{"id":103806,"date":"2026-07-02T21:57:25","date_gmt":"2026-07-02T21:57:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103806"},"modified":"2026-07-02T21:57:25","modified_gmt":"2026-07-02T21:57:25","slug":"sc664-2020-2017-00253-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc664-2020-2017-00253-00\/","title":{"rendered":"SC664-2020 (2017-00253-00)"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC664-2020 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2017-00253-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

La Corte resuelve anticipadamente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Luis Ra\u00fal Rojas Tapiero contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el treinta y uno de mayo de dos mil diecis\u00e9is, dentro del proceso reivindicatorio promovido por Alirio Baquero Galeano contra el actor. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El recurrente pretende que se invalide la sentencia objeto de revisi\u00f3n con fundamento en i) la aparici\u00f3n de documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n y ii) por existir nulidad originada en la sentencia, que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Alirio Baquero Galeano present\u00f3 demanda reivindicatoria en contra de Luis Ra\u00fal Rojas Tapiero, con el objeto de que se declarara que le pertenece el dominio pleno y absoluto sobre el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-667427, ubicado en la carrera 78D No. 13-47, urbanizaci\u00f3n Visi\u00f3n Colombia de la localidad de Fontib\u00f3n de Bogot\u00e1; en consecuencia, pidi\u00f3 que se ordenara la restituci\u00f3n del bien a su favor, as\u00ed como el pago de frutos dejados de percibir. <\/p>\n

2. La demanda fue radicada el 13 de octubre de 2010 [folio 47, cuaderno 1]. <\/p>\n

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el asunto el 21 de octubre de 2010, auto que fue notificado por estado el 28 siguiente. <\/p>\n

4. El 15 de diciembre de 2010, se llev\u00f3 a cabo el enteramiento personal del demandado, quien se opuso a las pretensiones de la parte actora, con fundamento en las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cprescripci\u00f3n tanto adquisitiva como extintiva, ley 791 de diciembre de 27 de 2002, art\u00edculo 2\u00ba, que modifica el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil\u201d, \u201ctemeridad y mala fe del demandante (\u2026) y la vendedora (\u2026)\u201d y la gen\u00e9rica. <\/p>\n

5. El juzgador profiri\u00f3 la sentencia el 13 de mayo de 2015. En ella consider\u00f3 prescrita la acci\u00f3n de dominio del actor; adicionalmente, declar\u00f3 \u00ab\u2026que por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria el se\u00f1or Luis Rojas Tapiero, adquiri\u00f3 el derecho de dominio respecto del inmueble ubicado en la carrera 75 B No. 13-47 [direcci\u00f3n antigua] de esta ciudad e identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-667427(\u2026)\u00bb [Folios 800-807 cuaderno 3]. <\/p>\n

6. Inconforme, el demandante apel\u00f3. Aleg\u00f3 la indebida valoraci\u00f3n de la prueba testimonial, dado que el A quo desconoci\u00f3 las tachas que propuso respecto de algunos testigos de la pasiva y la confesi\u00f3n parcial del demandado, acerca de los derechos de su vendedora sobre el inmueble. Por otro lado, cuestion\u00f3 que no se tuvieran en cuenta los diferentes medios de conocimiento que acreditaban que el prescribiente no ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n del fundo por el tiempo que asegura. [Folios 809-815, c.3] <\/p>\n

7. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 31 de mayo de 2016, resolvi\u00f3 revocar integralmente la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, acoger las pretensiones del reivindicante; en consecuencia, declar\u00f3 que a \u00e9l pertenec\u00eda el dominio pleno y absoluto del inmueble, cuya entrega orden\u00f3. <\/p>\n

Estableci\u00f3, inicialmente, que a\u00fan de admitir \u00ab\u2026que es cierto que el excepcionante empez\u00f3 a poseer el predio objeto de debate desde el momento se\u00f1alado en l\u00edneas anteriores [14 de agosto de 1989] de todas maneras no le alcanza el tiempo transcurrido hasta la presentaci\u00f3n de la demanda para adquirir la aludida prescripci\u00f3n\u2026\u00bb, aunado a que tampoco satisfizo los dem\u00e1s elementos de la usucapi\u00f3n, porque \u00abes cierto que desde el a\u00f1o 2008 tiene la posesi\u00f3n sobre la totalidad del predio, pues como se puede advertir del plenario, a finales de 2007, se apropi\u00f3 del bien en forma violenta (\u2026) seg\u00fan los testimonios recibidos, cambi\u00f3 las cerraduras de la edificaci\u00f3n, impidiendo el ingreso del comprador, aqu\u00ed demandante, y de su familia, por lo que no puede predicarse su posesi\u00f3n de buena fe, as\u00ed como tampoco que hubiese desplegado actos de se\u00f1or y due\u00f1o de forma ininterrumpida, si se tiene en cuenta que tanto \u00e9l como su actual compa\u00f1era sentimental, han manifestado que han iniciado diversas acciones tendientes a despojarlos del inmueble.\u00bb <\/p>\n

Por el contrario, en torno a las pretensiones del reivindicante, encontr\u00f3 que el \u00ab\u2026se\u00f1or Baquero no solo acredit\u00f3 su calidad de propietario al demostrar su titularidad inscrita, sino que tambi\u00e9n, demostr\u00f3 tener mejor derecho que el del poseedor, al traer una cadena ininterrumpida de t\u00edtulos de sus antecesores, la cual data de una \u00e9poca anterior a la de inicio de la posesi\u00f3n de Luis Ra\u00fal Rojas Tapiero.\u00bb <\/p>\n

De manera consecuente, orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio en favor del demandante. [Folios 24-46, c. Tribunal] <\/p>\n

