{"id":103810,"date":"2026-07-02T22:00:29","date_gmt":"2026-07-02T22:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103810"},"modified":"2026-07-02T22:00:29","modified_gmt":"2026-07-02T22:00:29","slug":"sc820-2020-2015-00234-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc820-2020-2015-00234-01\/","title":{"rendered":"SC820-2020 (2015-00234-01)"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC820-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-31-03-001-2015-00234-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 la demandante frente a la sentencia de 7 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso verbal (declarativo de simulaci\u00f3n) adelantado por Fabiola Rosalba Villota Paredes contra Manuel Enrique y Diego Javier V\u00e1squez Eraso. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPretensiones de la demanda. <\/p>\n

La actora solicit\u00f3 declarar que \u00abes simulado, con (sic) simulaci\u00f3n relativa, el negocio jur\u00eddico que con el nombre de compraventa consta en la escritura p\u00fablica No. 388 de febrero 7 de 1997 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Pasto (…), mediante el cual Nicanor V\u00e1squez Mondrag\u00f3n dijo enajenar a ese t\u00edtulo a favor de sus hijos Manuel Enrique y Diego Javier V\u00e1squez Eraso el inmueble [Finca La Esperanza]\u00bb.
\n2.\tSustento f\u00e1ctico. <\/p>\n

2.1.\tNicol\u00e1s V\u00e1squez Mondrag\u00f3n adquiri\u00f3, por compraventa, el lote de terreno denominado Finca La Esperanza, al que le corresponde el folio de matr\u00edcula 442\u201314641 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto As\u00eds. <\/p>\n

2.2.\tMediante la escritura p\u00fablica objeto de reproche, aquel transfiri\u00f3 su derecho de dominio a los hoy demandados (hijos suyos), pero \u00abde forma simulada y bajo el ropaje de una compraventa\u00bb; en realidad, \u00abNicanor V\u00e1squez Mondrag\u00f3n (q.e.p.d.) no tuvo jam\u00e1s la intenci\u00f3n de vender a favor de sus hijos Manuel Enrique y Diego Javier V\u00e1squez Eraso el inmueble descrito; igualmente sus hijos no ten\u00edan intenci\u00f3n de comprar\u00bb. <\/p>\n

2.3.\tPor consiguiente, \u00abel contrato de compraventa es simulado, porque de una parte los compradores no pagaron el precio, y de otra, se pretendi\u00f3 encubrir una donaci\u00f3n sin mediar insinuaci\u00f3n y sin sufragar los impuestos que causa el acto gratuito\u00bb. <\/p>\n

3.\tActuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

3.1.\tEl libelo inicial fue admitido por auto de 17 de febrero de 2016. De dicha providencia se notific\u00f3 a los se\u00f1ores V\u00e1squez Eraso, quienes se opusieron a la prosperidad del petitum, sin proponer excepciones. <\/p>\n

3.2.\tLa primera instancia finaliz\u00f3 con sentencia anticipada de 20 de junio de 2017, que declar\u00f3 probada la cosa juzgada, y consecuencialmente neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones. La actora apel\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

4.\tLa sentencia impugnada. <\/p>\n

En fallo calendado el 7 de febrero de 2018, el tribunal confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto por el a quo, tras considerar que: <\/p>\n

(i)\tA la presente tramitaci\u00f3n \u00able antecede una sentencia judicial en firme, con la que se agot\u00f3 la etapa de enjuiciamiento que hubo entre las mismas partes, con el mismo objeto y en funci\u00f3n de la misma causa. As\u00ed se desprende de la sentencia visible a folios 18 a 23 del cuaderno de excepciones, no habiendo sido materia de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

(ii)\tEn efecto, el Juzgado de Descongesti\u00f3n del Circuito de Pasto, en prove\u00eddo de 21 de enero de 2014, defini\u00f3 que la se\u00f1ora Villota Paredes carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para demandar la simulaci\u00f3n del contrato rese\u00f1ado; y como esa resoluci\u00f3n no fue apelada, cobr\u00f3 ejecutoria, configur\u00e1ndose \u00abla cosa juzgada, [lo] que impide cursar nuevamente esos pedimentos\u00bb. <\/p>\n

