{"id":103708,"date":"2026-07-02T21:42:24","date_gmt":"2026-07-02T21:42:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103708"},"modified":"2026-07-02T21:42:24","modified_gmt":"2026-07-02T21:42:24","slug":"atc576-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc576-2020\/","title":{"rendered":"ATC576-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC576-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01147-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de julio de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Jaime Sanabria Vega, como agente oficioso de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, frente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el prenombrado a la citada autoridad y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Presidencia de la Rep\u00fablica, con ocasi\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n efectuada por la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia- respecto a Ar\u00e9valo Torres. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn la calidad descrita, el reclamante acude a esta actuaci\u00f3n porque, en su sentir, se inobserv\u00f3 el fallo de 11 de junio de 2020, mediante el cual esta Sala le concedi\u00f3 el amparo rogado y, en consecuencia, le orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n
\n\u201c(\u2026) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto la determinaci\u00f3n adoptada el 5 de junio de 2020, sobre la solicitud de libertad de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres y, en el mismo t\u00e9rmino, la defina conforme a lo aqu\u00ed se\u00f1alado; proveyendo, igualmente, acerca de la petici\u00f3n de copias del expediente de extradici\u00f3n, seg\u00fan las pautas ac\u00e1 se\u00f1aladas. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.\tEl censor inici\u00f3 el resguardo rese\u00f1ado frente a la mencionada entidad, por cuanto Ar\u00e9valo Torres hab\u00eda sido detenido en la c\u00e1rcel \u201cla Picota\u201d de Bogot\u00e1 el 5 de agosto de 2017, en virtud de una Circular Roja\u201d de Interpol publicada por petici\u00f3n de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia-, quien pidi\u00f3 su extradici\u00f3n. <\/p>\n

Surtidos los tramites de rigor, el Presidente Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez, mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto 2019, publicada en el Diario Oficial de la misma data, concedi\u00f3 la extradici\u00f3n deprecada y dispuso la \u201centrega\u201d de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres a la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia, previa acreditaci\u00f3n de las condiciones humanitarias para ello. <\/p>\n

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en \u201cNota Verbal\u201d de 31 de octubre postrero, por conducto de la embajada de Colombia en Italia, puso en conocimiento del Estado requirente lo antes resuelto, cuesti\u00f3n reiterada en comunicaciones diplom\u00e1ticas de 4 de febrero y 14 de mayo de 2020. <\/p>\n

Ar\u00e9valo Torres, el 19 de marzo del presente a\u00f1o, al abrigo de lo normado en el art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal1, solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n proceder a su liberaci\u00f3n, pues hab\u00edan trascurrido m\u00e1s de treinta (30) d\u00edas desde cuando la Republica Hel\u00e9nica -Grecia- fue notificada de su \u201centrega\u201d y a\u00fan no hab\u00eda sido trasladado a ese pa\u00eds. <\/p>\n

El 30 de abril ulterior, la Fiscal\u00eda no se pronunci\u00f3 de fondo en torno a la libertad invocada y, el 5 de junio pasado, complement\u00f3 la respuesta brindada al agenciado, en el sentido de indicarle al agente oficioso de William Adolfo, la improcedencia de la libertad implorada, por cuanto, a la fecha, no se le hab\u00eda notificado del contenido del precitado acto administrativo emanado del Presidente de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

Con todo, destac\u00f3 tener conocimiento sobre una comunicaci\u00f3n emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho en la cual se le indic\u00f3 al agente oficioso, lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [I]nformamos que el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del se\u00f1or Ar\u00e9valo Torres cursa la etapa administrativa final, en la cual, estando en firme la decisi\u00f3n del Gobierno Nacional, [es decir, la] Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, esta Direcci\u00f3n solicit\u00f3 (\u2026) [a] la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica por intermedio de la Canciller\u00eda, (\u2026) alleg[ar] las garant\u00edas exigidas (\u2026) como presupuesto para la entrega del ciudadano requerido. Tan pronto como se reciba el mencionado compromiso, solicitud que ya fue reiterada, se enviar\u00e1 la respectiva documentaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda (\u2026) para los fines [del] art\u00edculo 506 de la Ley 906 de 20042 (\u2026)\u201d (negrilla original, cita extexto). <\/p>\n

Lo anterior, con el prop\u00f3sito de relievar que tampoco hab\u00eda sido enterada del pronunciamiento del Estado requirente, en torno a su obligaci\u00f3n de preservar los derechos fundamentales del extraditado y, en esa medida, no pod\u00eda conceder la libertad deprecada. <\/p>\n

Asimismo, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, a trav\u00e9s del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hab\u00eda oficiado a la embajada de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica, concurrente para Colombia, para constatar si persist\u00eda su inter\u00e9s en la extradici\u00f3n del aqu\u00ed agenciado. <\/p>\n

