{"id":103671,"date":"2026-07-02T21:36:55","date_gmt":"2026-07-02T21:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103671"},"modified":"2026-07-02T21:36:55","modified_gmt":"2026-07-02T21:36:55","slug":"atc490-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc490-2020\/","title":{"rendered":"ATC490-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2020-00126-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de julio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 5 de junio de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Hoover Leonardo Galvis D\u00edaz contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado Colombiano en Madrid (Espa\u00f1a); si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales a la libre locomoci\u00f3n, igualdad, dignidad humana y \u00abunidad familiar\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse ordene [su] repatriaci\u00f3n a Ibagu\u00e9 Colombia\u2026 a trav\u00e9s del vuelo humanitario\u2026\u00bb; que se le \u00abpermita pasar la cuarentena obligatoria en [su] ciudad natal (Ibagu\u00e9\u2026), a fin de no generar gastos en la ciudad de Bogot\u00e1; en caso negativo, que los gastos los asuma el Estado\u00bb; y, finalmente, reclam\u00f3 que \u00abno se [le] realice ning\u00fan cobro de tiquetes y estad\u00eda\u00bb. <\/p>\n

2. Como soporte de dichos pedimentos, en s\u00edntesis, expres\u00f3 el promotor que: <\/p>\n

2.1. Es ciudadano colombiano; que el 4 de febrero de esta anualidad, viaj\u00f3 a Madrid (Espa\u00f1a), con el fin de conseguir trabajo y traer el sustento para su familia. <\/p>\n

2.2. Compr\u00f3 su tiquete de regreso para el mes de noviembre, pero que a ra\u00edz de la crisis humanitaria suscitada por el virus Covid-19, decidi\u00f3 cambiarlo para \u00abel pr\u00f3ximo 1 de junio, fecha en que se supon\u00eda abrir\u00edan las fronteras internacionales\u00bb, lo que no aconteci\u00f3, sin que cuente con los recursos econ\u00f3micos para sufragar los gastos necesarios para su sostenimiento. <\/p>\n

2.3. Ante dicha situaci\u00f3n, ha solicitado al consulado enjuiciado que lo \u00abincluya en los vuelos humanitarios y as\u00ed lograr [su] repatriaci\u00f3n, sin embargo, no se [le] ha dado respuesta positiva, volviendo m\u00e1s gravosa [su] situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.4. Tiene una hija menor, cuya custodia ostenta, quien est\u00e1 al cuidado de sus padres \u00abJos\u00e9 Hoover Galvis Qui\u00f1onez (67 a\u00f1os) y Luz Mary D\u00edaz (69 a\u00f1os), quienes son personas de la tercera edad y\u2026 deben permanecer en casa\u2026 evitando un posible contagio del coronavirus, el cual por sus edades y padecimientos, podr\u00eda ser mortal\u00bb, raz\u00f3n por la cual requiere regresar al pa\u00eds para hacerse cargo de ellos. <\/p>\n

3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en fallo de tutela de 5 de junio de la anualidad que avanza, neg\u00f3 el amparo reclamado, al considerar que \u00abno se encuentra acreditado\u2026 que las autoridades accionadas\u2026 de acuerdo a sus competencias, hayan omitido cumplir con sus obligaciones frente a dicho asunto\u00bb. <\/p>\n

5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por al promotor del resguardo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia del fallador constitucional de primera instancia para decidir el presente asunto, pues el ruego constitucional involucra, exclusivamente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado de Colombia en Madrid (Espa\u00f1a) y a la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, teniendo en cuenta que son dichos organismos los llamados a realizar los tr\u00e1mites necesarios para la repatriaci\u00f3n que reclam\u00f3 el tutelante. <\/p>\n

Luego, se insiste, el a quo carec\u00eda de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 1983 de 2017, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 2\u00ba), establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb <\/p>\n

2. Cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Sala que al presente asunto se convoc\u00f3 a la Presidencia de la Rep\u00fablica, vinculaci\u00f3n que no genera, sin m\u00e1s, que el despacho judicial que dict\u00f3 el fallo cuestionado fuera competente para dirimirlo, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n

Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de la prenotada entidad, se tornaba \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, la queja de la parte actora se circunscribe a predicar que las entidades llamadas a tramitar su repatriaci\u00f3n no han adelantado las diligencias necesarias para esos efectos, funci\u00f3n que, como qued\u00f3 visto, est\u00e1 atribuida al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consulado de Colombia en Madrid (Espa\u00f1a) y a la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, m\u00e1s no a la Presidencia de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

3. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

\u2026 la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles del Circuito de Ibagu\u00e9, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad del fallo dictado 5 de junio de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en apego a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, se ordena enviar de inmediato el expediente a la oficina de asignaciones de esa localidad, para que sea repartido entre los Jueces Civiles del Circuito de esa municipalidad. <\/p>\n

3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y \tla competencia.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2020-00126-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de julio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de julio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 5 de junio de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103671","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}