{"id":103813,"date":"2026-07-02T22:02:28","date_gmt":"2026-07-02T22:02:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103813"},"modified":"2026-07-02T22:02:28","modified_gmt":"2026-07-02T22:02:28","slug":"sc2222-2020-2010-2020-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc2222-2020-2010-2020-01_1\/","title":{"rendered":"SC2222-2020 (2010-2020-01)_1"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC2222-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-002-2010-01409-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de febrero de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Marisol D\u00edaz Guar\u00edn frente a la sentencia de 8 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Familia, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Luis Alfonso Rinc\u00f3n Ar\u00e9valo. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante reclam\u00f3 judicialmente que se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada con el demandado, entre el 4 de septiembre de 2003 y el 25 de noviembre de 2010, as\u00ed como de la consecuente sociedad patrimonial, con la orden de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

2. La solicitud se sustent\u00f3 en que hubo una convivencia entre las partes que perdur\u00f3 m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os, en la que se adquiri\u00f3 el inmueble identificado con la matr\u00edcula n.\u00b0 50C-428785 de Bogot\u00e1, y se realizaron mejoras sobre los predios con registros n.\u00b0 50C-790852 y 50C-775607 de la misma ciudad (folios 14 a 18 del cuaderno 1). <\/p>\n

3. Una vez admitido el libelo, el convocado clarific\u00f3 que la cohabitaci\u00f3n principi\u00f3 el 15 de marzo de 2005, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 875 de 15 de marzo de 2005, de la Notar\u00eda 23 de Bogot\u00e1. Soportado en este documento propuso las excepciones de \u00abinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde septiembre de 2003\u00bb e \u00abinexistencia de la sociedad patrimonial por haberse renunciado a ella\u00bb (folios 35 a 37 idem). <\/p>\n

4. En la audiencia de conciliaci\u00f3n, las partes asintieron en que el v\u00ednculo afectivo inici\u00f3 el 15 de marzo de 2005 y concluy\u00f3 el 22 de octubre de 2010, as\u00ed como que el proceso se concretar\u00eda a determinar la existencia de la sociedad patrimonial (folios 50 y vuelto). <\/p>\n

5. El Juzgado 29 de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el reconocimiento de la uni\u00f3n marital, fundado en que \u00e9sta hab\u00eda sido declarada previamente mediante la escritura p\u00fablica n.\u00ba 875 de 2005; sin embargo, declar\u00f3 su extinci\u00f3n a partir del 22 de octubre del mismo a\u00f1o y neg\u00f3 las pretensiones relativas a la existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, en atenci\u00f3n a la prosperidad de las defensas formuladas (folios 60 a 66). <\/p>\n

6. Al desatar la alzada interpuesta el superior confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, salvo lo relativo a la fecha de finiquito del v\u00ednculo, con base en los argumentos que se exponen en lo subsiguiente (folios 18 a 32 del cuaderno Tribunal). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

1. Despu\u00e9s de analizar el contenido de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 875 de 15 de marzo de 2005 y la audiencia de conciliaci\u00f3n, estim\u00f3 que la relaci\u00f3n afectiva perdur\u00f3 hasta el 22 de octubre de 2010, sentido en el que modific\u00f3 la resoluci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

2. Record\u00f3 que a la sociedad patrimonial le son aplicables las normas sobre capitulaciones matrimoniales, las cuales permiten a las partes que establezcan un r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes, como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia. <\/p>\n

En el caso, como en el acto escriturario mencionado se pact\u00f3 que no se formar\u00eda ning\u00fan tipo de sociedad y que cada compa\u00f1ero mantendr\u00eda un r\u00e9gimen individual, es claro que se excluy\u00f3 una comunidad de activos, lo que se ratific\u00f3 con la renuncia a gananciales y la declaraci\u00f3n de dominio exclusivo sobre los bienes adquiridos por cada compa\u00f1ero. <\/p>\n

Aclar\u00f3 que no se renunci\u00f3 a la facultad de pedir la separaci\u00f3n de bienes, como lo entiende equ\u00edvocamente la apelante, sino que se repudi\u00f3 la formaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n

