{"id":103641,"date":"2026-07-02T21:33:55","date_gmt":"2026-07-02T21:33:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103641"},"modified":"2026-07-02T21:33:55","modified_gmt":"2026-07-02T21:33:55","slug":"atc432-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc432-2020\/","title":{"rendered":"ATC432-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC432-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2020-00049-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver las impugnaciones formuladas por Armando Rojas Artunduaga y la titular del Juzgado enjuiciado frente al fallo proferido el 14 de abril de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por aqu\u00e9l contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gigante y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl convocante reclam\u00f3 el resguardo de sus derechos fundamentales a la \u00abestabilidad laboral reforzada… (por [su] condici\u00f3n de prepensionado)\u00bb, trabajo, dignidad humana y m\u00ednimo vital, supuestamente conculcados por la Juez acusada al asignarle una calificaci\u00f3n integral de servicios insatisfactoria, mantener la misma, y luego, declararlo insubsistente respecto del cargo de citador que ostentaba en la sede judicial regentada por aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Suplic\u00f3, entonces, declarar \u00abla ineficacia de la terminaci\u00f3n de [su] relaci\u00f3n contractual\u00bb, ordenar a los accionados \u00abreintegrar[lo]\u00bb y \u00abpagar[l]e las remuneraciones mensuales dejadas de percibir desde el 28 de febrero de 2020 hasta la fecha en que se haga efectiv[o] [su] reintegro\u00bb. <\/p>\n

2.\tComo soporte de sus pretensiones el actor, quien tiene 62 a\u00f1os de edad y 1213,69 semanas cotizadas al sistema integral de seguridad social en pensiones, indic\u00f3 que se vincul\u00f3 como citador del Juzgado acusado desde el 1\u00ba de noviembre de 1995, que aunque durante la anualidad pasada cumpli\u00f3 rigurosamente cada una de sus funciones, la titular de dicha sede lo calific\u00f3 insatisfactoriamente, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver la reposici\u00f3n que le formul\u00f3, y con ocasi\u00f3n de ello, el 28 de febrero \u00faltimo le inform\u00f3 que \u00abno pod\u00eda seguir desarrollando [sus] labores\u00bb, con lo cual \u00ab[t]ermin[\u00f3] de manera unilateral [su] relaci\u00f3n laboral[,] desconociendo [sus] derechos fundamentales[,] \u201cestatuto y\/o fuero de prepensionado\u201d\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que sus compa\u00f1eros de trabajo y \u00e9l fueron objeto de acoso laboral por parte de la regente del Juzgado; que dada su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, es sujeto de especial protecci\u00f3n, el salario que percib\u00eda por el desempe\u00f1o en el cargo del que fue desvinculado constitu\u00eda su \u00fanica fuente de ingresos, no posee ninguna propiedad ni cuenta con nadie que se haga cargo de sus gastos b\u00e1sicos, sumado a que tiene tres hijos a quienes debe proporcionar alimentos. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gigante pidi\u00f3 el despacho adverso del resguardo por estar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, por contar el actor con la respectiva acci\u00f3n contenciosa administrativa para plantear sus inconformidades ante el fallador natural. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que su proceder se ajust\u00f3 \u00aba la norma y al cumplimiento de su deber legal de impartir calificaci\u00f3n a los empleados, en forma objetiva y motivada\u00bb. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el resguardo, orden\u00f3 al Juzgado dejar \u00absin efectos la calificaci\u00f3n de servicios del accionante\u00bb y proferir \u00abun nuevo acto administrativo de calificaci\u00f3n de servicios del mismo por el periodo primero (1\u00ba) de enero – treinta y uno (31) de diciembre de 2019, siguiendo los par\u00e1metros de ponderaci\u00f3n expuestos en la parte motiva\u00bb. Para arribar a esa decisi\u00f3n, en lo medular, sostuvo que: <\/p>\n