El incidentante destaca que tales argumentaciones fueron reprochadas en la sentencia de tutela cuyo cumplimiento exige, en estos apartes: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Para la Sala, existe una desconexi\u00f3n de la Fiscal\u00eda con los dem\u00e1s entes que intervienen en el procedimiento de extradici\u00f3n, proceder lesivo de los derechos fundamentales del ac\u00e1 agenciado. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Lo antelado, por cuanto de haber sostenido una comunicaci\u00f3n fluida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, habr\u00eda podido establecer que, en virtud de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, en \u201cNota Verbal\u201d de 31 de octubre postrero, por conducto de la embajada de Colombia en Italia, se puso en conocimiento del Estado requirente la entrega en extradici\u00f3n de Ar\u00e9valo Torres, lo cual le fue reiterado en comunicaciones diplom\u00e1ticas de 4 de febrero y 14 de mayo de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Bajo ese horizonte, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ten\u00eda la obligaci\u00f3n de constatar si el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas (30), a contabilizarse desde cuando Colombia puso a disposici\u00f3n del Estado requirente a Ar\u00e9valo Torres, hab\u00eda vencido o no y, en tal medida, estudiar, con suficiencia, la procedencia o no de la libertad invocada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Sin embargo, no lo hizo y defini\u00f3 la petici\u00f3n de libertad de manera tangencial, bajo el argumento, seg\u00fan el cual, como la Fiscal\u00eda no estaba notificada de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, no le eran oponibles los supuestos del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, aun cuando los t\u00e9rminos de libertad de ese precepto corren en favor de la persona detenida y no de la fiscal\u00eda (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

3.\tEl agente oficioso de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres impulsa el presente asunto, porque, si bien la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 una nueva determinaci\u00f3n el 12 de junio de 2020, en acatamiento del mandato constitucional transcrito, el mismo, en su sentir, no atendi\u00f3 a lo considerado por esta Corte, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) [c]on base en (sic) lo ordenado por [la Sala] y teniendo en cuenta que [ya] han transcurrido (\u2026) [m\u00e1s de] 48 horas, (\u2026) la Fiscal\u00eda reiter[\u00f3] el mismo argumento de las respuestas dadas en escritos del 30 de marzo y 5 de junio de 2020, manifestando que la Fiscal\u00eda no estaba notificada de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, no le eran oponibles los supuestos del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, (\u2026)\u201d (subraya original). <\/p>\n

4.\tMediante autos de 19 de junio 2020 y 13 de julio siguiente, se puso en conocimiento del Fiscal General de la Naci\u00f3n y de la Oficina de Asuntos Internacionales de esa entidad, lo alegado por el agente oficioso de Ar\u00e9valo Torres. <\/p>\n

5.\tLa \u00faltima dependencia rese\u00f1ada alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n de 12 de junio de 2020, firmada por Francisco Roberto Barbosa Delgado, Fiscal General de la Naci\u00f3n, en donde se afirma que, para acatar la sentencia de tutela proferida por la Corte en el caso materia de disenso, se negaba la libertad implorada por William Adolfo Ar\u00e9valo Torres. <\/p>\n

Lo anterior, seg\u00fan esa decisi\u00f3n, por cuanto los treinta (30) d\u00edas previstos en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, no hab\u00edan empezado a correr para la fiscal\u00eda, por cuanto el Ministerio de Justicia y del Derecho no le hab\u00eda informado sobre el cumplimiento de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia-, de las garant\u00edas exigidas a ese pa\u00eds en la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 del 22 de agosto de 2019. <\/p>\n

Luego, explica, que el referido t\u00e9rmino \u201c(\u2026) se contabiliza a partir del momento en que el Estado requirente es notificado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la puesta a disposici\u00f3n [de la persona] efectuada por esta entidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ello, para destacar que, el mencionado acto administrativo se puede considerar como la manifestaci\u00f3n de ponerse al involucrado a disposici\u00f3n de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia-, y en esa medida, el c\u00f3mputo en cuesti\u00f3n no ha empezado a correr. <\/p>\n

Adicionalmente, indica, las notas verbales E0396 de 31 de octubre de 2019 y E049 de 4 de febrero de 2020, referidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ten\u00edan <\/p>\n

Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio de Relaciones Exteriores le comunic\u00f3 en oficio de 12 de junio de 2020, que \u201cen una \u00faltima oportunidad\u201d se le pidi\u00f3 a la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia- que en los treinta (30) d\u00edas siguientes, otorgara respuesta sobre el inter\u00e9s de extraditar a William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, en cuyo caso deber\u00eda allegar \u201c(\u2026) el compromiso formal sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Bajo ese horizonte, la fiscal\u00eda sostuvo que el t\u00e9rmino est\u00e1 corriendo y es el ente ministerial aludido, quien, seg\u00fan expuso, debe computarlo; adem\u00e1s, de hacerse necesaria la revocatoria de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 del 22 de agosto de 2019, mediante la cual se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n de Ar\u00e9valo Torres, inform\u00e1ndosele de ello, oportunamente, dispondr\u00e1 la libertad de \u00e9ste, pero como eso no ha acontecido, la misma es improcedente. <\/p>\n

