{"id":103738,"date":"2026-07-02T21:48:33","date_gmt":"2026-07-02T21:48:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103738"},"modified":"2026-07-02T21:48:33","modified_gmt":"2026-07-02T21:48:33","slug":"atc662-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc662-2020\/","title":{"rendered":"ATC662-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC662-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2020-00022-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de agosto dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 de junio de 2020, mediante el cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Luis Castro C\u00f3rdoba contra el Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Salud y de Protecci\u00f3n Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, la Alcald\u00eda de Buenaventura, y, los Gerentes de la Red Hospitalaria p\u00fablica y privada de Buenaventura, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor \tdel amparo, como Senador de la Rep\u00fablica, reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de \tlos habitantes del Distrito Portuario de Buenaventura, sus \tcorregimientos y veredas, a \tla salud y a la dignidad, \tpresuntamente conculcados por \tlas autoridades convocadas, al no dotar a ese territorio de los \timplementos necesarios para afrontar la emergencia generada por el \tCovid-19. <\/p>\n

Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a las autoridades accionadas, entregar al Distrito Portuario de Buenaventura, \u00ablas camas UCI suficientes y adecuadas, respiradores artificiales, elementos de protecci\u00f3n personal y de bioseguridad para todas y todos los trabajadores de la salud de la ciudad y todos los elementos que con car\u00e1cter prioritario deban adecuarse en la red hospitalaria del Distrito de Buenaventura para mitigar la pandemia Covid-19 y proteger la vida de los y las habitantes del municipio\u00bb (expediente digital, archivo \u00abD760012221000202000022000Al despacho por reparto\u00bb, fls. 13 y 14). <\/p>\n

2.\tPara respaldar sus quejas expone, en s\u00edntesis, que luego del inicio de la pandemia por el Covid-19, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social expidi\u00f3 el 12 de marzo del presente a\u00f1o la Resoluci\u00f3n No. 385, por la cual \u00abse declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptan medidas para hacer frente al virus\u00bb; a la par el d\u00eda 22 siguiente el Gobierno Nacional emiti\u00f3 el Decreto 457 con que se impartieron instrucciones para el manejo de la emergencia, y se orden\u00f3 el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional, el que se ha venido prorrogando hasta la fecha. <\/p>\n

Se\u00f1ala que en ese contexto se han adoptado medidas para evitar un crecimiento exponencial del virus que conlleve el colapso del sistema de salud, otorgando \u00abfundamental importancia al incremento de la capacidad hospitalaria, y, m\u00e1s concretamente, del n\u00famero de unidades de cuidados intensivos, dotadas de equipos de ventilaci\u00f3n o respiraci\u00f3n artificial\u00bb; de ah\u00ed que, el 3 de abril de los corrientes, el Ministerio de Salud emiti\u00f3 el documento \u00abExpansi\u00f3n hospitalaria, una estrategia para atenci\u00f3n de la Covid-19\u00bb, en que explic\u00f3 el plan de contingencia para el manejo de la pandemia. <\/p>\n

Explica que la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n de Buenaventura deriva sus ingresos del empleo informal, pues depende en gran medida de los productos y embarcaciones que llegan al puerto, y aunque cuenta con hospitales como el Distrital Luis Ablanque de la Plata y la Cl\u00ednica Santa Sof\u00eda del Pac\u00edfico, ya est\u00e1n ocupados en un 70%, sin que a la fecha de la presentaci\u00f3n de la tutela hayan llegado camas UCI por parte del Gobierno Nacional, situaci\u00f3n por la cual hay preocupaci\u00f3n en las autoridades departamentales, pues no solo se espera \u00abel pico de contagios\u00bb, sino que los traslados de una persona enferma a la ciudad de Bogot\u00e1 tardan aproximadamente una hora en avi\u00f3n y trece en ambulancia, lo que pone en peligro su vida, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a favor de los pobladores de dicho territorio (ib\u00eddem).
\n3. La \tSala \tCivil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal \tSuperior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 la protecci\u00f3n \tsuplicada, \ttras \tadvertir, en suma, que \u00abel \tse\u00f1or Juan Luis Castro C\u00f3rdoba en el libelo tutelar \tindic\u00f3 que obra en nombre propio, sin embargo, no precisa \tsituaci\u00f3n alguna que implique una amenaza de su derecho a la \tsalud o a la vida, ni demuestra sumariamente que en ese municipio se \tencuentra su residencia o la de su n\u00facleo familiar, pues para \tefectos de notificaci\u00f3n solo aport\u00f3 direcciones de \tcorreos electr\u00f3nicos, no se\u00f1alando n\u00edtidamente \tc\u00f3mo los derechos subjetivos invocados puedan estar siendo \tafectados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de las entidades \tcontra las que dirige la acci\u00f3n\u00bb; \ty, de otra parte, \u00abde \tacuerdo con el planteamiento f\u00e1ctico y las pretensiones \tincoadas en la petici\u00f3n de amparo, su finalidad es la \tsalvaguarda de la salubridad p\u00fablica, que es un derecho \tcolectivo para cuya protecci\u00f3n, como qued\u00f3 analizado \ten el punto anterior, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ha \tdispuesto la acci\u00f3n popular como el mecanismo especial, \tsiendo en principio improcedente la acci\u00f3n de tutela, \timprocedencia que en el presente caso, no se resquebraja por \tsituaciones excepcionales\u00bb \t(expediente \ten versi\u00f3n digital, archivo \u00ab2020-00057 \t\u2013 Lina P\u00e9rez vs Presidente de la Rep\u00fablica\u00bb). <\/p>\n

