{"id":103675,"date":"2026-07-02T21:37:46","date_gmt":"2026-07-02T21:37:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103675"},"modified":"2026-07-02T21:37:46","modified_gmt":"2026-07-02T21:37:46","slug":"atc496-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc496-2020\/","title":{"rendered":"ATC496-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC496-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00216-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de julio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro de la tutela promovida por Jaime Ram\u00edrez Echeverri frente a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional UGPP, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la Rep\u00fablica. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El peticionario reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al m\u00ednimo vital, debido proceso y tercera edad, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, manifiesta que es pensionado de Empresas Puertos de Colombia, sin embargo, en la actualidad, solo percibe la mitad de dicha prestaci\u00f3n, por cuanto el 50% restante le es deducido mensualmente para el cumplimiento de una obligaci\u00f3n alimentaria y otra civil. <\/p>\n

Alega que el impuesto solidario ordenado en el Decreto 568 de 2020, con ocasi\u00f3n del Estado de Emergencia, pone en riesgo su m\u00ednimo vital. Adem\u00e1s, contraviene el Decreto 1073 de 2002 donde se se\u00f1ala el monto m\u00e1ximo de gravamen que puede imponerse respecto de una mesada pensional. <\/p>\n

3. Pide, en concreto, la inaplicaci\u00f3n de la norma cuestionada. <\/p>\n

4. El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo tras descartar la transgresi\u00f3n aducida y se\u00f1alar que, con todo, el actor tiene a su alcance otros mecanismos para oponerse a la disposici\u00f3n reprochada. <\/p>\n

5. El gestor impugn\u00f3 dicho fallo, insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De las circunstancias descritas se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para desatar la tutela incoada por Jaime Ram\u00edrez Echeverri contra la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional UGPP, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la Rep\u00fablica, al tratarse de instituciones p\u00fablicas de orden nacional. <\/p>\n

2. En efecto, dada la naturaleza de dichas entidades y lo preceptuado en los numerales 1\u00b0 y 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida, en primer grado, por los jueces civiles del circuito de Barranquilla, atendiendo, adem\u00e1s al lugar de elecci\u00f3n del tutelante. <\/p>\n

En un caso de similares perfiles, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se advierte que el quejoso pretende que se le ordene a las entidades accionadas, seg\u00fan corresponde, fijar de manera inmediata la fecha para que se lleve a cabo la \u00abRevocatoria del mandato del Alcalde de Cumaral-Meta\u00bb; expedir el \u00abCertificado de Disponibilidad Presupuestal\u00bb para adelantar el mecanismo de participaci\u00f3n referido, y, que la Gobernaci\u00f3n acusada, informe sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al acto administrativo No. 002 de 2018. <\/p>\n

4.- As\u00ed las cosas, se advierte que la queja est\u00e1 dirigida, contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil (Registrador Municipal del Estado Civil de Cumaral-Meta), y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, entidades p\u00fablicas del orden nacional, y, contra la Gobernaci\u00f3n del Meta, ente del nivel departamental, bajo ese supuesto, advierte la Corte que al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, y a su vez, dicha normatividad en el numeral 11 de dicho canon, consigna que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Se resalta, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem2, indica las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Presidente de la Rep\u00fablica, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra una gesti\u00f3n propia de esa autoridad, pues lo pretendido es que la entidad pagadora se abstenga de efectuar la deducci\u00f3n ordenada en virtud del decreto antes citado. <\/p>\n

En un caso de similares perfiles, donde se advirti\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente del Presidente de la Rep\u00fablica, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n

\u201cEntonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d4. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Barranquilla, para ser repartida entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n

En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n

\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Ram\u00edrez Echeverri contra la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional UGPP, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la Rep\u00fablica; en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, sin perjuicio de la validez de las pruebas. <\/p>\n

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Barranquilla, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

2 \t\u201c(\u2026)3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ, ATC 1275-2019.
\n4 \tCSJ. ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n5 \tCSJ. ATC \tde 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; \treiterado el 9 de agosto de 2010, exp. \t63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. \t08001-22-13-000-2013-00648-01.
\n8<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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