{"id":103673,"date":"2026-07-02T21:37:26","date_gmt":"2026-07-02T21:37:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103673"},"modified":"2026-07-02T21:37:26","modified_gmt":"2026-07-02T21:37:26","slug":"atc492-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc492-2020\/","title":{"rendered":"ATC492-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC492-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 81001-22-08-000-2020-00020-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de julio de 2020) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de mayo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por John Germ\u00e1n Vargas Anaya en nombre propio y como presidente de la Junta Directiva de SINTRAPECUN, contra el Presidente de la Rep\u00fablica, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC, los Ministerios de Hacienda, Salud y Protecci\u00f3n Social y Justicia, la Alcald\u00eda Municipal de Arauca, la Gobernaci\u00f3n del Departamento de Arauca y la Secretar\u00eda de Salud departamental de ese mismo ente territorial, la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, y la Fiduprevisora S.A., si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afect\u00f3 lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El promotor del amparo constitucional solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, dignidad humana, igualdad y salud, de los guardias y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sindicalizados y no sindicalizados, as\u00ed como de la poblaci\u00f3n privada de la libertad -PPL-. <\/p>\n

Solicit\u00f3 que se ordene a las entidades accionadas en el marco respectivo de sus competencias que: (i) Mejoren y dignifiquen la infraestructura del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca, el cual no est\u00e1 en condiciones \u00f3ptimas de salubridad ni cuenta con espacios para visita conyugal, cocina, biblioteca o estudio; (ii) se asigne personal m\u00e9dico a esa sede, pues en la actualidad no cuentan con m\u00e9dicos suficientes, enfermeras ni odont\u00f3logo, en especial consideraci\u00f3n a la pandemia Covid-19; (iii) se entregue medicamentos para tratar las enfermedades de los reclusos, as\u00ed como tambi\u00e9n implementos de protecci\u00f3n para prevenir y tratar el coronavirus teniendo en cuenta la exposici\u00f3n a la que se enfrentan por el hacinamiento carcelario que adem\u00e1s fue declarado en estado de cosas inconstitucional; (iv) se hagan m\u00e1s pruebas de Covid-19 en la PPL y en los funcionarios administrativos y el cuerpo de seguridad; (v) los municipios con personas privadas de la libertad asuman y paguen la partida presupuestal que por mandato de la ley 65 de 1993 les corresponde; (vi) se asigne mayor presupuesto a la C\u00e1rcel de Arauca, se contrate m\u00e1s personal administrativo y de seguridad, as\u00ed como se asignen armas y equipo para atender amotinamientos; (vii) no se descuenten d\u00edas de salarios al personal de guardia y administrativos del Inpec que se ausenten por raz\u00f3n del Covid-19; y, (viii) que el Presidente de la Rep\u00fablica incluya la enfermedad producida por el Coronavirus dentro de las que cubre la ARL a los trabajadores del Inpec en consideraci\u00f3n a su riesgo y exposici\u00f3n permanente. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Entre ellas, se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios estos que por imperativo legal est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

2. La \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, all\u00ed \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996), tal como lo disponen los c\u00e1nones 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n

3. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se advierte que el quejoso reprocha, en \u00faltimas, que el presidente no incluyera en el art\u00edculo 13 del decreto 538 de 2020, la Covid-19 como una enfermedad de origen laboral que afecta al personal administrativo y de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), acto dictado en el marco del Estado de Emergencia, Econ\u00f3mica y Social ocasionado por la pandemia COVID-19. <\/p>\n

4. Bajo ese supuesto, advierte la Corte que en el presente caso tal reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del presidente de la Rep\u00fablica que habilitara al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca para conocer del auxilio en las condiciones en que lo hizo en primera instancia. <\/p>\n

Esto en raz\u00f3n a que las medidas tomadas para superar la crisis padecida por la pandemia del Covid-19 corresponden al Gobierno Nacional, que est\u00e1 conformado, a su vez, por los ministerios y los departamentos administrativos. <\/p>\n