Por \u00faltimo, en lo tocante a las formalidades del acto, el ad quem se\u00f1al\u00f3 que bastaba la escritura p\u00fablica, sin que fuera necesario contar con tres (3) testigos, pues esta \u00faltima exigencia \u00fanicamente procede cuando las capitulaciones se hacen por documento privado. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante sustent\u00f3 el recurso extraordinario en su oportunidad y propuso dos (2) reproches por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (folios 5 a 10 del cuaderno Corte), los cuales fueron admitidos por auto de 12 de diciembre de 2013 (folio 13), confirmado por prove\u00eddo de 20 de octubre de 2015 (folios 22 a 25). <\/p>\n

La Corte estudiar\u00e1 las acusaciones de consuno, por cuanto ambas se dirigen a cuestionar id\u00e9ntico aspecto de derecho. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Denunci\u00f3 la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo Civil, por el desconocimiento del derecho patrimonial de la demandante a disolver y liquidar la sociedad patrimonial, ya que, al haberse reconocido la uni\u00f3n marital conforme al art\u00edculo 4 de la ley 54 de 1990, se presume legalmente la conformaci\u00f3n de aqu\u00e9lla y es menester su declaraci\u00f3n judicial (canon 2 idem). <\/p>\n

Al no procederse de esta manera, se pretermiti\u00f3 una norma de orden p\u00fablico, como ciertamente sucedi\u00f3 con la escritura p\u00fablica n.\u00b0 875 de 2005. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Por la misma senda estim\u00f3 transgredido el art\u00edculo 198 del C\u00f3digo Civil, que proh\u00edbe renunciar a la separaci\u00f3n de bienes, so pena de ilicitud, conforme al mandato 1523 ibidem. <\/p>\n

Insisti\u00f3 en que se desconoci\u00f3 el derecho de la promotora a participar en la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, que es una consecuencia del estado civil de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n

Argument\u00f3 que \u00abexistiendo la sociedad patrimonial\u2026, y estando prohibida la renuncia a pedir separaci\u00f3n de bienes, es entendible que en el asunto\u2026 debe procederse a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que presume la ley\u00bb (folio 9), sin que la renuncia realizada en la escritura p\u00fablica cercene esta posibilidad. <\/p>\n

Arguy\u00f3 que el citado instrumento no satisfizo las exigencias del art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil, porque no mencion\u00f3 los bienes aportados por los compa\u00f1eros a la sociedad patrimonial, las donaciones y concesiones que se hicieron uno a otro; por el contrario, es un contrato leonino que revivi\u00f3 la esclavitud, al privar a la actora de cualquier ventaja. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuesti\u00f3n de primer orden es precisar que, a pesar de entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso desde el 1\u00ba de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5\u00ba de su art\u00edculo 625, que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n

Dado que el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala fue iniciado el 7 de diciembre de 2012, bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento, ser\u00e1 este ordenamiento el que siga rigi\u00e9ndolo. <\/p>\n

2. Delanteramente se\u00f1\u00e1lase que las censuras presentadas resultan incompletas, por dejar de lado uno de los sustentos de la sentencia del Tribunal, como es la posibilidad de que los compa\u00f1eros renuncien a la constituci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho. <\/p>\n

2.1. Total que, de acuerdo con el numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la formulaci\u00f3n de los cargos deber\u00e1 realizarse \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u00bb. <\/p>\n

La precisi\u00f3n, en una de sus aristas, impone que el ataque se dirija atinadamente hacia el centro de los argumentos que sirvieron de apoyo al fallo, controvirti\u00e9ndolos en su integridad. Y es que, por la finalidad de la casaci\u00f3n, el promotor tiene la carga de derruir todos los cimientos de la sentencia censurada, de suerte que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte, imponi\u00e9ndose su anulaci\u00f3n. <\/p>\n

En caso contrario la resoluci\u00f3n se mantendr\u00e1 en los estribos no discutidos y a partir de los mismos conservar\u00e1 su vigor jur\u00eddico, am\u00e9n de las presunciones de acierto y legalidad de los cuales est\u00e1n investidos, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n

