{"id":103725,"date":"2026-07-02T21:46:48","date_gmt":"2026-07-02T21:46:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103725"},"modified":"2026-07-02T21:46:48","modified_gmt":"2026-07-02T21:46:48","slug":"atc627-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc627-2020\/","title":{"rendered":"ATC627-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

ATC627-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2020-00091-01\u00a0
\n(Aprobado en Sala de cinco de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 26 de junio de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Luis Carmona V\u00e1squez contra el Presidente de la Rep\u00fablica, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Ministros del Interior; Salud y Protecci\u00f3n Social; Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; Defensa Nacional; Agricultura y Desarrollo Rural; Trabajo; Minas y Energ\u00eda; Comercio, Industria y Turismo; Educaci\u00f3n Nacional; Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones; Transporte; Justicia y del Derecho; el Director del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica y el Alcalde de Medell\u00edn, si no fuese porque se advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, igualdad, libre locomoci\u00f3n, trabajo y \u00aba la iniciativa privada (libre empresa)\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, \u00abpor extralimitarse en sus funciones constitucionales al sobreponer los decretos ley por encima de la Constituci\u00f3n de Colombia\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expuso que \u00abel Se\u00f1or presidente de Colombia (\u2026), sancion\u00f3 los Decretos Ley 418 y 457 de marzo de 2020, mediante los cuales impone emergencia de orden p\u00fablico, y restringe en todo el territorio nacional la movilidad de todos los adultos mayores de 70 a\u00f1os\u00bb, con lo cual \u00abvulnera mis derechos fundamentales contenidos en los art\u00edculos 11, 13, 24, 25, 29, 93 y 333 de la Constituci\u00f3n de Colombia y Derechos Humanos de La Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, en sus art\u00edculos 7 – 13 y 23, y el Derecho Internacional Humanitario, al revictimizar a las v\u00edctimas del conflicto armado colombiano\u00bb. <\/p>\n

Que es \u00abingeniero agr\u00f3nomo en ejercicio activo, sin ninguna limitaci\u00f3n corporal o mental que me catalogue como discapacitado, y no soy habitante de calle, ni perteneciente a los estratos 1, 2 o 3 de la poblaci\u00f3n colombiana\u00bb, y tambi\u00e9n \u00abpropietario de bienes inmuebles en los municipios de Medell\u00edn y Montebello Antioquia, y Montenegro Quind\u00edo, y l\u00edder social de v\u00edctimas (\u2026) del municipio de Montenegro (\u2026), motivo por el cual necesito moverme frecuentemente para mantener mis negocios y producciones agr\u00edcolas, y de esta manera sostener econ\u00f3micamente a mi familia de 5 hijos y sus estudios universitarios, y cumplir con mis compromisos comunitarios\u00bb. <\/p>\n

Por ello, al \u00abimpedir la movilidad de los adultos mayores de 70 a\u00f1os (\u2026), en el ejercicio de sus actividades econ\u00f3micas (\u2026) y desconocer la existencia de (\u2026) profesionales independientes, empresarios, ex funcionarios p\u00fablicos y privados, y pensionados habilitados en un 100% en sus capacidades humanas y activos econ\u00f3micamente, y pasarlos como personas sujetos de protecci\u00f3n del Estado, sin que ello sea verdad o real, el Presidente ha atentado contra la estabilidad laboral y econ\u00f3mica de 500.000 adultos mayores de 70 a\u00f1os, induciendo a la quiebra de sus empresas y negocios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

3.\tPretende, \u00abse declare [que] los decretos 418 (\u2026) y 457 de marzo de 2020 [son] violatorios de mis derechos fundamentales\u00bb, y por ello, \u00abque se me restablezca[n]\u00bb y \u00abse decrete una sanci\u00f3n a Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez, presidente de Colombia, por extralimitaci\u00f3n de sus funciones constitucionales, al sobreponer, los decretos ley, por encima de la Constituci\u00f3n de Colombia\u00bb. <\/p>\n

