{"id":103723,"date":"2026-07-02T21:46:16","date_gmt":"2026-07-02T21:46:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103723"},"modified":"2026-07-02T21:46:16","modified_gmt":"2026-07-02T21:46:16","slug":"atc625-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc625-2020\/","title":{"rendered":"ATC625-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC625-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-001-2020-00072-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 10 de junio de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian Alberto Cata\u00f1o Daza contra el Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Educaci\u00f3n y la Universidad Popular del C\u00e9sar; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a la educaci\u00f3n y del principio de solidaridad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n

Indic\u00f3 el peticionario que es estudiante de la Universidad Popular del C\u00e9sar; y que debido a la falta de flexibilidad de dicha instituci\u00f3n se encuentra perdiendo una materia que lo atrasa un semestre, lo que le causar\u00eda un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Adujo que Presidente ha expedido 76 decretos, sin que en ellos le otorgue garant\u00eda o ayuda al conglomerado estudiantil; y que la Universidad criticada no ha sido flexible con los estudiantes, debido a que m\u00e1s del 50% van perdiendo el semestre por no contar con los instrumentos necesarios para las clases virtuales, adem\u00e1s que en otros casos, pese a que asistan y presenten los trabajos, reprueban las materias ante la complejidad de las mismas, por lo que le han solicitado a la instituci\u00f3n educativa mayor flexibilidad con los estudiantes. <\/p>\n

Sostuvo que es una obligaci\u00f3n del Estado, en cabeza del presidente, garantizar el derecho a la educaci\u00f3n, pero no se ha generado fondo o estrategia para suplir las necesidades de las personas que no cuentan con los instrumentos necesarios para acceder a la educaci\u00f3n; que no se tiene en cuenta el gasto econ\u00f3mico que tuvieron al momento de pagar la matricula estudiantil; que en su caso, algunos profesores optan \u00abpor mandar trabajos en los cuales los estudiantes deben exponer y de las exposiciones de todos los estudiantes es que hacen los parciales, a sabiendas que es a ellos a quienes les pagan por brindar la educaci\u00f3n formal y adecuada a los estudiantes\u00bb, encontr\u00e1ndose m\u00e1s del 50% perdiendo la asignatura, por lo que la presente tutela no solo pretende la protecci\u00f3n de sus prerrogativas sino las de toda la poblaci\u00f3n estudiantil necesitada. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene a la Universidad querellada que \u00abning\u00fan estudiante que haya asistido a m\u00e1s del 50% de las clases virtuales o haya presentado m\u00e1s del 50% de los trabajos pierda la asignatura\u00bb; que se le \u00abbrinde las garant\u00edas m\u00ednimas aquellos estudiantes que por no contar con los instrumentos necesarios para las clases virtuales pierdan el semestre u alguna asignatura\u00bb; que dicha instituci\u00f3n \u00abbaj[e] su exigencia acad\u00e9mica en pase de ser la nota m\u00ednima de 3.0 a un m\u00ednimo de 2.5 con el fin de garantizar el principio de la solidaridad cumpliendo con lo estipulado en sentencia T-198\/19 sobre una flexibilidad acad\u00e9mica mientras se reanudan las clases presenciales\u00bb; y que el Presidente \u00abbrinde alguna ayuda a todo el sector estudiantil no solo de forma econ\u00f3mica sino tambi\u00e9n exigi\u00e9ndoles a las instituciones flexibilidad acad\u00e9mica para garantizar el derecho a la educaci\u00f3n y de esta manera mantener a los estudiantes desarrollando su capacidad intelectual y evitar la deserci\u00f3n de los estudiantes\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no observaba transgresi\u00f3n alguna del derecho fundamental a la educaci\u00f3n alegado, en tanto que los accionados no han actuado al margen de la normatividad aplicable, ni sus decisiones han sido discriminatorias; que la Universidad acusada implement\u00f3 actividades acad\u00e9micas virtuales para dar continuidad con los programas educativos, se encuentra realizando caracterizaci\u00f3n de los casos con el fin de brindar una soluci\u00f3n, estableci\u00f3 medidas para apoyar a los estudiantes de menos recursos econ\u00f3micos y directrices de flexibilidad acad\u00e9mica; que la decisi\u00f3n de suspender las clases presenciales y dar inicio a las virtuales no obedeci\u00f3 a un inter\u00e9s caprichoso, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n de medidas adoptadas para continuar con el calendario acad\u00e9mico en el marco de las disposiciones legales emanadas por el Gobierno Nacional con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria por covid\u201319; que no desconoc\u00eda la situaci\u00f3n por la que atravesaban los estudiantes pero dicha responsabilidad no se le pod\u00eda endilgar a los accionados, en tanto que no advert\u00eda actuar negligente, discriminatorio o que se impida el acceso a la educaci\u00f3n superior; que no observaba prueba alguna que demostrara que le hubiese planteado a la Universidad otras opciones favorables a sus cargas acad\u00e9micas o que se le negara el acceso a otras metodolog\u00edas para continuar con formaci\u00f3n acad\u00e9mica; y que no encontraba vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n

