{"id":103724,"date":"2026-07-02T21:46:32","date_gmt":"2026-07-02T21:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103724"},"modified":"2026-07-02T21:46:32","modified_gmt":"2026-07-02T21:46:32","slug":"atc626-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc626-2020\/","title":{"rendered":"ATC626-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC626-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2020-00057-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de junio de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Lina Carolina P\u00e9rez Pushaina como \u00abCabildo Gobernador y Representante Legal del resguardo ind\u00edgena Wayuu de Caicemapa\u00bb, contra el Presidente de la Rep\u00fablica, el Procurador General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Educaci\u00f3n, el de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, y, la Administraci\u00f3n Temporal de la Educaci\u00f3n de la Guajira, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo, el Municipio de Distracci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal y la de Educaci\u00f3n, ambas de la prenombrada localidad, el Departamento de la Guajira, y, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del prenombrado ente territorial, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora \tdel amparo, quien en la calidad antes enunciada act\u00faa en \trepresentaci\u00f3n de los menores ind\u00edgenas Way\u00fau \tdel Colegio Centro Etnoeducativo de Caicemapa, reclama \tpor intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n \tconstitucional de los derechos fundamentales de \u00e9stos al \tdebido proceso, a la igualdad y a la educaci\u00f3n, \tpresuntamente conculcados por \tlas autoridades convocadas, al no beneficiarlos con la entrega de \tequipos de c\u00f3mputo del programa \u00abComputadores \tpara Educar\u00bb, \tni instalarles el servicio de internet en sus casas y centro \teducativo. <\/p>\n

Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y a la Administradora Temporal de Educaci\u00f3n de la Guajira, \u00abentregar o dotar de computadores o Tablet al Colegio Centro Etnoeducativo Caicemapa, para que sus alumnos puedan iniciar clases virtuales\u00bb; al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u00abcapacitar en el manejo de computadores o tablets a los alumnos y docentes del [precitado centro educativo]\u00bb; y, al Ministerio de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, \u00abinstalar el servicio de internet en el Colegio (\u2026) para que los alumnos puedan recibir clases virtuales, desde sus viviendas con sus docentes\u00bb (expediente digital, archivo \u00ab4400121400020200005700_demanda_27_05_2020\u00bb, fl. 9). <\/p>\n

2.\tPara respaldar sus quejas expone, en s\u00edntesis, que el resguardo ind\u00edgena que representa est\u00e1 ubicado en el Municipio de Distracci\u00f3n, La Guajira, y cuenta con el Centro Etnoeducativo de Caicemapa, donde estudian m\u00e1s de 384 menores, debidamente registrados en el SIMAT del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, quienes \u00abno est\u00e1n recibiendo clases ni presenciales ni virtuales, desde el d\u00eda 17 de marzo de 2020, fecha en que el Gobierno Nacional declar\u00f3 el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en todo el territorio nacional\u00bb, y no las pueden recibir de forma virtual, debido a que no cuentan con internet ni con equipos de c\u00f3mputo en el colegio ni en sus viviendas. <\/p>\n

Afirma que el 28 de abril del a\u00f1o en curso, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional mediante el programa \u00abComputadores para Educar\u00bb, inici\u00f3 en \u00ab\u00e1reas urbanas, \u00e1reas rurales y \u00e1reas dispersas, las entregas de m\u00e1s de 83.345 computadoras y Tablet, entregadas a 750 sedes educativas distribuidas en 291 municipios\u00bb, pero el Centro Etnoeducativo de Caicemapa no result\u00f3 beneficiado con el programa, lo que \u00abpone en riesgo la deserci\u00f3n educativa\u00bb, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a favor de los menores (ib\u00eddem, fls. 3 al 10). <\/p>\n

