones Exteriores y las Unidades Administrativas Especiales de Migraci\u00f3n Colombia y Aeron\u00e1utica Civil y no a dicho funcionario. <\/p>\n

Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que se haya hecho alusi\u00f3n al Presidente de la Rep\u00fablica, ninguna actuaci\u00f3n suya constituy\u00f3 el cimiento de la presente demanda constitucional, pues como viene de indicarse, el amparo apunta, concretamente, a obtener la repatriaci\u00f3n de un ciudadano colombiano que se encuentra en la Rep\u00fablica Argentina, de all\u00ed que la vinculaci\u00f3n del mencionado funcionario, en este caso, resulte apenas aparente. <\/p>\n

Lo anterior, para significar que no es suficiente con que se mencione al primer mandatario para que la competencia recaiga autom\u00e1ticamente en un Tribunal Superior, pues sustancialmente se requiere que el actor le impute alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de sus prerrogativas iusfundamentales, situaci\u00f3n que, como se ha advertido, no ocurre en el presente evento. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01) <\/p>\n

3.\tDefinici\u00f3n de la competencia. <\/p>\n

De acuerdo con lo discurrido, es claro que la competencia para conocer de la tutela incoada por Juan David Ossa G\u00f3mez, se radica en los jueces del circuito de conformidad con el numeral 2 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017) que indica: <\/p>\n

Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n

En este orden, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al Juzgado Noveno Administrativo de esa ciudad, despacho al que le fue inicialmente asignada por reparto la actuaci\u00f3n, para lo de su competencia. <\/p>\n

Concordante con ello, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario al que le corresponda asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n

\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Juan David Ossa G\u00f3mez, inclusive desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Noveno Administrativo de Oralidad de Medell\u00edn, despacho al que le fue asignado inicialmente el asunto por reparto, para que asuma el conocimiento de la presente salvaguarda constitucional. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC428-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2020-00148-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de junio de dos mil veinte) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103637","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103637","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103637"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103637\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103637"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103637"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103637"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}