4.\tLa colegiatura a-quo declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n \u00aben virtud del principio de subsidiariedad, porque (\u2026) no es el mecanismo id\u00f3neo para debatir o cuestionar la constitucionalidad o legalidad de un acto general, impersonal y abstracto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en raz\u00f3n a que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 otras v\u00edas para verificar la constitucionalidad y legalidad de \u00e9stos, como los art\u00edculos 241-5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 135 y 137 de la Ley 1437 de 2011\u00bb. De igual modo, porque el actor \u00abno ha elevado petici\u00f3n ante la Alcald\u00eda de Medell\u00edn, solicitando permiso de movilizaci\u00f3n o tr\u00e1nsito desde esta ciudad hasta los municipios donde dijo requiere desplazarse con el fin de desarrollar sus actividades econ\u00f3micas y sociales\u00bb, y porque no se demostr\u00f3 \u00abla existencia de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n

5.\tEl promotor del resguardo impugn\u00f3 la anterior providencia, insistiendo en que como consecuencia del \u00abconfinamiento domiciliario obligatorio (\u2026), no he podido obtener ingresos monetarios, y los arriendos de vivienda y los intereses de cr\u00e9ditos agr\u00edcolas en Banco Agrario siguen caus\u00e1ndose\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abpor los mismos motivos\u00bb algunas reconocidas personalidades nacionales incoaron un amparo y un juzgado del circuito de Bogot\u00e1 lo concedi\u00f3 \u00abel d\u00eda 02 de Julio de 2020\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en tutelas. <\/p>\n

Pese a que el amparo es un mecanismo preferente y sumario, no es ajeno \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por ello, su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n

El factor de competencia de este tipo de acciones se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando la competencia de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.\tDe la vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n

No obstante que el demandante indic\u00f3 que la salvaguarda la dirig\u00eda \u00abcontra el se\u00f1or Presidente de Colombia, Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez\u00bb, la Sala advierte que no se endilga ning\u00fan reproche puntual frente a dicho funcionario, sino que, concretamente, cuestiona que por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del \u00abEstado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb, decretado con ocasi\u00f3n de la \u00abemergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19\u00bb, no le ha sido posible movilizarse a otros municipios (\u00abMedell\u00edn y Montebello Antioquia, y Montenegro Quind\u00edo\u00bb), debido al aislamiento obligatorio para adultos mayores. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado entre otros en ATC989-2019, 4 jul. 2019, rad. 00068-01). <\/p>\n

3.\tDefinici\u00f3n de competencia. <\/p>\n

Con observancia en lo antedicho, resulta evidente la falta de competencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, toda vez que los llamados a atender las s\u00faplicas ser\u00edan, en principio, la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Alcald\u00eda de Medell\u00edn y las Gobernaciones de Antioquia y del Quind\u00edo, estas \u00faltimas por ser las legalmente habilitadas para establecer excepciones a las restricciones de movilidad, que es en \u00faltimas a lo que se contrae el reclamo del se\u00f1or Carmona V\u00e1squez. <\/p>\n

Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, se impone declarar la falta de competencia del tribunal para conocer y resolver el amparo, ya que de acuerdo a lo consagrado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. De suerte que la competencia para tramitar este resguardo corresponde a los jueces del circuito de Medell\u00edn, por ser el lugar elegido por el promotor, a quienes se les remitir\u00e1 el expediente. Resaltado y subrayado fuera del texto. <\/p>\n

4.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

Conforme a lo se\u00f1alado, se declarar\u00e1 la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn para conocer en primera instancia este auxilio; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad ordenando el env\u00edo del expediente, se itera, a los Juzgados del Circuito (reparto) de dicha ciudad. <\/p>\n

As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que prescribe que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo el 26 de junio de 2020, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, dicte uno nuevo que defina en primer grado el proceso, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

5.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

En cuanto a esa potestad, es necesario recordar que, a partir de las reglas fijadas legalmente, en pret\u00e9ritas oportunidades se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00abLa Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n

En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, reiterado entre otros en ATC1329-2017, 2 mar. 2017, rad. 00041-01 y ATC241-2020, 27 feb. 2020, rad. 2019-00715-01). <\/p>\n

6.\tDe la imposibilidad de plantear conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n

Cabe advertir que: \u00ab(\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 30 abr. 2020, rad. 00026-01, entre otros). Se resalta. <\/p>\n

7.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1, para la renovaci\u00f3n de lo actuado, el env\u00edo del expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Medell\u00edn, para que previa la asignaci\u00f3n por la Oficina Judicial, se asuma el conocimiento de este asunto. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n

Primero: \tDeclarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 26 de junio de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n

Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y al a-quo por un medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC627-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2020-00091-01\u00a0 (Aprobado en Sala de cinco de agosto de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}