En efecto, el jefe de estado, en lo atinente a la emisi\u00f3n de los aludidos decretos legislativos, concurre como miembro del Gobierno Nacional, tal como lo prev\u00e9 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en el precepto 115, y ser\u00e1 \u00e9l junto a los ministros los competentes para modificar las circunstancias de acuerdo con la declaratoria del Estado de Excepci\u00f3n (art. 214 ejusdem). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la vinculaci\u00f3n directa del jefe de estado resulta aparente, por cuanto la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por \u00e9l sino frente a actos procedentes de organismos del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional. <\/p>\n

Sobre la \u00abqueja aparente\u00bb contra el presidente de la Rep\u00fablica, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abAl revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que como la pretensi\u00f3n cardinal se circunscribe a que se ordenen las \u00abtransferencias\u00bb de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Ind\u00edgenas AESGPRI, a favor de la Comunidad Wounaan Uni\u00f3n Agua Clara del R\u00edo Bajo San Juan del municipio de Buenaventura, tal reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del Presidente de la Rep\u00fablica, que habilitar\u00eda para conocer del auxilio a esa corporaci\u00f3n en las condiciones en que lo hizo. <\/p>\n

En efecto, con sujeci\u00f3n a lo previsto en los art\u00edculos 356 y 357 de la Carta Pol\u00edtica, la Naci\u00f3n transfiere recursos a las entidades territoriales para la financiaci\u00f3n de los servicios asignados conforme a la Ley 715 de 2001, complementada por los Decretos 1953 y 2719 de 2014, en donde se definieron los par\u00e1metros y los procedimientos para que los resguardos ind\u00edgenas registrados ante el Ministerio del Interior, acrediten experiencia y buenas pr\u00e1cticas para la administraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de tales dineros entregados por el Departamento de Planeaci\u00f3n Nacional \u2013 DNP, y su implementaci\u00f3n fue radicado en cabeza de la Direcci\u00f3n de Desarrollo Territorial Sostenible. <\/p>\n

De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n

Entonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017\u00bb (CSJ ATC1275-2019, ago. 15 de 2019, rad. 2019-00176-01). <\/p>\n

5. En ese orden, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el precepto 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca no era el llamado a conocer la petici\u00f3n de amparo en primera instancia toda vez que, seg\u00fan qued\u00f3 evidenciado, el reproche se encuentra enfilado contra autoridades o entidades p\u00fablicas del orden nacional, correspondiendo su conocimiento en primera instancia a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n

6. En consecuencia, el presente asunto se encuentra viciado de nulidad, conforme al canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud de lo dispuesto en el aparte 2.2.3.1.1.3 ibidem que prev\u00e9 \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n

Por ende, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional, a fin de tramitarse ante los Juzgados Civiles del Circuito de Arauca. <\/p>\n

7. No obstante, en aras de garantizar los derechos fundamentales, por mandato de los principios de confianza leg\u00edtima y prevalencia de lo sustancial sobre la forma, se dispondr\u00e1 mantener la orden impartida en la sentencia dictada por el tribunal citado, a t\u00edtulo de medida provisional mientras se resuelve nuevamente la queja constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Conforme a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

1. Declarar la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, a partir del auto que la admiti\u00f3, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas practicadas (art\u00edculo 138 C.G.P.). <\/p>\n

2. Mantener inc\u00f3lume, a t\u00edtulo de medida provisional, lo decretado por el a quo constitucional en el fallo impugnado, hasta que se resuelva nuevamente la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

3. Por Secretar\u00eda, rem\u00edtase la presente queja constitucional a los Jueces Civiles del Circuito de Arauca, a fin de que la tramiten en primera instancia. <\/p>\n

4. Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC492-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 81001-22-08-000-2020-00020-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de julio de 2020) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de julio de dos mil veinte (2020). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de mayo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103673","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103673"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103673\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103673"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}