La Corporaci\u00f3n tiene dicho que: <\/p>\n

[E]l censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que \u2018\u2026los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u2019 (Subrayado original. SC15211, 26 sep. 2017, rad. n.\u00b0 2011-00224-01, reitera precedente AC, 29 oct. 2013, rad. n\u00b0 2008-00576-01). <\/p>\n

2.2. En contrav\u00eda de la anterior directriz, los cargos propuestos se confinaron a alegar el car\u00e1cter irrenunciable del derecho a participar en la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho, sin considerar que el fallo de instancia neg\u00f3 las pretensiones, entre otras razones, porque la ley permite a las partes rehusar el nacimiento de la sociedad patrimonial de hecho, caso en el cual pierden vigor las normas relativas a su extinci\u00f3n. <\/p>\n

A buen recaudo, el sentenciador de segundo grado dijo: <\/p>\n

Conforme con el contenido del instrumento p\u00fablico aludido, queda claro para la Sala que las partes, en el contrato que denominaron \u2018capitulaciones patrimoniales\u2019, pactaron un r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes\u2026 <\/p>\n

Convenci\u00f3n que de acuerdo con el criterio doctrinario aludido y el precedente jurisprudencial citado, resulta viable, y en nada contrar\u00eda el orden p\u00fablico, pues en la aludida escritura p\u00fablica ninguno de los copart\u00edcipes est\u00e1 renunciando a la facultad de pedir la separaci\u00f3n de bienes a que le dan derecho las leyes, como parece interpretarlo equivocadamente el apelante, no; pactaron que con ocasi\u00f3n al surgimiento de la uni\u00f3n marital de hecho, no nacer\u00eda la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, situaci\u00f3n dis\u00edmil a lo planteado por el censor; adem\u00e1s, no existiendo una sociedad de bienes qu\u00e9 liquidar, no puede pregonarse que en la referida escritura p\u00fablica se haya pactado la imposibilidad de solicitar la disoluci\u00f3n de la misma, ya que ello ser\u00eda un contrasentido (folios 29 y 30 del cuaderno Tribunal). <\/p>\n

Dicho de otra manera, para el sentenciador, aunque en gracia de discusi\u00f3n existiera una restricci\u00f3n para abdicar de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del haber com\u00fan, no ser\u00eda aplicable al caso por sustracci\u00f3n de materia, en tanto los compa\u00f1eros impidieron la formaci\u00f3n de este \u00faltimo por una manifestaci\u00f3n expresa de su voluntad. Consideraci\u00f3n que simplemente fue ignorada por la casacionista al proponer sus censuras. <\/p>\n

Tal vac\u00edo evidencia que el ataque propuesto fue incompleto, it\u00e9rese, por dejar de lado uno de los n\u00facleos esenciales del prove\u00eddo que pretende derribar, raz\u00f3n suficiente para desestimar su estudio, en tanto a\u00fan de prosperar la acusaci\u00f3n, la sentencia se mantendr\u00eda en pie. <\/p>\n

3. Aunado a lo expuesto, en el cargo segundo se efectu\u00f3 una alegaci\u00f3n novedosa en casaci\u00f3n, relativa al desconocimiento de los requisitos del art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil, que debe repelerse por atentar contra el debido proceso del demandando y la lealtad procesal. <\/p>\n

3.1. Es pac\u00edfico en la jurisprudencia que \u00abun alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o, como sucede en el sub lite, para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente\u00bb, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora\u00bb (SC131, 12 feb. 2012, rad. n.\u00b0 2007-00160-01). <\/p>\n

Total que cuando en las instancias se dejan por fuera de controversia algunos asuntos, se excluye que sea dable traerlo de forma innovadora en las postrimer\u00edas del litigio, pues la casaci\u00f3n es eminentemente extraordinaria y su objeto se acota a la sentencia de segundo grado, raz\u00f3n por lo que no puede ser utilizada como un grado jurisdiccional adicional para reabrir el debate que qued\u00f3 zanjado en la alzada (cfr. SC, 16 jul. 1965, GJ n.\u00b0 2278-2279, p. 106). <\/p>\n

