{"id":103722,"date":"2026-07-02T21:46:06","date_gmt":"2026-07-02T21:46:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103722"},"modified":"2026-07-02T21:46:06","modified_gmt":"2026-07-02T21:46:06","slug":"atc624-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc624-2020\/","title":{"rendered":"ATC624-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC624-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2020-00067-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Agust\u00edn Rafael Rivera Mej\u00eda frente al fallo proferido el 14 de julio de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare – Secci\u00f3n Recursos Humanos – N\u00f3mina – Consejo Superior de la Judicatura, la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; si no fuera porque la Corte observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al m\u00ednimo vital -individual y familiar-, debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas con ocasi\u00f3n de la creaci\u00f3n del \u00abimpuesto solidario por el COVID 19\u00bb dispuesto en el Decreto Legislativo 568 de 2020, en tanto que a \u00e9l le es aplicable como Juez Promiscuo del Circuito de El Cocuy y, en s\u00edntesis, su descuento le impide satisfacer las diferentes obligaciones familiares y crediticias que tiene a cargo. <\/p>\n

2.\tSuplic\u00f3, entonces, ordenar a los convocados i) inaplicarle el referido impuesto \u00abpara evitar que se [l]e siga causando un perjuicio irremediable\u00bb; y ii) reembolsarle \u00ab($1.521.000.oo) que ya fueron descontados en el mes de mayo de la presente anualidad\u00bb. <\/p>\n

DEL TR\u00c1MITE DADO EN PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

1.\tLa demanda de amparo fue inicialmente asignada a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, autoridad que el 16 de junio de 2020 dispuso su remisi\u00f3n, por competencia, \u00abal Consejo de Estado, de acuerdo al numeral 8 del Decreto 1983 de 2017\u00bb, al advertir que el reclam\u00f3 se dirigi\u00f3, expresamente, contra el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

2.\tPero, el 24 de junio \u00faltimo la Subsecci\u00f3n A de la Secci\u00f3n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dispuso la devoluci\u00f3n del asunto al Tribunal referido a espacio, al considerar, en lo medular, que \u00abla acci\u00f3n de tutela de la referencia no ten\u00eda origen en actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, comoquiera que, en su parecer, \u00abel actor se\u00f1al\u00f3 que, al momento de liquidarle la n\u00f3mina, se le aplic\u00f3 el descuento establecido en el Decreto…, por concepto del denominado impuesto solidario, funci\u00f3n que, seg\u00fan el Acuerdo No. PSAA09-6203 del 2 de septiembre de 2009, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, est\u00e1 en cabeza de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, que no de aquella Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tPor ello, el Tribunal Superior de Tunja admiti\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el fallo de instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n por insatisfacer el requisito de la subsidiariedad, porque el Decreto criticado constituye \u00abun acto general, expedido en ejercicio de funci\u00f3n administrativa que est\u00e1 sujeto a un medio de control de constitucionalidad por la… Corte Constitucional\u00bb; no se trata de \u00abuna situaci\u00f3n de perjuicio irremediable\u00bb ni \u00abde un asunto que le genere al actor una situaci\u00f3n inminente y grave que le impida sufragar sus gastos para proveer su subsistencia y la de su familia. Tiene garantizado un ingreso digno, am\u00e9n del deterioro de ingreso laboral por los temas de pandemia\u00bb, a m\u00e1s que \u00able asisten… otros medios de defensa ordinarios a los cuales debe acudir\u00bb. <\/p>\n

4.\tEsa determinaci\u00f3n la opugn\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDel relato f\u00e1ctico expuesto en el libelo introductor se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del asunto del ep\u00edgrafe, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado, todo lo cual deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 la oficina judicial que efectu\u00f3 el reparto de la acci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEn efecto, a la asignaci\u00f3n del presente ruego constitucional le son aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 1983 de 2017, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, al modificar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n

… <\/p>\n

2. Las… que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n

3. Las\u2026 dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Republica\u2026 ser\u00e1n repartidas\u2026 en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n

8. Las… dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura… ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado… <\/p>\n

3.\tAhora, el auxilio supralegal de que aqu\u00ed se trata el inconforme lo dirigi\u00f3 contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare – Secci\u00f3n Recursos Humanos – N\u00f3mina – Consejo Superior de la Judicatura, la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico porque, adujo, con la expedici\u00f3n del Decreto Legislativo 568 de 2020 se cre\u00f3 \u00abel impuesto solidario por el COVID 19\u00bb, el cual le resulta aplicable y su deducci\u00f3n, aleg\u00f3, conculca su m\u00ednimo vital. <\/p>\n

