{"id":103804,"date":"2026-07-02T21:57:16","date_gmt":"2026-07-02T21:57:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103804"},"modified":"2026-07-02T21:57:16","modified_gmt":"2026-07-02T21:57:16","slug":"sc647-2020-2017-00149-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc647-2020-2017-00149-00\/","title":{"rendered":"SC647-2020 (2017-00149-00)"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

SC647-2020 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00149-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, que decide sobre la solicitud de exequ\u00e1tur promovida por Adriana Mar\u00eda Vander Laat Rocha, respecto de la sentencia dictada el 16 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Familia de San Jos\u00e9, Costa Rica. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La demandante solicita homologar el fallo que se vienen de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Roberto Cadena Otero, ciudadano costarricense.
\nEn consecuencia, pide que se inscriba la mencionada providencia en los registros respectivos. [Folio 11] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 18 de septiembre de 1992, la solicitante y el se\u00f1or Cadena Otero, de nacionalidad costarricense, contrajeron nupcias, uni\u00f3n que fue registrada en la Notaria Treinta y Cuatro del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n

2. La pareja radic\u00f3 su residencia y domicilio en Costa Rica. <\/p>\n

3. Durante la uni\u00f3n nacieron tres hijos llamados Roberto, Mar\u00eda Paula y Laura Cadena Vander, y se adquirieron bienes. <\/p>\n

4. En el a\u00f1o 2009, ambos c\u00f3nyuges presentaron demanda para que se decretara el divorcio de mutuo acuerdo, ante el Juzgado Segundo de Familia de San Jos\u00e9, del citado pa\u00eds. <\/p>\n

5. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el juzgador for\u00e1neo, en sentencia de 16 de junio de 2009, accedi\u00f3 a las pretensiones, esto es, decret\u00f3 el divorcio y en consecuencia, dispuso la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo existente, luego de verificar que ambos extremos del litigio deseaban en forma consensuada culminar su enlace. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur <\/p>\n

1. En auto de 27 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la demanda, y se corri\u00f3 traslado al agente del Ministerio P\u00fablico. [Folio 23, c.1] <\/p>\n

2. La Procuradora Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a la homologaci\u00f3n, manifest\u00f3 que encontraba que los requisitos se cumpl\u00edan, por cuanto la providencia no trataba de derechos reales, se encontraba debidamente ejecutoriada y no se mostraba contraria al orden p\u00fablico. [Folios 25 y 26, c.1] <\/p>\n

3. Ante la inexistencia de contradicci\u00f3n y de solicitud de medios de convicci\u00f3n que ameritaran su pr\u00e1ctica, por auto de 24 de febrero de 2017, se dispuso el decreto de medios de prueba limitados a los documentales, raz\u00f3n por la cual se consider\u00f3 innecesario fijar audiencia. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n

Precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequ\u00e1tur, por lo que si en curso de la actuaci\u00f3n de \u00e9ste, se encuentra que no existen pruebas que practicar deber\u00e1 entonces proferirse la correspondiente sentencia, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, que prescribe que \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n

Lo que ocurre en el presente asunto, que hoy ocupa a la Sala, por cuanto se ha configurado con claridad la causal, como quiera que no existen pruebas que practicar, de ah\u00ed que sea necesario proferir el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala en un reciente pronunciamiento indic\u00f3: <\/p>\n

Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n

De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane. (CSJ, SC12137-2017, 15 de agosto de 2017). <\/p>\n

2. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicci\u00f3n, los jueces de cada Estado son los \u00fanicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos pa\u00edses, pues de no ser ello as\u00ed se violar\u00eda la soberan\u00eda nacional. De ah\u00ed que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial competente, que seg\u00fan la Carta Pol\u00edtica es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

Esa excepci\u00f3n a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperaci\u00f3n internacional y reciprocidad, en atenci\u00f3n a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aqu\u00e9llas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano. <\/p>\n

La reciprocidad diplom\u00e1tica se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro pa\u00eds y la naci\u00f3n donde se profiri\u00f3 el fallo, de modo que en su territorio se le otorgue valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicci\u00f3n colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, en la consagraci\u00f3n en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u00ab[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia\u00bb. (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00) <\/p>\n

Adem\u00e1s del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del Libro V del T\u00edtulo I del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deber\u00e1 cumplir con los requerimientos previstos en el art\u00edculo 606 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo se\u00f1ala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro pa\u00eds no se debe oponer \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb. <\/p>\n

3. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores inform\u00f3 que \u00abuna vez revisado el archivo de la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de este Ministerio, se estableci\u00f3 que en el mismo no reposa informaci\u00f3n sobre tratados bilaterales o multilaterales respecto al reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales en que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica de Costa Rica, sean Estados Parte\u00bb [folio 57], es decir sobre la homologaci\u00f3n de sentencias entre Colombia y Costa Rica, no existe evidencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica. No obstante, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo. <\/p>\n

As\u00ed, que dentro del tr\u00e1mite se obtuvo copia de var\u00edas providencias de esta Corporaci\u00f3n, en las que se pudo constatar la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio de Costa Rica, en la que de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 705 del C\u00f3digo Procesal Civil, Ley 7130 de 16 de agosto de 1989 de ese pa\u00eds, \u00abpara que la sentencia, el auto con car\u00e1cter de sentencia, o el laudo arbitral extranjero surtan efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1n reunir los siguientes requisitos: 1) Que est\u00e9n debidamente autenticados\u2026 2) Que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo a la ley del pa\u00eds de origen, y que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con car\u00e1cter de sentencia o laudo\u2026 3) Que la pretensi\u00f3n invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales costarricenses\u2026 4) Que no exista en Costa Rica un proceso en tr\u00e1mite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada\u2026 5) Que sean ejecutorios en el pa\u00eds de su origen\u2026 6) Que no sean contrarios al orden p\u00fablico\u00bb. [Folios 33 a 54]. <\/p>\n

