{"id":103640,"date":"2026-07-02T21:33:48","date_gmt":"2026-07-02T21:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103640"},"modified":"2026-07-02T21:33:48","modified_gmt":"2026-07-02T21:33:48","slug":"atc431-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc431-2020\/","title":{"rendered":"ATC431-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC431-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2020-000159-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de junio de dos mil veinte). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n del convocante frente al fallo emitido el 21 de mayo pasado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ever de Jes\u00fas Orozco Grisales contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio del Interior y los Departamentos para la Prosperidad Social \u2013 DPS y Nacional de Planeaci\u00f3n – DNP, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que invalida lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tactivante reclam\u00f3, en nombre propio y como \u00abagente \toficioso\u00bb de \tMar\u00eda Margarita Grisales de Orozco, el respaldo de su \tgarant\u00eda esencial a la petici\u00f3n, presuntamente \tconculcada por las autoridades acusadas, de las que suplic\u00f3, \ten s\u00edntesis, \u00abmaterializar \tlo de los beneficios y derechos para personas con discapacidad por \tla ley del Gobierno del decreto del covid 19\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. En respaldo \tsostuvo que \u00abenvi[\u00f3] \t(\u2026) derechos de petici\u00f3n a unas entidades\u00bb, \tcon el fin de que \u00abse \taplicara[n] \tlas \tayudas del covid 19 (\u2026)[,] \tcomo tal para personas en estado de discapacidad y enfermedad\u00bb, \tdado \tque su madre es \u00abv\u00edctima \tdel conflicto armado, [n]ivel \tdel [s]isb\u00e9n \tbajo, enferma, discapacitada, poblaci[\u00f3]n \trural pobre, sin recursos, desprotegida [y \tde la] \ttercera edad\u00bb \ty, teniendo en cuenta que \u00abel \tGobierno [h]a \thecho anuncios\u00bb \tsobre el particular. <\/p>\n

3. La \tdemanda de amparo en cuesti\u00f3n fue repartida a la Sala Civil \tdel Tribunal Superior de Medell\u00edn; colegiatura que la admiti\u00f3 \ta tr\u00e1mite mediante auto de 12 de mayo pasado. <\/p>\n

4. Luego \tde surtidas las actuaciones de rigor el a-quo \tconstitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, comoquiera que \u00abno \tse ha cumplido a\u00fan el t\u00e9rmino que exige la ley para \tque una entidad d\u00e9 respuesta al peticionario\u00bb \te, \tigualmente, \u00abla \tse\u00f1ora Mar\u00eda Margarita Grisales Orozco es beneficiaria \tde los programas \u201cHogar del adulto mayor\u201d y \u201cColombia \tMayor\u201d, por lo cual ella y su grupo familiar han venido \trecibiendo ayudas\u00bb. <\/p>\n

5. El \tconvocante impugn\u00f3 con insistencia en sus alegaciones \tiniciales relativas a la necesidad de recibir las ayudas del \tGobierno. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico \tcontenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de \tconvicci\u00f3n aportados con el mismo, se desprende, sin asomo de \tduda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la \timpugnaci\u00f3n del presente asunto, en tanto que la queja aqu\u00ed \tpregonada compromete a la Presidencia de la Rep\u00fablica, al \tMinisterio \tdel Interior, a los Departamentos para la Prosperidad Social \u2013 \tDPS y Nacional de Planeaci\u00f3n \u2013 DNP y, eventualmente, a \tla cartera ministerial del Trabajo \u2013 administradora junto a la \tSociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria S.A.) \tdel \u00abFondo \tde Solidaridad Pensional \u2013 Programa Colombia Mayor\u00bb. <\/p>\n

El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 2\u00b0, del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del 1983 de 2017, prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n

Luego, atendiendo la naturaleza de la Presidencia de la Rep\u00fablica, los Ministerios del Interior y del Trabajo \u2013 administrador del Fondo de Solidaridad Pensional (Programa Colombia Mayor) y de Salud, as\u00ed como de los Departamentos para la Prosperidad Social \u2013 DPS y Nacional de Planeaci\u00f3n \u2013 DNP, esto es, entes \u00abdel orden nacional\u00bb – ley 489 de 1998, refulge palpable que la demanda de tutela correspond\u00eda a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn (reparto). <\/p>\n

Sumado a ello, se destaca que para el caso concreto, las actuaciones objeto de debate no se desprenden de \u00abactuaci\u00f3n directa\u00bb del \u00abPresidente de la Rep\u00fablica\u00bb, raz\u00f3n por la que no es aplicable el numeral 3\u00ba de la regla de competencia antedicha, pues si bien el promotor alude a que \u00abel Gobierno [h]a hecho anuncios\u00bb sobre \u00ablas ayudas del covid 19 (\u2026) para personas en estado de discapacidad y enfermedad\u00bb, lo que \u00e9ste censur\u00f3 es que \u00abningun[o de los peticionados] respondi[\u00f3]\u00bb a sus solicitudes y que ni \u00e9l ni su progenitoria (a la que cuida desde hace cuatro a\u00f1os) han recibido las mencionadas \u00abayudas del [E]stado\u00bb. <\/p>\n

2. En \tconsecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala \tCivil del Tribunal Superior de Medell\u00edn est\u00e1 viciado \tde nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo \t16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos \tde tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto \t306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

De otro lado, en lo ata\u00f1edero a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el mentado decreto 1983 de 2017, esta Corte precis\u00f3 que: <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar:
\n\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

3. Por \tlo consignado en precedencia, se declarar\u00e1 la nulidad de las \tactuaciones, para, en su lugar, disponer la remisi\u00f3n de la \tqueja a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, a fin \tde que sea asignado en primera instancia, de \tacuerdo con el reparto, el reclamo constitucional de marras. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de esa misma ciudad (reparto), para que se imprima el tr\u00e1mite de rigor al reclamo de marras. <\/p>\n

3.\tComunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y librar las dem\u00e1s notificaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n2\u0002 \tEse aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \tdel decreto n.\u00ba 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \t(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \testatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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