{"id":103797,"date":"2026-07-02T21:54:34","date_gmt":"2026-07-02T21:54:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103797"},"modified":"2026-07-02T21:54:34","modified_gmt":"2026-07-02T21:54:34","slug":"atc886-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/atc886-2020\/","title":{"rendered":"ATC886-2020"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC886-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2020-00126-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de septiembre dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 4 de septiembre de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jer\u00f3nimo Samir G\u00f3mez Mu\u00f1oz contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Subsidio Familiar, el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protecci\u00f3n al Cesante \u2013FOSFEC, y, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de C\u00f3rdoba -COMFACOR, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al \tm\u00ednimo vital, a la vida digna y a la dignidad humana, \tpresuntamente conculcados por \tlas autoridades y los particulares convocados, con la mora en la \tentrega de las ayudas para la poblaci\u00f3n cesante. <\/p>\n

Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se \u00abconmine a la CAJA DE COMPESACI\u00d3N FAMILIAR DE C\u00d3RDOBA \u2013COMFACOR (\u2026) que de forma inmediata, sin m\u00e1s dilaci\u00f3n alguna, proceda a hacer efectiva la entrega de todos los beneficios de protecci\u00f3n al cesante (\u2026) que [ya] se encuentran aprobados\u00bb. <\/p>\n

2.\tPara respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que pese a que en el marco del Estado de Emergencia Social Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico decretado por el Gobierno Nacional, el Ministerio del Trabajo estableci\u00f3 una serie de beneficios de protecci\u00f3n para la poblaci\u00f3n cesante, los que vienen aplic\u00e1ndose desde el 20 de abril del a\u00f1o en curso, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de C\u00f3rdoba, hasta el 19 de junio pasado, en respuesta a la petici\u00f3n por \u00e9l elevada, le inform\u00f3 que su postulaci\u00f3n fue aprobada; sin embargo, el 24 de julio siguiente, tras requerimiento previ\u00f3, le comunic\u00f3 que dichos recursos estaban sujetos a la disponibilidad presupuestal del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protecci\u00f3n al Cesante \u2013FOSFEC y que mediante el Decreto 770 del 3 de junio de este a\u00f1o hubo una modificaci\u00f3n en los auxilios, en los que se insta a las Cajas a \u00abdisponer de nuevos recursos de manera anticipada\u00bb, tr\u00e1mite interno que se encontraba en desarrollo. <\/p>\n

Se\u00f1ala que comoquiera que no solo transcurrieron m\u00e1s de 4 meses desde que se postul\u00f3, sino que, adem\u00e1s es el responsable sus dos menores hijos y a\u00fan sigue desempleado, el 11 de agosto pasado solicit\u00f3 nuevamente la entrega de los beneficios; no obstante, la persona jur\u00eddica convocada refiri\u00f3 que \u00abdeb\u00eda seguir esperando, que se estaban haciendo los tr\u00e1mites\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n

3.\tLa Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 el resguardo suplicado, tras advertir que \u00abactualmente COMFACOR no cuenta con recursos para pagar el subsidio a las personas que a pesar de encontrarse aprobadas se encuentran en lista de espera, como es el caso del accionante; y, si bien, pretende con esta acci\u00f3n constitucional que se ordene el pago del mismo, (\u2026) dicha pretensi\u00f3n resulta improcedente, pues escapa de la \u00f3rbita del juez constitucional, disponer del gasto social. Y, en este sentido del informe rendido, COMFACOR est\u00e1 realizando los tr\u00e1mites administrativos para obtener recursos adicionales y seguir pagando los subsidios, ello da cuenta que no se le ha negado el beneficio al accionante sino que a medida que se obtengan los recursos se efect\u00faa el pago cronol\u00f3gicamente\u00bb. <\/p>\n

3. Impugnada \tla sentencia por el \tactor, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s \tdel correo institucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAunque literalmente el amparo constitucional incorpor\u00f3 a todas las mencionadas personas jur\u00eddicas, no cabe duda para la Sala que en lo tocante con la tutela presentada respecto de la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Trabajo, y, la Superintendencia de Subsidio Familiar, nada concreto se expuso en el relato f\u00e1ctico en orden a explicitar los hechos o las omisiones respecto de dichas autoridades, en lo que ata\u00f1e a la situaci\u00f3n que constituye el detonante de la queja tutelar, pues, todo apunta a cuestionar puntualmente las actuaciones de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de C\u00f3rdoba -COMFACOR, por la mora en el tr\u00e1mite y desembolso de los beneficios a la poblaci\u00f3n cesante a los que el actor, asegura, tiene derecho. <\/p>\n

2. De manera que, si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada en torno a aqu\u00e9llas autoridades del orden nacional, no resulta jur\u00eddico enlazarlas a este tr\u00e1mite; con otras palabras, no obstante describir los cargos por cuenta de los que se produjo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del se\u00f1or Jer\u00f3nimo Samir G\u00f3mez Mu\u00f1oz dentro tr\u00e1mite administrativo referido en l\u00edneas anteriores, de ninguna manera le endilga cargos directos a las presuntas accionadas, por lo que se observa que la vinculaci\u00f3n de las autoridades aludidas, es infundada, y por lo tanto su convocatoria a la presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. <\/p>\n

3.\tCumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas, logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga, aisladamente, el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo, var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja. De otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n

4. \tEn tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela \u00fanicamente involucran a la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de C\u00f3rdoba -COMFACOR, que es una persona jur\u00eddica de derecho privado, sin \u00e1nimo de lucro y es la encargada de gestionar y entregar los beneficios a la poblaci\u00f3n cesante de sus afiliados, precisamente del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protecci\u00f3n al Cesante \u2013FOSFEC, mecanismo por ellas administrado, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20171 que, se sabe, asign\u00f3 esa potestad, en primera instancia, en este caso a los Jueces Municipales. <\/p>\n

Esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha destacado, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Municipales de Monter\u00eda -reparto, para su conocimiento. <\/p>\n

6. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 4 de septiembre de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a los Juzgados Municipales o de igual categor\u00eda de Monter\u00eda -reparto, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1 \tLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier \tautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden \tdepartamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n \trepartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces \tMunicipales.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC886-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2020-00126-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de septiembre dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 4 de septiembre de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103797","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103797"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103797\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}