Posteriormente, la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, alleg\u00f3 un memorial a este tr\u00e1mite, manifestado que, como la Corte no hab\u00eda dispuesto la libertad inmediata de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, el 25 de junio de 2020, le pidi\u00f3 a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, acreditar si aqu\u00e9l ya hab\u00eda sido puesto a disposici\u00f3n del Estado requirente y, en tal sentido, expuso, el primer ente ministerial aludido, hab\u00eda se\u00f1alado que las notas verbales enviadas a la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia- no implicaban ponerlo a su disposici\u00f3n. <\/p>\n

De otro lado, enfatiz\u00f3 que ese pa\u00eds, por conducto de su embajada en Per\u00fa, concurrente para Colombia, en nota verbal F2200.6.3\/10\/AS 259 de 30 de junio de 2020, remiti\u00f3 un oficio traducido en donde manifestaba que persist\u00eda su inter\u00e9s en la extradici\u00f3n de Ar\u00e9valo Torres y se\u00f1aba, adem\u00e1s, que \u00e9ste \u201c(\u2026) no ser\u00e1 sometido a desaparici\u00f3n forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua o confiscaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por lo anterior, la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, le indic\u00f3 al Ministerio de Relaciones exteriores que esa entidad pon\u00eda a disposici\u00f3n del Estado requirente a Ar\u00e9valo Torres para efectos de su extradici\u00f3n, durante el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas previsto en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, lapso que iniciar\u00eda, seg\u00fan su c\u00f3mputo, hasta la comunicaci\u00f3n oficial de ello a la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia-. <\/p>\n

6. Por no existir pruebas a decretar, pues las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuesti\u00f3n \tpreliminar <\/p>\n

Existe legitimaci\u00f3n del agente oficioso para actuar en favor de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, pues, actualmente persisten las mismas razones se\u00f1aladas en la sentencia cuyo cumplimiento se exige, para tener por v\u00e1lida dicha intervenci\u00f3n. <\/p>\n

2. El \tdesacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de \t1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de \ttutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes \timpartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales \tde la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, \tpor cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen \tmecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento \tde las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de \tla conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas \tsuperiores amparadas. <\/p>\n

3.\tEl presente decurso se circunscribe a determinar si fue incumplido el mandato impartido por la Sala en la sentencia STC1373-2020 de 11 de junio de 2020, dentro del amparo incoado por Jaime Sanabria Vega, como agente oficioso de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, frente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y otros, con ocasi\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n efectuada por la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia- respecto a Ar\u00e9valo Torres. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, en dicho pronunciamiento se le orden\u00f3 a esa entidad <\/p>\n

\u201c(\u2026) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto la determinaci\u00f3n adoptada el 5 de junio de 2020, sobre la solicitud de libertad de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres y, en el mismo t\u00e9rmino, la defina conforme a lo aqu\u00ed se\u00f1alado; proveyendo, igualmente, acerca de la petici\u00f3n de copias del expediente de extradici\u00f3n, seg\u00fan las pautas ac\u00e1 se\u00f1aladas. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4.\tPara establecer si existi\u00f3 o no desacato, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que debe surtirse una comparaci\u00f3n entre lo resuelto y la supuesta omisi\u00f3n endilgada al destinatario de la orden3. <\/p>\n

Asimismo, esta Colegiatura ha sido especialmente enf\u00e1tica al indicar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige \u2018al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato\u2019 y ha reiterado que \u2018el juicio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad\u2019 en esa materia, \u2018no puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que en el tr\u00e1mite respectivo habr\u00e1 de establecerse que la orden judicial fue desatendida por negligencia de la persona obligada a cumplirla, aspecto \u00e9ste que deber\u00e1 ser demostrado en la correspondiente actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5.\tEn la providencia presuntamente desobedecida, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 viable la protecci\u00f3n rogada por cuanto evidenci\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n incurri\u00f3 en una irregularidad, pues el 19 de marzo de 2020, William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, quien se encontraba detenido por cuenta del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n solicitado por la Republica Hel\u00e9nica -Grecia-, pidi\u00f3 su libertad a esa entidad por encontrarse ampliamente vencido el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas previsto en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 20045; sin embargo, nada se le hab\u00eda resuelto al respecto. <\/p>\n

Adicionalmente, si bien en decisi\u00f3n de 5 de junio siguiente, la fiscal\u00eda se pronunci\u00f3 denegando dicha petici\u00f3n, la Corte no acept\u00f3 la respuesta suministrada por cuanto <\/p>\n