3.1.\tSin embargo, se vislumbra que en este caso no hab\u00eda lugar a aplicar los citados numerales 3\u00ba y 8\u00ba del canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017), pues es claro que el reclamo constitucional se enfil\u00f3 contra un acto del Gobierno Nacional, el referido Decreto 568, siendo \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb del Presidente de la Rep\u00fablica, tampoco de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare – Secci\u00f3n Recursos Humanos – N\u00f3mina – Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que \u00e9sta, al efectuar la deducci\u00f3n del salario del reclamante, simplemente est\u00e1 acatando aquella disposici\u00f3n normativa; \u00fanicos supuestos que \u00abhabilitar\u00eda[n] el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n

Entonces, la situaci\u00f3n descrita impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica y de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare – Secci\u00f3n Recursos Humanos – N\u00f3mina – Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

Sobre el particular, de manera general ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

…Por supuesto, la solicitud de amparo fue dirigida tambi\u00e9n contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, empero del libelo no se extracta la existencia de ning\u00fan fundamento f\u00e1ctico que permita atribuir a esas autoridades actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n lesiva de derechos fundamentales.<\/p>\n

Entonces, es innegable que se present\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente de dichas entidades, situaci\u00f3n sobre la que esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb.\u00a0(CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01 y 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (CSJ ATC329-2019, 7 mar., rad. 2019-00004-01). <\/p>\n

3.2.\tLuego, conforme a lo anotado, como los \u00fanicos entes llamados a conformar el extremo pasivo respecto a la petici\u00f3n de amparo son autoridades del \u00aborden nacional\u00bb, esto es, la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, r\u00e1pidamente se concluye que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Juzgados con categor\u00eda Circuito de Santa Rosa de Viterbo (Boyac\u00e1), acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017). <\/p>\n

3.3.\tEn un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, recientemente dej\u00f3 dicho la Sala que: <\/p>\n

1. De las circunstancias descritas se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para desatar la tutela incoada por… Ram\u00edrez Echeverri contra la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional UGPP, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la Rep\u00fablica, al tratarse de instituciones p\u00fablicas de orden nacional. <\/p>\n

2. En efecto, dada la naturaleza de dichas entidades y lo preceptuado en los numerales 1\u00b0 y 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida, en primer grado, por los jueces civiles del circuito de Barranquilla, atendiendo, adem\u00e1s al lugar de elecci\u00f3n del tutelante.
\nEn un caso de similares perfiles, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se advierte que el quejoso pretende que se le ordene a las entidades accionadas, seg\u00fan corresponde, fijar de manera inmediata la fecha para que se lleve a cabo la \u00abRevocatoria del mandato del Alcalde de Cumaral-Meta\u00bb; expedir el \u00abCertificado de Disponibilidad Presupuestal\u00bb para adelantar el mecanismo de participaci\u00f3n referido, y, que la Gobernaci\u00f3n acusada, informe sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al acto administrativo No. 002 de 2018. <\/p>\n

4.- As\u00ed las cosas, se advierte que la queja est\u00e1 dirigida, contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil (Registrador Municipal del Estado Civil de Cumaral-Meta), y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, entidades p\u00fablicas del orden nacional, y, contra la Gobernaci\u00f3n del Meta, ente del nivel departamental, bajo ese supuesto, advierte la Corte que al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, y a su vez, dicha normatividad en el numeral 11 de dicho canon, consigna que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Se resalta, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem2, indica las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Presidente de la Rep\u00fablica, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra una gesti\u00f3n propia de esa autoridad, pues lo pretendido es que la entidad pagadora se abstenga de efectuar la deducci\u00f3n ordenada en virtud del decreto antes citado. <\/p>\n

En un caso de similares perfiles, donde se advirti\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente del Presidente de la Rep\u00fablica, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n

\u201cEntonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 (\u2026)\u201d3 (ATC496-2020, 3 jul., rad. 2020-00216-01). <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo4, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.5 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

5.\tPor otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n

6.\tColof\u00f3n de lo dicho, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados con categor\u00eda Circuito de Santa Rosa de Viterbo (Boyac\u00e1), acorde con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional, recordando, por dem\u00e1s, que les es inviable proponer colisi\u00f3n alguna de atribuciones, porque como insistentemente lo ha se\u00f1alado esta Corte: <\/p>\n

\u201c\u2026[N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley\u2026\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u2026\u201d6(ATC496-2020, 3 jul., rad. 2020-00216-01). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1.\tDeclarar la nulidad del fallo dictado el 14 de julio de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados con categor\u00eda Circuito de Santa Rosa de Viterbo (Boyac\u00e1), para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

2 \t\u00ab3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb.
\n3 \tCSJ ATC1275-2019.
\n4 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n5 \tEse aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del \tDecreto 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de \t1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto \tsino al C\u00f3digo General del Proceso.
\n6 \tCSJ ATC, \t16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01; reiterado el 9 ag. 2010, rad. \t2010-00064-01; y el 28 feb. 2014, rad. 2013-00648-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC624-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2020-00067-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veinte) Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Agust\u00edn Rafael Rivera Mej\u00eda frente al fallo proferido el 14 de julio de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}