{"id":103679,"date":"2026-07-02T21:38:25","date_gmt":"2026-07-02T21:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103679"},"modified":"2026-07-02T21:38:25","modified_gmt":"2026-07-02T21:38:25","slug":"atc516-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc516-2020\/","title":{"rendered":"ATC516-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC516-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00140-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de julio dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Cristina Morales como Delegada del Ministerio P\u00fablico adscrita a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, contra el Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba Picale\u00f1a, el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Consorcio PPL, la USPEC, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse
\nANTECEDENTES <\/p>\n

Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al INPEC disponer \u00aben el plazo de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo (\u2026) del personal suficiente que permita darle tr\u00e1mite a las notificaciones electr\u00f3nicas de las decisiones judiciales dirigidas a las PPL [personas privadas de la libertad]\u00bb (expediente en versi\u00f3n digital, archivo \u00abDemanda y anexos\u00bb, folio 17). <\/p>\n

2.\tPara respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que el Gobierno Nacional declar\u00f3 el Estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y dentro del mismo emiti\u00f3 los Decretos 457, 531 y 636 de la misma anualidad, imponiendo el aislamiento preventivo de todos los habitantes del territorio nacional, as\u00ed como el Decreto 546 del 14 de abril de la misma anualidad, donde estableci\u00f3 una serie de medidas para el manejo de la emergencia en las c\u00e1rceles del pa\u00eds, disponiendo en el art\u00edculo 20 de esa normativa, que \u00abla notificaci\u00f3n personal para dar cumplimiento a las actuaciones previstas en este Decreto, se surtir\u00e1 por medios electr\u00f3nicos. Lo anterior sin perjuicio de que se acuda a las diversas formas de notificaci\u00f3n previstas en la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, seg\u00fan sea el caso. El INPEC proceder\u00e1 a dar cumplimiento inmediato a la medida otorgada por el Juez, siempre y cuando el correo electr\u00f3nico provenga del dominio de la rama judicial y se obtenga por otros medios la configuraci\u00f3n respectiva dejando constancia en cada despacho oficial (emisor y receptor) de los involucrados en el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1ala que por otro lado, el INPEC profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 001144 del 22 de marzo del mismo a\u00f1o, declarando el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en todos los establecimientos de reclusi\u00f3n del pa\u00eds a cargo de esa entidad; el 27 de marzo se conoci\u00f3 el Plan de Contingencia de la Defensor\u00eda del Pueblo para proteger a la poblaci\u00f3n privada de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagu\u00e9 Picale\u00f1a -Coiba, y, el pasado 28 de mayo la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima emiti\u00f3 la Circular CSJTOC20-180, donde dio a conocer a los Magistrados y Jueces de la especialidad penal que administran justicia en su territorio, \u00abla imposibilidad de realizar las notificaciones remitidas a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos, por falta de capacidad instalada, insuficiencia de personal a causa del contagio por Covid-19\u00bb. <\/p>\n

Narra que \u00aben conversaci\u00f3n telef\u00f3nica sostenida con el Mayor Robelly Alberto Trujillo \u00c1vila, Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 Picale\u00f1a \u2013 Coiba\u00bb, \u00e9ste manifest\u00f3 que \u00abno se recibir\u00e1n ni realizar\u00e1n por parte de la Direcci\u00f3n Coiba, las notificaciones a los internos recluidos en ese centro, que sean enviadas por los diferentes despachos judiciales del \u00e1rea penal del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico institucional de ese centro penitenciario y carcelario o su oficina, aduciendo, falta de personal y talento humano del INPEC en ese Centro Carcelario para cumplir la labor (\u2026) ante la reducci\u00f3n del personal a su cargo, a ra\u00edz del aislamiento generado por los contagios presentados en el Coiba por el Covid 19\u00bb, por lo que el director solicit\u00f3 a los funcionarios judiciales de la especialidad penal de la ciudad de Ibagu\u00e9, \u00abque a partir de la fecha se debe acometer la labor de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales dirigidas a ese Centro Penitenciario y Carcelario, a trav\u00e9s de los servidores que sean asignados a los Centros de Servicios y Despachos judiciales (\u2026) y en consecuencia dirigirse de manera directa al Centro Penitenciario (\u2026) para realizar las notificaciones personales a los internos, con las debidas protecciones de seguridad y elementos de bioseguridad necesario para evitar el contagio\u00bb. <\/p>\n

