{"id":103643,"date":"2026-07-02T21:34:08","date_gmt":"2026-07-02T21:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103643"},"modified":"2026-07-02T21:34:08","modified_gmt":"2026-07-02T21:34:08","slug":"atc437-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc437-2020\/","title":{"rendered":"ATC437-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC437-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-00195-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C, dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Procede esta Sala a resolver los impedimentos manifestados por los magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Ariel Salazar Ram\u00edrez (actualmente retirado por la finalizaci\u00f3n de su periodo constitucional), para intervenir en la decisi\u00f3n que resuelva la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marco Antonio Chac\u00f3n Castillo y Sandra Liliana R\u00edos Serrano contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, los querellantes denunciaron que las autoridades judiciales accionadas trasgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque sin haberse resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra el fallo que declar\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial promovido por Beatriz Rojas Artunduaga contra el se\u00f1or Chac\u00f3n Castillo, el juzgado, mediante decisiones avaladas por el tribunal, procedi\u00f3 a adelantar el proceso liquidatorio, disponiendo el registro de la partici\u00f3n y la entrega de los bienes adjudicados. <\/p>\n

Acotaron que se evidenciaba la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, as\u00ed como a los principios de \u00abseguridad jur\u00eddica y prevalencia del derecho sustancial\u00bb, de \u00ablegalidad\u00bb, porque estando pendientes de fallo las \u00ab2 demandas de casaci\u00f3n\u00bb que separadamente impetraron y se acumularon bajo el radicado 2013-00505-01, exist\u00eda la \u00abprohibici\u00f3n expresa [del] art\u00edculo 371 del CPC, hoy 341 del CGP\u00bb, como tambi\u00e9n la hab\u00eda para \u00abla inscripci\u00f3n de la sentencia y el levantamiento de medidas cautelares\u00bb, y tambi\u00e9n se desconoce lo establecido en el art\u00edculo 512 ib\u00eddem, atinente a la \u00abentrega de bienes\u00bb. <\/p>\n

2.\tMediante la acci\u00f3n constitucional pretende \u00abse declare la nulidad de las providencias tuteladas\u00bb, y en su lugar \u00abno se ejecute la sentencia ordinaria hasta tanto la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil, falle las dos demandadas de casaci\u00f3n que fueran interpuestas por los suscritos accionantes\u00bb (fls. 1 a 7). <\/p>\n

3.\tEl ahora exmagistrado Ariel Salazar Ram\u00edrez1, y los magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, manifestaron encontrarse impedidos para actuar dentro de estas diligencias por estar incursos en la causal 6a del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aduciendo que participaron en la Sala de Decisi\u00f3n del 28 de febrero de 2018 en que se profiri\u00f3 la sentencia STC2810-2018 (rad. 2017-00528-01), bajo el entendido de que en el presente reclamo tambi\u00e9n se dirige a cuestionar esa determinaci\u00f3n (fls. 92, 94, 96, 98 y 100). Como consecuencia de lo anterior, el 12 de febrero de 2020, se llev\u00f3 a cabo el sorteo de los se\u00f1ores Conjueces (fl. 105). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa garant\u00eda de imparcialidad e independencia de los jueces <\/p>\n

El debido proceso, como principio fundamental de toda actuaci\u00f3n jurisdiccional \u2013en virtud del cual los postulados y valores esenciales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deben ser puestos en vigencia en cada caso concreto\u2013, comprende una serie de exigencias, cuya plena observancia justifica y legitima el ejercicio del poder estatal de juzgar, con efectos definitivos, los conflictos de la comunidad. <\/p>\n

Ahora, por su importancia para definir el problema jur\u00eddico que ocupa la atenci\u00f3n en la Sala, resulta necesario destacar dos de esos requerimientos: la independencia del juez y su imparcialidad, los que, a voces de la jurisprudencia constitucional, constituyen objetivos superiores, que: <\/p>\n

\u00ab(…) deben ser valoradas desde la \u00f3ptica de los \u00f3rganos del poder p\u00fablico \u2013incluyendo la propia administraci\u00f3n de justicia\u2013, de los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues solo as\u00ed se logra garantizar que las actuaciones judiciales est\u00e9n ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica (art. 209 C.P.). <\/p>\n

La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusi\u00f3n a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros \u00f3rganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio leg\u00edtimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales\u201d. Sobre la imparcialidad, ha se\u00f1alado que esta \u201cse predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garant\u00eda de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no s\u00f3lo de \u00edndole moral y \u00e9tica, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino tambi\u00e9n de responsabilidad judicial\u201d. <\/p>\n

