{"id":103718,"date":"2026-07-02T21:44:59","date_gmt":"2026-07-02T21:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103718"},"modified":"2026-07-02T21:44:59","modified_gmt":"2026-07-02T21:44:59","slug":"atc610-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc610-2020\/","title":{"rendered":"ATC610-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC610-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00056-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de julio dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

La Corte procede a resolver la consulta respecto de la decisi\u00f3n proferida el 8 de julio del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del incidente de desacato formulado por Olimpia Obreg\u00f3n Mor\u00e1n frente a la Fiduprevisora S.A., mediante la cual se impuso sanci\u00f3n de arresto por dos (2) d\u00edas y multa equivalente a cuatro (4) s.m.l.m.v., a Sandra del Castillo Abella en su calidad de Directora de Prestaciones Econ\u00f3micas, y, a Jaime Abril Morales, en su condici\u00f3n de Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, ambos de la citada entidad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tMediante fallo del 30 de abril del a\u00f1o en curso, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta salvaguard\u00f3 las garant\u00edas superiores a la vida digna, a la salud y al m\u00ednimo vital de que es titular el menor Juli\u00e1n Camilo Restrepo Obreg\u00f3n, raz\u00f3n por la que orden\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

(ii) a Fiduprevisora S.A., que \u00abdentro de los dos (2) d\u00edas siguientes al recibo del acto administrativo remitido por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental, se pronuncie sobre su aprobaci\u00f3n y disponga la inclusi\u00f3n de Juli\u00e1n Camilo Restrepo Obreg\u00f3n en n\u00f3mina de pensionados y el correspondiente pago de la suma que a \u00e9ste le corresponde para la fecha de pago m\u00e1s pr\u00f3xima\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n

(iii) al Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, que \u00abresuelva de fondo la solicitud de levantamiento de medidas cautelares y terminaci\u00f3n del proceso formulada por la se\u00f1ora Olimpia Obreg\u00f3n Mor\u00e1n el dieciocho (18) de febrero pasado, al interior del proceso de alimentos de mayores, iniciado por \u00e9sta, en contra de Juli\u00e1n Restrepo Mej\u00eda, distinguido con el radicado No. 000270-2007, y la notifique en legal forma, dentro de los dos (2) d\u00edas siguientes a aquel en que el Consejo Superior de la Judicatura, disponga el levantamiento de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n

2.\tLa accionante solicit\u00f3 la apertura de incidente de desacato, manifestando que la Fiduprevisora S.A. no ha acatado la orden que le fue impartida, comoquiera que a\u00fan su hijo no ha sido incluido en la \u00abn\u00f3mina de pensionados\u00bb, y mucho menos ha recibido el pago correspondiente a la respectiva mesada, pese a que la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Magdalena ya cumpli\u00f3 con \u00abaclarar\u00bb el \u00abacto administrativo\u00bb mediante el cual reconoci\u00f3 a su descendiente como beneficiario la pensi\u00f3n devengada por Juli\u00e1n Restrepo Mej\u00eda (q.e.p.d.). <\/p>\n

3.\tLa Sala Civil Familia del Tribunal de Santa Marta en auto del 19 de junio del a\u00f1o en curso, requiri\u00f3 a Sandra del Castillo Abella, en su calidad de Directora de Prestaciones Econ\u00f3micas de la Fiduprevisora S.A. y a Jaime Abril Morales, en su condici\u00f3n de Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas de la entidad incidentada, para que cumplieran con lo ordenado constitucionalmente, remiti\u00e9ndose para los efectos los oficios de rigor. <\/p>\n

4.\tFrente al requerimiento manifest\u00f3 la Fiduprevisora S.A., que aunque ciertamente recibi\u00f3 el acto administrativo emitido por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Magdalena, \u00abse encuentra nuevamente en estudio\u00bb en el \u00ab\u00e1rea de sustanciaci\u00f3n\u00bb el tema del citado menor, por lo que, en su sentir, s\u00ed acataron la orden de tutela memorada. <\/p>\n