5.\tLa demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Contra el veredicto del tribunal la querellante interpuso oportunamente el recurso de casaci\u00f3n, formulando cinco cargos, fincados en cada una de las causales que prev\u00e9 el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, por auto CSJ AC220\u20132019, 10 jun., se declararon inadmisibles los cuatro primeros, admiti\u00e9ndose el restante, consistente en \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley (…)\u00bb. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tR\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n

Debe advertirse que el remedio extraordinario fue presentado en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n

2.\tEstudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

2.1.\tFormulaci\u00f3n del cargo quinto (\u00fanico admitido). <\/p>\n

Se denunci\u00f3 que \u00abla sentencia (…) confirmada el 7 de febrero de 2018 por el (…) Tribunal Superior (…), se dict\u00f3 en un juicio viciado de nulidades legales\u00bb. Lo anterior \u00abal no haberse conformado la litis consorcio necesaria \u201cobligatoria\u201d (sic)\u00bb, en tanto \u00abno se notific\u00f3 (…) a las personas determinada e indeterminadas (sic) que se crean con derecho de participar en este litigio\u00bb. <\/p>\n

2. La \t\tr\u00e9plica de los convocados. <\/p>\n

Al descorrer el traslado de la demanda de sustentaci\u00f3n, los se\u00f1ores V\u00e1squez Eraso resaltaron que \u00abde acuerdo a la teleolog\u00eda de la causal de nulidad invocada, la casacionista no est\u00e1 habilitada para actuar de la forma como lo est\u00e1 haciendo\u00bb, comoquiera que \u00abla falta de notificaci\u00f3n de determinados e indeterminados debe ser alegada por la parte afectada, misma que no es la que hoy demanda, quien fue la persona que inici\u00f3 la acci\u00f3n judicial, y por tanto mal podr\u00eda decirse que estuvo ausente del litigio o que se fall\u00f3 sin su comparecencia\u00bb. <\/p>\n

3.\tExamen de la Corte. <\/p>\n

3.1.\tReglas de procedencia de la causal quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n

El precedente inalterado de la Sala tiene decantado que <\/p>\n

\u00ab(…) la procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el [art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso], supone las siguientes condiciones: a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul.) <\/p>\n

En adici\u00f3n a lo anterior, la prosperidad del quinto motivo de casaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra subordinada a la acreditaci\u00f3n de la existencia de una afectaci\u00f3n, consecuencial al vicio procesal, sufrida por el impugnante extraordinario, pues es ese agravio el que lo legitima para solicitar la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Con relaci\u00f3n a este punto, la doctrina especializada sostiene que, <\/p>\n

\u00ab(…) como el legislador no consagr\u00f3 las nulidades procesales por mero prurito formalista, sino con el fin de proteger los derechos vulnerados con la ocurrencia de la irregularidad, [se] ha sostenido que en casaci\u00f3n la nulidad no puede invocarse indistintamente por cualquiera de las partes, sino tan solo por el litigante que tenga inter\u00e9s en su declaraci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n

La normativa instrumental, entonces, reclama de quien alega una nulidad la prueba de su inter\u00e9s para hacerlo, traducido en \u00abla utilidad o el perjuicio jur\u00eddico, moral o econ\u00f3mico que (…) puedan representar las peticiones incoadas (…) y la consiguiente decisi\u00f3n que sobre ellas se adopte\u00bb2. De ah\u00ed que, en casos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se haya considerado que <\/p>\n

\u00ab(…) no es suficiente que el asunto padezca de por lo menos una anomal\u00eda capaz de estructurar alguno de los motivos de anulaci\u00f3n, sino que es indispensable que \u201cquien haga el planteamiento se halle debidamente legitimado al efecto; ello en raz\u00f3n de que prevalido de dicha causal puede concurrir \u00fanicamente aquella parte a quien de manera trascendental el vicio le produzca da\u00f1o, le cause un perjuicio tal, al punto que legalmente le afecte o pueda afectarle sus derechos correlativos, como as\u00ed ciertamente surge de los art\u00edculos 142 y 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues \u2018si se tiene en cuenta el principio de la trascendencia, se puede sentar como regla general la de que est\u00e1 legitimado para alegar una nulidad procesal quien a causa del vicio haya sufrido lesi\u00f3n o menoscabo de sus derechos\u2019 (G.J., t. CLXXX, p\u00e1g. 193)\u201d (Sent. 035, abr. 12\/2004, exp. 7077). <\/p>\n