En otros t\u00e9rminos, \u00abeste instrumento extraordinario no habilita un nuevo juzgamiento de la controversia, sino que se circunscribe a la evaluaci\u00f3n de la providencia censurada a la luz de los yerros que le son endilgados por el recurrente. As\u00ed las cosas, no puede emplearse para retomar el estudio de la causa petendi y, menos a\u00fan, innovar en los hechos que le sirven de soporte\u00bb (SC19300, 21 nov. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00347-01). <\/p>\n

Lo contrario atentar\u00eda contra la probidad que se exige de todos los sujetos procesales, pues el no recurrente se ver\u00eda sorprendido con un alegato planteado cuando no es posible pedir pruebas adicionales o proponer una revisi\u00f3n integral del caso. <\/p>\n

3.2. En desmedro de lo expuesto, en el segundo cargo se introdujo por primera vez el siguiente razonamiento: <\/p>\n

En la escritura mencionada [se refiere a la n.\u00b0 875 de 15 de marzo de 2005] no se cumpli\u00f3 con el contenido del art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil que se\u00f1ala que deben mencionar los bienes que se aportan a la sociedad patrimonial, y a las donaciones y concesiones que quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro, sino que constituy\u00f3 un contrato de capitulaciones leonino en que una (sic) forma mezquina el demandado priv\u00f3 de toda ventaja a la accionante, quien revivi\u00f3 la esclavitud con la demandante al firmar un convenio que va contra las buenas costumbres y minti\u00f3 al notario por no relacionar los bienes hac\u00edan parte de la convenci\u00f3n (folio 10 del cuaderno Corte). <\/p>\n

Tal reflexi\u00f3n es totalmente ajena a las instancias, a pesar de que la demandante conoc\u00eda el instrumento p\u00fablico y consinti\u00f3 en que el litigio se confinara a la tem\u00e1tica patrimonial. <\/p>\n

En efecto, al descorrer las excepciones, la actora s\u00f3lo aleg\u00f3 la improcedencia de pactar capitulaciones en la uni\u00f3n marital, sin adentrarse en el contenido de la convenci\u00f3n suscrita (folios 43 y 44 del cuaderno 1). Tesis que reiter\u00f3 en los alegatos de conclusi\u00f3n, pues desech\u00f3 la posibilidad de renunciar a un efecto legal propio de la cohabitaci\u00f3n por dos (2) a\u00f1os (folios 56 a 59 del cuaderno 1). Por \u00faltimo, al sustentar la apelaci\u00f3n, insisti\u00f3 en su planteamiento, ahora basado en la inviabilidad de renunciar a la separaci\u00f3n de bienes, aunado a la ausencia de tres (3) testigos al momento de firmar la escritura p\u00fablica (folios 6 a 14 del cuaderno Tribunal). <\/p>\n

En consecuencia, el cargo segundo se frustra por la anotada deficiencia t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Con todo, aunque se obviaran los desaciertos expuestos, los reproches tampoco se abrir\u00edan paso, porque no se configur\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba y 4\u00ba de la ley 54 de 1990, en concordancia con los c\u00e1nones 16, 198, 1523 y 1771 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

4.1. Para comenzar es menester advertir que, conforme a la ley 54 de 1990, \u00abpara todos los efectos civiles, se denomina Uni\u00f3n Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u00bb (art\u00edculo 1). <\/p>\n

A su vez, el mandato 2\u00ba, modificado por la ley 979 de 2005, dispone \u00ab[s]e presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio\u2026\u00bb. <\/p>\n

La configuraci\u00f3n de una sociedad patrimonial, entonces, est\u00e1 condicionada a que se satisfagan los requisitos de existencia de la uni\u00f3n marital, as\u00ed como que los compa\u00f1eros permanentes convivan de forma ininterrumpida por lo menos dos (2) a\u00f1os -que permitan presumir la intenci\u00f3n de generar un patrimonio conjunto (CC, C257\/2015)-, siempre que no existan impedimentos legales para su configuraci\u00f3n.Desde anta\u00f1o esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n

[P[ara que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compa\u00f1eros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el art\u00edculo segundo exige una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, \u2018que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas (SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117, reiterada en SC11949, 26 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2001-00011-01), <\/p>\n