5. Mediante prove\u00eddo del 25 de junio siguiente, se abri\u00f3 formalmente el incidente de desacato en contra de los mentados funcionarios, libr\u00e1ndose la respectiva comunicaci\u00f3n de enteramiento (fls. 43 al 48, ib.), y dentro del t\u00e9rmino otorgado para contestar, la entidad incidentada se pronunci\u00f3 con argumentos similares a los expuestos con antelaci\u00f3n, aseverando,, que \u00abfue recibida la orden de pago el d\u00eda 26 de junio de 2020 por parte del ente territorial frente a la prestaci\u00f3n solicitada, la cual se encuentra en el \u00e1rea de pagos para ser incluida en n\u00f3mina, siempre y cuando la misma se encuentre ajustada a derecho, teniendo en cuenta lo anterior, no da lugar al requerimiento efectuado por su despacho como desacato puesto que nos encontramos dentro del t\u00e9rmino legal para la revisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n aportada\u00bb (subraya la Corte). <\/p>\n

6.\tAgotado el tr\u00e1mite pertinente, en prove\u00eddo del 8 de julio pasado, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta resolvi\u00f3 imponer sanci\u00f3n de arresto por dos (2) d\u00edas y multa equivalente a cuatro (4) s.m.l.m.v. en contra de Sandra del Castillo Abella, en su calidad de Directora de Prestaciones Econ\u00f3micas y de Jaime Abril Morales, en su condici\u00f3n de Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, ambos de Fiduprevisora S.A., luego de apreciar que esta \u00faltima entidad, pese a que recibi\u00f3 el acto administrativo proveniente de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Magdalena en el que se reconoci\u00f3 y se orden\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor del menor Juli\u00e1n Camilo Restrepo Obreg\u00f3n, todav\u00eda no ha cumplido con incluirlo en la \u00abn\u00f3mina de pensionados\u00bb para que le sea cancelada la mesada, lo que \u00abdenota displicencia en acatar la orden de resguardo\u00bb.
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada cabe precisar, que acorde con lo previsto en el inciso 2\u00aa del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; en raz\u00f3n a lo cual no existe duda de la competencia de esta Sala para desatar el grado de consulta respecto de la sanci\u00f3n impuesta por el Tribunal Constitucional de instancia. <\/p>\n

2.\tAhora, de conformidad con la norma en cita, el \u00e1mbito de esta decisi\u00f3n ata\u00f1e en determinar si debe mantenerse o revocarse la sanci\u00f3n impuesta por el Cuerpo Colegiado de Medell\u00edn, circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el t\u00e9rmino temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumpli\u00f3 la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, si de dicho an\u00e1lisis se concluye en la inobservancia de lo ordenado constitucionalmente, habr\u00e1 que determinarse si \u00e9ste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado, para finalmente, si \u00e9sta existe, imponerle la sanci\u00f3n y para esto, obviamente, es necesario darle tr\u00e1mite al incidente propuesto. <\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, la actividad que la Corte debe realizar, se ci\u00f1e a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta calificada como indiferente, negligente o insuficiente que se reprocha, dado que como lo indicara esta Sala en oportunidad anterior al resolver un asunto de igual naturaleza al que ahora se examina, \u00abel desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb (CSJ ATC1060-2019). <\/p>\n

4.\tUna vez establecida la competencia funcional de esta Corte en el escenario de la consulta prevista en la ley, y revisadas las diligencias allegadas, se revela que habr\u00e1 de ratificarse la sanci\u00f3n impuesta a los incidentados, si en cuenta se tiene lo siguiente: <\/p>\n

4.1.\tLa acci\u00f3n de tutela origen del presente tr\u00e1mite fue formulada por Olimpia Obreg\u00f3n Mor\u00e1n en nombre de su menor hijo Juli\u00e1n Camilo Restrepo Obreg\u00f3n, quien padece de \u00abs\u00edndrome de down\u00bb, para que, entre otras cosas, se ordenara a Fiduprevisora S.A. que \u00abuna vez realizada la correcci\u00f3n por parte de la Secretaria de Educaci\u00f3n Departamental del Magdalena, proceda a realizar el desembolso de los recursos adeudados por concepto de retroactivo pensional y las mesadas que se vayan causando, imprimiendo celeridad a dichos tr\u00e1mites\u00bb, pues la pensi\u00f3n dejada por su difunto esposo es el \u00fanico ingreso con el que cuentan para subsistir. <\/p>\n