Dentro del escenario acabado de rese\u00f1ar, por averiguado se tiene que la nulidad amparada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 ib\u00eddem \u2013\u201ccuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes\u201d\u20133,\u00a0solo podr\u00e1 ser reclamada por los sujetos de derecho indebidamente notificados o emplazados, o sea, como lo dice el art\u00edculo 143\u00a0ejusdem, \u201csolo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d, ya que, cual lo tiene sentado la doctrina de la Sala, en lo ata\u00f1adero a la mencionada causal \u201csi bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual solo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley\u201d (sent., abr. 28\/95, reiterada, entre otras, en sent., feb. 22\/2000). <\/p>\n

Lo expuesto en precedencia lleva a afirmar que la parte a quien la anomal\u00eda no le irrogue perjuicio, carece, por tanto, de legitimaci\u00f3n para plantearla, pues las nulidades por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, \u201cno pueden ser invocadas eficazmente sino por la parte mal representada, notificada o emplazada, por ser ella en quien exclusivamente radica el inter\u00e9s indispensable para alegar dichos vicios\u201d (G.J., t. CCXXXIV, p\u00e1g. 180). <\/p>\n

Con arreglo a la a\u00f1osa doctrina jurisprudencial de la Corte es palmario, por consiguiente, que la particularizada declaraci\u00f3n de nulidad no puede solicitarla un sujeto procesal diferente al indebidamente representado o a quien no se le ha hecho la notificaci\u00f3n en legal forma, puesto que el c\u00f3digo, al reglamentar el inter\u00e9s para promoverla, de manera perentoria dispone que la originada en la indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento como lo contempla la ley, solo podr\u00e1 ser invocada por la persona lesionada, o sea, aquella que de manera directa resulte afectada por una cualquiera de esas anomal\u00edas, desde luego que comprometen en forma grave el derecho de defensa; para reiterarlo con palabras de la Sala \u201csolo el perjudicado con la actuaci\u00f3n an\u00f3mala se encuentra legitimado para alegar la nulidad\u201d (G.J., t. CCXXXIV, p\u00e1g. 619)\u00bb (CSJ SC, 3 sep. 2010, rad. 2006-00429-01).
\n3.2. An\u00e1lisis concreto del cargo. <\/p>\n

3.2.1. Como el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que \u00abla nulidad por indebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento solo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u00bb, en casos como este resulta necesario establecer que quien denuncia un yerro como constitutivo de nulidad (para, por esa v\u00eda, apuntalar un cargo por la causal quinta de casaci\u00f3n) sea tambi\u00e9n quien sufri\u00f3 la afectaci\u00f3n al debido proceso derivada de la incorrecci\u00f3n se\u00f1alada. <\/p>\n

En ese sentido, y al amparo de los precedentes que fueron compendiados en el ac\u00e1pite previo, advierte la Sala que la convocante carece de inter\u00e9s y, por lo mismo, de legitimaci\u00f3n, para intentar prevalerse de la nulidad que derivar\u00eda del hecho de \u00abno haberse conformado la litis consorcio necesaria \u201cobligatoria\u201d (sic)\u00bb, dada la falta de \u00abnotific[aci\u00f3n] (…) de las personas determinada e indeterminadas (sic) que se crean con derecho de participar en este litigio\u00bb. <\/p>\n

N\u00f3tese que, como la hoy recurrente ocupa el rol procesal de convocante, es improcedente sostener que fue ella la afectada con la citaci\u00f3n que dijo omitida; de esta manera, al no haber visto menguados sus derechos con el yerro procesal que describi\u00f3 en la demanda de sustentaci\u00f3n, la se\u00f1ora Villota Paredes no pod\u00eda denunciarlo ahora, con el prop\u00f3sito de restar eficacia \u2013al menos temporalmente\u2013 a un fallo contrario a sus intereses. <\/p>\n

Dicho de otro modo, como no existe noticia en el expediente del perjuicio que pudiera hab\u00e9rsele causado a la casacionista con la falta de conformaci\u00f3n de la \u00ablitis consorcio necesaria \u201cobligatoria\u201d (sic)\u00bb que aleg\u00f3, surge innegable su falta de legitimaci\u00f3n para prevalerse de la (eventual) nulidad que configurar\u00eda tal hecho. Y ello, per se, determina el fracaso de la acusaci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, sin que resulte relevante averiguar si la mencionada irregularidad procesal tuvo (o no) ocurrencia. <\/p>\n

