{"id":103660,"date":"2026-07-02T21:35:47","date_gmt":"2026-07-02T21:35:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103660"},"modified":"2026-07-02T21:35:47","modified_gmt":"2026-07-02T21:35:47","slug":"atc463-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc463-2020\/","title":{"rendered":"ATC463-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC463-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00159-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de junio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 27 de mayo de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Kely Chica Atencio en nombre y representaci\u00f3n de la menor Karla Sof\u00eda Chica Atencio (K.S.C.A.) contra las Registradur\u00edas Nacional del Estado Civil y Auxiliar n.\u00b0 4 de la referida ciudad, si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, actuando en nombre y representaci\u00f3n de la menor K.S.C.A., solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la personalidad jur\u00eddica y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n

En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el 7 de mayo de 2013 naci\u00f3 K.S.C.A., en Maracaibo (Venezuela), en el hospital Noriega Trigo, entidad que \u00abnunca me hizo entrega del [certificado] de nacido vivo, y a pesar de mis m\u00faltiples solicitudes me informan que no tienen la capacidad log\u00edstica de cumplir con lo requerido\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, por lo anterior, la menor no tiene un documento que certifique su existencia, lo que ha impedido su registro en Colombia. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que, en ese orden, K.S.C.A. no ha podido ser inscrita en ning\u00fan colegio, ni al sistema de seguridad social en salud; por lo que, el 11 de febrero del a\u00f1o en curso, present\u00f3 solicitud ante la Registradur\u00eda Auxiliar n.\u00b0 4 de Barranquilla, para que \u00abse reconozca la nacionalidad de mi hija\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, el 20 de febrero siguiente, dicha petici\u00f3n fue resuelta por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, \u00aben la cual manifiesta que la solicitud debe ser tramitada a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web, obviando los hechos anteriormente expuestos\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 que se ordene \u00abel RECONOCIMIENTO de la nacionalidad colombiana a mi hija y la EMISI\u00d3N de su registro civil de nacimiento con la anotaci\u00f3n de v\u00e1lido para demostrar la nacionalidad\u00bb. <\/p>\n

2. El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo tras constatar la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto \u00abmediante oficio fechado febrero 15 del hoga\u00f1o [se le indic\u00f3 a la accionante] que una vez reunida la documentaci\u00f3n correspondiente, deb\u00eda agendar una cita a trav\u00e9s de internet desde la p\u00e1gina web de la Registradur\u00eda Nacional, para ser atendida (\u2026) debi\u00e9ndose considerar entonces satisfecho el derecho de petici\u00f3n, puesto que de manera oportuna fue contestada la solicitud y se ofreci\u00f3 a la petente la informaci\u00f3n necesaria para acometer el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, como la actual pandemia implic\u00f3 la interrupci\u00f3n de labores presenciales, \u00abse encuentra suspendida la asignaci\u00f3n de citas en esa modalidad en dicha entidad; de manera que la no asignaci\u00f3n de la cita que requiere la actora se debe a una eventualidad de fuerza mayor que no est\u00e1 la accionada en capacidad de resolver en el marco de la emergencia sanitaria\u00bb. <\/p>\n

3. El precitado fallo fue impugnado por la inconforme, reiterando los argumentos esgrimidos en el escrito inicial. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.\tDefinici\u00f3n de competencia. <\/p>\n

Al revisar las presentes diligencias, advierte la Corte que la pretensi\u00f3n cardinal se encuentra dirigida a que la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil otorgue respuesta clara y de fondo a la petici\u00f3n que formul\u00f3 la actora en nombre y representaci\u00f3n de su hija, en la que requiri\u00f3 instrucciones para el registro de aquella, teniendo en cuenta que naci\u00f3 en Venezuela y en la actualidad no tiene el certificado que lo acredite; circunstancias que, aduce, no le permiten realizar el tr\u00e1mite con normalidad. <\/p>\n

Bajo esa perspectiva, y considerando el factor funcional antes mencionado, cuando una tutela se dirige contra alguna autoridad del orden nacional, como en este caso, su conocimiento en primera instancia corresponde a los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, el cual dispone que: \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb (Se resalta). <\/p>\n

De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional le corresponde tramitarlo a los jueces del circuito de Barranquilla (reparto), en tanto la queja se presenta directamente contra la precitada autoridad registral del orden nacional. <\/p>\n

3.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para conocer en primera instancia este auxilio; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se itera, a reparto de los jueces del circuito de Barranquilla. <\/p>\n

As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que, al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a quo el pasado 27 de mayo de 2020, se dispondr\u00e1 que la autoridad habilitada para tal fin, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

[E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Al respecto, cabe advertir que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 27 de mayo de 2020, en el asunto de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial correspondiente para que se someta a reparto de los Jueces Civiles del Circuito de Barranquilla, de tal forma que se asigne el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC463-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00159-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de junio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}