{"id":103786,"date":"2026-07-02T21:53:25","date_gmt":"2026-07-02T21:53:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103786"},"modified":"2026-07-02T21:53:25","modified_gmt":"2026-07-02T21:53:25","slug":"atc841-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc841-2020\/","title":{"rendered":"ATC841-2020"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC841-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-00794-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

1.- Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de junio de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda que Pedro Proa\u00f1os Cruz le instaur\u00f3 a los Juzgados Segundo Penal del Circuito de Garz\u00f3n -Huila y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, as\u00ed como a la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Distrito Judicial, los dos \u00faltimos de Florencia -Caquet\u00e1, de no ser porque se advierte una causal de nulidad que afecta lo rituado, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n

2.- El gestor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, salud y vida\u00bb, con el de que se le otorgara el beneficio de la libertad condicional, en virtud de lo establecido en el \u00abart\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal\u00bb y el \u00abDecreto 546 de 2020\u00bb. <\/p>\n

Para ello afirm\u00f3 que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Garz\u00f3n \u2013 Huila, lo conden\u00f3 a ciento setenta (170) meses de prisi\u00f3n por el delito de homicidio simple, sin derecho al subrogado de la ejecuci\u00f3n condicional, ni prisi\u00f3n domiciliaria (17 nov. 2011), sentencia confirmada por el Tribunal encartado (24 en. 2012). <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que solicit\u00f3 a la juez que vigila su pena la \u00ablibertad condicional\u00bb, pero su pedimento fue resuelto de forma adversa a sus intereses (11 dic. 2019). Inconforme apel\u00f3 sin que, pese al tiempo transcurrido, se haya desatado tal recurso. <\/p>\n

3.- Como se logra entender, el supuesto agravio deriva de una actuaci\u00f3n endilgada a los Juzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia Caquet\u00e1 y Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Garz\u00f3n -Huila, despachos contra los que, en \u00faltimas se dirige la queja superlativa. <\/p>\n

En efecto, el accionante pretende que se le conceda la \u00ablibertad condicional\u00bb, rogativa que someti\u00f3 al escrutinio de tales dependencias, y que fue desestimada en prove\u00eddos de 11 de diciembre de 2019 y 23 de junio de 2020, sin que el Tribunal de Florencia se haya pronunciado frente a dicho subrogado, al estimar que el competente para desatar la alzada era el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Garz\u00f3n -Huila, a quien remiti\u00f3 las diligencias de acuerdo con lo consagrado en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es claro que la facultad para conocer de esta senda -en primera instancia- est\u00e1 asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, y en segunda a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura. <\/p>\n

Lo anterior, con fundamento en el Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.3.1.2.1, n\u00fam. 5\u00ba, modificado por el art. 1\u00ba, del Precepto 1983 de 2017, n\u00fam. 5\u00ba, a cuyo tenor \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales les ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u00bb, regla complementada por el numeral 2\u00ba ib., seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

4.- Tal circunstancia no var\u00eda por el hecho de haberse vinculado a la \u00abSala \u00danica del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Florencia\u00bb, en rigor, porque su convocatoria fue simplemente aparente, pues del sustrato factual sobre el que finc\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n no se desprende que esa autoridad haya incurrido en alguna infracci\u00f3n, cual fue atribuida exclusivamente a los \u00abJuzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia -Caquet\u00e1 y Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Garz\u00f3n -Huila\u00bb, lo que indica que la potestad para arbitrar la guarda estaba radicada por ley en la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, y no en la de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia que la asumi\u00f3. <\/p>\n

5.- En consecuencia, la providencia impugnada est\u00e1 viciada de nulidad, por \u00abfalta de competencia\u00bb, de acuerdo al art\u00edculo 16 la Ley 1564 de 2012, aplicable a la acci\u00f3n de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992, la que, al ser funcional, es insubsanable. <\/p>\n

En un caso similar, este Colegiado precis\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, (ATC, 3 feb. 2017, rad. 2016-02612-01). <\/p>\n

6.- Por ello, se invalidar\u00e1 el fallo opugnado, y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del dossier a la Oficina Judicial de Neiva, para que haga la asignaci\u00f3n entre los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de esa capital. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 23 de junio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la referencia, sin perjuicio de la validez de lo actuado, salvo aquel veredicto, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina de reparto de Neiva, con el fin de que sea asignado a uno de los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, para lo pertinente. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al juez a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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