{"id":103793,"date":"2026-07-02T21:54:07","date_gmt":"2026-07-02T21:54:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103793"},"modified":"2026-07-02T21:54:07","modified_gmt":"2026-07-02T21:54:07","slug":"atc853-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc853-2020\/","title":{"rendered":"ATC853-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC853-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00122-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 31 de agosto de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dar\u00edo Laguado Monsalve, quien aduce actuar en causa propia y en calidad de representante legal de Saludvida EPS -en liquidaci\u00f3n- contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la \u00abautonom\u00eda\u00bb y al \u00abpatrimonio individual\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado encausado \u00abINAPLICAR todas las sanciones impuestas incluyendo la impuesta mediante auto de fecha de 02 de diciembre de 2019,\u2026 ante la imposibilidad en la que se encuentra la EPS y la no configuraci\u00f3n de elementos m\u00ednimos para mantenerla\u00bb. <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tMediante sentencia del 31 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda ampar\u00f3 los derechos fundamentales del Mar\u00eda Modesta Espitia Noriega, por lo que le orden\u00f3 a SALUDVIDA EPS, \u00able garantice todo el TRATAMIENTO INTEGRAL y suministro de pa\u00f1ales en raz\u00f3n al diagn\u00f3stico (NEUMON\u00cdA BACTERIANA NO ESPEC\u00cdFICADA)\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tAl considerar que se hab\u00eda incumplido dicho mandato, Dionisio Antonio Rivas \u00c1vila, como agente oficioso de Mar\u00eda Modesta Espitia Noriega, promovi\u00f3 incidente de desacato, en el que se sancion\u00f3 a Dar\u00edo Laguado Monsalve, en su condici\u00f3n de representante legal de Saludvida EPS, con \u00ab5 d\u00edas de arresto\u2026 y multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a favor de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb con auto del 2 de diciembre de 2019, determinaci\u00f3n que, en grado de consulta, confirm\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda. <\/p>\n

2.3. Adujo el gestor que el 9 de enero y 8 de mayo de 2020 solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, tras considerar que \u00abpor cuenta del estado financiero de la EPS entr\u00f3 en liquidaci\u00f3n y en efecto desde el 01 de enero de 2020 cada uno de sus afiliados fue trasladado a una entidad con capacidad econ\u00f3mica para garantizar los servicios de salud\u00bb que, para el caso concreto, a Mar\u00eda Modesta desde esa data le presta los servicios de salud EPS Sanitas, raz\u00f3n por la que est\u00e1 en una imposibilidad de cumplimiento. <\/p>\n

2.4. Sostuvo que el estrado judicial encausado desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales sobre el fin del desacato y la potestad de modificar el fallo e inaplicar la sanci\u00f3n, pues, itera, est\u00e1 en imposibilidad de cumplimiento, situaci\u00f3n que \u00abpuso de presente en escritos del 09 de enero de 2020 y 08 de mayo de 2020\u00bb, sin que fueran atendidos; adem\u00e1s que, ante la situaci\u00f3n de la EPS, garantiz\u00f3 el traslado efectivo de la paciente a Sanitas S.A.S. \u00aby con ello se configu[r\u00f3] un hecho sobreviniente que dej\u00f3 sin piso jur\u00eddico la sanci\u00f3n de fecha 02 de diciembre de 2019\u00bb, por lo que dicha sanci\u00f3n por desacato se debe inaplicar. <\/p>\n

2.5. Manifest\u00f3 que \u00abel Juez tiene total competencia y es m\u00e1s, es su deber entrar a resolver la solicitud de inaplicaci\u00f3n radicada, m\u00e1s a\u00fan cuando el fin del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n, contrario a la equivocada respuesta del aqu\u00ed accionado Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n

2.6. Agreg\u00f3 que \u00abel aqu\u00ed accionado conserva la competencia para verificar el cumplimiento del fallo de tutela, y con base en al Derecho Fundamental a la Libertad Individual, debi\u00f3 acceder a Revocar o Inaplicar las sanciones impuestas\u00bb, por lo que no pod\u00eda desconocer sus peticiones de 9 de enero y 8 de mayo de 2020, presentadas a fin de inaplicar la sanci\u00f3n por imposibilidad de cumplimiento. <\/p>\n

DEL TR\u00c1MITE SURTIDO <\/p>\n

1. La s\u00faplica constitucional correspondi\u00f3 por reparto, inicialmente, Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, autoridad que mediante prove\u00eddo de 19 de agosto de 2020 advirti\u00f3 que no era competente para tramitarla, habida cuenta que \u00ablas pretensiones del actor no van en contra s\u00f3lo de la decisi\u00f3n de imposici\u00f3n emanada en primera instancia, sino tambi\u00e9n de la confirmaci\u00f3n generada por parte del superior, raz\u00f3n por la que\u2026 se ve inmerso un Juez Civil del Circuito de Monter\u00eda\u00bb, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el decreto 1069 de 2015, la queja supralegal le correspond\u00eda conocerla a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, por lo que procedi\u00f3 a remitir la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

