{"id":103698,"date":"2026-07-02T21:40:55","date_gmt":"2026-07-02T21:40:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103698"},"modified":"2026-07-02T21:40:55","modified_gmt":"2026-07-02T21:40:55","slug":"atc558-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc558-2020\/","title":{"rendered":"ATC558-2020"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC558-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2020-00087-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de julio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda resolver la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 24 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela que Auxiliadora Ojeda Mendoza le instaur\u00f3 al Departamento de C\u00f3rdoba, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de la aludida ciudad, los Ministerios de Educaci\u00f3n Nacional y del Trabajo y la Presidencia de la Rep\u00fablica, de no ser porque se advierte una causal de nulidad que afecta la validez de lo rituado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante acudi\u00f3 a este instrumento superlativo para que se \u00abdeje sin efectos de manera transitoria los Decretos N\u00b0 55 del 01 de junio de 2020, por el cual se revoca el Decreto N\u00b0 35 del 15\/05\/2020, y se [le] traslada, al igual que este \u00faltimo, hasta que se produzca sentencia debidamente ejecutoriada, expedida por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, respecto de la legalidad o no de los mencionados actos administrativos\u00bb, expedidos por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de C\u00f3rdoba. <\/p>\n

Como apoyo de sus anhelos, en s\u00edntesis, relat\u00f3 que desde el a\u00f1o 1975 fue nombrada como docente en propiedad del corregimiento de Chin\u00fa, despu\u00e9s fue reubicada en varias sedes educativas y en la actualidad labora en la Instituci\u00f3n San Francisco de As\u00eds, donde comparte sal\u00f3n con Carmen Almanza, en un grado escolar que cuenta con 40 estudiantes, porque no ha sido posible dividir el curso por falta de aulas. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que mediante Decreto 035 de 13 de mayo de 2020 la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de C\u00f3rdoba la retir\u00f3 de su cargo, pero luego de interponer recurso de reposici\u00f3n, a trav\u00e9s de acto administrativo 055 de 1 de junio \u00faltimo, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y dispuso su traslado. <\/p>\n

Expuso que, aunque se le inform\u00f3 que contra la \u00faltima deducci\u00f3n proced\u00eda el \u00abrecurso horizontal\u00bb, lo cierto es que conoce que \u00abno hay reposici\u00f3n de la reposici\u00f3n\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que no comparte la postura adoptada, como quiera que la soluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n debi\u00f3 encaminarse a \u00abdividir [el] grupo [de sus estudiantes] entre las dos docentes y no desvincularla o trasladarla\u00bb, teniendo en cuenta que tiene 68 de a\u00f1os de edad, siempre ha vivido en el municipio de Chin\u00fa y tiene a su cargo el cuidado de su madre de 92. <\/p>\n

2. El a quo constitucional desestim\u00f3 el amparo tras concluir que la quejosa cuenta con otros mecanismos ordinarios para hacer efectivas las reclamaciones que expone en esta justicia excepcional, sin que haya acreditado la posible \u00abocurrencia de un perjuicio irremediable que conlleve a la procedencia de esta acci\u00f3n tutelar\u00bb. <\/p>\n

3. Ese desenlace fue repelido por la promotora, quien insisti\u00f3 en los reparos introductorios y enfatiz\u00f3 que su ruego supera los presupuestos de procedibilidad ante la inminente ocurrencia de un perjuicio econ\u00f3mico irremediable. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato f\u00e1ctico contenido en el libelo, as\u00ed como de las pretensiones del mismo, se desprende que la protesta no involucra a la Presidencia de la Rep\u00fablica, sino al Departamento de C\u00f3rdoba y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del mismo lugar, contra quienes desde el escrito inaugural la querellante encamin\u00f3 la acci\u00f3n supralegal, pidiendo la vinculaci\u00f3n, entre otros, de la Presidencia de la Rep\u00fablica, atendiendo los Decretos Legislativos n\u00b0 488 y 491 de 2020 expedidos \u2013en medio de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19- en procura de adoptar medidas para la protecci\u00f3n del empleo de todos los ciudadanos, y garantizar la atenci\u00f3n y prestaci\u00f3n de los servicios de las autoridades y empleados p\u00fablicos. <\/p>\n

Sin embargo, las aspiraciones de la discordante lejos est\u00e1n de controvertir los citados \u00abactos administrativos\u00bb o de enrostrar alguna vulneraci\u00f3n a la Presidencia de la Rep\u00fablica, pues refuta los Decretos de car\u00e1cter particular n\u00b0 035 y 055 de 13 de mayo y 1 de junio 2020 promulgados por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de C\u00f3rdoba, a trav\u00e9s de los cuales fue removida de su cargo y luego \u00abtraslada\u00bb a una \u00abinstituci\u00f3n educativa\u00bb localizada en un municipio distinto al que reside. <\/p>\n

Bajo este contexto, brota la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda para desatar la salvaguarda en primera instancia, como tampoco le ata\u00f1e a esta Sala dilucidarla en segunda. <\/p>\n

2. As\u00ed las cosas, como la demanda superior no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica de la Presidencia de la Rep\u00fablica, sin que tampoco se torne necesaria su \u00abvinculaci\u00f3n\u00bb, su llamamiento resulta aparente, por cuanto la salvaguarda no se dirige contra alguna \u00abactuaci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb desplegada por ese ente, sino frente a organismos de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional, raz\u00f3n por la cual es claro que el juez llamado a conocer de esta queja en primer grado es el del circuito, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n

Sobre la \u00abqueja aparente\u00bb contra el Presidente de la Rep\u00fablica se ha precisado, que <\/p>\n

De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n

Entonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 (\u2026), (ATC1275-2019, AG. 15). <\/p>\n

3. Lo expuesto impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este expedito procedimiento por mandato del canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

4. En consecuencia, se invalidar\u00e1 lo diligenciado en este escenario y se dispondr\u00e1 el env\u00edo inmediato del infolio a la oficina encargada del reparto entre los Juzgados Civiles del Circuito de la ciudad de Monter\u00eda. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio proferido el 12 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto entre los Juzgados Civiles del Circuito de Monter\u00eda, para que asuman el conocimiento de esta acci\u00f3n en primera instancia. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al juez a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente ATC558-2020 Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2020-00087-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de julio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda resolver la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 24 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103698","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103698\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}