El mencionado efecto, una vez satisfechos los requisitos legales, se produce de forma natural, valga decirlo, la conjunci\u00f3n de bienes es una consecuencia legal de la comunidad de vida estable, aunque nada obsta para que su aparici\u00f3n se vea truncada, como cuando los compa\u00f1eros cesan la vida com\u00fan antes de satisfacerse el plazo legal, por la preexistencia de una sociedad conyugal o patrimonial de alguno de los part\u00edcipes, o por la ausencia de un fondo com\u00fan. <\/p>\n

La Sala, refiri\u00e9ndose al punto, dijo: <\/p>\n

La sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano econ\u00f3mico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y, en segundo t\u00e9rmino, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros permanentes, se haya consolidado un \u2018patrimonio o capital\u2019 com\u00fan. <\/p>\n

En el punto, cabe destacar que \u2018[l]a sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a que refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la \u2018uni\u00f3n marital de hecho\u2019, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los dem\u00e1s presupuestos que se\u00f1ala la norma\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente No. 7300131100022008-00322-01) (SC, 11 sep. 2013, rad. n.\u00b0 2001-00011-01). <\/p>\n

Este haber, adicionalmente, puede verse soslayado por una estipulaci\u00f3n expresa de la pareja, en el marco de los art\u00edculos 1771 y 1774 del C\u00f3digo Civil, aplicables por remisi\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de la ley 54 de 1990, a saber: \u00abA la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, se aplicar\u00e1n las normas contenidas en el Libro 4o., T\u00edtulo XXII, Cap\u00edtulos I al VI del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n

Y es que, el primero de los mencionados cap\u00edtulos regenta las denominadas capitulaciones matrimoniales, esto es, las \u00abconvenciones que celebren los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a \u00e9l, y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de pr\u00e9stamo o futuro\u00bb (art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

A su vez, el mandato 1774 prescribe que la sociedad de bienes es una consecuencia natural del casamiento, salvo que haya pacto entre las partes que impida este efecto patrimonial. <\/p>\n

Posibilidad que deviene de la naturaleza de la sociedad conyugal que, por remisi\u00f3n normativa, resulta aplicable a la sociedad patrimonial, donde el elemento volitivo tiene prevalencia por tratarse de derechos de libre disposici\u00f3n, los cuales conciernen \u00fanicamente a los interesados. Sobre el particular, la doctrina ha expuesto que: <\/p>\n

La funci\u00f3n estelar que tienen las capitulaciones matrimoniales es permitir a los c\u00f3nyuges la elecci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial que quieren que regule sus relaciones econ\u00f3micas y patrimoniales durante el matrimonio\u2026 <\/p>\n

Por tanto\u2026 el ordenamiento admite como norma rectora la lex privata, producto de la voluntad de los interesados porque se considera que ello es lo m\u00e1s justo y lo m\u00e1s conveniente tanto para los estipulantes como para el orden social en general: se piensa que, siempre que act\u00faen con libertad, son los interesados quienes mejor pueden establecer la reglamentaci\u00f3n de intereses que haya de ajustar su posterior conducta. Adem\u00e1s, en un momento hist\u00f3rico en que no resultaba f\u00e1cil, ni deseable, una total uniformidad de los modelos familiares y de los comportamientos personales dentro de la familia, el legislador entendi\u00f3 que es prudente admitir el pluralismo y la libertad de estipulaci\u00f3n que es la fuente de aqu\u00e9l1. <\/p>\n

Las capitulaciones, entonces, son fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros, a trav\u00e9s del cual se definen las reglas que han de regir su sociedad de bienes o, incluso, desechar su nacimiento. Su eficacia, por tanto, est\u00e1 supeditada a que se satisfagan las exigencias del art\u00edculo 1502 del estatuto civil, as\u00ed como las siguientes especiales: <\/p>\n

(i) Acuerdo expreso, libre y voluntario de autorregulaci\u00f3n de intereses (art\u00edculo 1771); <\/p>\n

(ii) Las capitulaciones deben elevarse a escritura p\u00fablica, salvo \u00abcuando no ascienden a mas de mil pesos los bienes aportados al matrimonio por ambos esposos juntamente, y en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes ra\u00edces, bastar\u00e1 que consten en escritura privada, firmada por las partes y por tres testigos domiciliados en el territorio\u00bb (art\u00edculo 1772); <\/p>\n