8. El demandado pidi\u00f3 aclarar la sentencia, con base en que, en su sentir \u00ab\u2026la posesi\u00f3n es un hecho y la escritura p\u00fablica es un contrato que contiene disposiciones que rigen hacia futuro\u2026\u00bb y \u00fanicamente entre las partes que lo suscriben (art. 1602 del C\u00f3digo Civil). Por otra parte, afirm\u00f3 que como los testimonios valorados no dieron cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el actor entr\u00f3 en posesi\u00f3n del fundo, no pod\u00eda concluirse que \u00e9l la ostentaba, sobre todo porque \u00ab\u2026el Fondo Nacional del Ahorro no ha desembolsado el valor del inmueble, por no tener la posesi\u00f3n, solamente existe la escritura.\u00bb
\nDe otro lado, cuestion\u00f3 que no se hubiese dado por acreditada su posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, por el tiempo necesario para usucapir, porque, en su sentir, de las diversas pruebas obrantes en el expediente se desprende que ha vivido en el predio por m\u00e1s de veintisiete a\u00f1os, que durante su convivencia con su ex compa\u00f1era sentimental edific\u00f3 una casa de cuatro pisos y que es \u00e9l quien ha cancelado los impuestos y servicios, al punto que fue aquella quien abandon\u00f3 la vivienda, acordando posteriormente vender el inmueble de tal manera que cada uno tomara el 50% de su valor. <\/p>\n

9. El 14 de junio de 2016, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la aclaraci\u00f3n invocada, dada la extemporaneidad de la solicitud y, en todo caso, porque \u00ab\u2026la parte resolutiva de la sentencia no contiene frases o palabras que ofrezcan verdadero motivo de duda.\u00bb <\/p>\n

10. El 16 siguiente, el demandado elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n al Fondo Nacional del Ahorro, para que le indicara si se hizo el desembolso y en qu\u00e9 fecha, del cr\u00e9dito aprobado al reivindicante para la compra del inmueble objeto del litigio. La entidad requerida contest\u00f3 que era necesario presentar autorizaci\u00f3n o poder para efectos de entregar la informaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n

11. El 22 de junio de 2016, el actor promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, alegando la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, posesi\u00f3n y domicilio, con el fallo de segunda instancia. <\/p>\n

12. El 29 de junio de 2016, el Fondo Nacional del Ahorro, en su condici\u00f3n de vinculado al tr\u00e1mite constitucional, inform\u00f3 que \u00ab\u2026al afiliado Alirio Baquero Galeano, identificado con C.C. 19.483.968, le fue aprobado un cr\u00e9dito hipotecario por valor de $39.799.412,oo, el d\u00eda 31 de julio de 2006 el cual se encuentra en estado rechazado por vencimiento de t\u00e9rminos, dicho cr\u00e9dito no fue desembolsado (\u2026)\u00bb <\/p>\n

13. En providencia de 7 de julio de 2016, esta Sala de Casaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo invocado, por estimar razonable y debidamente motivada la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n

14. Al resolver la impugnaci\u00f3n formulada por el tutelante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, confirm\u00f3 la negativa de la protecci\u00f3n constitucional en pronunciamiento de 31 de agosto de 2016, no solo por coincidir con el criterio expuesto en el fallo recurrido, sino porque advirti\u00f3 que el juez Ad quem del proceso declarativo, no tuvo a mano la informaci\u00f3n aportada en sede constitucional por el Fondo Nacional del Ahorro y por lo tanto no pudo pronunciarse al respecto. <\/p>\n

15. El inconforme demand\u00f3 en pertenencia al reivindicante, tr\u00e1mite que fue admitido por el juzgado 43 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2016. <\/p>\n

16. El 11 de octubre de 2016, el Fondo Nacional del Ahorro inform\u00f3 al peticionario que \u00ab\u2026para dar inicio al tr\u00e1mite de resciliaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de hipoteca por no desembolso de cr\u00e9dito es necesario que nuestro consumidor financiero Alirio Baquero Galeano y la vendedora del bien inmueble (\u2026) comparezcan para la firma de la escritura en el despacho notarial.\u00bb, para lo cual \u00abuna vez esta dependencia cuente con la notar\u00eda asignada, elaborar\u00e1 la minuta de resciliaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de la hipoteca por no desembolso de cr\u00e9dito, con el fin de iniciar el tr\u00e1mite.\u00bb <\/p>\n

17. El 12 del mismo mes y a\u00f1o, el quejoso solicit\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura \u2013 Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estudiar su caso para que le brindara protecci\u00f3n a su posesi\u00f3n, por estimar que las decisiones judiciales adoptadas desconoc\u00edan sus derechos, por obedecer al enga\u00f1o del demandante, quien no ostenta la calidad de propietario, \u00abporque ya no existe la escritura\u00bb, dado que \u00ab\u2026para el d\u00eda 14 de octubre de 2016, se debe presentar a las 2 de la tarde para firmar y dar fin a la escritura 1499 de la notar\u00eda 70 de Bogot\u00e1 que fue la que sirvi\u00f3 como prueba sustancial para dar fin al proceso de reivindicatoria (sic) a su favor, por eso se encuentra en esta instancia; claramente se ve el af\u00e1n de que se le entregue la propiedad donde no ha pagado sino solamente $7.799 y no ha pagado impuestos prediales, ni servicios p\u00fablicos, ni ninguna obligaci\u00f3n de la casa, en cambio yo (\u2026) he cancelado todos los recibos que llegan a mi nombre y todo lo anterior dicho; soy el que he hecho todas las construcciones y mejor[a]s de la casa desde el a\u00f1o 1989.\u00bb <\/p>\n

18. El 17 siguiente, con fundamento en un presunto fraude procesal, present\u00f3 denuncia penal contra su ex compa\u00f1era permanente y Alirio Baquero Galeano. <\/p>\n

19. El 19 de abril de 2018 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega del bien objeto de la restituci\u00f3n a favor del propietario. <\/p>\n

20. Mediante Escritura P\u00fablica No. 1351 del 27 de junio de 2018, se cancel\u00f3 la hipoteca sobre el inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n, por no haberse desembolsado el cr\u00e9dito inicialmente aprobado para la compra de ese predio. <\/p>\n

