{"id":103749,"date":"2026-07-02T21:49:50","date_gmt":"2026-07-02T21:49:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103749"},"modified":"2026-07-02T21:49:50","modified_gmt":"2026-07-02T21:49:50","slug":"atc705-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc705-2020\/","title":{"rendered":"ATC705-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC705-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00494-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de agosto de dos mil veinte). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n de la convocante frente al fallo proferido el 21 de julio pasado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela que impuls\u00f3 C\u00e1ndida Rosa Araque de Navas contra la Oficina de Asesor\u00eda para la Seguridad \u2013 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja y la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP), si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que invalida lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La activante reclam\u00f3 el respaldo de sus derechos esenciales \u00aba la vida, salud, integridad personal, unidad familiar\u00bb y dignidad presuntamente conculcados por las autoridades confutadas; de lo que, se entiende, suplic\u00f3 el restablecimiento de su esquema de seguridad. <\/p>\n

2.- En respaldo sostuvo que ejerci\u00f3 como magistrada del Tribunal Superior de Tunja \u2013 Sala Penal, en cuya funci\u00f3n y por amenazas le fue impuesto \u00abun esquema de seguridad desde 2015\u00bb, el cual se le ha pretendido retirar a partir del 26 de mayo de 2020, data en la que se concret\u00f3 su renuncia al mencionado cargo, al punto que \u00abla UNP [l]e notific\u00f3 el tr\u00e1mite a seguir para la revaluaci\u00f3n del riesgo, el cual est\u00e1 en pleno curso\u00bb, tanto as\u00ed que \u00abel\u2026 25 de junio fue entrevistada\u2026\u00bb. <\/p>\n

Critic\u00f3 estar en actual desprotecci\u00f3n pese a las actuaciones de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP), dado que \u00abpor la declaratoria de emergencia sanitaria\u00bb tras la pandemia, \u00ablos planes personales y familiares\u00bb de viaje al extranjero, donde reside su familia, \u00abquedaron suspendidos\u00bb, lo que la ha obligado a permanecer \u00absola\u00bb en la capital boyacense, en peligro constante y \u00abplenamente vigente\u00bb. <\/p>\n

4.- Luego de surtidas las actuaciones de rigor el a-quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, comoquiera que si la impulsora \u00abya no es servidora adscrita a la Rama Judicial, la autoridad competente para brindarle las medidas de seguridad que reclama es la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n\u00bb, misma que \u00abest\u00e1 adelantando el procedimiento ordinario de protecci\u00f3n (\u2026), para determinar el nivel de riesgo al que actualmente [puede hallarse] expuesta\u00bb, de ah\u00ed que \u00abno se encuentre alg\u00fan actuar negligente de tal entidad\u2026\u00bb. <\/p>\n

5.- La convocante impugn\u00f3 reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y resaltando que en el fallo de amparo debi\u00f3 analizarse el agravante generado por el confinamiento generado a ra\u00edz del \u00abcovid-19\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados con el mismo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, en tanto que la queja aqu\u00ed pregonada compromete exclusivamente a la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP). <\/p>\n

El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 2\u00b0, del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del 1983 de 2017, prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n

Luego, atendiendo la naturaleza de la mencionada entidad \u2013 la UNP \u2013, esto es, \u00abdel orden nacional\u00bb, conforme al art\u00edculo 1.2.1.4. del decreto 1066 de 2015, refulge palpable que la demanda de amparo correspond\u00eda al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, a quien fue inicialmente repartida. <\/p>\n

2.- Ahora, que la demanda de amparo se hubiese instaurado tambi\u00e9n contra la Oficina de Asesor\u00eda para la Seguridad \u2013 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja no desvirt\u00faa la conclusi\u00f3n antedicha, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep., rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n

Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de las antedichas autoridades se torna \u00abaparente\u00bb, en tanto que lo que realmente censura la promotora es que permanece en desprotecci\u00f3n desde que dej\u00f3 de ser magistrada del Tribunal Superior de Tunja, pese a las actuaciones de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP), de cara a establecer \u00abel tr\u00e1mite (\u2026) para la revaluaci\u00f3n del riesgo\u00bb. <\/p>\n

Esta Sala de la Corte, en un caso con cierta simetr\u00eda al de marras, mutatis mutandis precis\u00f3: <\/p>\n

(\u2026)En el asunto que se examina el peticionario alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, dignidad humana, seguridad personal y debido proceso debido a que frente a su solicitud de protecci\u00f3n la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n \u2013 UNP adopt\u00f3 unas medidas que lo dejan \u00abtotalmente desprotegido\u00bb frente a las amenazas de muerte que recibi\u00f3 (\u2026) al interior de una investigaci\u00f3n que se adelant\u00f3 en su despacho donde se desempe\u00f1a como Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas. <\/p>\n

La queja constitucional, entonces, se dirigi\u00f3 contra la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n – UNP, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, no obstante de los hechos descritos y las pruebas aportadas se colige que la supuesta conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas tendr\u00eda su fuente \u00fanicamente en la conducta del primer organismo referido, porque es la entidad p\u00fablica designada para la prestaci\u00f3n del servicio de protecci\u00f3n, la cual, a prop\u00f3sito, es descentralizada por servicios del orden nacional, de conformidad con el precepto 1.2.1.4. del Decreto 1066 de 2015. <\/p>\n

En virtud de lo expuesto, advierte la Corte que al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 (mediante el cual se modifica el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015), \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, siendo claro por tanto que la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales carec\u00eda de competencia para decidir el asunto en sede de primer grado. <\/p>\n

En casos an\u00e1logos al de ahora ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

\u00abatendiendo que la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, de acuerdo al art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 4065 de 2011 es un ente del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, y por ende forma parte del sector descentralizado por servicios del orden nacional, seg\u00fan el literal g, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, se concluye que la competencia para conocer el asunto radica en los se\u00f1ores jueces del circuito de Bogot\u00e1 o que tengan dicha categor\u00eda.\u00bb (CSJ ATC, 6 feb. 2013, rad. 2012-02005-01, CSJ ATC1922-2018, 4 oct. 2018) <\/p>\n

5. Por supuesto, la solicitud de amparo fue dirigida tambi\u00e9n contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, empero del libelo no se extracta la existencia de ning\u00fan fundamento f\u00e1ctico que permita atribuir a esas autoridades actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n lesiva de derechos fundamentales. <\/p>\n

Entonces, es innegable que se present\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente de dichas entidades\u2026 (Resaltado y subrayas ajenos al original – CSJ ATC329-2019, 7 mar., rad. 2019-00004-01). <\/p>\n

3.- En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

De otro lado, en lo ata\u00f1edero a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el mentado decreto 1983 de 2017, esta Corte precis\u00f3 que: <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n

4.- Por lo consignado se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado, para, en su lugar, disponer la remisi\u00f3n de la demanda tutelar al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, a quien fue inicialmente repartida, en aras de que asuma el reclamo constitucional de marras. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n

1.-\tDeclarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.-\tEn consecuencia, remitir el expediente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, al que le fue inicialmente repartida, para que \u00e9ste imprima el tr\u00e1mite de rigor al reclamo de marras. <\/p>\n

3.-\tComunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y librar las dem\u00e1s notificaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abART\u00cdCULO \t16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \tLA COMPETENCIA.\u00a0La \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3].
\n2\u0002 \tEse aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \tdel decreto n.\u00ba 1069 de 2015 (Por \tmedio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \tSector Justicia y del Derecho), \tprecisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \tla interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \tde la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \t(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \tdecreto\u00bb, \tse aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \tProcedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \testatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC705-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00494-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de agosto de dos mil veinte). Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veinte (2020). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n de la convocante frente al fallo proferido el 21 de julio pasado por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103749","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103749\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}