3.2.2. A lo anterior cabe a\u00f1adir que, conforme lo ha explicado la Corte, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n <\/p>\n

\u00ab(…) est\u00e1 orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en s\u00ed mismo considerado, pues de hacerlo, mutar\u00eda aquel en una tercera instancia, que la ley no prev\u00e9. En consecuencia, tal reproche se dirige a que la Corte determine, dentro de los l\u00edmites trazados por la censura, si el fallo combatido est\u00e1 o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal, sin desconocer, claro est\u00e1, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonom\u00eda para apreciar los medios demostrativos, seg\u00fan los dictados de la sana cr\u00edtica, esto es, se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlos con soporte en el sentido com\u00fan, la l\u00f3gica y las reglas tanto de la ciencia como de la experiencia\u00bb (CSJ SC4902-2019, 13 nov.). <\/p>\n

Por ese mismo sendero, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEl recurso de casaci\u00f3n ha sido considerado, en general, como un medio extraordinario de impugnaci\u00f3n de algunas providencias judiciales, cuya interposici\u00f3n no activa una nueva instancia judicial. El car\u00e1cter extraordinario del recurso tiene su punto de partida en la diferenciaci\u00f3n entre las competencias ejercidas por las autoridades judiciales de instancia y la Corte Suprema cuando se pronuncia como tribunal de casaci\u00f3n. En efecto, al paso que \u201clos jueces de primera y segunda instancia examinan la conducta de los particulares frente al derecho vigente\u201d [Sentencia C-372 de 2011], ello no acontece al tramitar el recurso de casaci\u00f3n, dado que all\u00ed \u201cvar\u00eda el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casaci\u00f3n realiza control jur\u00eddico sobre la sentencia que puso fin a la actuaci\u00f3n de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley\u201d [Sentencia C-372 de 2011]. <\/p>\n

Ello supone \u201cque en la casaci\u00f3n se efect\u00faa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista soluci\u00f3n distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada\u201d [Sentencia C-372 de 2011]. <\/p>\n

Ha dicho este Tribunal que la referida instituci\u00f3n \u201c[n]o es por lo tanto, una tercera instancia, ni un recurso que pueda ser equiparable a los llamados recursos ordinarios\u201d [Sentencia C-596 de 2000]. Su funci\u00f3n, ha destacado, es \u201cm\u00e1s de orden sist\u00e9mico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicaci\u00f3n del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como \u2018nomofilaquia\u2019 (\u2026)\u201d [Sentencia C-596 de 2000]\u00bb (Sentencia C-213 de 2017). <\/p>\n

Lo dicho explica que la Corte, en sede de casaci\u00f3n, no est\u00e9 habilitada para anular oficiosamente un juicio sometido a su escrutinio, pues ese an\u00e1lisis de validez del procedimiento contrariar\u00eda el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de este remedio extraordinario. Consecuentemente, cualquier invalidaci\u00f3n de tal linaje (oficioso) ha de venir precedida, necesariamente, del quiebre del fallo del tribunal, lo que supone, por v\u00eda general, el \u00e9xito del ataque del casacionista. <\/p>\n

Expresado de otro modo, solo actuando como juez de instancia resultar\u00eda viable ampliar el \u00e1mbito formal del escrutinio de esta Corporaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de evidenciar yerros procesales que no fueron corregidos a trav\u00e9s de los cauces restringidos de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, como por ejemplo la falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario (Cfr. CSJ SC1182\u20132016, 8 feb.). <\/p>\n

En esa oportunidad el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, mediante fallo de 21 de enero de 2014, deneg\u00f3 el petitum, tras considerar que el inmueble compravendido no hac\u00eda parte de la sociedad conyugal Villota-V\u00e1squez, al haber sido adquirido por el occiso el 8 de febrero de 1970 (con bastante antelaci\u00f3n a la fecha en que contrajo matrimonio con la actora \u201325 de mayo de 1991\u2013). <\/p>\n