3. Impugnada \tla sentencia \tpor la parte accionante, fue remitida a esta Corte para lo \tpertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige, en realidad, frente al Ministerio de Salud y de Protecci\u00f3n Social, la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, y, la Alcald\u00eda de Buenaventura, por ser las autoridades legalmente encargadas de financiar y coordinar la dotaci\u00f3n de la red hospitalaria del municipio de ese municipio para la atenci\u00f3n de la emergencia generada por el virus Covid-19; es decir, que en este caso particular, el reclamo no recae o es exigible del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, por lo que su vinculaci\u00f3n al presente tr\u00e1mite, entonces, es solamente aparente, pues ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta, lesiva de derechos supralegales, le fue enrostrada o pudiera inferirse que recae en \u00e9l. <\/p>\n

Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala que, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado \u00faltimamente en ATC989-2019, 4 jul. 2019, rad. 00068-01 y ATC1275, 15 ago. 2019, rad. 00176-01). <\/p>\n

2. T\u00e9ngase en cuenta que en el Decreto 538 del 12 de abril del presente a\u00f1o, \u00abpor el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de Covid-19 y garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb, se dispuso para viabilizar y garantizar lo perseguido por el promotor, que \u00abart\u00edculo 1\u00ba. Autorizaci\u00f3n transitoria para la prestaci\u00f3n de servicios de salud. Durante el t\u00e9rmino de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, con ocasi\u00f3n de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, la secretar\u00eda de salud departamental o distrital o las direcciones territoriales de salud, previa solicitud de los prestadores de servicios de salud inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud \u2013REPS-, los autorizaran para: 1.1. Adecuar temporalmente un lugar no destinado a la prestaci\u00f3n del servicio de salud, dentro o fuera de sus instalaciones. 1.2. Reconvertir o adecuar un servicio de salud temporalmente para la prestaci\u00f3n de otro servicio no habilitado. 1.3. Ampliar la capacidad instalada de un servicio de salud habilitado. 1.4. Prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas. 1.5. Prestar otros servicios de salud no habilitados\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo se estableci\u00f3 en el art\u00edculo 5\u00ba, que \u00abdurante el t\u00e9rmino de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, con ocasi\u00f3n de la pandemia derivada del Coronavirus Covid – 19, este Ministerio y las entidades territoriales podr\u00e1n efectuar transferencias directas de recursos mediante actos administrativos de asignaci\u00f3n a las Empresas Sociales del Estado y a los administradores de infraestructura p\u00fablica de propiedad de las entidades territoriales, destinadas a la prestaci\u00f3n del servicios de salud, para la financiaci\u00f3n de la operaci\u00f3n corriente para inversi\u00f3n en dotaci\u00f3n de equipamiento biom\u00e9dico, con el fin de garantizar la prestaci\u00f3n de servicios de salud a la poblaci\u00f3n afectada por causa de la emergencia derivada del Coronavirus Covid-19. Asimismo, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y las entidades territoriales, mediante la suscripci\u00f3n de convenios o contratos, podr\u00e1n asignar recursos a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas o mixtas que apoyen en la prestaci\u00f3n de servicios para garantizar la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n afectada por la pandemia de COVID-19. En caso de que con estos recursos se compren equipos, estos se entender\u00e1n recibidos en calidad de comodato a t\u00edtulo precario. Una vez terminada la emergencia sanitaria, la entidad territorial en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, determinar\u00e1n el uso y destino de estos equipos\u00bb (se subraya). <\/p>\n

Medidas y procedimientos antes citados que, entre muchos otros adoptados en la precitada normatividad, no recaen o requieren intervenci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica, y, se encuentran vigentes, porque la declaraci\u00f3n de emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 realizada por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social con Resoluci\u00f3n No. 385 del 12 de marzo de 2020, que inicialmente tuvo vigencia hasta el 30 de mayo siguiente, fue prorrogada hasta el pr\u00f3ximo 31 de agosto, mediante Resoluci\u00f3n No. 844 del 26 de mayo de 2020. <\/p>\n

3.\tDe este modo, como la acci\u00f3n de amparo involucra al Ministerio de Salud, que es una autoridad \u00abdel orden nacional\u00bb, corresponde su conocimiento en primera instancia a los jueces con categor\u00eda circuito, de conformidad a lo establecido en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20171, pues se reitera, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem2 alude a las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Presidente de la Rep\u00fablica, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra la gesti\u00f3n concreta de ese funcionario.
\n4.\tAs\u00ed mismo, ha destacado que, \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Buenaventura, para su conocimiento. <\/p>\n

6. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019).
\n7. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Buenaventura, pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada se dirige contra autoridades del orden nacional, m\u00e1s no en contra de una actuaci\u00f3n directa del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, quien result\u00f3 vinculado al asunto de manera aparente. <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 11 de junio de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Buenaventura, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026)2. \tLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier \tautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \ta los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d.
\n2 \t\u201c(\u2026)3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC662-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2020-00022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de agosto dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 de junio de 2020, mediante el cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103738","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103738","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103738"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103738\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103738"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103738"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103738"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}