{"id":103758,"date":"2026-07-02T21:50:50","date_gmt":"2026-07-02T21:50:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103758"},"modified":"2026-07-02T21:50:50","modified_gmt":"2026-07-02T21:50:50","slug":"atc719-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc719-2020\/","title":{"rendered":"ATC719-2020"},"content":{"rendered":"
ATC719-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02262-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se desata el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 y Promiscuo de Familia de C\u00e1queza, en la tutela instaurada por Rosa In\u00e9s Rinc\u00f3n Sanabria contra el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Protecci\u00f3n y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Ante el primero de los despachos la precursora acus\u00f3 a los convocados de quebrantar los derechos al \u00abm\u00ednimo vital y m\u00f3vil, vida en condiciones dignas y seguridad social integral\u00bb y, en consecuencia, solicit\u00f3 se orden al \u00abFondo de Pensiones Protecci\u00f3n y\/o a la Administradora Colombiana de pensiones \u2013 Colpensiones, proceda de manera inmediata a efectuar el c\u00e1lculo actuarial de los periodos solicitados\u00bb (fl. 68 anexo). <\/p>\n

2.- El Juez de Bogot\u00e1 repeli\u00f3 el resguardo y lo envi\u00f3 a los Juzgados de C\u00e1queza porque \u00abse noticia como lugar de vulneraci\u00f3n del derecho el municipio de F\u00f3meque (Cundinamarca) domicilio de la accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

3.- El estrado receptor tambi\u00e9n lo rehus\u00f3 porque de conformidad con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y la interpretaci\u00f3n que sobre \u00e9l ha efectuado la Corte Constitucional, se estableci\u00f3 una competencia a prevenci\u00f3n, la cual \u00abqueda fijada por la elecci\u00f3n que el demandante haga\u00bb. Por ello, remiti\u00f3 el infolio a esta Corporaci\u00f3n para dirimir la diferencia. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Teniendo en cuenta que la presente colisi\u00f3n comprende despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le ata\u00f1e zanjarla, a trav\u00e9s de Magistrado Sustanciador, de acuerdo con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n

2.- Al tenor del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, directriz reiterada en el Decreto 1382 de 2000, modificado por el 1983 de 2017. <\/p>\n

A partir del an\u00e1lisis de ese par\u00e1metro de asignaci\u00f3n, esta Colegiatura ha sostenido que su intenci\u00f3n: <\/p>\n

(\u2026) es facilitar al presunto afectado la escogencia del juez que ha de resolver, con la celeridad propia de esta acci\u00f3n, sobre la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, seg\u00fan fluye claramente de su texto, de lo cual se deduce que la competencia por el factor territorial debe establecerse por el lugar donde, seg\u00fan las afirmaciones de la respectiva demanda, adquiera materialidad la violaci\u00f3n o amenaza de tales atributos, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n que se acusan, y que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana(\u2026). De ah\u00ed, adem\u00e1s, que se trate de una competencia preventiva, significando con ello que, si son varios los jueces llamados a asumir el conocimiento, el primero que lo haga excluye a los dem\u00e1s (resalte fuera de texto), CSJ ATC214-2018, entre otras en ATC157-2020. <\/p>\n

3.- En el caso bajo examen, pronto se advierte que el estrado de C\u00e1queza nada tiene que ver con los hechos denunciados por la quejosa, pues ellos apuntan a la capital del pa\u00eds, m\u00e1xime cuando su ex empleador ya hab\u00eda promovido un resguardo en esta ciudad, bajo similares expectativas, seg\u00fan dan cuenta los anexos aportados. <\/p>\n

En efecto, la querellante aspira, en \u00faltimas, a que se disponga que las accionadas \u00abefect\u00faen el c\u00e1lculo actuarial\u00bb al que aspira con el fin de \u00abacceder a la garant\u00eda de pensi\u00f3n m\u00ednima\u00bb, ya que, seg\u00fan su dicho, le faltan pocas semanas para obtenerla. <\/p>\n

Para ello, escogi\u00f3 a Bogot\u00e1, donde, se sit\u00faan las sedes de las convocadas y se extienden las secuelas del tr\u00e1mite administrativo censurado. <\/p>\n

V\u00e9ase que, ese supuesto encaja en uno de los que cita el art\u00edculo 37 del citado Decreto (en torno al aspecto \u00abterritorial\u00bb) y, por consiguiente, era preciso respetar la selecci\u00f3n de la censora, y no, como lo hizo el primer servidor, desechar el aludido ruego, ya que como se tiene decantado <\/p>\n

\u00ab [\u2026] el art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela(Se resalta; CSJ AT2234-2018, citado en ATC1718-2019). <\/p>\n

4.- N\u00f3tese que, aun cuando se admitiera que la presunta infracci\u00f3n igualmente proyecta \u00abefectos\u00bb en F\u00f3meque y que la \u00abresidencia\u00bb de la denunciante est\u00e1 en esa localidad, no le era permitido al fallador primigenio apartase de las diligencias, ya que incluso en esos eventos, se confiere prevalencia a \u00abla elecci\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n

Con esa orientaci\u00f3n el \u00f3rgano l\u00edmite Constitucional desde el interlocutorio 076-2017, tiene adoctrinado que <\/p>\n

(\u2026) del art\u00edculo 86 Superior se desprende una protecci\u00f3n a la libertad del accionante para presentar la acci\u00f3n de tutela en el territorio que, satisfaciendo el factor territorial del art\u00edculo 37 de Decreto 2591 de 1991, sea de su elecci\u00f3n. Cuando hay una divergencia entre los dos criterios que definen el alcance del factor territorial, es decir, cuando el lugar de la vulneraci\u00f3n o amenaza difiere del de sus efectos, se confiere prevalencia a la elecci\u00f3n del accionante (se destaca). <\/p>\n

5.-\tBajo esa \u00f3rbita, el expediente retornar\u00e1 al funcionario de Bogot\u00e1. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

Primero:\tDeclarar que el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 es el competente para conocer del auxilio deprecado por Rosa In\u00e9s Rinc\u00f3n Sanabria. <\/p>\n

Segundo:\tEnviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Promiscuo de Familia de C\u00e1queza. <\/p>\n

Tercero: Comun\u00edquese al libelista lo aqu\u00ed dispuesto, por el medio m\u00e1s expedito posible. <\/p>\n

NOT\u00cdFIQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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