(iv) No pueden menoscabarse los derechos y obligaciones que las leyes se\u00f1alan a cada c\u00f3nyuge -o compa\u00f1ero permanente- respecto al otro o a los descendientes comunes (idem). En este punto, \u00ab[r]esulta pertinente hacer \u00e9nfasis en que los \u2018derechos derivados de las relaciones de familia\u2019, no son estrictamente id\u00e9nticos a los derechos propios del \u2018r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio\u2019, pues mientras los primeros tienen que ver con la necesidad de que se cumplan los fines esenciales del matrimonio y para su protecci\u00f3n la ley se vale de normas perentorias de orden p\u00fablico, los segundos corresponden a cuestiones meramente patrimoniales, frente a las cuales, en principio, se respeta la voluntad de las partes\u00bb (SC, 29 jul. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00152-01). <\/p>\n

El resultado de esta conjunci\u00f3n de elementos es que los futuros contrayentes normen la comunidad de bienes, incluso para se\u00f1alar que ning\u00fan bien ingresar\u00e1 a la misma, sin que esta estipulaci\u00f3n sea una afrenta a la moral social, las buenas costumbres o una forma de esclavitud, como incorrectamente lo califica la casacionista. Es una mera declaraci\u00f3n de voluntad con efectos econ\u00f3micos, que nada desdice de la relaci\u00f3n sentimental que da origen a una familia. <\/p>\n

4.2. El anterior estado del arte devela que el Tribunal no incurri\u00f3 en los desaciertos de derecho achacados por la impugnante, pues el entendimiento que dispens\u00f3 a las normas que gobiernan la sociedad patrimonial de hecho se ajusta a su recta hermen\u00e9utica. <\/p>\n

4.2.1. En efecto, la presunci\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanente, a que se refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, mal podr\u00eda entenderse como una regla de orden p\u00fablico o de contenido imperativo, pues como ya se explic\u00f3, su procedencia est\u00e1 subordinada a que los part\u00edcipes no hayan excluido su aplicaci\u00f3n a trav\u00e9s de una capitulaci\u00f3n matrimonial que reh\u00fase su existencia o modifique su composici\u00f3n, como lo permiten los c\u00e1nones 1771 y 1774 del C\u00f3digo Civil, aplicables a la materia por la remisi\u00f3n expresa de la citada ley, como ya se dijo. <\/p>\n

Tal exclusi\u00f3n, que en el caso se manifest\u00f3 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 875 de 15 de marzo de 2005 de la Notar\u00eda 12 de Bogot\u00e1, no afect\u00f3 ning\u00fan derecho irrenunciable, pues precisamente la ley le otorga la facultad a los compa\u00f1eros permanentes para que eviten los efectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n, lo que se aviene con la libertad contractual -art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica -art\u00edculo 14 ibidem- y la capacidad para obligarse -art\u00edculo 1503 del C\u00f3digo Civil-. <\/p>\n

Ahora bien, dice el art\u00edculo 15 del estatuto privado que \u00ab[p]odr\u00e1n renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que s\u00f3lo miren al inter\u00e9s individual del renunciante, y que no est\u00e9 prohibida su renuncia\u00bb; supuestos que se dan en el sub examine, en tanto los compa\u00f1eros decidieron, incluso antes de principiar la vida com\u00fan, impedir la sociedad patrimonial y mantener un r\u00e9gimen de activos individual, por lo que se trata de un asunto meramente patrimonial que s\u00f3lo les conciernen, quienes actuaron conforme a su voluntad. <\/p>\n

Rem\u00e1rcase, las capitulaciones maritales no son una afrenta al derecho que tienen las partes de disolver y liquidar el haber social, sino que sirven, como en efecto procedieron Marisol D\u00edaz Guarin y Luis Alfonso Rinc\u00f3n Ar\u00e9valo, para repeler el nacimiento de la sociedad de activos, caso en el cual devienen inaplicables, por carencia de objeto, las normas que gobiernan su extinci\u00f3n y la distribuci\u00f3n de activos. <\/p>\n