Dicha providencia cobr\u00f3 ejecutoria ante el silencio de las partes, por lo que la se\u00f1ora Villota Paredes resolvi\u00f3, de un lado, interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n4 (con apoyo en similares argumentos a los que esgrimi\u00f3 en el escrito de sustentaci\u00f3n radicado ante esta sede), y de otro, someter a reparto una demanda id\u00e9ntica a la que ya fue materia de pronunciamiento jurisdiccional, que fue la que dio origen al presente juicio. <\/p>\n

En ese escenario, para la Sala resulta innegable que en el fallo de 7 de febrero de 2018, esto es, el que aqu\u00ed se impugna, el tribunal no adopt\u00f3 ninguna determinaci\u00f3n relacionada con el v\u00ednculo sustancial en disputa, sino una resoluci\u00f3n formal, fincada en el hecho \u2013pac\u00edfico\u2013 de que este debate ya fue clausurado por la justicia ordinaria, siendo improcedente reabrirlo ahora, pues con ello se trasgredir\u00eda el principio de cosa juzgada. <\/p>\n

No se olvide que, conforme lo ha se\u00f1alado esta Colegiatura, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) [c]uando una controversia ha sido objeto de un juicio l\u00f3gico por parte de los \u00f3rganos jurisdiccionales -explicaba Ugo Rocco- dentro del cual fue resuelta, se produce el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, del cual deriva \u201cla fuerza o la eficacia obligatoria inherente a la materia de la decisi\u00f3n judicial contenida\u201d en el fallo que \u201cest\u00e1 destinada a tutelar el quid decisum de la sentencia en un proceso futuro\u201d, en la medida en que impide \u201cla reproducci\u00f3n del proceso de cognici\u00f3n\u201d.5 <\/p>\n

De ah\u00ed que tambi\u00e9n se presente como una obligaci\u00f3n del Estado a trav\u00e9s de las autoridades judiciales, y un derecho subjetivo de las partes, pues las primeras tienen \u201cla obligaci\u00f3n jur\u00eddica de no juzgar una cuesti\u00f3n que ya ha sido objeto de un juicio anterior entre los mismos sujetos. Y, por otro lado, las partes, actor y demandado, no s\u00f3lo tienen la obligaci\u00f3n jur\u00eddica de no pretender, de parte de los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado, la prestaci\u00f3n de la actividad jurisdiccional de cognici\u00f3n una vez que la hayan obtenido mediante la emisi\u00f3n de la sentencia final de m\u00e9rito pasada en cosa juzgada, sino que tienen tambi\u00e9n el derecho a que los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado no emitan nuevamente otra sentencia de fondo, es decir, no juzguen nuevamente las relaciones jur\u00eddicas ya declaradas ciertas mediante sentencia que haya hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u201d.6 <\/p>\n

En sentido material, la instituci\u00f3n de res iudicata pretende evitar que dentro de un nuevo proceso, se profiera una decisi\u00f3n que se oponga o contradiga a la que goza de esa clase de autoridad, como respuesta a \u201cla exigencia social de que no sean perpetuos los pleitos, como igualmente de que los derechos sean ciertos y estables, una vez obtenida la tutela del Estado\u201d.7 <\/p>\n

\u201cLa eficacia de ciertos derechos fundamentales, entre los cuales se deben destacar el debido proceso \u2013y como expresi\u00f3n del mismo, que nadie puede \u2018ser juzgado dos veces por el mismo hecho\u2019\u2013 (art. 29, C.P.), la seguridad jur\u00eddica y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 C. P.) \u2013ha sostenido esta Corporaci\u00f3n\u2013 exige que las sentencias constituyan el fin de los litigios que con ellas se resuelven, de forma que, luego de que adquieran firmeza, ninguno de los interesados, mucho menos aqu\u00e9l a quien no favoreci\u00f3 el respectivo fallo o que albergue inconformidad con algunas de las determinaciones adoptadas, pueda proponer nuevamente el mismo conflicto, buscando con tal proceder una decisi\u00f3n contraria, en todo o en parte, a la inicialmente emitida\u201d. <\/p>\n