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noci\u00f3n de imparcialidad, una doble dimensi\u00f3n: (i) subjetiva, esto es, relacionada con \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d; y (ii) una dimensi\u00f3n objetiva, \u201cesto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, \u201cde modo que se ofrezcan las garant\u00edas suficientes, desde un punto de vista funcional y org\u00e1nico, para excluir cualquier duda razonable al respecto\u201d. No se pone con ella en duda la \u201crectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucci\u00f3n\u201d sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucci\u00f3n del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectaci\u00f3n de \u00e1nimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea \u00e9ste mismo quien lo juzgue\u201d\u00bb (CC C-496\/16). <\/p>\n

2.\tDe los impedimentos y su finalidad. <\/p>\n

Las manifestaciones de impedimento tienen por objeto la necesidad de que los administradores de justicia garanticen los principios que acaban de destacarse en la funci\u00f3n que desempe\u00f1an, de manera que no haya ni siquiera asomo de duda respecto de inter\u00e9s particular sobre lo que es materia de debate, las partes en conflicto y los apoderados que las representan. <\/p>\n

En ese sentido, esta Sala ha sostenido que: \u00ab[l]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos m\u00e1s acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador\u00bb, destacando que, \u00ab… seg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley -en el caso de la acci\u00f3n de tutela, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica\u00bb (auto del 8 de abril de 2005, citado en ATC3380-2016, 1\u00ba jun. 2016, rad 00193-01).
\nSiendo la imparcialidad un ineludible principio para la preservaci\u00f3n de la recta administraci\u00f3n de justicia, se ha dicho y reiterado que quienes ejercen tal funci\u00f3n deben tener definida la existencia de claras fronteras con respecto al asunto litigado, las partes en conflicto y los apoderados que las representan, y en ese orden, las causales que adem\u00e1s de taxativas sean de aplicaci\u00f3n restrictiva, para permitirles a los juzgadores apartarse del conocimiento de un caso, pues, por regla general, los jueces deben asumir el ejercicio de la competencia que les asigna la ley. <\/p>\n

3.\tAn\u00e1lisis de la causal invocada. <\/p>\n

Los magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, pretenden apartarse del conocimiento de esta acci\u00f3n aduciendo la causal contemplada en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991, la cual tiene lugar cuando \u00abel funcionario haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dict\u00f3 la providencia a revisar\u00bb. <\/p>\n

Para ello, afirmaron que como miembros de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, participaron en la sesi\u00f3n en la que se aprob\u00f3 lo decidido en el fallo STC2810-2018 del 28 de febrero de 2018, mediante la cual se confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo deprecado por Marco Antonio Chac\u00f3n Castillo, quien en esta oportunidad funge como co-accionante. <\/p>\n

3.1.\tA pesar de que los magistrados manifestaron la posibilidad de que en raz\u00f3n a su actuar anterior pudieran quedar en entredicho las garant\u00edas de independencia e imparcialidad que caracterizan a la administraci\u00f3n de justicia, la causal invocada no se abre paso, por las razones que pasan a exponerse tras el examen preliminar de las piezas procesales allegadas al expediente: <\/p>\n

(i) El motivo por el cual el reclamante interpuso la tutela que en sede de impugnaci\u00f3n desat\u00f3 esta Corporaci\u00f3n mediante la sentencia antes referida, consisti\u00f3 en que no era dable que el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 (quien inicialmente conoc\u00eda del proceso), en lugar de aprobar la partici\u00f3n, hubiera optado por suspender el tr\u00e1mite liquidatorio; ello, porque, en criterio del accionante, la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no imped\u00eda el cumplimiento de la sentencia, en tanto el despacho accionado \u00abno observ\u00f3 que el proceso tiene dos objetos: el estado civil de las personas y la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n

En cambio, la postura que plantea a trav\u00e9s de la nueva salvaguarda, es totalmente contraria, al aseverar que no es ejecutable la sentencia atacada a trav\u00e9s del recurso extraordinario, ya que \u00abse discute la existencia del estado marital de los contendientes de la Litis, siendo esta controversia exclusiva del estado civil de las personas\u00bb.
\n(ii) Los magistrados que participaron en la discusi\u00f3n y resoluci\u00f3n de la sentencia que defini\u00f3 la primera tutela, no han comprometido su criterio frente a la tem\u00e1tica que se plantea con la nueva acci\u00f3n, pues en aquella oportunidad se desestim\u00f3 el auxilio en virtud a su improcedencia por devenir prematura su invocaci\u00f3n, habida cuenta que \u00abel quejoso se apresura a peticionar que por esta v\u00eda se ordene al accionado la repartici\u00f3n de unos bienes, sin encontrarse a\u00fan definido qu\u00e9 es lo que se va a distribuir\u00bb; en esas condiciones, no se produjo decisi\u00f3n acerca de la razonabilidad de la decisi\u00f3n confutada, ni se declar\u00f3 que \u00e9sta vulnerara las prerrogativas invocadas, s\u00f3lo se observ\u00f3 que no se hab\u00eda agotado el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad antes indicada. <\/p>\n