4.2.2. Es cierto que el precepto 198 del C\u00f3digo Civil proh\u00edbe a los c\u00f3nyuges \u00abrenunciar en las capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas [a] la facultad de pedir la separaci\u00f3n de bienes a que le dan derecho las leyes\u00bb, como una forma de impedir a los consortes que, una vez conformada la sociedad conyugal, no puedan liquidarla a pesar de configurarse alguna de las causales legalmente establecidas para su disoluci\u00f3n. <\/p>\n

Mandato que encuentra su explicaci\u00f3n en la imposibilidad de obligar a los c\u00f3nyuges a mantenerse vinculados por una comunidad de activos que no tiene vocaci\u00f3n de producir efectos jur\u00eddicos, o de impulsarlos a un divorcio como \u00fanico mecanismo que permita finiquitar el haber com\u00fan. Y es que nada impide que los desposados quieran continuar con la uni\u00f3n afectiva, pero no con la masa patrimonial, lo que no podr\u00e1 limitarse v\u00eda capitulaciones matrimoniales con un pacto de indivisi\u00f3n u obligatoriedad de divorcio. M\u00e1xime si se tiene en cuenta el contexto hist\u00f3rico de esta norma, en tanto para el 19 de enero de 1976, fecha en que se expidi\u00f3 la ley 1\u00aa y se modific\u00f3 el original art\u00edculo 198 del C\u00f3digo Civil, no era dable la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso, por lo que la \u00fanica posibilidad que ten\u00edan las partes era la separaci\u00f3n de bienes, como lo explic\u00f3 en su momento este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n

c) La sociedad conyugal puede terminar antes que el matrimonio (y a pesar de que \u00e9ste subsista durante a\u00f1os) como cuando se decreta judicialmente al divorcio o la simple separaci\u00f3n de bienes (C. C. art\u00edculos 197 a 208; Ley 28 de 1932, art\u00edculo 3\u00ba; C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculo 625); d) Cuando el matrimonio se celebra por los ritos can\u00f3nicos de la Iglesia Cat\u00f3lica, es, adem\u00e1s, de un contrato, un sacramento; y la sociedad conyugal es un simple contrato civil que impl\u00edcitamente se celebra en el acto de contraer matrimonio cat\u00f3lico o meramente civil. De lo anterior se concluye que es imposible confundir o identificar el r\u00e9gimen legal del matrimonio propiamente dicho y el de la sociedad de bienes, y que mientras las normas que regulan el primero son de orden p\u00fablico, las que rigen la segunda no lo son, por regla general (CSJ, Sala Plena, 23 oct. 1975). <\/p>\n

De cara a presente controversia, se observa que la norma cuya pretermisi\u00f3n se critic\u00f3 resulta inaplicable, por cuanto los futuros compa\u00f1eros permanentes decidieron que no habr\u00eda sociedad patrimonial, lo que excluye la vigencia para ellos de una prohibici\u00f3n edificada sobre la base de que \u00e9sta se haya formado. <\/p>\n

4.2.3. Por \u00faltimo, el art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil no establece la imperatividad de que, en todos los documentos p\u00fablicos contentivos de las capitulaciones matrimoniales, se incluyan los bienes que se aportan a la sociedad, las donaciones y concesiones que quiera hacerse la pareja, pues estas exigencias s\u00f3lo deben satisfacerse en los casos en que resulten procedentes, seg\u00fan la finalidad deseada por los interesados al suscribir las capitulaciones. <\/p>\n

Pretender, como lo hace la recurrente, que en materia de capitulaciones en la sociedad conyugal y patrimonial de hecho, siempre deban incorporarse las estipulaciones en menci\u00f3n, es atentar contra la voluntad de los futuros c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros, ya que, como se ha dicho con insistencia, son ellos quienes definen si habr\u00e1 o no comunidad de bienes y, en caso de que se conforme, cu\u00e1l ser\u00e1 su integraci\u00f3n y los activos propios que aportar\u00e1n a la misma, sin que el legislador haya impuesto un contenido m\u00ednimo, en punto a aportes o donaciones. <\/p>\n

