{"id":103705,"date":"2026-07-02T21:41:54","date_gmt":"2026-07-02T21:41:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103705"},"modified":"2026-07-02T21:41:54","modified_gmt":"2026-07-02T21:41:54","slug":"atc572-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc572-2020\/","title":{"rendered":"ATC572-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00047-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de julio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 17 de junio de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Avelino Gonz\u00e1lez Mercado, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica y la Alcald\u00eda Municipal de Lorica, si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al m\u00ednimo vital y dignidad, presuntamente conculcadas por las entidades convocadas \u00abdebido al aislamiento social derivado de las medidas gubernamentales no [le] es posible laborar en [su] acostumbrado sitio de trabajo o en cualquier otro espacio p\u00fablico de la ciudad para obtener [sus] habituales ingresos b\u00e1sicos de subsistencia, adem\u00e1s tampoco recib[e] auxilio econ\u00f3mico estatal de ning\u00fan tipo, y no cuent[a] con persona alguna sea esta natural o jur\u00eddica a la que legalmente le pueda exigir alimentos siguiera congruos\u00bb. <\/p>\n

2.\tComo sustento de la queja, en s\u00edntesis, aduce que es un adulto mayor, que se encuentra en estado de \u00abvulnerabilidad manifiesta\u00bb, puesto que \u00abcarece de todo recurso, y no cuent[a] con una pensi\u00f3n digna, por [su] edad ninguna empresa [le] genera empleo, trabaj[\u00f3] todo [su] vida como jornalero en el campo\u00bb. <\/p>\n

Sostiene, que \u00abde [su] actividad laboral informal e independiente, depend\u00eda en forma exclusiva [su] subsistir\u00bb y destaca que \u00abno [tiene] ingresos provenientes de alg\u00fan tipo de programa asistencial estatal, sea este del orden Nacional, o Distrital\u00bb. <\/p>\n

Afirma, que desde que inici\u00f3 el confinamiento preventivo obligatorio en el pa\u00eds, su situaci\u00f3n econ\u00f3mica se ha visto afectada notoriamente, en la medida en que no ha podido trabajar, y aunado a ello, reitera, que no ha sido beneficiario de los programas de asistencia anunciados por el gobierno nacional y local. <\/p>\n

3.\tPretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo constitucional se ordene a las autoridades accionadas: <\/p>\n

i. Como \tmedida provisional \u00abque \t[le] entreguen en forma inmediata ayuda humanitaria para [\u00e9l] \ty para [su] n\u00facleo familiar a fin de satisfacer como m\u00ednimo \t[su] alimentaci\u00f3n b\u00e1sica, salud e integridad personal \ty familiar\u00bb. <\/p>\n

ii. \u00abQue \ten el t\u00e9rmino que fije la Sala establezcan y [le] entreguen \ten forma efectiva e inmediata ayuda humanitaria que [le] permita \tsatisfacer el m\u00ednimo vital personal y familiar, mientras dure \tel aislamiento social por ellas decretado. (\u2026) Que en el \tt\u00e9rmino que fije la Sala establezcan y [le] entreguen en \tforma efectiva UNA RENTA BASICA sin condicionamientos, que me \tpermita satisfacer el m\u00ednimo vital personal y familiar, \tmientras dure el aislamiento social por ellas decretado. (\u2026) \tQue una vez superadas las causas que generaron el aislamiento social \tdecretado por las autoridades accionadas se [le] provea de los \tmedios econ\u00f3micos necesarios y suficientes a fin de reiniciar \tmi actividad laboral que se vio truncada por las medidas \tgubernamentales y a fin de que pueda acceder al m\u00ednimo vital \t(\u2026) Se ponga en conocimiento a la Procuradur\u00eda General \tde la Naci\u00f3n, Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n del \tCongreso de la Republica a fin de que conozca y se pronuncie de las \tfallas que ha venido presentando PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y \tALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, legalmente representadas, en su orden por \tel se\u00f1or IVAN DUQUE MARQUEZ y el se\u00f1or ALCALDE \tMUNICIPAL DE LORICA CORDOBA, presidente de la Rep\u00fablica de \tColombia y dem\u00e1s entidades que los HONORABLES MAGISTRADOS \tVINCULEN, para que se procedan a generar las respectivas sanciones \tpreventivas y represivas, con el mismo se investigue el estado de \tcosas inconstitucionales decretadas en la naci\u00f3n y me sea \tnotificado\u00bb. <\/p>\n

4.\tMediante fallo de 17 de junio de 2020 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 el auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por el promotor. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.\tDefinici\u00f3n de la competencia. <\/p>\n

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, Sala Civil Familia Laboral, para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo se dirige contra Presidencia de la Rep\u00fablica y Alcald\u00eda Municipal de Lorica, lo cual sit\u00faa la competencia en cabeza de los jueces del circuito seg\u00fan el numeral 2\u00b0 del canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017, que precept\u00faa: <\/p>\n

\u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

3.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

En este orden, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Juzgados del Circuito de Monter\u00eda para lo de su competencia. <\/p>\n

De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo (proferido el 26 de mayo de 2020) se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

4.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Esta Sala en cuanto a esa potestad, ha se\u00f1alado que:
\n\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d.
\n\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n

5.\tDe la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Cabe advertir, que, <\/p>\n

\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 17 de junio de 2020 en el asunto de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Monter\u00eda (Reparto) para que sea asumido el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00047-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de julio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103705","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103705"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103705\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}