\u201c(\u2026) se limit\u00f3 a exponer que le eran inoponibles los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 20046 porque la Presidencia de la Rep\u00fablica no le hab\u00eda notificado del acto administrativo, mediante el cual autoriz\u00f3 la extradici\u00f3n de Ar\u00e9valo Torres al Estado requirente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Asimismo, aleg\u00f3 que el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco le hab\u00eda comunicado de la manifestaci\u00f3n de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica \u2013Grecia-, de cumplir con los compromisos para proceder a la entrega de Ar\u00e9valo Torres; adem\u00e1s, adujo desconocer si ese pa\u00eds a\u00fan estaba interesado en el ritual en comento \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Sobre lo enunciado, as\u00ed discurri\u00f3 la fiscal\u00eda: (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]esulta necesario se\u00f1alar que en la fecha no hemos sido notificados de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva emitida por el Gobierno Nacional en torno al pedido de extradici\u00f3n adelantado en contra del se\u00f1or William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, ni tampoco sobre el otorgamiento de garant\u00edas por parte de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En estos puntos, conviene se\u00f1alar a continuaci\u00f3n la respuesta otorgada por la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, a la petici\u00f3n por usted presentada bajo los mismos t\u00e9rminos, respecto a las garant\u00edas que deber\u00e1 presentar el Estado requirente, s\u00ed como lo mencionado respecto a conocimiento oficial que esta entidad tiene en cuanto a la etapa actual del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [I]nformamos que el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del se\u00f1or Ar\u00e9valo Torres cursa la etapa administrativa final, en la cual, entando en firme la decisi\u00f3n del Gobierno Nacional, [es decir, la] Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, esta Direcci\u00f3n solicit\u00f3 (\u2026) [a] la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica por intermedio de la Canciller\u00eda, (\u2026) alleg[ar] las garant\u00edas exigidas (\u2026) como presupuesto para la entrega del ciudadano requerido. Tan pronto como se reciba el mencionado compromiso, solicitud que ya fue reiterada, se enviar\u00e1 la respectiva documentaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda (\u2026) para los fines [del] art\u00edculo 506 de la Ley 906 de 20047 (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El tr\u00e1mite se encuentra actualmente en el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que una vez reciba las garant\u00edas por parte del Estado requirente, notificar\u00e1 a esta entidad, para surtir el [procedimiento] que se\u00f1alan los art\u00edculos 506 y 511 de la Ley 906 de 2004 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En ese entendido es evidente que se han cumplido los protocolos establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico colombiano en torno al [ritual] de extradici\u00f3n elevado por la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica, quien por su parte a la fecha y por la v\u00eda diplom\u00e1tica no ha desistido [del] pedido de extradici\u00f3n (\u2026) presentado por dicho Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]esulta importante se\u00f1alar que en el presente caso no se cumplir\u00eda ninguna causal de libertad prevista dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, para que el se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n, [la] ordene (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En lo concerniente a la decisi\u00f3n del Gobierno Nacional frente al pedido de extradici\u00f3n, (\u2026) a la fecha esta entidad no ha sido notificada sobre la decisi\u00f3n que defina la concesi\u00f3n o negaci\u00f3n de la solicitud y, en consecuencia, el se\u00f1or William Adolfo Ar\u00e9valo Torres no ha sido puesto a disposici\u00f3n para su traslado a la Republica Hel\u00e9nica, motivo por el cual no se encuentra corriendo el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas para ordenar la libertad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Finalmente, (\u2026) mediante comunicaci\u00f3n (\u2026) del 5 de junio de 2020, fue solicitado por conducto de Relaciones Exteriores a la embajada de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica, concurrente para nuestro pa\u00eds, si en las actuales circunstancias persiste el inter\u00e9s del ese Estado en la extradici\u00f3n de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres (\u2026)\u201d (destacado con subraya original, los dem\u00e1s, ajenos al texto). <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala enfatiz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) N\u00f3tese, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n acepta que la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, mediante la cual el Presidente de la Rep\u00fablica autoriz\u00f3 la entrega en extradici\u00f3n de Ar\u00e9valo Torres al Estado requirente est\u00e1 \u201cen firme\u201d; sin embargo, alega que la misma no se le ha notificado formalmente y, por ello, no le es dable proceder al estudio de la libertad rogada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Asimismo, reconoce los efectos de ese acto administrativo, pues tiene en sus manos un documento en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que est\u00e1 pendiente de las garant\u00edas exigidas al Estado requirente para proceder a la entrega de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, el cual es un tr\u00e1mite posterior a la resoluci\u00f3n en comento (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Adicionalmente, s\u00f3lo cuando la Fiscal\u00eda se enter\u00f3 de la presente acci\u00f3n, adelant\u00f3 gestiones ante las autoridades ministeriales para enterarse de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del aqu\u00ed agenciado, aspecto que la Corte cuestiona, pues ten\u00eda la obligaci\u00f3n oficiosa de velar por el acontecer del decurso criticado, estando bajo su control la detenci\u00f3n Ar\u00e9valo Torres; no obstante, ninguna actuaci\u00f3n efectiva impuls\u00f3, ni siquiera cuando el 19 de marzo de 2020, se le solicit\u00f3 la libertad de aqu\u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Bajo ese horizonte, la Corte advirti\u00f3 la vulneraci\u00f3n denunciada, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) existe una desconexi\u00f3n de la Fiscal\u00eda con los dem\u00e1s entes que intervienen en el procedimiento de extradici\u00f3n, proceder lesivo de los derechos fundamentales del ac\u00e1 agenciado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Lo antelado, por cuanto de haber sostenido una comunicaci\u00f3n fluida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, habr\u00eda podido establecer que, en virtud de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, en \u201cNota Verbal\u201d de 31 de octubre postrero, por conducto de la embajada de Colombia en Italia, se puso en conocimiento del Estado requirente la entrega en extradici\u00f3n de Ar\u00e9valo Torres, lo cual le fue reiterado en comunicaciones diplom\u00e1ticas de 4 de febrero y 14 de mayo de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Bajo ese horizonte, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ten\u00eda la obligaci\u00f3n de constatar si el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas (30)8, a contabilizarse desde cuando Colombia puso a disposici\u00f3n del Estado requirente a Ar\u00e9valo Torres, hab\u00eda vencido o no y, en tal medida, estudiar, con suficiencia, la procedencia o no de la libertad invocada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Sin embargo, no lo hizo y defini\u00f3 la petici\u00f3n de libertad de manera tangencial, bajo el argumento, seg\u00fan el cual, como la Fiscal\u00eda no estaba notificada de la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, no le eran oponibles los supuestos del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, aun cuando los t\u00e9rminos de libertad de ese precepto corren en favor de la persona detenida y no de la fiscal\u00eda (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n