(iii)\tEn la actual demanda tutelar se incluyen hechos que no fueron planteados en la inicial, en raz\u00f3n a que no se hab\u00edan generado y por tanto son nuevos, destac\u00e1ndose entre ellos que la actuaci\u00f3n objeto del anterior amparo, en particular el auto del 15 de agosto de 2017, mediante el cual suspendi\u00f3 el liquidatorio, se declar\u00f3 nula por el tribunal ad quem con prove\u00eddo del 22 de enero de 2019, en virtud a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el conocimiento del asunto pas\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, quien profiri\u00f3 las providencias ahora reprochadas. <\/p>\n

As\u00ed, son soporte de la pretensi\u00f3n del presente resguardo, lo acontecido a partir de la providencia dictada por el \u00faltimo despacho en menci\u00f3n el 28 de febrero de 2019, mediante la cual se aprob\u00f3 la partici\u00f3n (objeto pretendido en la tutela inicial y que en \u00e9sta se refuta); la denegaci\u00f3n de la solicitud nulidad procesal que el juzgador de segundo grado confirm\u00f3 con auto del 4 de julio de 2019; y finalmente, el levantamiento de medidas cautelares y la orden de entrega material de los bienes adjudicados a la compa\u00f1era permanente, determinaciones comprendidas en los prove\u00eddos de 1\u00ba de octubre y 12 de noviembre de 2019. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que sobre la materia, \u00abrige el principio de taxatividad, seg\u00fan el cual s\u00f3lo constituye motivo de excusa o de recusaci\u00f3n, aquel que de manera expresa est\u00e9 se\u00f1alado en la ley, por tanto, a los jueces les est\u00e1 vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales, mientras que a los sujetos procesales no les est\u00e1 permitido escoger a su arbitrio a su juzgador, de modo que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial, no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garant\u00eda en punto de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez. (CSJ AP2618 de 2015, rad. n\u00ba 45.985, citado entre otros en AC5368-2019, 11 dic. 2019, rad. 2015-00095-02). <\/p>\n

3.3.\tPor lo dem\u00e1s, respecto al impedimento expresado por el doctor Ariel Ram\u00edrez Salazar, la Sala considera que no hay lugar a pronunciarse, habida consideraci\u00f3n que ya no es miembro de la Corporaci\u00f3n en tanto el 27 de febrero de 2020 finaliz\u00f3 su per\u00edodo constitucional. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

En suma, como la situaci\u00f3n descrita por quienes expresaron su impedimento, refiere a circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas dis\u00edmiles a las de la anterior tutela; el tema all\u00ed esbozado y que ac\u00e1 se trae a discusi\u00f3n, no se abord\u00f3 de fondo ante lo prematura de la primera acci\u00f3n, y la actual no se dirige contra la Corte, se declara infundada su invocaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n

Primero: No aceptar el impedimento presentado por los Magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, porque la circunstancia aducida no tiene la virtualidad suficiente para estructurar la causal prevista en el art\u00edculo 56-6 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n

Segundo: Abstenerse, por sustracci\u00f3n de materia, de resolver el impedimento manifestado por el doctor Ariel Salazar Ram\u00edrez, toda vez que ya termin\u00f3 su periodo constitucional como magistrado de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Tercero: Disponer que ejecutoriado este auto, ingresen las diligencias al Despacho para proveer lo pertinente. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERN\u00c1NDEZ MU\u00d1OZ
\nConjuez <\/p>\n

JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N
\nConjuez <\/p>\n

ANA ZENOBIA GIACOMETTE FERRER
\nConjuez <\/p>\n

JOS\u00c9 HELVERT RAMOS NOCUA
\nConjuez <\/p>\n

1 \tEl \t27 de febrero de 2020, el doctor Ariel Salazar Ram\u00edrez \ttermin\u00f3 su periodo constitucional como magistrado de esta \tCorte.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC437-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-00195-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de junio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C, dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020). Procede esta Sala a resolver los impedimentos manifestados por los magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103643","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103643","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103643"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103643\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103643"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103643"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103643"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}