{"id":103655,"date":"2026-07-02T21:35:22","date_gmt":"2026-07-02T21:35:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103655"},"modified":"2026-07-02T21:35:22","modified_gmt":"2026-07-02T21:35:22","slug":"atc458-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc458-2020\/","title":{"rendered":"ATC458-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC458-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2020-00186-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 21 de mayo de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Freddy de Jes\u00fas Machuca Palacio contra el Presidente de la Rep\u00fablica, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Departamento de Planeaci\u00f3n Nacional, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Consejo Superior de la Judicatura; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.
\nIndic\u00f3 el gestor que es abogado litigante en civil, administrativo y laboral; que tiene un hogar con su compa\u00f1era Mirna Mendoza Moreno, siendo el proveedor de alimentos y dem\u00e1s gastos familiares, recursos que obtiene del ejercicio de su profesi\u00f3n; que es de la tercera edad, pues cuenta con 65 a\u00f1os de edad; y que reside en un apartamento ubicado en el \u00abpopuloso barrio abajo de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que en el Decreto 457 de 2020 se orden\u00f3 el cierre de despachos judiciales, lo que ocasion\u00f3 la suspensi\u00f3n del litigio y la consecuente falta de ingresos para los abogados litigantes; que despu\u00e9s de 15 d\u00edas de cuarentena se terminaron sus fondos para comprar alimentos y sostener su hogar; que su esposa y \u00e9l no cuentan con pensi\u00f3n ni ayudas; y que por m\u00e1s de 45 a\u00f1os ha pagado sus impuestos y no ha solicitado beneficios del Estado. <\/p>\n

Adujo que los Decretos proferidos condujeron a que el Consejo Superior de la Judicatura suspendiera t\u00e9rminos y dispusiera el cierre de los despachos, desde el 26 de marzo de 2020 hasta que el Gobierno decida sobre su apertura, lo que causa indefectiblemente la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 que el accionado \u00abagote los mecanismos y \u00f3rdenes que sean necesarias, a fin de otorgar[le] ayudas o auxilios econ\u00f3micos o la posibilidad de prestar [sus] servicios profesionales al Estado mientras dure el confinamiento obligatorio\u2026\u00bb. <\/p>\n

3. El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la censura involucra tambi\u00e9n al Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que fue la autoridad que dispuso la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales, su prorroga y adopt\u00f3 otras medidas por motivos de salubridad p\u00fablica1. <\/p>\n

2. Lo anteriormente esbozado impide a esta Sala de Casaci\u00f3n desatar v\u00e1lidamente en impugnaci\u00f3n la salvaguarda, dado que como lo prescribe el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 -modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017-: \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura… ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia… y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb; \u00faltimo canon que, en lo pertinente, ense\u00f1a que el reglamento interno \u00abde la Corte Suprema de Justicia… determinar\u00e1 la conformaci\u00f3n de salas de decisi\u00f3n, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporaci\u00f3n, a las que se refiere el [referido] numeral 8\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica y anal\u00f3gica de esas normas, en concordancia con el art\u00edculo 44 del Reglamento Interno de esta Colegiatura (Acuerdo 006 de 2002), se considera que la solicitud de resguardo debi\u00f3 someterse a reparto a trav\u00e9s de la Presidencia de la Sala Plena de esta Corte.
\nAl respecto, esta Sala en un asunto de similar contorno dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n

Una vez revisadas las actuaciones procesales, esta Sala observa que la acci\u00f3n va dirigida de manera puntual contra el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 – Casanare y la Unidad de Carrera Administrativa; de ah\u00ed que, a efectos de determinar la competencia para conocer el tr\u00e1mite constitucional, habr\u00e1 de aplicarse el Decreto 1983 de 2017 que en su art\u00edculo 1\u00ba numeral 8 establece: <\/p>\n

Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se hace necesario invalidar la actuaci\u00f3n viciada, a partir del auto admisorio calendado 11 de enero de 2019, inclusive, debi\u00e9ndose rehacer el tr\u00e1mite correspondiente y vincular a las autoridades correspondientes, no sin antes advertir que las pruebas recaudadas conservar\u00e1n su validez. <\/p>\n

Ahora bien, como al tenor de lo dispuesto en el decreto citado y en el art\u00edculo 44 del Acuerdo n \u00ba 006 de 2002, la acci\u00f3n de tutela debi\u00f3 ser repartida por Sala Plena, entre todos los Magistrados de la Corporaci\u00f3n, por lo que deber\u00e1 remitirse a esta, para que se someta al reparto correspondiente y se proceda de conformidad (ATL289-2019, 27 feb., rad. 83147). <\/p>\n

3. En consecuencia, el fallo proferido en este plenario por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

5. Por lo consignado en precedencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala Plena de esta Corte, a fin de que sea asignada en primera instancia, de acuerdo con el reparto, el reclamo constitucional de marras. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Barranquilla, Sala Civil-Familia, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n

3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1 \tAcuerdos \tPCSJA 20-11516 -declara la urgencia manifiesta-, 20-11517 -se \tadoptan medidas transitorias por motivos de salubridad p\u00fablica-, \t20-11518 -se complementan las anteriores medidas-, 20-11521, \t20-11526, 20-11532, 20-11546, 20-11549, 20-11556 y \t20-11567 -prorrogan \tsuspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y adoptan otras medidas-.
\n2 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad \te improrrogabilidad \tde la jurisdicci\u00f3n y la competencia. \tLa \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC458-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2020-00186-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 21 de mayo de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103655","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103655\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}