{"id":103653,"date":"2026-07-02T21:35:07","date_gmt":"2026-07-02T21:35:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103653"},"modified":"2026-07-02T21:35:07","modified_gmt":"2026-07-02T21:35:07","slug":"atc456-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc456-2020\/","title":{"rendered":"ATC456-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC456-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-00573-01 (Aprobado en sesi\u00f3n veinticuatro de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la tutela promovida por Ernesto Antonio Sarmiento Garc\u00eda contra la Presidencia de la Rep\u00fablica y la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, a la cual se acumularon las s\u00faplicas de Jimmy Mariza Jim\u00e9nez D\u00edaz, Domingo Gonz\u00e1lez Franco, Esperanza Torres L\u00f3pez, Pablo Arley Espitia Cantor, Carlos Julio Romero Chibat\u00e1, Yimy Andr\u00e9s Quintero Cantor, Yoladys del Carmen Hern\u00e1ndez Barrios, Yorlis Torres D\u00edaz, Daniel Arturo Infante Pinto y Elio Enrique Brando Reyes, frente a las mencionadas entidades. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los peticionarios reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos al m\u00ednimo vital y dignidad, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. Como fundamento de su reclamo, sostienen que desarrollan distintas actividades laborales informales como independientes, en la localidad Rafael Uribe Uribe, gracias a las cuales logran satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas y las de su familia, pues no poseen ingresos adicionales ni reciben ning\u00fan subsidio por parte del Estado. <\/p>\n

Los accionantes cuestionan que, con motivo de la pandemia Coronavirus SARS \u2013Cov-2-, las entidades confutadas hayan ordenado, en el \u00e1mbito de sus competencias, el aislamiento obligatorio de las personas residentes en Bogot\u00e1 y en todo el territorio nacional; situaci\u00f3n que les ha impedido \u201c(\u2026) laborar en la venta ambulante desde el pasado 20 de marzo de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

A pesar de los anuncios p\u00fablicos del gobierno, respecto a la concesi\u00f3n de beneficios en dinero y en especie, destinados a la poblaci\u00f3n vulnerable para solventar la crisis econ\u00f3mica ocasionada por el Estado de Emergencia, a la fecha, no los han recibido. <\/p>\n

3. Piden, en concreto, ordenar a las tuteladas: (i) entregar ayudas necesarias para la garant\u00eda de su m\u00ednimo vital y de su grupo familiar; (ii) otorgar una renta b\u00e1sica sin condicionamientos y (iii) una vez finalice la situaci\u00f3n de confinamiento, proveer los medios econ\u00f3micos necesarios para reiniciar su actividad laboral. <\/p>\n

4. El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo por la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que los convocantes no acreditaron haber presentado las reclamaciones aqu\u00ed planteadas, previamente ante las autoridades accionadas. <\/p>\n

5. Los tutelantes impugnaron dicho fallo, insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para desatar la tutela incoada por los aqu\u00ed promotores contra la Presidencia de la Rep\u00fablica y la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, por cuanto la primera es una instituci\u00f3n de orden nacional, en tanto, la segunda, de orden distrital. <\/p>\n

2. En efecto, dada la naturaleza de dichas entidades y lo preceptuado en los numerales 1\u00b0 y 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida en primer grado por los jueces civiles del circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Se resalta, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem1, indica las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Presidente de la Rep\u00fablica, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra una gesti\u00f3n propia de esa autoridad, pues lo pretendido es que la Presidencia de la Rep\u00fablica los reconozca como beneficiarios de las ayudas econ\u00f3micas dispuestas para la poblaci\u00f3n vulnerable, con ocasi\u00f3n del Estado de Emergencia. <\/p>\n

En un caso de similares perfiles, donde se advirti\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente del Presidente de la Rep\u00fablica, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n

\u201cEntonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d3. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Bogot\u00e1, para ser repartida entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n

En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d4.
\n3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ernesto Antonio Sarmiento Garc\u00eda contra la Presidencia de la Rep\u00fablica y la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, a la cual se acumularon las suplicas de Jimmy Mariza Jim\u00e9nez D\u00edaz, Domingo Gonz\u00e1lez Franco, Esperanza Torres L\u00f3pez, Pablo Arley Espitia Cantor, Carlos Julio Romero Chibat\u00e1, Yimy Andr\u00e9s Quintero Cantor, Yoladys del Carmen Hern\u00e1ndez Barrios, Yorlis Torres D\u00edaz, Daniel Arturo Infante Pinto y Elio Enrique Brando Reyes, contra las mencionadas entidades.; en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, sin perjuicio de la validez de las pruebas. <\/p>\n

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Bogot\u00e1, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1 \t\u201c(\u2026)3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ, ATC 1275-2019.
\n3 \tCSJ. ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n4 \tCSJ. ATC \tde 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; \treiterado el 9 de agosto de 2010, exp. \t63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. \t08001-22-13-000-2013-00648-01.
\n8<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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