3. La \tSala \tCivil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \tRiohacha neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, \ttras \tadvertir, en suma, que \u00abvistas \tlas pruebas obrantes en el plenario y seg\u00fan las respuestas \tbrindadas por las mismas entidades accionadas y vinculadas , se \tadvierte que la parte accionante previo a la acci\u00f3n de tutela \tno elev\u00f3 ante dichas autoridades peticiones y\/o puso en su \tconocimiento la situaci\u00f3n presentada en materia de educaci\u00f3n \tderivada de la emergencia sanitaria, Covid-19, relacionada con los \tcentros etnoeducativos, es decir, no se advierte satisfecho el \telemento subsidiariedad de la acci\u00f3n institucional, como \tquiera que no existe prueba alguna en el plenario que permita \tentrever que en efecto previo a incoar el mecanismo de tutela, \thabiendo recurrido directamente a ella (sic), \ty es que recu\u00e9rdese que si bien las comunidades ind\u00edgenas \tgozan de una protecci\u00f3n especial, no ha de obviarse que con \ttodo, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de car\u00e1cter \tresidual-subsidiario, procedente \u00fanicamente en caso de no ser \tsuficientes las alternativas ordinarias a fin de precaver un \tperjuicio irremediable; perjuicio que no se advierte, como quiera \tque re\u00e1lcese una vez m\u00e1s se informa por parte de las \tEntidades que pese a la precariedad del tiempo transcurrido entre la \tdeclaratoria de confinamiento obligatorio para estudiantes a la \tactualidad, se han desplegado herramientas tecnol\u00f3gicas, \thumanas y de interconectividad tendientes a paliar los efectos de la \tpandemia\u00bb \t(expediente \ten versi\u00f3n digital, archivo \u00ab2020-00057 \t\u2013 Lina P\u00e9rez vs Presidente de la Rep\u00fablica\u00bb) <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige, en realidad, frente al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y al de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones; el primero, porque se requiere que entregue a los ni\u00f1os y ni\u00f1as del Colegio Centro Etnoeducativo de Caicemapa, computadores que garanticen la prestaci\u00f3n del servicio de educaci\u00f3n en forma virtual; y el segundo, porque debe instalar las redes para dotar del servicio de internet a trav\u00e9s de dichos equipos de c\u00f3mputo, todo esto en el marco del programa \u00abComputadores para Educar\u00bb; es decir, que en este caso particular, no se est\u00e1 atacando al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica ni al Procurador General de la Naci\u00f3n, por cuanto el precitado programa \u00abes una asociaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro creada en el a\u00f1o 2000, a partir de los lineamientos de pol\u00edtica del documento Conpes 3063 del 23 de diciembre de 1999, y lo establecido en el Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000. Sus asociados son: la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, el Fondo TIC, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el SENA. Es una entidad p\u00fablica de segundo orden, aut\u00f3noma, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio independiente, con \u00f3rganos de direcci\u00f3n y control propios, vigilada por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y el 100% de sus recursos provienen del Fondo de TIC1\u00bb. <\/p>\n

2.\tEntonces, como la acci\u00f3n de amparo involucra a autoridades \u00abdel orden nacional\u00bb, corresponde su conocimiento en primera instancia a los jueces con categor\u00eda circuito, de conformidad a lo establecido en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20172, pues se reitera, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem3 alude a las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Presidente de la Rep\u00fablica y el Procurador General de la Naci\u00f3n, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra la gesti\u00f3n concreta de esos funcionarios. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas el llamamiento del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica y del Procurador General de la Naci\u00f3n, es meramente aparente, pues ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta, lesiva de derechos supralegales, les fue enrostrada o pudiera inferirse que recae en ellos. Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala que, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado \u00faltimamente en ATC989-2019, 4 jul. 2019, rad. 00068-01 y ATC1275, 15 ago. 2019, rad. 00176-01). <\/p>\n

4.\tAs\u00ed mismo, ha destacado que, \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente a al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, para su conocimiento. <\/p>\n

6. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n

7. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada se dirige exclusivamente contra autoridades del orden nacional, m\u00e1s no en contra de una actuaci\u00f3n directa de los se\u00f1ores Presidente de la Rep\u00fablica o Procurador General de la Naci\u00f3n, quienes resultaron vinculados al asunto de manera aparente. <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 8 de junio de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Promiscuo el Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1 \thttps:\/\/www.computadoresparaeducar.gov.co\/es\/historia
\n2 \t\u201c(\u2026)2. \tLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier \tautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \ta los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d.
\n3 \t\u201c(\u2026)3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC626-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2020-00057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de junio de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103724\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}