{"id":103750,"date":"2026-07-02T21:50:01","date_gmt":"2026-07-02T21:50:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103750"},"modified":"2026-07-02T21:50:01","modified_gmt":"2026-07-02T21:50:01","slug":"atc706-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc706-2020\/","title":{"rendered":"ATC706-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC706-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00106-01 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de agosto de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Lorena Beltr\u00e1n Aponte contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito, autoridades ambas de esa misma localidad, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, dignidad humana, \u00abtutela efectiva\u00bb y buen nombre, que dice vulneradas por los estrados accionados, por lo que solicit\u00f3 \u00abrevocar o inaplicar la sanci\u00f3n y multa impuesta en [su] contra, mediante auto del 17 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes. <\/p>\n

2.1. Leonor Cecilia P\u00e1ez Fl\u00f3rez, en representaci\u00f3n de Petrona de Jes\u00fas S\u00e1ez Cordero, promovi\u00f3 incidente de desacato contra los representantes legales de Saludvida EPS, al considerar que dicha entidad hab\u00eda incumplido una orden de tutela impartida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda. <\/p>\n

2.2. Mediante prove\u00eddo del 17 de septiembre de 2019, el prenotado estrado sancion\u00f3, con arresto y multa, a Diana Lorena Beltr\u00e1n Aponte, representante suplente de la mencionada entidad promotora de salud, decisi\u00f3n que fue confirmada, en sede de consulta, con auto del 30 de septiembre siguiente. <\/p>\n

2.3. Expres\u00f3 la gestora del resguardo que el \u00ab11 de octubre de 2019, la EPS Saludvida fue intervenida para liquidaci\u00f3n por la Superintendencia Nacional de Salud y por ello, [su] representaci\u00f3n legal como suplente fue removida\u00bb, circunstancia que, adem\u00e1s, conllev\u00f3 el traslado de Petrona de Jes\u00fas S\u00e1ez Cordero a \u00abMutual Ser EPS el pasado [primero] de enero de 2020\u00bb, por lo que es \u00abla EPS receptora\u2026 la encargada ahora de prestar los servicios de salud de los afiliados\u00bb. <\/p>\n

2.4. Agreg\u00f3 que, ante la rese\u00f1ada situaci\u00f3n, \u00absolicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb, pero que el juzgado municipal convocado \u00abse abstuvo de inaplicar la sanci\u00f3n en [su] contra o pronunciarse frente a ella\u00bb, lo que trasgrede sus derechos fundamentales. <\/p>\n

DEL TR\u00c1MITE SURTIDO <\/p>\n

1. La s\u00faplica constitucional correspondi\u00f3 por reparto a la Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que la admiti\u00f3 con providencia del 24 de julio de los corrientes. <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad inform\u00f3 que \u00abel archivo del\u2026 incidente [criticado] se produjo en fecha doce\u2026 de junio del a\u00f1o que discurre\u2026\u00bb, por lo que \u00abno entiende de que se duele la tutelante, en la presente acci\u00f3n constitucional, siendo que la pretendida vulneraci\u00f3n de sus derechos nunca ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n

3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda destac\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento se le ha vulnerado [alg\u00fan] derecho fundamental a la accionante al confirmarse en consulta la sanci\u00f3n impuesta\u00bb. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abantes de presentarse la acci\u00f3n constitucional en estudio, el tr\u00e1mite incidental fue archivado por el juez de conocimiento\u00bb, mediante prove\u00eddo del 12 de junio de 2020. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Destac\u00f3 la gestora que el \u00abTribunal dej\u00f3 de lado que en escrito de\u2026 21 de junio de 2020\u2026 solicit\u00f3 [al Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda] inaplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n de fecha 17 de septiembre de 2019\u00bb y que \u00aba la fecha ha dejado de ser objeto de estudio\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo tr\u00e1mite, juicio y actuaci\u00f3n administrativa, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, as\u00ed como a las dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir, de elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa. <\/p>\n

2. De los hechos narrados no cabe duda de que el presente reclamo involucra, exclusivamente, actuaciones u omisiones imputables al Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda, teniendo en cuenta que los reproches de la promotora se circunscriben a que dicha sede judicial no ha resuelto las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de sanci\u00f3n por desacato que ante \u00e9ste elev\u00f3, tras considerar que era imposible acatar las \u00f3rdenes de tutela que se predican desatendidas, por cuanto ya no ostenta la representaci\u00f3n de Saludvida EPS y, adem\u00e1s, porque la usuaria fue trasladada a otra entidad promotora de salud. <\/p>\n

Ahora, no advierte la Sala que dicha s\u00faplica involucre la providencia que confirm\u00f3, en grado de consulta, la sanci\u00f3n por desacato cuya inaplicaci\u00f3n persigue la tutelante, teniendo en cuenta que en la referida determinaci\u00f3n de segunda instancia, ning\u00fan pronunciamiento se pudo hacer respecto a la imposibilidad de acatar lo ordenado, pues ello se aleg\u00f3 con posterioridad al proferimiento de tal decisi\u00f3n, conforme se puede extractar de los elementos de juicio aportados a esta sumaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de la autoridad accionada y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n acusa, exclusivamente, actuaciones de un estrado de categor\u00eda municipal, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el Juzgado Civil del Circuito de Monter\u00eda (reparto) y, a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, de conformidad con lo previsto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, conforme a los cuales \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n

3. En consecuencia, el fallo proferido por el colegiado de Monter\u00eda, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

5. En atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y ordenar\u00e1 remitir el expediente a la oficina de asignaciones de esa municipalidad, para que sea repartida en los Juzgado Civiles del Circuito de esa ciudad, con el fin de que se asuma el conocimiento del asunto en primera instancia.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 6 de agosto de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, sin perjuicio de la validez de lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2. En consecuencia, se dispone remitir de inmediato el expediente a la oficina de asignaciones de Monter\u00eda, para que sea repartido entre los Juzgados Civiles del Circuito de esa localidad, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad \te improrrogabilidad \tde la jurisdicci\u00f3n y la competencia. \tLa \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3] <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC706-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00106-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de agosto de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veinte (2020). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de agosto de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}