Afirma que el pasado 6 de mayo se adelant\u00f3 \u00abmesa penitenciaria virtual\u00bb, en que se plante\u00f3 a la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura la implementaci\u00f3n de las notificaciones virtuales, para evitar que los notificadores tuvieran que desplazarse al centro de reclusi\u00f3n, acord\u00e1ndose que se dirigir\u00eda oficio al Director General del INPEC para que aumentara el personal humano que permitiera tramitar oportunamente las solicitudes encaminadas a cumplir el Decreto 546 de 2020, oficio que fue remitido el d\u00eda 12 de ese mismo mes por la Procuradora Regional del Tolima, la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, el Personero Municipal y el Procurador 103 Judicial II Penal, agreg\u00e1ndose las dificultades que presenta el centro penitenciario con el suministro de elementos de bioseguridad y protecci\u00f3n personal para los miembros de la guardia, el personal administrativo y de salud, sin que a la fecha hayan recibido respuesta. <\/p>\n

Finalmente asegura, que la negativa del Director del Coiba Pica\u00f1ela a tramitar las notificaciones electr\u00f3nicas remitidas por los Jueces y Magistrados penales, est\u00e1 impidiendo a las PPL el acceso al servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia, a la par que la posici\u00f3n del precitado directivo para que tales enteramientos se hagan por los notificadores de la rama judicial pone en peligro la salud de \u00e9stos, situaci\u00f3n que en su criterio hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela a favor de las personas involucradas y beneficiarias de dicho acto procesal (ib\u00eddem, fls. 7 al 21). <\/p>\n

3.\tLa Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 accedi\u00f3 el resguardo suplicado, tras advertir, en suma, que \u00abquienes tienen la guarda, vigilancia y seguridad de los internos es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, y quienes adem\u00e1s han adoptado unos protocolos de bioseguridad tanto del personal que labora en los centros de reclusi\u00f3n como de los privados de la libertad, a fin de evitar el contagio y propagaci\u00f3n del Covid \u2013 19, consider[\u00f3] esa Sala que en cumplimiento de los acuerdos y Decretos que establecen la prevalencia del uso de las herramientas tecnol\u00f3gicas, es viable que se env\u00eden las providencias judiciales al correo electr\u00f3nico de la entidad carcelaria, a fin de que estos dispongan del personal que trabaja al interior del centro de reclusi\u00f3n para que procedan a notificar de manera personal a los internos que habitan en el complejo penitenciario, manteniendo por supuesto todas las medidas de bioseguridad prescritas y establecidas para evitar el contagio con la Pandemia Covid 19, no solo del personal que va a notificar las providencias, sino tambi\u00e9n de los internos a quienes se les va a enterar de las decisiones proferidas\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 \u00abal Director General del INPEC y al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Coiba \u2013 Picale\u00f1a, que dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, efect\u00faen los tr\u00e1mites y procedimientos necesarios a que haya lugar, para que dispongan de personal suficiente en el Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba \u2013 Picale\u00f1a a fin de que procedan a darle tr\u00e1mite a las notificaciones de las providencias judiciales enviadas a la Direcci\u00f3n electr\u00f3nica del Establecimiento Carcelario en menci\u00f3n, para que se les notifique las mismas de manera personal a quienes se encuentran privadas de la libertad de dicho centro reclusorio, adopt\u00e1ndose todas las medidas necesarias de bioseguridad indicada en las diferentes circulares, instructivos y lineamientos, a fin de prevenir el contagio y propagaci\u00f3n del Covid \u2013 19, tanto del personal que labora en la entidad, como de los internos que van a ser notificados\u00bb. <\/p>\n