Y agreg\u00f3: <\/p>\n

\u201cAl respecto, tiene dicho la Corte que \u2018[p]ot\u00edsimos y arraigados motivos, tales como la preservaci\u00f3n del orden p\u00fablico, la seguridad jur\u00eddica y la paz social, entre otros m\u00e1s, han conducido al legislador, de antiguo, a impedir que las controversias decididas en forma definitiva por las autoridades jurisdiccionales, sean ventiladas, ex novo, por los mismos sujetos procesales que han intervenido en el correspondiente proceso judicial, seg\u00fan da cuenta la historia del derecho, en general, testigo de excepci\u00f3n de la vigencia milenaria de este instituto, de indiscutida etiolog\u00eda romana (Vid. LVI, 307, CLI, 42) (\u2026). <\/p>\n

Si lo anterior no fuere as\u00ed, como en efecto no lo es, nada impedir\u00eda a la parte desfavorecida en un litigio, plantear de manera indefinida \u2013y sistem\u00e1tica\u2013 la cuesti\u00f3n o asunto sometido a composici\u00f3n judicial, hasta que su pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n, finalmente, encontrara eco en una determinada providencia (espiral de libelos), dando lugar a la floraci\u00f3n de fallos contradictorios en el universo judicial. Por lo dem\u00e1s, no se justificar\u00eda \u2013ni se justifica\u2013, el palmario e inconsulto derroche jurisdiccional, que implicar\u00eda examinar, una y otra vez, una materia sobre la que existe ya un pronunciamiento, previo y definitivo (anterius), con sujeci\u00f3n al cual, es la regla, debe tenerse como clausurado el debate y, por ende, sellada la suerte de la controversia sometida a composici\u00f3n (agotamiento procesal)\u201d (CSJ SC, 12 ago. 2003, rad. 7325; CSJ SC, 5 jul. 2005, rad. 1999-01493; CSJ SC, 18 dic. 2009, rad. 2005-00058-01; CSJ SC, 7 nov. 2013, rad. 2002-00364-01)\u00bb (CSJ SC10200-2016, 27 jul.). <\/p>\n

Por ese sendero, la anulaci\u00f3n del fallo proferido por el tribunal no conducir\u00eda a un escenario distinto del ya conocido, pues la autoridad de la cosa juzgada impedir\u00eda a la jurisdicci\u00f3n definir este litigio de una manera distinta de la consignada en el fallo que puso fin al juicio de simulaci\u00f3n que, en una \u00e9poca anterior, se suscit\u00f3 entre las mismas partes, y por id\u00e9ntica causa y objeto. <\/p>\n

Entonces, aun de suponer la legitimaci\u00f3n que aqu\u00ed se extra\u00f1a, lo cierto es que la alegada indebida integraci\u00f3n del contradictorio solo tendr\u00eda un verdadero efecto \u00fatil en el proceso precedente, en el que, se itera, se formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, precisamente con el prop\u00f3sito de aniquilar el pluricitado prove\u00eddo de 21 de enero de 2014, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto. <\/p>\n

De ah\u00ed que fuera en ese escenario extraordinario, y no en el presente, donde debi\u00f3 haberse debatido la existencia del vicio del que infructuosamente ahora pretende prevalerse la se\u00f1ora Villota Paredes, sin que resulte viable subvertir las reglas que gobiernan los procedimientos para reclamar, por la v\u00eda de la casaci\u00f3n, que se dejen sin efecto tanto las decisiones adoptadas en este juicio, como las ejecutoriadas que se dictaron en el anterior. <\/p>\n

3.2.4. Finalmente, conviene destacar que en las breves l\u00edneas en las que se desarroll\u00f3 el quinto cargo (\u00fanico admitido), la se\u00f1ora Villota Paredes omiti\u00f3 se\u00f1alar, con la rigurosidad propia de este remedio, el fundamento del litisconsorcio necesario al que aludi\u00f3 en forma apenas gen\u00e9rica, ni precis\u00f3 cu\u00e1les personas \u00abdeterminadas\u00bb lo integrar\u00edan. <\/p>\n

Por tanto, si se superaran las talanqueras previamente consignadas, el reproche tampoco podr\u00eda acogerse, ya que su ambig\u00fcedad y oscuridad son contrarias al deber de exponer \u00ablos fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb (art\u00edculo 344, numeral 2, C\u00f3digo General del Proceso), deficiencias argumentativas que no pueden ser salvadas de oficio, dada la naturaleza eminentemente dispositiva del recurso. <\/p>\n