…por los efectos colaterales en el n\u00facleo esencial familiar del actor, quien ha acreditado suministra alimentos a sus hijos, el destacado acto administrativo que gener\u00f3 la desvinculaci\u00f3n laboral del accionante y la vulneraci\u00f3n de los alegados derechos…, correspond\u00eda a la juzgadora accionada al momento de realizar la calificaci\u00f3n de servicios ponderar estas circunstancias de afectaci\u00f3n de derechos fundamentales frente al inter\u00e9s general del buen servicio p\u00fablico, en control de convencional (sic) ex officio como lo ha expuesto la… Corte Suprema de Justicia, as\u00ed recientemente en sentencia STC2892-2020, para lo cual debe tener en cuenta la prevalencia de la dignidad humana. <\/p>\n

LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n

Fueron formuladas por el quejoso, aduciendo falta de definici\u00f3n de algunas de sus pretensiones, y por la titular del Juzgado accionado, insistiendo en los planteamientos esbozados al dar respuesta al reclamo tutelar. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDel relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados con el mismo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n

En efecto, los reproches del promotor est\u00e1n dirigidos, exclusivamente, frente a las actuaciones administrativas surtidas por el Juzgado criticado, Segundo Promiscuo Municipal de Gigante, de cara a su calificaci\u00f3n de servicios y declaraci\u00f3n de insubsistencia respecto del cargo de citador en el cual all\u00ed se desempe\u00f1aba. <\/p>\n

Y aunque el quejoso tambi\u00e9n indic\u00f3 plantear el reclamo constitucional contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, lo cierto es que la vinculaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n se torna aparente, en tanto que ning\u00fan cuestionamiento o queja se formul\u00f3 en su contra. <\/p>\n

Lo esgrimido impide a esta Corte desatar v\u00e1lidamente la impugnaci\u00f3n de que se trata, en virtud de que el Decreto 1069 de 2015 -modificado por el 1983 de 2017- en el numeral 1\u00ba de su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., aplicable al presente asunto, preconiza que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal\u2026, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n

Ello en la medida en que los actos que critica el accionante son decisiones netamente administrativas, que no jurisdiccionales, lo que excluye la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba de la norma en cita, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n

2.\tRecientemente, en un caso con alguna simetr\u00eda al sub j\u00fadice, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, advierte la Corte la falta de competencia de la Sala… del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, como quiera que si bien es cierto la demanda se dirige contra un Juzgado… de esa especialidad, del cual esa corporaci\u00f3n es su superior funcional, en esta oportunidad no se debate aspecto alguno de orden jurisdiccional sino administrativo. <\/p>\n

En efecto, dentro de las reglas para el conocimiento de la tutela contenidas en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, en su numeral 5 establece que el amparo constitucional dirigido \u00abcontra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n

No obstante, como la queja a la que hace menci\u00f3n la accionante no entra\u00f1a una actuaci\u00f3n jurisdiccional de la funcionaria querellada, sino que versa sobre la decisi\u00f3n de nombrar a una persona que se postul\u00f3 para ejercer un cargo en propiedad y por ende integrar la planta de personal del Juzgado, claramente se vislumbra que la situaci\u00f3n corresponde a una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo como nominador de un empleo p\u00fablico, frente a la cual no aplica la disposici\u00f3n transcrita. <\/p>\n

Esta postura ha venido siendo sostenida por esta Sala, precisando que si el juez censurado funge como autoridad administrativa, se torna inaplicable la regla de competencia reservada para aquellos casos en donde se controvierte su actuaci\u00f3n como funcionario en el \u00e1mbito jurisdiccional, pues en tales circunstancias: <\/p>\n

\u00ab[N]o se aplica la regla 2\u00aa del art\u00edculo 1\u00b0 del precitado decreto [Decreto 1382 de 2000], seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela promovida contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado, porque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (\u2026)\u00bb
\n(CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 2010-00234-01; reiterado en ATC, 10 may. 2012, rad. 00593-01; ATC6185-2015, 23 oct. 2015, rad. 00627-01, ATC8523-2016, 9 dic. 2016, rad. 00396-01 y ATC2685-2017, 10 may. 2017, rad. 00098-01). <\/p>\n

