{"id":103678,"date":"2026-07-02T21:38:15","date_gmt":"2026-07-02T21:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103678"},"modified":"2026-07-02T21:38:15","modified_gmt":"2026-07-02T21:38:15","slug":"atc509-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc509-2020\/","title":{"rendered":"ATC509-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC509-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01377-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 y Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Julio C\u00e9sar Basto Su\u00e1rez (agente oficioso de su progenitor, Jos\u00e9 Estelio Basto Guzm\u00e1n) contra la Nueva EPS S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn su escrito introductor, dirigido al \u00abJuez de Tutela (reparto)\u00bb de la ciudad Ibagu\u00e9, el se\u00f1or Basto Su\u00e1rez pretendi\u00f3, principalmente, que se ordene \u00aba la entidad Nueva EPS S.A. que cumpla con la prestaci\u00f3n de la atenci\u00f3n domiciliaria integral para paciente cr\u00f3nico de acuerdo al (sic) MIPRES, el cual est\u00e1 aprobado e incluye el servicio de enfermer\u00eda aprobado por 12 horas diurnas, valoraci\u00f3n m\u00e9dica\u00bb. <\/p>\n

En sustento de su s\u00faplica, relat\u00f3 que el agenciado tiene 92 a\u00f1os y padece varias enfermedades cr\u00f3nicas, como \u00abdemencia, Alzheimer at\u00edpico o de tipo mixto, diabetes mellitus no insulino-dependiente, artritis reumatoidea, glaucoma no especificado, hipoacusia bilateral y otras como osteoporosis severa con fractura patol\u00f3gica\u00bb, y que previa orden judicial, la entidad accionada \u00abpractic\u00f3 una valoraci\u00f3n m\u00e9dica a cargo de un especialista al paciente Jos\u00e9 Estelio Basto Guzm\u00e1n\u00bb, que culmin\u00f3 con la aprobaci\u00f3n del \u00abservicio de atenci\u00f3n integral domiciliaria para paciente cr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n

A ello adicion\u00f3 que \u00abla enfermera que presta el servicio de atenci\u00f3n domiciliaria al se\u00f1or Jos\u00e9 Estelio Basto Guzm\u00e1n, manifest\u00f3 que Enlace Dos de la ciudad de Ibagu\u00e9, quien es la IPS designada por la Nueva EPS. S.A, le adeuda su salario desde enero de 2020, por lo [que] elev\u00f3 una PQR con radicado No. 1-2020-210344, en cual la Nueva EPS S.A el 23 de abril de 2020 se pronunci\u00f3 sin dar una respuesta clara a la petici\u00f3n\u00bb, panorama que pone en riesgo la continuidad de la prestaci\u00f3n del servicio de homecare. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la demanda de tutela corresponde a los jueces civiles del circuito de Bogot\u00e1, por ser el lugar de residencia del agenciado. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n

Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Aptitud \tlegal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n

Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n

2.\tCompetencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n

Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n

Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de solicitudes de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n

As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n

\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n

3.\tCaso concreto. <\/p>\n

Para desprenderse de la competencia que le fue asignada, el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 parti\u00f3 de una premisa improcedente al estimar que el se\u00f1or Basto Guzm\u00e1n, esto es, la persona cuyos derechos fundamentales se encontrar\u00edan amenazados (conforme el texto de la demanda de tutela), resid\u00eda en la ciudad de Bogot\u00e1, cuando en realidad quien habita en esta capital es su hijo, que actu\u00f3 como agente oficioso suyo. <\/p>\n

En efecto, en la historia cl\u00ednica de Jos\u00e9 Estelio Basto Guzm\u00e1n (que obra aneja al libelo inicial) se encuentra relacionada la \u00abDiagonal 19 n. 6-93 b Carmen\u00bb de la ciudad de Ibagu\u00e9 como su lugar de habitaci\u00f3n. Y siendo ello as\u00ed, puede colegirse sin dificultad que es ese el lugar donde ocurre la amenaza a los bienes iusfundamentales del paciente, derivada de la posible suspensi\u00f3n del servicio de atenci\u00f3n m\u00e9dica en casa que hasta la fecha ha venido prodig\u00e1ndosele. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

De acuerdo con lo expuesto, el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 no estaba habilitado para rehusar el conocimiento de la demanda constitucional referenciada, de modo que las diligencias han de volver a esa oficina, para que, a la mayor brevedad, se d\u00e9 continuidad al tr\u00e1mite constitucional iniciado a instancias de Julio C\u00e9sar Basto Su\u00e1rez (agente oficioso de Jos\u00e9 Estelio Basto Guzm\u00e1n). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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