21. El 17 de enero de 2019, el juzgado 43 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada, en el juicio de pertenencia iniciado por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n

C. El recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/p>\n

Mediante demanda radicada el 30 de enero de 2017, Luis Ra\u00fal Rojas Tapiero solicit\u00f3 la revisi\u00f3n de la sentencia del Tribunal con sustento en dos causales: <\/p>\n

1.1. Aleg\u00f3, con fundamento en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, que luego de la sentencia apareci\u00f3 el documento que se describe a continuaci\u00f3n y que habr\u00eda variado la decisi\u00f3n: <\/p>\n

La contestaci\u00f3n del Fondo Nacional del Ahorro, dirigida a la Corte Suprema de Justicia, de fecha 29 de junio de 2016, que da cuenta del cr\u00e9dito hipotecario aprobado al reivindicante por valor de $39.799.412 y su posterior \u201crechazo por vencimiento de t\u00e9rminos\u201d [Folio 64, c. Corte], circunstancia que demuestra que \u00ab\u2026el demandante ALIRIO BAQUERO GALEANO, ten\u00eda conocimiento que el Fondo Nacional del Ahorro no le hab\u00eda desembolsado el dinero y quiso reivindicar con un t\u00edtulo que no re\u00fane los requisitos de ley, por cuanto no ha existido la obligaci\u00f3n de dar en la escritura p\u00fablica 1499 del 2 de octubre del 2006, de la Notar\u00eda 70 de Bogot\u00e1 y haber afectado a vivienda familiar un lote tal como consta en el folio de matr\u00edcula 50C-667427.\u00bb [Folio 56, c. Corte] <\/p>\n

Sin explicar las razones que le impidieron aportar aquella comunicaci\u00f3n al juicio, asegur\u00f3 que \u00ab\u2026todas las partes intervinientes en el proceso reivindicatorio, debieron haber dicho la verdad, para que el Juzgador administre justicia entregando el bien a quien tenga el mejor derecho y como mi poderdante (\u2026) es un tercero poseedor, la parte demandante se considera en mejor posici\u00f3n para probar en virtud de su cercan\u00eda con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de la prueba, pues el contrato es ley para los contratantes, y si de acuerdo al Fondo Nacional del Ahorro, el reivindicante no ha pagado el precio mal se puede predicar o mal se puede quitar el bien al poseedor.\u00bb [64-65, c. Corte] <\/p>\n

Respecto al segundo motivo de la demanda, se\u00f1al\u00f3 que el fallo de segunda instancia solo fue suscrito por dos de los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n, sin que se haya agotado \u00ab\u2026el procedimiento para designar un Magistrado Suplente y prescindieron de la firma de uno de los magistrados, surgiendo la causal de revisi\u00f3n.\u00bb y que, \u00abcomo el recurso fue resuelto el 31 de mayo de 2016, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00eda haberse citado a audiencia oral, hecho que brilla por su ausencia.\u00bb <\/p>\n

D. El tr\u00e1mite del recurso extraordinario <\/p>\n

1. Luego de subsanada la demanda y remitido el proceso declarativo en cuesti\u00f3n, el 26 de abril de 2017 se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 su notificaci\u00f3n y traslado. [Folio 73, c. Corte] <\/p>\n

Por auto de 20 de septiembre del mismo a\u00f1o, se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, en atenci\u00f3n a que uno de los demandados es una entidad p\u00fablica. [Folio 139, c. Corte] <\/p>\n

2. Alirio Baquero Galeano se opuso. Formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de la causal primera de revisi\u00f3n invocada en la demanda\u00bb, \u00abinexistencia de la causal octava de revisi\u00f3n invocada en la demanda\u00bb. [Folios 102-106, c. Corte] <\/p>\n

Manifest\u00f3 que el documento expedido por el Fondo Nacional del Ahorro fue expedido el 26 de junio de 2016, esto es, con posterioridad a la sentencia de segunda instancia y por lo tanto, no podr\u00eda haber variado su sentido; aunado a que la causa que imposibilit\u00f3 su aducci\u00f3n al proceso, no fue la fuerza mayor, el caso fortuito o las maniobras de la parte contraria, circunstancias que impiden la configuraci\u00f3n de la causal primera de revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por otra parte, afirm\u00f3 que si bien la providencia a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado, est\u00e1 suscrita unicamente por dos magistrados, lo cierto es que \u00ab\u2026a folio 36 en el encabezamiento (\u2026) expresamente se manifiesta: \u201cDiscutido y aprobado por la sala en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil diecis\u00e9is, seg\u00fan acta No. 12 de la misma fecha\u201d, de donde se debe deducir que en dicha sesi\u00f3n estuvo la sala completa y que a ella concurrieron todos los magistrados que integran la Sala pues no hay prueba que demuestre lo contrario\u2026\u00bb <\/p>\n

En esas condiciones, consider\u00f3 que ninguna de las causales de revisi\u00f3n que invoc\u00f3 el inconforme se encuentra acreditada, sin dejar de lado que, a su juicio, la sentencia era pasible del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, acorde a lo dispuesto por el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia adicional que impide la prosperidad del mecanismo accionado. [Folios 102-106, c. Corte] <\/p>\n

El Fondo Nacional del Ahorro, contest\u00f3 de manera extempor\u00e1nea, mientras que la Agencia Nacional para la Defensa Jur\u00eddica del Estado, guard\u00f3 silencio. [Folios 139 y 146, c. Corte] <\/p>\n

3. El 15 de diciembre de 2017 se decretaron las pruebas solicitadas y el interrogatorio de parte del demandante, que fue recepcionado el 25 de enero de 2018. [Folios 148 y 151-154, c. Corte] <\/p>\n