4. Impugnada la sentencia por el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad \u2013 Justicia y Paz \u201cCoiba\u201d de Ibagu\u00e9, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, y como quiera que esta Corporaci\u00f3n ha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige, en realidad, frente al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad \u2013 Justicia y Paz \u201cCoiba\u201d de Ibagu\u00e9, y, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC; el primero, en raz\u00f3n de su supuesta negativa a gestionar las notificaciones judiciales enviadas por medios electr\u00f3nicos por los estrados penales de esa ciudad, con destino a las personas all\u00ed privadas de la libertad; y la segunda, por supuestamente no suministrar los medios t\u00e9cnicos y de personal humano necesarios para garantizar el cumplimiento de tal labor; es decir, que en este caso particular, no se est\u00e1 atacando al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. <\/p>\n

2.\tEntonces, por involucrar la acci\u00f3n de amparo al INPEC, que es \u00abun establecimiento p\u00fablico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia, con personer\u00eda\u00a0jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente\u00bb1, corresponde su conocimiento en primera instancia a los jueces con categor\u00eda circuito, de conformidad a lo establecido en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20172, pues se reitera, aun cuando el numeral 6\u00b0 \u00eddem3 alude a las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los Consejos Seccionales de la Judicatura, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra la gesti\u00f3n concreta de esa autoridad, en raz\u00f3n a que la promotora de la salvaguarda no la cuestiona ni solicita se emita alguna orden concreta respecto de ella, sin que sea motivo suficiente para haberla vinculado al tr\u00e1mite, el que tuvo comunicaci\u00f3n con el establecimiento penitenciario y carcelario accionado para procurar una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que suscito la interposici\u00f3n del resguardo, y que para ese mismo efecto elev\u00f3 junto con otras autoridades una solicitud al INPEC. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas la vinculaci\u00f3n que en el curso de la tutela se hizo al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, es meramente aparente, pues ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta, lesiva de derechos supralegales, le fue enrostrada. Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala que, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado \u00faltimamente en ATC989-2019, 4 jul. 2019, rad. 00068-01 y ATC1275, 15 ago. 2019, rad. 00176-01). <\/p>\n

4.\tAs\u00ed mismo, ha destacado que, \u00abel fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Ibagu\u00e9 -reparto, para su conocimiento. <\/p>\n

6. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n

7. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Ibagu\u00e9, pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada se dirige exclusivamente contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad \u2013 Justicia y Paz \u201cCoiba\u201d de Ibagu\u00e9, y, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, m\u00e1s no en contra de una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, quien result\u00f3 vinculado al asunto de manera aparente; sin embargo, se mantendr\u00e1 de manera provisional la orden constitucional impartida, en aras de garantizar las garant\u00edas de los internos involucrados dentro de las diligencias. <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 16 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: En aras de salvaguardar las prerrogativas superiores de los internos del Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba Picale\u00f1a, Ibagu\u00e9, y hasta que se resuelva nuevamente de fondo la presente acci\u00f3n, se mantendr\u00e1 la orden constitucional dictada por el a quo constitucional, por lo que se ORDENA al Director General del INPEC y al Director del citado Establecimiento, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, efect\u00faen los tr\u00e1mites y procedimientos necesarios a que haya lugar, para que dispongan de personal suficiente en el Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba \u2013Picale\u00f1a, a fin de que procedan a darle tr\u00e1mite a las notificaciones de las providencias judiciales enviadas a la Direcci\u00f3n electr\u00f3nica de ese Establecimiento Carcelario, para que se les entere las mismas de manera personal a quienes se encuentran privadas de la libertad en dicho centro reclusorio, adopt\u00e1ndose todas las medidas necesarias de bioseguridad indicada en las diferentes circulares, instructivos y lineamientos, a fin de prevenir el contagio y propagaci\u00f3n del COVID-19, tanto del personal que labora en la entidad, como de los internos que van a ser notificados. <\/p>\n

TERCERO: Enviar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Ibagu\u00e9 -reparto, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n

CUARTO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante el medio m\u00e1s id\u00f3neo, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1 \tDecreto 1242 de 1993
\n2 \t\u201c(\u2026)2. \tLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier \tautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \ta los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d.
\n3 \t\u201c(\u2026)6. \tLas \tacciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la \tJudicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n \trepartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los \tTribunales Superiores de Distrito Judicial.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC516-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00140-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de julio dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103679\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}