En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n no asumi\u00f3 la segunda instancia de un asunto y lo devolvi\u00f3 para que se conociera por el Juez de Circuito, al encontrar que: <\/p>\n

\u00abel objeto de la censura en el asunto de la referencia versa alrededor de una cuesti\u00f3n eminentemente administrativa\u2026raz\u00f3n por la cual la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la queja constitucional\u2026Por lo anterior, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, y teniendo en cuenta que no se est\u00e1 controvirtiendo una actuaci\u00f3n de \u00edndole judicial y adem\u00e1s se trata de una entidad del orden Departamental, esta Corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de avocar el conocimiento por ser un asunto propio de competencia de los jueces anteriormente mencionados y dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Monter\u00eda, para que efect\u00fae el reparto correspondiente, por tener el accionado sede en esa capital. Sobre este t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u2018s\u00f3lo cuando la acci\u00f3n se promueve contra el Tribunal en calidad de Corporaci\u00f3n Judicial le compete a la Corte Suprema de Justicia conocer de las tutelas, en calidad de superior funcional, seg\u00fan mandato del numeral 2 de la norma citada. \u2018Los t\u00e9rminos \u2018superior funcional\u2019 implica la posibilidad de conocer en recurso de apelaci\u00f3n o alzada las decisiones jurisdiccionales que en ejercicio de sus funciones cumplan los inferiores jer\u00e1rquicos\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 27 ago. 2008, rad, 00597, reiterado en ATC, 22 abr. 2013, rad, 2013-00089; ATC3946-2014, 15 jul. 2014, rad. 01504-00 y ATC8523-2016, 9 dic. 2016, rad. 00396-01). <\/p>\n

De dicha manera, la competencia en el caso concreto se atribuye con vista en el numeral 1 del precitado art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed, en asuntos como \u00e9ste, donde invoca un supuesto comportamiento lesivo a derechos, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de un funcionario judicial con categor\u00eda de circuito, en aspectos de linaje administrativo, la Corte ha dicho que, \u00aben rigor, no cumple funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, la competencia para conocer del amparo constitucional corresponde a los jueces municipales del lugar de ocurrencia de los hechos por mandato del inciso 3\u00ba, numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, porque en esas condiciones califica como \u201cuna autoridad del orden distrital o municipal\u00bb (CSJ ATC, 14 dic. 2007, rad. 2007-00121-01; reiterado, entre otros en ATC1941-2017, 23 mar. 2017, rad. 0033-01). <\/p>\n

Ahora bien, la facultad para tramitar el amparo en manera alguna podr\u00eda verse afectada con una posible vinculaci\u00f3n oficiosa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, pues la actora no dirige reproche alguno en su contra, habida consideraci\u00f3n que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a enviar la lista de elegibles para que el respectivo nominador procediera a proveer el cargo. <\/p>\n

Al respecto ha sostenido esta Sala que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01, y ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01, entre otros) (CSJ ATC194-2020, 20 feb., rad. 2019-00021-01).1 <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, la decisi\u00f3n de fondo proferida en este plenario por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva est\u00e1 viciada de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los juicios de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4.\tPor otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n ha precisado reiteradamente que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

5.\tPor lo consignado, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Promiscuo Municipal de Gigante, por ser el competente para resolver este reclamo constitucional en primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad del fallo dictado el 14 de abril de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Promiscuos Municipales de Gigante, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1 \tAunque el precedente citado referencia el Decreto \t1382 de 2000, se destaca que el criterio all\u00ed establecido no \tperdi\u00f3 vigencia con la expedici\u00f3n de los Decretos 1069 \tde 2015 y 1983 de 2017, toda vez que los \u00faltimos conservaron \tid\u00e9ntica orientaci\u00f3n en la cuesti\u00f3n debatida.
\n2 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad \te improrrogabilidad \tde la jurisdicci\u00f3n y la competencia. \tLa \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC432-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2020-00049-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de junio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). Ser\u00eda del caso resolver las impugnaciones formuladas por Armando Rojas Artunduaga y la titular del Juzgado enjuiciado frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103641","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103641"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103641\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}