4. No habiendo pruebas por practicar (num. 2\u00ba, art. 278 del C.G.P.), procede la Sala a dictar anticipadamente, decisi\u00f3n de m\u00e9rito en el asunto. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El recurso de revisi\u00f3n, por sus especiales caracter\u00edsticas, es una v\u00eda extraordinaria de impugnaci\u00f3n de las sentencias cuyo prop\u00f3sito es corregir los errores de naturaleza procesal en que se hubiese podido incurrir al proferirlas. <\/p>\n

Aunque esas decisiones son, en principio, intangibles e inmutables por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara los fallos cuando han adquirido la impronta de la ejecutoriedad y se rigen por el principio de la cosa juzgada, ser\u00eda imposible ignorar que no todos obedecen a postulados de equidad y de justicia. <\/p>\n

Algunos se califican de inicuos o contrarios a derecho, y para enmendar el da\u00f1o que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el prop\u00f3sito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunci\u00f3 y se decida con apego a la ley. <\/p>\n

En estos eventos \u2014ha referido la doctrina\u2014: <\/p>\n

El recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Sala: <\/p>\n

\u2026 de la colocaci\u00f3n de precisos mojones delimitadores de su campo de acci\u00f3n para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirt\u00fae, con dem\u00e9rito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas. <\/p>\n

Es por ello que la Corte, con especial empe\u00f1o, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y as\u00ed, por ejemplo, ha dicho: \u201cEste medio extraordinario de impugnaci\u00f3n no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. <\/p>\n

Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna. El recurso de revisi\u00f3n tiende derechamente a la entronizaci\u00f3n de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras). (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992) <\/p>\n

En virtud de las caracter\u00edsticas del aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditaci\u00f3n de los hechos alegados para fundarlo. Como se ha explicado: <\/p>\n

\u2026 corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisi\u00f3n de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal. (CSJ. SR feb. 2 de 2009. Rad. 2000-00814-00) <\/p>\n

2. Antes de determinar si en este caso se acreditaron los supuestos para la prosperidad del recurso, debe analizarse si oper\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n

El art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a este asunto, establece que \u00ab[e]l recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del art\u00edculo precedente.\u00bb <\/p>\n

La decisi\u00f3n objeto del recurso es la proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 31 de mayo de 2016, que fue notificada mediante estado fijado el 1\u00ba de junio de 20161 y cobr\u00f3 ejecutoria el 7 de junio posterior (art. 337 del C.G.P.) , teniendo en cuenta que los d\u00edas 4 y 5 de junio no fueron h\u00e1biles. [Folio 46, vuelto, c. Tribunal] <\/p>\n

La demanda contentiva del recurso extraordinario fue radicada en la secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n el 30 de enero de 2017 (folio 58, vuelto, c. Corte), es decir, se present\u00f3 dentro de los dos a\u00f1os aludidos en la norma. <\/p>\n

Dicho libelo fue admitido el 26 de abril de 2017, en providencia que fue notificada por estado el 27 de abril siguiente y Alirio Baquero Galeano, demandante en el proceso reivindicatorio materia de controversia, se notific\u00f3 de tal admisi\u00f3n el 18 de mayo de 2017 (folio 85, c. Corte), es decir, dentro del a\u00f1o contemplado en el inciso 1.\u00ba del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, de lo que se deduce que la presentaci\u00f3n de la demanda impidi\u00f3 que operara la caducidad. <\/p>\n

Por ende, se impone el estudio de fondo de las causales. <\/p>\n

PRIMERA CAUSAL <\/p>\n

1. El motivo de revisi\u00f3n contemplado en el numeral 1.\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso consiste en la aparici\u00f3n de documentos que de haberse apreciado por el juzgador hubieran conducido a una decisi\u00f3n diversa. Para su cabal estructuraci\u00f3n, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n

a) Que las pruebas documentales se hubieren hallado ulteriormente al momento en que fue proferida la sentencia pero no creado despu\u00e9s de ella, de ah\u00ed que se autoriza la aducci\u00f3n de documentos que tengan preexistencia material, pues no se trata de producir un nuevo medio de prueba que logre cambiar la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, como tampoco procede aportar los que estuvieron en poder del recurrente cuando en el proceso era posible allegarlos para que integraran el acervo probatorio.
\nb) Tales documentos, por su contenido u otra circunstancia, deben constituir una verdadera e innegable novedad frente al material probatorio recaudado y acopiado en el proceso, de modo que la alegada injusticia de la resoluci\u00f3n adoptada en la providencia pueda \u00abvincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido\u00bb (CSJ SR237, 1\u00ba Jul. 1988), esto es, que el sentenciador dirimi\u00f3 la litis en el sentido reprochado, precisamente porque desconoc\u00eda esa prueba literal que se aduce en revisi\u00f3n. <\/p>\n

c) El alcance del valor persuasivo de esas pruebas debe ser suficiente para transformar la decisi\u00f3n cuestionada, es decir, el documento \u00abdebe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida\u00bb (CSJ SR, 1\u00ba Mar. 2001, Rad. 2009-00068) al punto de evidenciar que lo resuelto es manifiestamente contrario a la verdad que emana de los hechos, por lo que las piezas documentales \u00abencontradas\u00bb deben ser capaces de demostrar plenamente hechos que el juzgador tuvo por no probados. <\/p>\n

d) Ha de constatarse que las documentales no se aportaron tempestivamente sin culpa del recurrente porque le fue imposible aducirlas. Acepta el legislador que tal impedimento es \u00fanicamente el que proviene de fuerza mayor o caso fortuito (hecho externo, imprevisto e irresistible), o de obra de la parte favorecida con el fallo (conducta dolosa imputable a la contraparte) (CSJ SR, 5 Dic. 2012, Rad. 2003-00164-01), de modo que si la falta de aportaci\u00f3n se debi\u00f3 a negligencia inexcusable del impugnante o por otra causa que no coincida con las se\u00f1aladas por la codificaci\u00f3n adjetiva, no existe un \u00abdocumento recobrado\u00bb en que sea admisible apoyar la causal. <\/p>\n