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado antes citado, en virtud de la aludida reciprocidad. <\/p>\n

4. Ahora bien, para la procedencia de la homologaci\u00f3n de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisi\u00f3n que se somete al exequ\u00e1tur no contravenga el orden p\u00fablico, concepto sobre el que esta Corporaci\u00f3n ha tenido la oportunidad de precisar que \u00abno es m\u00e1s que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de Salvaguardarlo\u00bb. (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00) <\/p>\n

De ah\u00ed que la noci\u00f3n que se impone acoger es la de \u00aborden p\u00fablico internacional\u00bb, el cual habr\u00e1 de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de un fallo proferido en otro pa\u00eds \u00abs\u00f3lo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales\u00bb. (Ib\u00eddem) <\/p>\n

La Corte ha enfatizado que en los tr\u00e1mites de exequ\u00e1tur \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds [en] aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta \u00edndole se evidencia \u00abla noci\u00f3n de orden p\u00fablico se evidencia en asuntos de esta \u00edndole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez o tribunal extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb. (Ib\u00eddem) <\/p>\n

En ese orden de ideas, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequ\u00e1tur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podr\u00eda dar lugar a que aqu\u00e9lla no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n

A ese prop\u00f3sito, se corrobora que el procedimiento de divorcio se inici\u00f3 por ambos de los c\u00f3nyuges, que en el litigio manifestaron su deseo de que se decretara el divorcio. <\/p>\n

Circunstancia que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar su decisi\u00f3n, pues luego de comprobar dentro del tr\u00e1mite judicial que la pareja estaba de acuerdo sobre el divorcio, de verificar que la voluntad de los esposos era real y que no ten\u00edan la intenci\u00f3n de continuar con la relaci\u00f3n matrimonial accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 que la sentencia se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido en Colombia, cuando el divorcio es de com\u00fan acuerdo. <\/p>\n

De igual forma, se encuentra que se regul\u00f3 sobre el r\u00e9gimen de alimentos, custodia, visitas y guarda de los hijos menores ambos de la pareja.
\nSignifica lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contempla la regulaci\u00f3n contenida en los art\u00edculos 154 y 164 del C\u00f3digo Civil, toda vez que se disolvi\u00f3 el v\u00ednculo matrimonial por consentimiento de ambos contrayentes. <\/p>\n

En asuntos como el que es objeto del presente an\u00e1lisis, la jurisprudencia ha aceptado que los fallos que en el exterior declaren el divorcio del matrimonio civil son susceptibles de homologarse en Colombia, comoquiera que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1\u00aa de 1976 el domicilio en el extranjero de los c\u00f3nyuges determina que \u00abesa ley extranjera -la del domicilio conyugal que all\u00ed se tenga- es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en \u00e9ste, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso)\u201d por lo que \u201cresulta compatible con dicha legislaci\u00f3n y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo, tanto en los pa\u00edses extranjeros en que as\u00ed lo reconozca su legislaci\u00f3n, como el que se profiere en Espa\u00f1a en desarrollo de dicho convenio\u00bb (CSJ SC, 13 Oct 1999, Rad. 7298, citada en SC, 19 Dic 2012, Rad. 2011-00579-00). <\/p>\n

5. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General, impone destacarse que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legalizada y ejecutoriada de la aludida providencia, como enseguida se explica. <\/p>\n

Se cumplen los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el art\u00edculo 251 del estatuto procesal civil colombiano. <\/p>\n

En otra oportunidad, la Corte indic\u00f3 que: <\/p>\n

En el a\u00f1o 1998 a trav\u00e9s de la ley 455, se aprob\u00f3 la \u2018Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u2019, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticaci\u00f3n Diplom\u00e1tica o a trav\u00e9s de C\u00f3nsul, por la colocaci\u00f3n de un sello de apostilla, rigiendo en los t\u00e9rminos previstos en ella y respecto de los pa\u00edses suscriptores. <\/p>\n

Luego, en la actualidad, la legalizaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos \u2013 incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convenci\u00f3n de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el art\u00edculo 259 del C. de P. C., para los documentos que no re\u00fanen las condiciones que all\u00ed se mencionan. <\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el pa\u00eds, alcanz\u00f3 ejecutoria de conformidad con la ley de la naci\u00f3n de origen y se present\u00f3 ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden p\u00fablico, pues la decisiones contenidas en dicho prove\u00eddo no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jur\u00eddico del divorcio. <\/p>\n

7. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos a la determinaci\u00f3n jurisdiccional sometida al presente tr\u00e1mite. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. CONCEDER el exequ\u00e1tur de la sentencia dictada el 16 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Familia de San Jos\u00e9, Costa Rica, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que el 18 de septiembre de 1992, contrajeron Adriana Mar\u00eda Vander Laat Rocha y Roberto Cadena Otero. <\/p>\n

SEGUNDO: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Adriana Mar\u00eda Vander Laat Rocha y Roberto Cadena Otero, y en el de nacimiento de aqu\u00e9lla. Por secretar\u00eda l\u00edbrense los oficios a que haya lugar. <\/p>\n

Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente SC647-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00149-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020) Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, que decide sobre la solicitud de exequ\u00e1tur promovida por Adriana Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103804\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}