4.\tConclusiones. <\/p>\n

La demanda de casaci\u00f3n no se abre paso, pues a juicio de la Sala: <\/p>\n

(i) \tLa querellante carece de inter\u00e9s para arg\u00fcir la nulidad de la que pretendi\u00f3 prevalerse a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de la censura extraordinaria. <\/p>\n

(ii) \tLa declaratoria de nulidad que se persigue carece de efecto \u00fatil, en tanto la autoridad de la cosa juzgada que deriva de la sentencia ejecutoriada de 21 de enero de 2014 (en la que se resolvi\u00f3 sobre el reclamo de simulaci\u00f3n del contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 388 de 7 de febrero de 1997) impide, inexorablemente, el \u00e9xito de la demanda que origin\u00f3 esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n

(iii)\tLas premisas en las que se finc\u00f3 el \u00fanico cargo estudiado son oscuras, imprecisas y, en general, contrarias a la carga de comprobaci\u00f3n propia de este recurso. <\/p>\n

5.\tConsideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n

Acorde con el inciso final del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n

Empero, esta posibilidad8 no puede asumirse como una causal aut\u00f3noma, que pueda invocar v\u00e1lidamente el recurrente cuando sus alegaciones resultan insuficientes para quebrar la sentencia del ad quem, sino que constituye una herramienta para superar los requerimientos formales propios de todo recurso extraordinario, en orden a impedir que un fallo abiertamente contrario al ordenamiento produzca efectos.
\nY, justamente para no alterar la rigurosa naturaleza de la casaci\u00f3n, a la comentada facultad oficiosa solo puede acudirse de manera excepcional, y ante la inequ\u00edvoca evidencia de la lesi\u00f3n que la sentencia recurrida irroga al orden o el patrimonio p\u00fablico, los derechos o las garant\u00edas constitucionales, hip\u00f3tesis que son completamente ajenas a lo decidido en sentencia de 7 de febrero de 2018. <\/p>\n

Por el contrario, en la providencia cuestionada, el tribunal se limit\u00f3 a evitar el agravio que representa la insistencia de la demandante en controvertir la seriedad del contrato de compraventa descrito en los albores de esta providencia, pese a que dicho debate fue clausurado en actuaci\u00f3n jurisdiccional anterior, en la que, con la fuerza de la cosa juzgada, se denegaron la totalidad de sus reclamos. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 7 de febrero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso declarativo (de simulaci\u00f3n) promovido por Fabiola Rosalba Villota Paredes contra Manuel Enrique y Diego Javier V\u00e1squez Eraso. <\/p>\n

SEGUNDO. CONDENAR a Fabiola Rosalba Villota Paredes, impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho. <\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

1\u0002 \tMURCIA, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. Ed. \tIb\u00e1\u00f1ez, Bogot\u00e1. 1996, p. 549.
\n2\u0002 \tDEVIS, Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo \tIII. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1961, p. 447.
\n3\u0002 \tPremisa que corresponde a la causal de nulidad que \u2013t\u00e1citamente\u2013 \taleg\u00f3 la se\u00f1ora Villota Paredes.
\n4\u0002 \tRad. n.\u00b0 52001-22-13-000-2015-00351-00, tramitaci\u00f3n \tasignada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, \tconforme la regla prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 26 \tdel C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entonces vigente.
\n5\u0002 \t\u00abTratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte General. \tBogot\u00e1: Temis \u2013 Buenos Aires: Edit. Depalma, 1976, \tp\u00e1gs. 313 a 315\u00bb (referencia propia del texto \tcitado).
\n6\u0002 \t\u00abROCCO, Ugo. Op. Cit., p. 335-336\u00bb \t(referencia propia del texto citado).
\n7\u0002 \t\u00abCOVIELLO, \tNicol\u00e1s. Doctrina General del Derecho Civil. M\u00e9xico: \tUni\u00f3n Tipogr\u00e1fica Editorial Hispano \u2013 Americana, \t1949, p. 624\u00bb (referencia \tpropia del texto citado).
\n8\u0002 \tQue armoniza con los dispuesto en el art\u00edculo 333 del \testatuto procedimental civil vigente, a cuyo tenor: \u00abEl \trecurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene como fin defender la \tunidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la \teficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia \ten el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, \tcontrolar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia \tnacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n \tde la providencia recurrida\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC820-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-31-03-001-2015-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 la demandante frente a la sentencia de 7 de febrero de 2018, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103810\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}