2. El recurrente manifest\u00f3 que el documento que apareci\u00f3 luego de proferida la sentencia, con incidencia para la decisi\u00f3n, fue la comunicaci\u00f3n de fecha 29 de junio de 2016, a trav\u00e9s de la cual el Fondo Nacional del Ahorro contest\u00f3 la demanda de tutela que \u00e9l impetr\u00f3 contra el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, donde puso en conocimiento que el cr\u00e9dito hipotecario que le hab\u00eda sido aprobado al reivindicante para la compra del bien objeto del litigio, no fue desembolsado finalmente y, por lo tanto, la hipoteca deb\u00eda ser resciliada, acto al que ninguno de los contratantes hab\u00eda querido concurrir. <\/p>\n

La Sala proceder\u00e1 a analizar si se satisfacen los requisitos para la prosperidad de la causal invocada, a saber: <\/p>\n

a) Que la nueva prueba encontrada sea de \u00edndole documental: Para el efecto, el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo General del Proceso establece que: <\/p>\n

\u2026 Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotograf\u00edas, cintas cinematogr\u00e1ficas, discos, grabaciones magnetof\u00f3nicas, videograbaciones, radiograf\u00edas, talones, contrase\u00f1as, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga car\u00e1cter representativo o declarativo, y las inscripciones en l\u00e1pidas, monumentos, edificios o similares. <\/p>\n

En el presente caso, no cabe duda en cuanto a que la respuesta emitida por el Fondo Nacional del Ahorro para la acci\u00f3n de tutela No. 2016-01773-00 visible a folios 11 a 13, es un documento. <\/p>\n

b) Que los documentos preexistieran a la sentencia impugnada, pero se hubieran hallado posteriormente: La sentencia objeto de revisi\u00f3n fue proferida el 31 de mayo de 2016; por su parte, la comunicaci\u00f3n del establecimiento de cr\u00e9dito a que se ha hecho alusi\u00f3n, fue elaborada el 29 de junio de 2016, para atender la vinculaci\u00f3n que se le hizo a la acci\u00f3n de tutela promovida el 22 del mismo mes y a\u00f1o por el recurrente. <\/p>\n

Luego, es evidente que no se trata de un documento que exist\u00eda antes de proferirse la sentencia, sino que su elaboraci\u00f3n tuvo lugar un mes despu\u00e9s de ella. Es m\u00e1s, el hecho que lo origin\u00f3, es decir, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte del inconforme, tambi\u00e9n fue ulterior al fallo del Tribunal -22 de junio de 2016-. <\/p>\n

El aludido requisito, por ende, no se encuentra satisfecho. <\/p>\n

c) Que no se hayan podido aportar al proceso por \u00abfuerza mayor o caso fortuito\u00bb o por \u00abobra de la parte contraria\u00bb. El impugnante sostuvo que no le fue posible aportar al proceso el documento en que sustent\u00f3 su recurso, porque, entiende la Corte, su contraparte no dijo la verdad, cuando era la que ten\u00eda \u201cen su poder el objeto de la prueba\u201d.
\nEl motivo expuesto no justifica la aportaci\u00f3n tard\u00eda del elemento de prueba al proceso, pues es evidente que la informaci\u00f3n que luego se plasm\u00f3 en el documento de 29 de junio de 2016, reposaba en el Fondo Nacional del Ahorro desde mucho antes de la fecha en que se resolvi\u00f3 definitivamente el litigio y solo con posterioridad a ella el demandado se interes\u00f3 en solicitarla, para lo cual elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n el 16 de junio de 2016 y present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela el 22 posterior. <\/p>\n

Es claro que si el impugnante hubiese solicitado el decreto de la prueba que despu\u00e9s obtuvo mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, la documental elaborada por el Fondo Nacional del Ahorro, habr\u00eda reposado en el expediente antes de que se profiriera la sentencia; en especial, porque se observa que desde el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda, la pasiva conoc\u00eda la ausencia del desembolso del cr\u00e9dito hipotecario a favor de la vendedora del inmueble y as\u00ed lo plasm\u00f3 en el segundo folio de su respuesta: \u00ab\u2026el fondo no ha desembolsado el valor del cr\u00e9dito, as\u00ed surge de la Anotaci\u00f3n 23 del 16-03-2009. DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO No. 2008-00432-00, DEL JUZGADO 21\u00ba CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1. DE LUZ STELLA, A FONDO NACIONAL DEL AHORRO, igualmente del oficio del Fondo Nacional del Ahorro dirigido al se\u00f1or Luis Raul Rojas Tapiero, donde informan que no se ha desembolsado el dinero y la vigilancia que tiene de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que se anexa como prueba.\u00bb [Folio 83, c. 1] <\/p>\n

La Sala no desconoce que para ese momento el Fondo Nacional del Ahorro no hab\u00eda tomado la decisi\u00f3n de no desembolsar el pr\u00e9stamo o de rechazarlo \u201cpor vencimiento del t\u00e9rmino\u201d, pero tambi\u00e9n advierte que se trata de una informaci\u00f3n que el demandado pudo pedir, antes del proferimiento de la sentencia del Ad quem. <\/p>\n

En ese sentido, el que su contraparte ocultara la verdad acerca del pago total del precio pactado en el negocio de compraventa del inmueble, no le impidi\u00f3 conocer, desde el principio, aquella situaci\u00f3n, al punto que as\u00ed lo puso de presente cuando se opuso a la reivindicaci\u00f3n, sin corroborar durante el curso del proceso si esa situaci\u00f3n permanec\u00eda inc\u00f3lume o si el desembolso finalmente se hab\u00eda producido, cosa que, se insiste, solo hizo cuando ya se hab\u00eda dictado la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n