Por lo descrito, se orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n <\/p>\n

Ello implicaba para la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, contabilizar los treinta (30) d\u00edas previstos en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 20049, a partir de la \u201cNota Verbal\u201d de 31 de octubre 2019, mediante la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, comunic\u00f3 al Estado requirente la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, emanada del Gobierno Nacional, en donde se orden\u00f3 \u201cla entrega\u201d en extradici\u00f3n de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres a la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia-. <\/p>\n

Precisado lo anterior, se resalta, la autoridad incidentada, para atender el mandato tutelar, en decisi\u00f3n de 12 de junio de 2020, adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A] la fecha, esta entidad no ha sido informada por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre el cumplimiento por parte de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica del otorgamiento de las garant\u00edas exigidas mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La entrega al Estado colombiano de las mencionadas garant\u00edas, se constituyen en una condici\u00f3n impuesta en el acto administrativo antes mencionado, para que el Ministerio de Justicia y del Derecho pueda solicitar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la puesta a disposici\u00f3n y posterior entrega de (\u2026) William Adolfo Ar\u00e9valo Torres (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Por tanto, si la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica no ha presentado las garant\u00edas y en consecuencia el Ministerio de Justicia y del Derecho no ha solicitado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se proceda de conformidad, esta instituci\u00f3n no puede dejar a disposici\u00f3n a la persona requerida, pues no se ha cumplido la condici\u00f3n que permita dicha actuaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, resulta evidente que no se encuentra corriendo t\u00e9rmino alguno sujeto a vencimiento para disponer su libertad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ara que proceda la entrega de una persona requerida en extradici\u00f3n, resulta necesario que esta entidad sea informada por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre la concesi\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva que debe encontrarse debidamente ejecutoriada, acompa\u00f1ada de las garant\u00edas del Estado requirente, condici\u00f3n sin la cual no es posible ejecutar la entrega de la persona requerida, en el t\u00e9rmino establecido en el ordenamiento colombiano (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Para el caso, ni la resoluci\u00f3n ejecutiva emanada del Gobierno Nacional (\u2026), ni la comunicaci\u00f3n de dicho acto a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se pueden entender como actos como actos de puesta a disposici\u00f3n del Estado requirente, ante ello, no resulta el conteo del t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, en tanto esta entidad, a trav\u00e9s del Ministerio de Relaciones Exteriores deje a disposici\u00f3n del Estado Extranjero a (\u2026) William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, para que proceda a su traslado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se destaca, las notas verbales E0396 de 31 de octubre de 2019 y E049 de 4 de febrero de 2020, las que hace referencia el Ministerio de Relaciones Exteriores en la comunicaci\u00f3n S-DIAJI-20-014000 del 27 de mayo de 20120, donde se informa que la embajada de Colombia en la Rep\u00fablica Italiana comunic\u00f3 sobre la concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n de (\u2026) Ar\u00e9valo Torres a la embajada de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica en Roma, ten\u00edan como \u00fanico prop\u00f3sito la necesidad de que dicho Estado ofreciera las garant\u00edas requeridas en (\u2026) la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 del 22 de agosto de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

