{"id":103662,"date":"2026-07-02T21:36:00","date_gmt":"2026-07-02T21:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103662"},"modified":"2026-07-02T21:36:00","modified_gmt":"2026-07-02T21:36:00","slug":"atc472-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc472-2020\/","title":{"rendered":"ATC472-2020"},"content":{"rendered":"
ATC472-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01282-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de junio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso definir el \u00abconflicto negativo de competencia\u00bb suscitado entre el Juzgado 1\u00b0 Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas) y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Marino Centeno Reuto frente a la Presidencia de la Rep\u00fablica, los Ministerios de \u00abJusticia y Defensa\u00bb y las Fiscal\u00edas General de la Naci\u00f3n y \u00abRegional\u00bb de Valledupar; si no fuera por lo que pasa a precisarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Ante el primero de los despachos aludidos fue repartida la s\u00faplica constitucional de marras, quien mediante auto de 11 de junio de la anualidad en curso dispuso remitirla por \u00abcompetencia\u00bb a la \u00abOficina de Apoyo Judicial de Cundinamarca\u00bb, tras esgrimir que los procederes confutados involucran al presidente de la Rep\u00fablica y al fiscal general de la Naci\u00f3n, acorde a los \u00abnumerales 3\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0\u00bb del decreto 1983 de 2017. <\/p>\n

2.- A su turno, la Sala Civil-Familia del Tribunal implicado, receptor del diligenciamiento de amparo, plante\u00f3 el d\u00eda 16 siguiente la \u00abcolisi\u00f3n negativa\u00bb objeto de examen, luego de estimar que \u00abel demandante no est\u00e1 enrostrando en esta v\u00eda excepcional actuaciones espec\u00edficas de esas autoridades\u2026\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Sin duda a esta Corte concierne la resoluci\u00f3n de la presente \u00abcontroversia\u00bb al tenor del art\u00edculo 18 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso (aplicable a los ritos de amparo por remisi\u00f3n del precepto 4\u00b0 del decreto 306 de 1992), toda vez que el despacho y tribunal enfrentados pertenecen a diferentes distritos judiciales. <\/p>\n

2.- Por ser las entidades accionadas en el ruego tutelar de \u00c1lvaro Marino Centeno Reuto (Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerios de Justicia y de Defensa y Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n) entidades del \u00aborden nacional\u00bb, pudiera entenderse, en principio, que la competencia para conocer del mismo radica en los \u00abjueces del circuito\u00bb, a voces de lo previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1\u00b0, numeral 2\u00b0 del 1983 de 2017. <\/p>\n

No obstante, dado que del escrito inicial de amparo se desprende que lo que el gestor solicita es \u00ab[c]onocer sobre el [m]aterial probatorio\u00bb acopiado en el proceso punitivo n.\u00b0 2008-80116 que al parecer se le sigui\u00f3 por \u00absecuestro extorsivo agravado\u00bb, investigar \u00ab[s]obre los autores de la desaparici\u00f3n del [s]e\u00f1or Ram\u00f3n El\u00edas Bayona\u00bb y dar respuesta \u00ab[acerca] de las peticiones [e] investigaciones\u00bb1 incoadas a varias entidades de la Fiscal\u00eda, di\u00e1fano despunta que ni el Juzgado 1\u00b0 Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas) ni la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca son competentes con relaci\u00f3n a la demanda iusfundamental, pues la regla de atribuci\u00f3n a tener en cuenta no es s\u00f3lo la precitada (num. 2\u00b0, art. 1\u00b0 del decreto 1983 de 2017), sino tambi\u00e9n las que preconizan los numerales 4\u00b0 y 5\u00b0 ejusdem, seg\u00fan los cuales, en su orden, \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1n repartidas (\u2026) al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen\u00bb y las enfiladas frente a \u00ablos Jueces o Tribunales (\u2026), al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026\u00bb. <\/p>\n

Bajo ese contexto y, en vista de lo pretendido por el tutelante, se entiende que el libelo de salvaguarda se hace extensivo al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, a la Fiscal\u00eda Delegada de la causa en la que fue condenado aquel y, eventualmente, a la Oficina de Apoyo Judicial \u2013 Centro de Servicios, por ser la primera y \u00faltima entidad en las que ha de reposar la \u00abcustodia\u00bb del expediente (en el que obran los elementos suasorios pedidos) y, la segunda, por haber sido la dependencia encargada de la abducci\u00f3n de las mentadas probanzas. <\/p>\n

N\u00f3tese que no es pretensi\u00f3n del reclamo de amparo bajo estudio invalidar o restar efectos a las sentencias dictadas en el proceso penal citado a espacio, de donde es inviable asumir que la queja deba involucrar a los falladores ordinarios y extraordinario en ese juicio. <\/p>\n

Ins\u00edstese que la vinculaci\u00f3n a este debate por pasiva del estrado Penal del Circuito Especializado de la capital del Cesar no se da en condici\u00f3n de \u00abjuzgador de conocimiento\u00bb en el decurso punitivo n.\u00b0 2008-80116 impulsado respecto al ac\u00e1 actor, sino en calidad de probable \u00abcustodio\u00bb, junto a la Oficina de Apoyo \u2013 Centro de Servicios, del dossier de ese proceso y del material probatorio all\u00ed obrante. <\/p>\n

Res\u00e1ltese, por dem\u00e1s, que la vinculaci\u00f3n de la \u00abPresidencia de la Rep\u00fablica\u00bb y los Ministerios de \u00abJusticia y Defensa\u00bb se torna \u00abaparente\u00bb, si en cuenta se tiene que las cr\u00edticas trastocan solicitudes de \u00edndole procesal (elementos de prueba de un juicio penal terminado). <\/p>\n

Total que esta Corte ha sentado que, en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n

4.- Bajo ese contexto y comoquiera que el \u00abconflicto negativo\u00bb entre el Juzgado 1\u00b0 Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas) y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca no existe, en la medida en que la competencia para definir el presente petitorio de amparo no radica en ninguna de estas agencias jurisdiccionales, deviene imperioso enviar el expediente contentivo del resguardo a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por ser la Colegiatura realmente destinada a avocar conocimiento del mismo, acorde se motiv\u00f3 en precedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1.- Remitir el dossier a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar (secretar\u00eda), por ser dicha Corporaci\u00f3n la realmente competente para conocer, en primera instancia, de la acci\u00f3n tutelar de marras. <\/p>\n

2.- Comunicar esta determinaci\u00f3n al interesado y a las dependencias judiciales involucradas. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tFolio 7 vuelto del cuaderno principal.
\n2<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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