Es decir, que para el recaudo de dicha prueba no se requer\u00eda la intervenci\u00f3n de la parte contraria, ni se demostr\u00f3 en forma alguna que tal extremo hubiese impedido su consecuci\u00f3n oportuna o que hubiese mediado fuerza mayor o caso fortuito que le imposibilitaron adquirirla antes. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con dicho requisito \u2014fuerza mayor o caso fortuito\u2014, la Sala ha considerado: <\/p>\n

\u2026 [e]n general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse \u2018el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario p\u00fablico, etc.\u2019 (Art. 1\u00b0 Ley 95 de 1890); es claro\u00a0que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias\u00a0(Sentencia de revisi\u00f3n de 2 de diciembre de\u00a01987, G.J. t. CLXXXVIII, p\u00e1g. 332). <\/p>\n

Los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito no soportan una enumeraci\u00f3n taxativa. Por ello, la jurisprudencia de la Corte ha se\u00f1alado la necesidad de valorar cada caso concreto, para as\u00ed determinar si se ha producido, o no, un evento como los se\u00f1alados. En tal sentido, ha establecido que: <\/p>\n

…[la] imprevisibilidad del caso fortuito es una cuesti\u00f3n de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situaci\u00f3n, tomando como criterio para el efecto la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad; si tal acontecimiento es frecuente, y m\u00e1s a\u00fan, si suele presentarse con cierta periodicidad, no constituye caso fortuito porque el obligado razonablemente ha debido preverlo y medir su propia habilidad para conjurarlo, o bien abstenerse de contraer el riesgo de no creer que podr\u00eda evitarlo; por el contrario, si se trata de un evento de rara ocurrencia, que se ha presentado en forma s\u00fabita y sorpresiva, hay caso fortuito, porque nadie est\u00e1 obligado a prever lo que es excepcional y espor\u00e1dico. Pero, adem\u00e1s el hecho de que se trata debe ser irresistible. As\u00ed como la expresi\u00f3n caso fortuito traduce la requerida imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor empleada como sin\u00f3nimo de aqu\u00e9lla en la definici\u00f3n legal, relieva esta otra caracter\u00edstica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, hasta el punto que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias. Tampoco hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obst\u00e1culo, sin impedir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n lo hace m\u00e1s dif\u00edcil u oneroso que lo previsto inicialmente" (CSJ, 27 febrero 1974). <\/p>\n

Seg\u00fan se analiz\u00f3, la consecuci\u00f3n del documento en que se sustent\u00f3 el recurso por la causal en estudio, era posible con la simple solicitud del mismo ante la instituci\u00f3n competente para expedirlo, sin que fuese necesaria la intervenci\u00f3n de un sujeto distinto para el efecto, pues bastaba con hacer la petici\u00f3n probatoria correspondiente. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, tampoco se demostr\u00f3 la concurrencia del requisito analizado, y como lo ha sostenido la jurisprudencia: <\/p>\n

No basta\u2026 con que se hayan encontrado los documentos a ultranza, si el recurrente no demuestra que \u201cno pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u201d; es \u00e9l quien debe asumir la carga probatoria de que se present\u00f3 alguna de estas circunstancias; de all\u00ed que la causal de revisi\u00f3n tampoco puede alcanzar \u00e9xito si, por el contrario, ellos no se adujeron por falta de diligencia del interesado o por no averiguar d\u00f3nde reposaban, o porque no se aprovecharon debidamente las oportunidades probatorias propias de las instancias\u00bb (CSJ SR, 22 Sep. 1999, Rad. 6946). <\/p>\n

d) Que los documentos aducidos sean decisivos para el caso: Este requisito corresponde a la eficacia demostrativa de la probanza, la cual debe ser de tal entidad que de haber obrado el documento en el proceso, habr\u00eda determinado un fallo en sentido contrario a como fue resuelto el litigio, pero dado que las exigencias que estructuran la causal de revisi\u00f3n tienen el car\u00e1cter de concurrentes, no habi\u00e9ndose satisfecho las anteriores, no hay lugar a discurrir sobre la eventual influencia de los documentos invocados. <\/p>\n

En todo caso, lo cierto es que la documental aducida en esta sede no tiene entidad para variar lo decidido por el ad quem.
\nEn efecto, como sustento de la sentencia, el Tribunal encontr\u00f3 reunidos los requisitos de la acci\u00f3n de dominio para dar v\u00eda libre a su prosperidad. Particularmente, frente al elemento estructural que se pretende cuestionar con la comunicaci\u00f3n ahora allegada, el Ad quem consider\u00f3 demostrada la calidad de titular del derecho de dominio del demandante sobre el predio pretendido en reivindicaci\u00f3n, con fundamento en la Escritura P\u00fablica de compraventa No. 1499 del 2 de octubre de 2006 de la Notar\u00eda 70 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, mediante la cual Luz Stella Perilla, anterior propietaria inscrita, le vendi\u00f3 el predio con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-667427, negociaci\u00f3n que fue registrada en el correspondiente folio, seg\u00fan lo demostr\u00f3 con el certificado de tradici\u00f3n y libertad respectivo. <\/p>\n

Por lo tanto, ninguna variaci\u00f3n pudo generar en el fallo la aportaci\u00f3n oportuna del documento a trav\u00e9s del cual el Fondo Nacional del Ahorro certific\u00f3 que finalmente no hizo el desembolso del cr\u00e9dito que el actor solicit\u00f3 para la compra de esa vivienda, porque esa situaci\u00f3n no desvirt\u00faa el negocio de compraventa, de ah\u00ed que las partes contratantes, como lo inform\u00f3 el propio recurrente, \u00ab\u2026guardaron silencio, como tampoco han querido comparecer a la resciliaci\u00f3n a la notar\u00eda 8\u00aa desde el 14 de octubre de 2016\u00bb (fl. 65, c. Corte), lo que denota que la intenci\u00f3n de las partes no vari\u00f3 con el rev\u00e9s presentado en la entidad que iba a financiar el pago de la vivienda, pues nada hicieron para dejarla sin efectos. <\/p>\n