N\u00f3tese, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n entiende que es ella quien pone a disposici\u00f3n a las personas requeridas en extradici\u00f3n y a ello s\u00f3lo procede -para los fines del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004-, cuando (i) se le informe de la resoluci\u00f3n presidencial al respecto; (ii) una vez el Estado requirente otorgue las garant\u00edas exigidas por Colombia; (iii) \u00e9stas sean aceptadas y; (iv) de ello se entere al pa\u00eds interesado, sin ser trascendentes las notas diplom\u00e1ticas que se remitan a la naci\u00f3n extranjera de la decisi\u00f3n del Gobierno de entregarle al ciudadano solicitado o, incluso, su conocimiento sobre la gesti\u00f3n descrita. <\/p>\n

Bajo ese horizonte, es claro que, objetivamente, no se atendi\u00f3 a la orden constitucional impartida por la Corte en la sentencia STC1373-2020 de 11 de junio de 2020, en donde se indic\u00f3 que el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas en cuesti\u00f3n, deb\u00eda empezar a contabilizarse desde la \u201cNota Verbal\u201d de 31 de octubre 2019, mediante la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, comunic\u00f3 al Estado requirente la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, emanada del Gobierno Nacional, relativa a la \u201centrega\u201d en extradici\u00f3n de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres a la Republica Hel\u00e9nica. <\/p>\n

Sin embargo, la Sala advierte que el incumplimiento del rese\u00f1ado no obedece a una rebeld\u00eda de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ni a un inter\u00e9s subjetivo encaminado a desconocer directa y frontalmente lo prove\u00eddo, sino a una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, cuyos alcances merecen dilucidarse. <\/p>\n

El referido precepto se\u00f1ala lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 511. Causales de libertad.\u00a0La persona reclamada ser\u00e1 puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, si dentro de los sesenta (60) d\u00edas siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, o si transcurrido el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas desde cuando fuere puesta a disposici\u00f3n del Estado requirente, este no procedi\u00f3 a su traslado (\u2026). En los casos aqu\u00ed previstos, la persona podr\u00e1 ser capturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petici\u00f3n de extradici\u00f3n u otorgue las condiciones para el traslado (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n

La puesta a disposici\u00f3n all\u00ed referida es la resoluci\u00f3n ejecutiva de autorizar la extradici\u00f3n, emitida por el Gobierno Nacional, la cual se notifica al Estado requirente a trav\u00e9s de las notas diplom\u00e1ticas correspondientes. <\/p>\n

A partir de ese acto de enteramiento, el pa\u00eds interesado cuenta con treinta (30) d\u00edas para demostrar que puede darle al extraditado, garant\u00edas de respeto a sus derechos humanos para proceder a su traslado. <\/p>\n

Si dentro de ese t\u00e9rmino la naci\u00f3n extranjera guarda silencio o las condiciones reclamadas por el Gobierno Nacional no se satisfacen, la persona debe ser liberada inmediatamente y sin condici\u00f3n alguna, por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

Luego de ese tiempo, cuando el Estado requirente se pronuncia afirmativamente con las recomendaciones se\u00f1aladas para hacer efectiva la extradici\u00f3n, la fiscal\u00eda puede recapturar a la persona solicitada para ser entregada al Estado requirente. <\/p>\n

Lo anterior implica una s\u00f3lida y arm\u00f3nica colaboraci\u00f3n entre las autoridades colombianas, para verificar que la persona detenida, con fines de extradici\u00f3n, no va a ser privada de la libertad m\u00e1s all\u00e1 de lo estrictamente necesario, pues, tal como se se\u00f1al\u00f3 en la sentencia cuyo cumplimiento se exige, los t\u00e9rminos corren en favor de quien est\u00e1 recluido y no de la administraci\u00f3n. <\/p>\n

De cualquier manera, la duda razonable que surja en la interpretaci\u00f3n de las normas relativas al tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, en especial aquellas relacionadas con el derecho a la libertad, debe resolverse en favor de la persona en estado de indefensi\u00f3n y debilidad manifiesta. <\/p>\n

Sobre la preeminencia del principio pro homine, la Corte Constitucional adoctrin\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El Estado colombiano, a trav\u00e9s de los jueces y dem\u00e1s asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (art\u00edculo 2\u00ba), tiene la obligaci\u00f3n de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposici\u00f3n, la que m\u00e1s favorezca la dignidad humana. Esta obligaci\u00f3n se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia \u201cprincipio de interpretaci\u00f3n pro homine\u201d o \u201cpro persona\u201d. A este principio se ha referido esta Corporaci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos: (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l principio de interpretaci\u00f3n\u00a0<pro homine>, impone aquella interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas que sea m\u00e1s favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretaci\u00f3n que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protecci\u00f3n, garant\u00eda y promoci\u00f3n de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) \u00c9ste es entonces un criterio de interpretaci\u00f3n que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00ba de la Constituci\u00f3n antes citados y en el art\u00edculo 93, seg\u00fan el cual los derechos y deberes contenidos en la Constituci\u00f3n se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermen\u00e9uticos se estipulan en el art\u00edculo 5\u00b0 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el art\u00edculo 29\u00a0de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran par\u00e1metro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La Corte reitera que, aun cuando objetivamente se incumpli\u00f3 con el fallo de tutela, ello no obedeci\u00f3 a una intenci\u00f3n subjetiva de la persona encargada de honrarlo y, por tanto, no se incurri\u00f3 en desacato. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que, para sancionar en el procedimiento incidental, no s\u00f3lo debe mediar el desobedecimiento manifiesto, debidamente probado, sino tambi\u00e9n aspectos subjetivos de quien incumple la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse que la responsabilidad objetiva, en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento. <\/p>\n