3. El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n

Ello en la medida en que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 2\u00ba), establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, el numeral 11 de la referida disposici\u00f3n, precept\u00faa que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda\u00bb. <\/p>\n

2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe se dirigi\u00f3 contra el Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Educaci\u00f3n y la Universidad Popular del C\u00e9sar, autoridades que critic\u00f3 el promotor porque no han brindado ayudas ni flexibilidad acad\u00e9mica, en virtud de las medidas impuestas con ocasi\u00f3n de la pandemia originada por el virus Covid-19, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que tienen los estudiantes. <\/p>\n

Luego, se vislumbra, que no hab\u00eda lugar a aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del referido Decreto 1069 de 2015 -modificado por el Decreto 1983 de 2017-, conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb; comoquiera que es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de la investidura del funcionario mencionado a espacio, esto es, del Presidente de la Rep\u00fablica, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n

Entonces, la situaci\u00f3n descrita impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica en el extremo pasivo del presente tr\u00e1mite. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n

\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n

Aunado que en un caso de similares contornos esta Corporaci\u00f3n sostuvo que: <\/p>\n

De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para desatar la salvaguarda formulada contra el Gobierno Nacional de Colombia – Presidencia de la Rep\u00fablica, entidad del orden nacional. <\/p>\n

2.- Dada la naturaleza de dicho \u00f3rgano (ejecutivo) y lo preceptuado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida en primer grado por los jueces del circuito de esta ciudad. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto si bien es cierto el numeral tercero ib., se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u00bb; del relato factual se infiere en grado de certeza que lo aspirado en el ruego de la referencia en nada involucra una gesti\u00f3n propia del primer mandatario. (CSJ ATC199-2020). <\/p>\n

Y en reciente pronunciamiento, esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n

\u2026en el presente caso tal reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del presidente de la Rep\u00fablica para que se habilite al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para conocer del auxilio en las condiciones en que lo hizo. <\/p>\n

Esto en raz\u00f3n a que las medidas que se han tomado para superar la crisis padecida por la pandemia del Covid-19 corresponden al Gobierno Nacional, que est\u00e1 conformado por los ministerios y los departamentos administrativos. <\/p>\n

En efecto, el jefe de estado, en lo atinente a la emisi\u00f3n de los aludidos decretos legislativos, concurre como miembro del Gobierno Nacional, tal como lo prev\u00e9 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en el precepto 115, y ser\u00e1 \u00e9l junto a los ministros los competentes para modificar las circunstancias de acuerdo con la declaratoria del Estado de Excepci\u00f3n (art. 214 ejusdem). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la vinculaci\u00f3n directa del jefe de estado resulta aparente, por cuanto la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por \u00e9l sino frente a actos procedentes de organismos del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional. <\/p>\n

Sobre la \u00abqueja aparente\u00bb contra el presidente de la Rep\u00fablica, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n

\u2026 De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n

Entonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017\u00bb (CSJ ATC1275-2019, ago. 15 de 2019, rad. 2019-00176-01) (CSJ, 18 jun. 2020, rad. 2020-00015-01). <\/p>\n

3. En ese orden, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas como sujetos pasivos de la tutela, r\u00e1pidamente se observa que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Juzgados Civiles del Circuito de Valledupar, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n

4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n

6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles del Circuito de Valledupar, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad del fallo dictado 10 de junio de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Valledupar, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n2 \tEse aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \tdel Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \t(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \testatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC625-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-001-2020-00072-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 10 de junio de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103723","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103723"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103723\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}