{"id":103639,"date":"2026-07-02T21:33:40","date_gmt":"2026-07-02T21:33:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103639"},"modified":"2026-07-02T21:33:40","modified_gmt":"2026-07-02T21:33:40","slug":"atc430-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc430-2020\/","title":{"rendered":"ATC430-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC430-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2020-00154-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 15 de mayo de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en las acciones de tutela acumuladas (radicaciones 2020-00154, 2020-00161 y 2020-00173) promovidas por Luis Fernando Galeano Mengual, Joice Patricia Salgado Hern\u00e1ndez, Adriana Marcela Pe\u00f1aloza Miranda y Arturo Rafael Bustos Garrido, estos dos \u00faltimos quienes act\u00faan en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Thiago Rafael y Juan Mart\u00edn Bustos Pe\u00f1aloza, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado Colombiano en Buenos Aires (Argentina); si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. Luis Fernando Galeano Mengual reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la libertad de locomoci\u00f3n, vida, salud, seguridad social y dignidad humana, que dice vulnerados por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abordenar a quien corresponda realizar los respectivos tr\u00e1mites burocr\u00e1ticos para realizar el retorno a Colombia\u00bb y, adem\u00e1s, disponer que \u00abla fuerza a\u00e9rea colombiana [realice] los vuelos humanitarios, ya que no cuenta con los recursos econ\u00f3micos para costear un vuelo comercial\u00bb. <\/p>\n

1.1. Como soporte de dichos pedimentos, en s\u00edntesis, expres\u00f3 el promotor que, el 19 de febrero de los corrientes, se traslad\u00f3 a Argentina por motivo laborales, pa\u00eds que cerr\u00f3 sus fronteras el pasado 15 de marzo; que los \u00abrecursos econ\u00f3micos se le acabaron, [por lo que no tiene] m\u00e1s\u2026 para poder solventar [su] estad\u00eda en Argentina\u00bb; que su \u00abtiempo de residencia legal en la Argentina ya se venci\u00f3\u00bb, por lo que el 18 de abril de 2020, \u00abradic\u00f3 ante el Ministerio de Relaciones Exteriores\u2026 derecho de petici\u00f3n\u2026 solicitando la repatriaci\u00f3n\u2026, pero hasta el momento\u2026 no ha [recibido] respuesta\u00bb. <\/p>\n

2. De otro lado, Adriana Marcela Pe\u00f1aloza Miranda y Arturo Rafael Bustos Garrido, quienes act\u00faan en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Thiago Rafael y Juan Mart\u00edn Bustos Pe\u00f1aloza, pidieron el resguardo de sus garant\u00edas constitucionales a la libre circulaci\u00f3n \u00aben conexi\u00f3n con el derecho a la protecci\u00f3n fundamental de los ni\u00f1os\u00bb, vida, integridad f\u00edsica, salud, seguridad social, integridad f\u00edsica y \u00abunidad familiar en consonancia con los principios de dignidad humana y el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb, que dicen trasgredidos por las entidades convocada, por lo que deprecaron se ordene a las accionadas \u00abrealizar los\u2026 tr\u00e1mites\u2026 que [les] permitan a los cuatro\u2026 integrantes del n\u00facleo familiar realizar el retorno al territorio colombiano\u00bb. <\/p>\n

2.1. Como sustento de sus s\u00faplicas expresaron que por motivos acad\u00e9micos, residen en la rep\u00fablica de Argentina desde el 21 de enero de 2018, teniendo previsto su regreso a Colombia para el 31 de marzo de 2020, por lo que adquirieron los tiquetes a\u00e9reos correspondiente con la aerol\u00ednea Avianca S.A.; que dicho vuelo fue cancelado \u00aben raz\u00f3n de la crisis sanitaria\u00bb originada por el virus Covid-19; que sus \u00abrecursos econ\u00f3micos se agotaron, no [tienen] ingresos que [les] permitan sufragar los gastos de manutenci\u00f3n y permanencia en ese pa\u00eds\u2026 para los cuatro integrantes de [su] n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n