Todo lo contrario, vendedora y comprador, en memorial aportado en desarrollo de este tr\u00e1mite, ratificaron su voluntad de mantener vigente el negocio jur\u00eddico en virtud del cual se traslad\u00f3 el derecho de dominio al reivindicante tal como se lo hicieron saber a esta Corte en memorial aportado al desarrollo de este tr\u00e1mite, en los siguientes t\u00e9rminos textuales: <\/p>\n

\u00ab\u2026quiero certificar que hago entrega de la suma de cuarenta y ocho millones de pesos m\/cte ($48.000.000) a la se\u00f1ora Luz Stella Perilla (\u2026) por concepto de compra de una casa, ubicada en la carrera 78D # 13-47 Barrio Visi\u00f3n Colombia, con un \u00e1rea de 72.00 m2 identificada con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50C-667427, C\u00f3digo Catastral AAA0081CDHY. <\/p>\n

La cantidad anteriormente nombrada, fue cancelada a la se\u00f1ora Luz Stella Perilla en cuotas de la siguiente manera: Dieciocho millones de pesos M\/cte ($18.000.000) a la firma de las escrituras el d\u00eda 2 de octubre de 2006, y el saldo de treinta millones de pesos ($30.000.000), diferidos en cuotas hasta la fecha, para gastos de abogado, personales, procesos judiciales y gastos de subsistencia y salud de mi esposo Gilberto Perdomo Jim\u00e9nez (\u2026) <\/p>\n

Y es que la falta del desembolso del cr\u00e9dito con cuyo producto se iba a cancelar el precio del inmueble, no desvirt\u00faa la existencia y validez de la compraventa ni, por ende, la titularidad del derecho de dominio en cabeza del reivindicante; lo que se desprende de aquella eventualidad es la rescisi\u00f3n del contrato de hipoteca, ante la carencia de una causa que soporte el gravamen, pero ello no afecta el negocio principal. <\/p>\n

Entonces la prueba documental que sirvi\u00f3 de fundamento a la demanda de revisi\u00f3n, no tiene la idoneidad necesaria para desvirtuar el fundamento en que se apoy\u00f3 el Tribunal para considerar a Alirio Baquero Galeano, propietario del predio perseguido en reivindicaci\u00f3n, calidad que solo habr\u00eda perdido con si la compraventa hubiese quedado sin efectos por alguna raz\u00f3n. <\/p>\n

Como se vio, en este asunto, la falta de desembolso del pr\u00e9stamo por parte de la entidad crediticia no ocasion\u00f3 que las partes se retractaran de su designio, sino que su voluntad permaneci\u00f3 inc\u00f3lume no solo para el momento en que fue proferida la sentencia de segunda instancia, sino hasta la actualidad. <\/p>\n

Ello significa, en otras palabras, que se equivoca el recurrente al afirmar que el t\u00edtulo a trav\u00e9s del cual el reivindicante demostr\u00f3 su condici\u00f3n de due\u00f1o del predio pretendido \u201cno re\u00fane los requisitos de ley\u201d, afirmaci\u00f3n que carece de fundamento si en cuenta se tienen las consideraciones antes expuestas. <\/p>\n

Lo anterior determina que no prospere el analizado motivo de revisi\u00f3n. <\/p>\n

2. SEGUNDA CAUSAL <\/p>\n

1. El motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 355 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que: <\/p>\n

\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u00bb. (CXLVIII, 1985) <\/p>\n

De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u00ababolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa.\u00bb (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421) <\/p>\n

Es decir que ha de tratarse de: <\/p>\n

\u2026 una irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u2018los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes. (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001) <\/p>\n

La nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia. <\/p>\n

2. Inicialmente, es necesario precisar que, contrario al criterio del impugnante, la emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia en el proceso reivindicatorio que se cuestiona, se rigi\u00f3 por las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en atenci\u00f3n a las reglas de transici\u00f3n previstas en el literal c del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que cuando \u00e9ste entr\u00f3 en vigor, el expediente se encontraba pendiente de fallo. <\/p>\n

De manera que la \u00faltima norma adjetiva s\u00f3lo se hizo aplicable a partir de la notificaci\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, acorde al aparte final del referido segmento, que indica \u00ab[p]roferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

3. Para sustentar la causal octava de revisi\u00f3n, el recurrente manifest\u00f3 que exist\u00eda nulidad originada en la sentencia, por dos razones, la primera, atinente a que uno de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n no suscribi\u00f3 la providencia, cuando el art\u00edculo 36 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[l]as audiencias y diligencias que realicen los jueces colegiados ser\u00e1n presididas por el ponente, y a ellas deber\u00e1n concurrir todos los magistrados que integran la Sala so pena de nulidad\u00bb y, la segunda, porque \u00ab\u2026como el recurso fue resuelto el 31 de mayo del 2016, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00eda de haberse citado a audiencia oral, hecho que brilla por su ausencia.\u00bb (fl. 55, c. Corte) <\/p>\n

3.1. Se\u00f1ala el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que: <\/p>\n

\u00ab[e]l proceso es nulo en todo o en parte,\u00a0solamente\u00a0en los siguientes casos: <\/p>\n

1. Cuando \tcorresponda a distinta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. Cuando \tel juez carece de competencia. <\/p>\n

3. Cuando \tel juez\u00a0procede contra providencia ejecutoriada del superior, \trevive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente \tla respectiva instancia.
\n4. Cuando \tla demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde. <\/p>\n

5. Cuando se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. <\/p>\n

6. Cuando se omiten los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n

7. Cuando es indebida la representaci\u00f3n de las partes. Trat\u00e1ndose de apoderados judiciales esta causal s\u00f3lo se configurar\u00e1 por carencia total de poder para el respectivo proceso. <\/p>\n

8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n al demandado o a su representante, o al apoderado de aqu\u00e9l o de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su correcci\u00f3n o adici\u00f3n. <\/p>\n

9. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico en los casos de ley. <\/p>\n

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregir\u00e1 practicando la notificaci\u00f3n omitida, pero ser\u00e1 nula la actuaci\u00f3n posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dej\u00f3 de notificar haya actuado sin proponerla. <\/p>\n

PARAGRAFO.\u00a0<Par\u00e1grafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este C\u00f3digo establece.\u00bb <\/p>\n

La Corte advierte, de entrada, que el primer sustento f\u00e1ctico del impugnante, no se enmarca en ninguna de las causales taxativas que el ordenamiento procesal civil bajo cuyo imperio se profiri\u00f3 el fallo, consagraba, circunstancia que, per se, determina la improsperidad de esa alegaci\u00f3n, pues, como se dijo antes, \u00ab\u2018los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes.\u00bb (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001) <\/p>\n

3.2. Con todo, ha de recordarse que el art\u00edculo 30 del ordenamiento procesal en cita, establece que \u00ab[l]as audiencias que se celebren en la Corte y los tribunales ser\u00e1n presididas por el ponente, y a ellas deber\u00e1n concurrir todos los magistrados que integran la Sala.\u00bb, mientras el 54 de la Ley Estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia prev\u00e9 que \u201c[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n. \u2013 Es obligaci\u00f3n de todos los Magistrados participar en la deliberaci\u00f3n de los asuntos que deban ser fallados por la Corporaci\u00f3n en pleno y, en su caso, por la sala o la secci\u00f3n a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporaci\u00f3n, enfermedad o calamidad dom\u00e9stica debidamente comprobadas, u otra raz\u00f3n legal que imponga separaci\u00f3n temporal del cargo\u201d. <\/p>\n

En el asunto que nos convoca, la sentencia objeto del recurso de revisi\u00f3n fue suscrita por el magistrado ponente y otro de los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n, mientras que sobre la antefirma del tercero se consign\u00f3 la frase \u201causente con causa justificada\u201d (fl. 46, c. Tribunal), luego, es evidente que medi\u00f3 una de las circunstancias con base en las cuales la ley ha contemplado excepciones a la regla del mencionado art\u00edculo 30 y que la decisi\u00f3n fue adoptada por la mayor\u00eda de que trata el art\u00edculo 54 en comento, raz\u00f3n que trunca el triunfo de ese reparo. <\/p>\n

3.3. Incluso, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que al asunto eran aplicables las disposiciones de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P.), tampoco podr\u00eda abrirse paso la invalidez invocada. <\/p>\n

Ello, porque aunque es cierto que el art\u00edculo 36 de esa codificaci\u00f3n ense\u00f1a que \u00ab[l]as audiencias y diligencias que realicen los jueces colegiados ser\u00e1n presididas por el ponente, y a ellas deber\u00e1n concurrir todos los magistrados que integran la Sala, so pena de nulidad.\u00bb, tambi\u00e9n lo es que el art\u00edculo 107 ejusdem, indica que \u00ab[t]oda audiencia ser\u00e1 presidida por el juez y, en su caso, por los magistrados que conozcan del proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuaci\u00f3n. Sin embargo, la audiencia podr\u00e1 llevarse a cabo con la presencia de la mayor\u00eda de los magistrados que integran la Sala, cuando la ausencia obedezca a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. En el acta se dejar\u00e1 expresa constancia del hecho constitutivo de aquel.\u00bb <\/p>\n

Luego, es evidente que cuando media una causa justificada de ausencia, no hay lugar a la invalidaci\u00f3n de la respectiva diligencia, de modo que tampoco ser\u00eda viable acceder a las pretensiones del recurrente por esta senda.
\n3.4. La \u00faltima alegaci\u00f3n del impugnante tuvo como soporte el que el Tribunal no hubiese citado a las partes a la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo que, a su juicio, ese tr\u00e1mite debi\u00f3 surtirse con apego a esa normatividad en atenci\u00f3n a que cuando se surti\u00f3, ya se encontraba en vigencia. <\/p>\n

Basta con reiterar que en observancia de las normas de transici\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, tal codificaci\u00f3n no reg\u00eda el caso objeto de an\u00e1lisis para cuando se dict\u00f3 la sentencia cuestionada, raz\u00f3n suficiente para despachar adversamente la petici\u00f3n. <\/p>\n

Por lo discurrido, la causal analizada en este apartado tampoco prospera. <\/p>\n

4. Por las motivaciones expuestas se declarar\u00e1 infundada la revisi\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, se condenar\u00e1 al recurrente al pago de las costas y los perjuicios que hayan causado con su actuaci\u00f3n en el presente recurso, incluyendo la suma de $3.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte actora en el proceso materia de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
\nPRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Luis Ra\u00fal Rojas Tapiero contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 31 de mayo de 2016. <\/p>\n

SEGUNDO. Condenar al impugnante al pago de las costas y perjuicios causados a la parte citada. Las costas liqu\u00eddense por secretar\u00eda. Como agencias en derecho se fija la suma de $3\u2019000.000.oo. <\/p>\n

TERCERO. Por sustracci\u00f3n de materia, la Corte se abstiene de emitir pronunciamiento frente a la medida cautelar invocada. <\/p>\n

CUARTO. Ordenar que por secretar\u00eda se expidan las copias solicitadas por la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional. Devolver a la oficina judicial de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n, con excepci\u00f3n del cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. Por secretar\u00eda l\u00edbrese el correspondiente oficio. <\/p>\n

QUINTO. Archivar la actuaci\u00f3n realizada con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, una vez cumplidas las \u00f3rdenes impartidas. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de la Sala) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tAcorde \ta lo establecido en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General \tdel Proceso, en concordancia con el literal c del art\u00edculo \t625 ejusdem.
\n1<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente SC664-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2017-00253-00 Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020) La Corte resuelve anticipadamente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Luis Ra\u00fal Rojas Tapiero contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el treinta y uno de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103806","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}