Sobre ese tema, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d10. <\/p>\n

El desacato, consiste, ante todo, en aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n

Agr\u00e9guese, el objeto de las sanciones en el rese\u00f1ado procedimiento, se enfocan a lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, pero no es un fin, en s\u00ed mismo, porque los correctivos son accesorios y, en \u00faltimas, no garantizan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto que tampoco implica que las mismas jam\u00e1s se impongan. <\/p>\n

Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional enfatiz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026)[I]ncumplir las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realizaci\u00f3n de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza leg\u00edtima, de buena fe, de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicci\u00f3n leg\u00edtima y justificada de una persona que, al acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, espera una decisi\u00f3n conforme al derecho que sea acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda hacerlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una situaci\u00f3n de imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacci\u00f3n material del derecho involucrado \u201ces procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia o que mitiguen los da\u00f1os causados a la persona afectada\u201d, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si incumplir una providencia judicial es, como se vio, una conducta grave que puede comprometer la responsabilidad de la persona involucrada en diversos \u00e1mbitos, incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) A pesar de ser una sanci\u00f3n, el objeto del desacato no es la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela. Cumplir con la orden servir\u00eda para evitar la sanci\u00f3n, valga decir, evitar que se imponga el arresto y la multa previstos en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. En la medida en que el desacato puede hacer que se cumpla con el fallo en comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de manera adecuada el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si se trata de hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del cumplimiento, que se funda en una situaci\u00f3n objetiva y brinda medios adecuados al juez para hacer efectiva su decisi\u00f3n. El desacato es un instrumento accesorio para este prop\u00f3sito, que si bien puede propiciar que el fallo de tutela se cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, adem\u00e1s, se funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanci\u00f3n se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En el caso, como se indic\u00f3, no hubo desacato, pero s\u00ed incumplimiento y, como el objeto del presente procedimiento es garantizar la efectividad de los derechos tutelados, se le reiterar\u00e1 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el obedecimiento de lo ordenado en la sentencia STC3713-2020 de 11 de junio de 2020, para que resuelva la petici\u00f3n de libertad de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres conforme a lo all\u00ed indicado y, dentro del termino que se le se\u00f1al\u00f3 para tal efecto. <\/p>\n

Para ese fin, tendr\u00e1 el deber de definir esa solicitud, al tenor de la interpretaci\u00f3n aqu\u00ed se\u00f1alada del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004 y, en todo caso, atendiendo al principio pro homine. <\/p>\n

Ahora, al plenario se alleg\u00f3 la comunicaci\u00f3n de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica por conducto de su embajada en Per\u00fa, concurrente para Colombia, de la nota verbal F2200.6.3\/10\/AS 259 de 30 de junio de 2020, mediante la cual se manifiesta el inter\u00e9s de la extradici\u00f3n de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, se\u00f1alando que \u00e9l \u201c(\u2026) no ser\u00e1 sometido a desaparici\u00f3n forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua o confiscaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Para la Sala, tal situaci\u00f3n no impide que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n resuelva la libertad invocada por Ar\u00e9valo Torres y, si es el del caso, de inmediato ponga fin a su detenci\u00f3n, pues ese hecho nuevo no puede interferir en la prerrogativa de aqu\u00e9l ante la respuesta tard\u00eda del Estado requirente porque, en manera alguna, ello tendr\u00eda la posibilidad de subsanar una eventual detenci\u00f3n ilegal, ante la larga conducta silente de la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica -Grecia-. <\/p>\n

Adicionalmente, la hipot\u00e9tica liberaci\u00f3n de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, no impedir\u00eda a la fiscal\u00eda disponer, motivadamente, su captura una vez el Estado requirente acredite las condiciones de extradici\u00f3n exigidas por el Gobierno Nacional en la Resoluci\u00f3n Ejecutiva N\u00b0129 de 22 de agosto de 2019, comunicada por Ministerio de Relaciones Exteriores en la \u201cNota Verbal\u201d de 31 de octubre siguiente. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: DECLARAR que, objetivamente, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, incumpli\u00f3 la sentencia STC3713-2020 de 11 de junio de 2020, proferida por esta Sala. <\/p>\n

