{"id":103739,"date":"2026-07-02T21:48:50","date_gmt":"2026-07-02T21:48:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103739"},"modified":"2026-07-02T21:48:50","modified_gmt":"2026-07-02T21:48:50","slug":"atc663-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc663-2020\/","title":{"rendered":"ATC663-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC663-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00141-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 21 de julio de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Valencia Gonz\u00e1lez contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta parte de lo actuado, como seguidamente se pasa a exponer. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl interesado, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada.
\nRelat\u00f3 que, en su condici\u00f3n de abogado, fue sancionado disciplinariamente a tres (3) meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por la conducta de \u00abfalta a la debida diligencia profesional\u00bb; ello, en virtud de la compulsa de copias ordenada por el Juez Penal del Circuito de Granada, que consider\u00f3 injustificadas tres inasistencias a audiencias programadas dentro del juicio penal en el que defendi\u00f3 los intereses de Ledwing Farf\u00e1n, procesado por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb. <\/p>\n

Cuestion\u00f3 los fallos de primera y segunda instancia dentro de la causa disciplinaria, esencialmente, insistiendo en la inexistencia de la falta y recriminando las apreciaciones de los jueces colegiados que definieron su sanci\u00f3n; al respecto, frente al veredicto emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Meta, procur\u00f3 explicar que, \u00ab(\u2026) la causa de mis ausencias era conocida por el despacho [\u2026] y que yo no estaba dilatando el proceso para obstruir la justicia o alegar beneficios en favor del procesado [fue] el mismo se\u00f1or Juez quien requiere y le solicita a los familiares del procesado que me suministren los dineros para desplazamientos, y as\u00ed atender las audiencias programadas por el despacho [\u2026] el requerimiento por el despacho a los familiares del imputado qued\u00f3 consignado en el expediente\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) nunca obr\u00e9 de mala fe o con prop\u00f3sito de entorpecer la justicia o alegar beneficios en favor del procesado [\u2026] durante mi actuaci\u00f3n como defensor del procesado, no formul\u00e9 peticiones para suspender o dilatar el proceso tampoco present\u00e9 recursos u otra clase de peticiones en beneficio del procesado. Nada de eso\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, de la sentencia del ad quem \u2013 Consejo Superior de la Judicatura \u2013 se\u00f1al\u00f3 que, \u00ab(\u2026) las consideraciones del fallo, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el suscrito, expres\u00f3 la siguiente imprecisi\u00f3n: \u201csi en alg\u00fan momento observ\u00f3 que tendr\u00eda dificultad para efectuar lo encomendado, lo que deb\u00eda era renunciar al poder o informar al juzgado la situaci\u00f3n, sin embargo, nunca present\u00f3 excusa y por el contrario permiti\u00f3 que el proceso se dilatara aproximadamente un a\u00f1o, al no poderse realizar la audiencia de juicio oral. No puede desplazar su responsabilidad a la familia del acusado, pues quien se comprometi\u00f3 y deb\u00eda adelantar la representaci\u00f3n fue \u00e9l\u00bb. <\/p>\n

A lo resaltado por el superior, sostuvo que \u00ab(\u2026) dicha afirmaci\u00f3n no es cierta, ya que cuando se aproximaba la fecha fijada para la audiencia, el se\u00f1or secretario del juzgado me comunicaba v\u00eda telef\u00f3nica y de inmediato yo le pon\u00eda en conocimiento que muy a pesar de mi insistencia ante los familiares del acusado, no me hab\u00edan suministrado los recursos para poderme desplazar. As\u00ed lo expresaba el se\u00f1or secretario al se\u00f1or Juez. As\u00ed lo acept\u00f3 el despacho pues incluso requiri\u00f3 a los interesados, para que suministraran los dineros para vi\u00e1ticos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

3.\tPor lo anterior, pretende se decrete \u00ab(\u2026) la nulidad absoluta del fallo proferido en el proceso disciplinario [\u2026] que decret\u00f3 sancionar con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de tres meses al suscrito actor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

4.\tEl tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio por incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad; al respecto precis\u00f3 que, \u00ab(\u2026) que contra la sentencia objeto de disconformidad proferida por la Sala Jurisdiccional del Meta el 16 de marzo de 2018, el accionante oportunamente interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual a la fecha seg\u00fan lo informado por la autoridad accionada, se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n

5.\tEl anterior fallo lo impugn\u00f3 el quejoso refutando el criterio con el que tribunal neg\u00f3 por improcedente el resguardo; en tal sentido, puntualiz\u00f3 que \u00ab(\u2026) la verdad es que el proceso disciplinario en mi contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Meta, ya se surti\u00f3 en la primera y segunda instancia, sentencias que est\u00e1n en firme \u2026\u00bb, por lo que aduce que, \u00ab(\u2026) no me quedan otros recursos o medios de defensa, con los que efectivamente pueda probar que la sanci\u00f3n impuesta en mi contra es a todas luces injusta y por ello fuera de todo contexto legal\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n

El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.\tCaso concreto. <\/p>\n

Revisado el escrito inicial y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n constitucional est\u00e1 dirigido a cuestionar los fallos que sancionaron disciplinariamente al tutelante, en su calidad de abogado, a \u00abtres (3) meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb, dictados por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, y del Consejo Superior de la Judicatura, concretamente, discuti\u00f3 las razones expuestas por cada una de esas corporaciones para concluir que se hallaba demostrada la falta se\u00f1alada. <\/p>\n

En efecto, y aunque el demandante no enfil\u00f3 directamente su ataque contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que el reproche la involucra, ya que, en ejercicio de su competencia, seg\u00fan pudo constatarse a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, en la relator\u00eda de esa Sala, profiri\u00f3 la sentencia de segundo grado en el asunto en cuesti\u00f3n, el 5 de diciembre de 2019 \u2013 acta de sala n\u00ba 92, confirmando en su integridad la sanci\u00f3n impuesta por la a quo. <\/p>\n

3.\tDefinici\u00f3n de competencia. <\/p>\n

3.1.\tBajo la anterior perspectiva, y al tenor de lo previsto en las reglas de reparto contenidas en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) numeral 8\u00ba que indica \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb, resulta evidente que el presente auxilio debi\u00f3 ser asumido en primera instancia por esta Corporaci\u00f3n \u2013 y\/o el Consejo de Estado \u2013 y no por el Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n

3.2.\tEn esas condiciones, la competencia para conocer de una tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura se radica en la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, indic\u00e1ndose para el caso espec\u00edfico que, a efectos de imprimir mayor celeridad, el conocimiento de la demanda se direccionar\u00e1 a la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n.
\n4.\tLa actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n

De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali para conocer en primera instancia esta tutela y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo, dictado el 21 de julio de 2020, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, en esta ocasi\u00f3n la Sala que avoque el tr\u00e1mite, atendiendo la ley, y previa vinculaci\u00f3n de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n

5.\tSobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n

Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n

(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d.
\n\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 21 de julio de 2020 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n

SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda General de la Corte Suprema de Justicia para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese.
\nTERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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