4.2.\tEn atenci\u00f3n a lo anterior, en fallo del 30 de abril del a\u00f1o en curso, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta ampar\u00f3 los derechos a la vida digna, a la salud y al m\u00ednimo vital del prenombrado ni\u00f1o y le orden\u00f3 a la Fiduprevisora S.A., concretamente que \u00abdentro de los dos (2) d\u00edas siguientes al recibo del acto administrativo remitido por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental, se pronuncie sobre su aprobaci\u00f3n y disponga la inclusi\u00f3n de Juli\u00e1n Camilo Restrepo Obreg\u00f3n en n\u00f3mina de pensionados y el correspondiente pago de la suma que a \u00e9ste le corresponde para la fecha de pago m\u00e1s pr\u00f3xima\u00bb. <\/p>\n

4.3.\tEn las presentes diligencias, la entidad incidentada asegur\u00f3 que recibi\u00f3 \u00abla orden de pago el d\u00eda 26 de junio de 2020 por parte del ente territorial frente a la prestaci\u00f3n solicitada, la cual se encuentra en el \u00e1rea de pagos para ser incluida en n\u00f3mina, siempre y cuando la misma se encuentre ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n

4.4.\tBajo el anterior panorama, es claro que los aqu\u00ed incidentados no han acatado lo dispuesto en el fallo constitucional memorado, en el cual se les orden\u00f3 que en el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas, en primer lugar, se pronunciaran sobre la aprobaci\u00f3n del acto administrativo mediante el cual la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Magdalena reconoci\u00f3 al menor Juli\u00e1n Camilo Restrepo Obreg\u00f3n como beneficiario de la pensi\u00f3n de su difunto padre Juli\u00e1n Restrepo Mej\u00eda; y, en segundo t\u00e9rmino, que incluyeran al prenombrado ni\u00f1o en la \u00abn\u00f3mina de pensionados\u00bb para que comenzara a recibir el pago de ese emolumento, sin que hasta ahora hayan cumplido con esos requerimientos, m\u00e1xime cuando en la sentencia origen del presente tr\u00e1mite se destac\u00f3 la importancia de otorgarle la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales al menor de edad dada su condici\u00f3n particular. <\/p>\n

En este orden de ideas, es deber de esta Corporaci\u00f3n mantener la sanci\u00f3n impuesta a los citados funcionarios. <\/p>\n

\u00abcomo [e]n la sentencia T-098\/2002 se record\u00f3 que el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que a consecuencia de la acci\u00f3n de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se traduce en una ORDEN, es decir, una decisi\u00f3n que debe ser obedecida o satisfecha. \u2026 Seg\u00fan el decreto 2591 de 1991 es el Juez de primera instancia el encargado del cumplimiento cabal de la orden impartida. La labor del Juez no es solamente tramitar el incidente de desacato, cuando se instaure por incumplimiento de lo ordenado, sino lo fundamental es que sea efectivo el respeto a los derechos fundamentales. El Juez de primera instancia no pierde competencia hasta tanto la orden sea completamente cumplida\u00bb. <\/p>\n

\u00abEn la sentencia T-942\/00 la Corte Constitucional expres\u00f3: \u20186. Competencia y funciones del juez de primera instancia. En conclusi\u00f3n, el incidente de desacato no es el punto final de una tutela incumplida. El desacato es un simple incidente que puede o no tramitarse. Lo que es obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia para ello, es hacer cumplir la orden de tutela\u2019\u00bb (sent. T-235\/02, se subraya)\u00bb (CSJ ATC313-2019). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, MODIFICA la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta a Sandra del Castillo Abella y Jaime Abril Morales, el 8 de julio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el sentido de imponerles a cada uno \u00fanicamente sanci\u00f3n de multa equivalente a cinco (5) s.m.l.m.v., pues debido a la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, no es recomendable castigarlos con arresto. <\/p>\n

Previa notificaci\u00f3n a las partes por el medio m\u00e1s expedito, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida a la oficina judicial de origen para que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC610-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00056-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de julio dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020).- La Corte procede a resolver la consulta respecto de la decisi\u00f3n proferida el 8 de julio del a\u00f1o en curso por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103718"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103718\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}