SEGUNDO: DISPONER que no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la incidentada, conforme se explic\u00f3 en la parte motiva de este pronunciamiento. <\/p>\n

TERCERO: REITERAR a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el obedecimiento del rese\u00f1ado fallo dentro del t\u00e9rmino all\u00ed indicado, en relaci\u00f3n con la libertad solicitada por William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, teniendo en cuenta, para tal efecto, la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004, aqu\u00ed esbozada. <\/p>\n

CUARTO:\tNotif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t511. Causales de libertad.\u00a0La persona reclamada ser\u00e1 \tpuesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, \tsi dentro de los sesenta (60) d\u00edas siguientes a la fecha de \tsu captura no se hubiere formalizado la petici\u00f3n de \textradici\u00f3n, o \tsi transcurrido el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas desde \tcuando fuere puesta a disposici\u00f3n del Estado requirente, este \tno procedi\u00f3 a su traslado \t(\u2026). En \tlos casos aqu\u00ed previstos, la persona podr\u00e1 ser \tcapturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado \trequirente formalice la petici\u00f3n de extradici\u00f3n u \totorgue las condiciones para el traslado \t(\u2026)\u201d (se destaca).
\n2 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t506. Entrega del extraditado.\u00a0Si la extradici\u00f3n fuere \tconcedida, el Fiscal General de la Naci\u00f3n ordenar\u00e1 la \tcaptura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo \tentregar\u00e1 a los agentes del pa\u00eds que lo hubieren \tsolicitado \t(\u2026). Si \tfuere rechazada la petici\u00f3n, el Fiscal General de la Naci\u00f3n \tordenar\u00e1 poner en libertad al detenido \t(\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ. Civil. Autos \tde 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. \t7600122210002013-00013-01, \tentre otras.
\n4 \tCSJ. STC de 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00; reiterada en ATC \tde 5 de octubre de 2016, exp. 23001-22-14-000-2016-00414-01 <\/p>\n

6 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t511. Causales de libertad.\u00a0La persona reclamada ser\u00e1 \tpuesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, \tsi dentro de los sesenta (60) d\u00edas siguientes a la fecha de \tsu captura no se hubiere formalizado la petici\u00f3n de \textradici\u00f3n, o si transcurrido el t\u00e9rmino de treinta \t(30) d\u00edas desde cuando fuere puesta a disposici\u00f3n del \tEstado requirente, este no procedi\u00f3 a su traslado \t(\u2026). En \tlos casos aqu\u00ed previstos, la persona podr\u00e1 ser \tcapturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado \trequirente formalice la petici\u00f3n de extradici\u00f3n u \totorgue las condiciones para el traslado \t(\u2026)\u201d
\n7 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t506. Entrega del extraditado.\u00a0Si la extradici\u00f3n fuere \tconcedida, el Fiscal General de la Naci\u00f3n ordenar\u00e1 la \tcaptura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo \tentregar\u00e1 a los agentes del pa\u00eds que lo hubieren \tsolicitado \t(\u2026). Si \tfuere rechazada la petici\u00f3n, el Fiscal General de la Naci\u00f3n \tordenar\u00e1 poner en libertad al detenido \t(\u2026)\u201d.
\n8 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t511. Causales de libertad.\u00a0La persona reclamada ser\u00e1 \tpuesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, \tsi dentro de los sesenta (60) d\u00edas siguientes a la fecha de \tsu captura no se hubiere formalizado la petici\u00f3n de \textradici\u00f3n, o si transcurrido el t\u00e9rmino de treinta \t(30) d\u00edas desde cuando fuere puesta a disposici\u00f3n del \tEstado requirente, este no procedi\u00f3 a su traslado \t(\u2026). En \tlos casos aqu\u00ed previstos, la persona podr\u00e1 ser \tcapturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado \trequirente formalice la petici\u00f3n de extradici\u00f3n u \totorgue las condiciones para el traslado \t(\u2026)\u201d
\n9 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t511. Causales de libertad.\u00a0La persona reclamada ser\u00e1 \tpuesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, \tsi dentro de los sesenta (60) d\u00edas siguientes a la fecha de \tsu captura no se hubiere formalizado la petici\u00f3n de \textradici\u00f3n, o \tsi transcurrido el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas desde \tcuando fuere puesta a disposici\u00f3n del Estado requirente, este \tno procedi\u00f3 a su traslado \t(\u2026). En \tlos casos aqu\u00ed previstos, la persona podr\u00e1 ser \tcapturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado \trequirente formalice la petici\u00f3n de extradici\u00f3n u \totorgue las condiciones para el traslado \t(\u2026)\u201d (se destaca).
\n104 \tCorte Constitucional Sentencia T- 763 de 1998.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC576-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01147-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de julio de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil veinte (2020) Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Jaime Sanabria Vega, como agente oficioso de William Adolfo Ar\u00e9valo Torres, frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103708","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103708","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103708"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103708\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103708"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103708"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}