2. La Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda admiti\u00f3 la tutela mediante auto del pasado 20 de agosto, disponiendo la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el tr\u00e1mite censurado, as\u00ed como \u00abal Juez Civil del Circuito de Monter\u00eda, que conoci\u00f3 la consulta del incidente de desacato\u00bb; y en el fallo de instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n por insatisfacer el requisito de la subsidiariedad, pues lo pretendido por el gestor es que se le inaplique la sanci\u00f3n por desacato impuesta el 2 de diciembre de 2019, sin embargo, revisado el expediente no se evidencia ninguna solicitud con la que pretendiera dicha inaplicaci\u00f3n, por lo que debe acudir al Juzgado 2\u00b0 Civil Municipal de Monter\u00eda a solicitar lo que por esta v\u00eda expone. <\/p>\n

2.\tEsa determinaci\u00f3n la opugn\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos, precisando que, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional \u00ablos memoriales que solicitaron la inaplicaci\u00f3n de las sanciones y pusieron de presente el estado de liquidaci\u00f3n en el que se encontraba la EPS, fueron radicados por correo ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda, el primero el 09 de enero de 2020, pero que no se cuenta lamentablemente con el soporte debido a que reposaba en el correo de un exfuncionario de la entidad, y por ello, en la tutela\u2026 solici[t\u00f3] en el ac\u00e1pite de pruebas se oficiara al Juzgado\u2026 para que remitiera en su totalidad todos los cuadernos\u2026, luego, no se le puede trasladar la carga de la prueba\u2026; El segundo escrito tiene fecha de 08 de mayo de 2020 el cual cuenta con soporte de env\u00edo al Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda, el cual adjunto al presente escrito\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo tr\u00e1mite, juicio y actuaci\u00f3n administrativa, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, as\u00ed como a las dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir, de elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa. <\/p>\n

2. De los hechos narrados no cabe duda de que el presente reclamo involucra, exclusivamente, al Juzgado 2\u00b0 Civil Municipal de Monter\u00eda, que no atendi\u00f3 las peticiones de inaplicabilidad de la sanci\u00f3n por desacato reclamada por el gestor con peticiones de 9 de enero y 8 de mayo de 2020, al interior del tr\u00e1mite incidental atacado, adelantado por el desacato a la orden constitucional de 31 de agosto de 2018, tras considerar que, con posterioridad a la sanci\u00f3n impuesta, sobrevino el hecho de que la accionante a quien se le ampar\u00f3 el tratamiento integral y la entrega de pa\u00f1ales, desde el 1\u00b0 de enero de 2020 se traslad\u00f3 de EPS a Sanitas S.A., por lo que le acontec\u00eda una imposibilidad actual de cumplimiento. <\/p>\n

Ciertamente, lo dicho en nada involucra la decisi\u00f3n del 12 de diciembre de 2019, emitida por el Juzgado del Circuito de esa localidad, pues \u00e9ste se limit\u00f3 a confirmar la sanci\u00f3n impuesta por desacato, en sede de consulta, sin que hiciera ning\u00fan pronunciamiento respecto a la imposibilidad de acatar lo ordenado, pues ello se aleg\u00f3 con posterioridad a su decisi\u00f3n, en la medida en que su justificaci\u00f3n es un hecho sobreviniente a dicho tr\u00e1mite incidental, de ah\u00ed que el llamado a responder sea, exclusivamente, el Juzgador Municipal accionado por la falta de atenci\u00f3n de las peticiones que aduce el gestor formul\u00f3 el 9 de enero y 8 de mayo de 2020. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de la autoridad accionada y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n se encuentra dirigida, exclusivamente, contra el estrado de categor\u00eda municipal, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, a quien inicialmente fue repartida y, a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, de conformidad con lo previsto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, conforme a los cuales \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n

3. En consecuencia, el fallo proferido por el colegiado de Monter\u00eda, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n

4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n

5. En atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, con el fin de que se asuma el conocimiento del asunto en primera instancia.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n

2. En consecuencia, se dispone remitir de inmediato el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n

3.\tComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1 \t\u00abart\u00edculo \t16. Prorrogabilidad \te improrrogabilidad \tde la jurisdicci\u00f3n y la competencia. \tLa \tjurisdicci\u00f3n y la \tcompetencia por los factores \tsubjetivo y funcional \tson improrrogables. \tCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \tde jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \tsubjetivo o funcional, lo \tactuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \tproferido que ser\u00e1 nula, \ty el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \tactuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \to de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \t[Se subray\u00f3]
\n2 \tCompilado \ten el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017).
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC853-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00122-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veinte (2020). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 31 de agosto de 2020 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}