2.2. Agregaron que \u00ablas autoridades colombianas, Canciller\u00eda y Consulado de Colombia en Argentina, no han dado respuesta acorde a [su] solicitud de necesidad y urgencia, m\u00e1s all\u00e1 de surtir tr\u00e1mites de llenar formularios sin respuesta positiva\u00bb. <\/p>\n

3. Por otra parte, Joice Patricia Salgado Hern\u00e1ndez pidi\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la libre circulaci\u00f3n en conexi\u00f3n con el derecho al a la vida, salud, integridad f\u00edsica y mental, reunificaci\u00f3n familiar y el principio de la dignidad humana, que dice vulnerados por las autoridades convocadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abordenar\u2026 a la Canciller\u00eda y Consulado de Colombia en Buenos Aires y\/o autoridad que corresponda, realizar los\u2026 tr\u00e1mites\u2026 que [le] permitan realizar el retorno al territorio colombiano\u00bb y, adicionalmente, requerir \u00aba qui\u00e9n corresponda\u2026 adoptar las medidas necesarias de ayuda humanitaria para que proporcione en el territorio argentino alimentos, hospedaje, medicamentos, transporte y dem\u00e1s necesidades b\u00e1sicas mientras habilitan el vuelo de repatriaci\u00f3n o retorno\u00bb. <\/p>\n

3.1. Para fundamentar tales pretensiones, indic\u00f3 la quejosa que se encuentra en Argentina adelantando estudios de pregrado; que sus clases fueron suspendidas por la crisis humanitaria suscitada por el virus Covid-19; que \u00abno cuenta con trabajo, ni la forma de emplearse, pues est\u00e1 muy limitada con el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno argentino\u00bb, por lo que no tiene \u00ablos recursos econ\u00f3micos que le permitan suplir los gastos de manutenci\u00f3n y permanencia\u00bb; que la Canciller\u00eda y el Consulado de Colombia en Argentina, no han dado debida respuesta a los requerimientos que ha elevado para poder retornar a Colombia. <\/p>\n

4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en fallo de tutela de 15 de mayo de la anualidad que avanza, concedi\u00f3 el amparo reclamado, por lo que orden\u00f3 a la \u00abPresidencia de la Rep\u00fablica, la Canciller\u00eda Colombiana y al Ministerio de Relaciones Exteriores\u2026, realicen las gestiones tendientes ante el Gobierno de Argentina a fin de obtener la autorizaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de un vuelo humanitario para repatriar a los connacionales accionantes\u2026\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00aborganicen la repatriaci\u00f3n de los connacionales y se materialice el vuelo dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que se obtenga autorizaci\u00f3n del vuelo humanitario por parte de Argentina\u00bb. <\/p>\n

5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por algunos de los intervinientes. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia del fallador constitucional de primera instancia para decidir el presente asunto, pues el ruego constitucional involucra, exclusivamente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consulado de Colombia en la Argentina y a la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, teniendo en cuenta que son dichos organismos los llamados a realizar los tr\u00e1mites necesarios para la repatriaci\u00f3n que reclaman los promotores del resguardo. <\/p>\n

Luego, se insiste, el a quo carec\u00eda de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 1983 de 2017, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 2\u00ba), establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb
\n2. Cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Sala que al presente asunto se convoc\u00f3 a la Presidencia de la Rep\u00fablica, vinculaci\u00f3n que no genera, sin m\u00e1s, que el despacho judicial que dict\u00f3 el fallo cuestionado fuera competente para dirimirlo, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n

Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de la prenotada entidad, se tornaba \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, la queja de la parte actora se circunscribe a predicar que las entidades llamadas a tramitar su repatriaci\u00f3n no han adelantado las diligencias necesarias para esos efectos, funci\u00f3n que, como qued\u00f3 visto, est\u00e1 atribuida al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consulado de Colombia en la Argentina y a la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, m\u00e1s no a la Presidencia de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

3. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad del fallo dictado 15 de mayo de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en apego a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, se ordena enviar de inmediato el expediente a la oficina de asignaciones de esa localidad, para que sea repartido entre los Jueces Civiles del Circuito de esa municipalidad. <\/p>\n

3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y \tla competencia.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC430-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2020-00154-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de junio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 15 de mayo de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103639","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103639"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103639\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}