Admitido que las partes suscribieron la escritura p\u00fablica n.\u00b0 875 de 15 de marzo de 2005, en la que se afirm\u00f3 que \u00abno se constituir\u00e1 sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, no se requer\u00eda incluir listado alguno de bienes o donaciones por simple sustracci\u00f3n de materia, por lo que en este aspecto no se advierte una desatenci\u00f3n de los requisitos de eficacia de las capitulaciones patrimoniales, lo que descarta yerro alguno en el proceder del Tribunal. <\/p>\n

5. Para recapitular, si bien los cargos planteados son incompletos y el segundo incorpora un medio nuevo, un an\u00e1lisis de fondo desvirt\u00faa que el ad quem incurriera en los errores denunciados, raz\u00f3n por la cual se denegar\u00e1 la casaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se condenar\u00e1 en costas al recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la demanda del recurso extraordinario fue replicada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 13 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Familia, dentro del proceso que Marisol D\u00edaz Guar\u00edn promovi\u00f3 contra Luis Alfonso Rinc\u00f3n Ar\u00e9valo. <\/p>\n

Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Por secretar\u00eda incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n

Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n

Notif\u00edquese. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala
\nAclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nAclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-002-2010-01409-01 <\/p>\n

1. En el juicio materia de litigio, Marisol D\u00edaz Guar\u00edn reclam\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho con Luis Alfonso Rinc\u00f3n Ar\u00e9valo desde el 4 de septiembre de 2003 hasta el 25 de noviembre de 2010, con la consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n

2. Hubo oposici\u00f3n del demandado y trajo la escritura 875 del 15 de marzo de 2005 para excepcionar inexistencia de uni\u00f3n marital y de sociedad patrimonial desde el 4 de septiembre de 2003. <\/p>\n

3. En el desarrollo instructivo hubo conciliaci\u00f3n parcial tocante con la uni\u00f3n marital con gestaci\u00f3n el 15 de marzo de 2005 y conclusi\u00f3n el 22 de octubre de 2010. <\/p>\n

4. La sentencia de primera instancia encontr\u00f3 demostrada la uni\u00f3n marital, al haber sido reconocida, con extinci\u00f3n a partir del 22 de octubre del 2010.
\nNeg\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial y sus consecuenciales. Al apelarse, la de segundo grado la confirm\u00f3, pero motiv\u00f3 que a la uni\u00f3n marital se le aplican las disposiciones de las capitulaciones del matrimonio, admitiendo r\u00e9gimen separativo de bienes. Valid\u00f3 el pacto de que no se formar\u00eda sociedad, ratificado con la renuncia a gananciales. Aclar\u00f3 que no se dimiti\u00f3 de la facultad de pedir separaci\u00f3n de bienes, sino que se repudi\u00f3 la formaci\u00f3n de sociedad patrimonial, y asent\u00f3 que no se requer\u00eda de tres testigos para el instrumento capitular contenido en la escritura p\u00fablica, sino para el acuerdo privado. <\/p>\n

La demandante se alz\u00f3 en casaci\u00f3n contra la sentencia con dos cargos. <\/p>\n

5. Al decidir el recurso, la Corte lo desestim\u00f3 defendiendo la tesis de la extensi\u00f3n de las capitulaciones matrimoniales a la uni\u00f3n marital y su sociedad patrimonial en el marco de los art\u00edculos 1771 y 1774 del C\u00f3digo Civil y las perfil\u00f3 como fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros para \u201c(\u2026) regir su sociedad de bienes o desechar su nacimiento (\u2026)\u201d, infiriendo que, por tanto, el Tribunal no incurri\u00f3 en error. Se\u00f1al\u00f3 que la presunci\u00f3n dimanante del art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990 no es de orden p\u00fablico sino subordinada a la autonom\u00eda prevista en los c\u00e1nones 15, 1771 y 1774 del C\u00f3digo Civil, por consiguiente, la escritura p\u00fablica de capitulaciones no afect\u00f3 ning\u00fan derecho irrenunciable. En esa l\u00ednea conceptual, hall\u00f3 compatible el art\u00edculo 198 del C\u00f3digo Civil, pues, justamente, censura pactos de indivisi\u00f3n. Agreg\u00f3 que, en las capitulaciones no hay necesidad de incluir los bienes que se aportan a la sociedad, las donaciones y concesiones que quiera hacerse la pareja. Sin duda los cargos deb\u00edan desestimarse. <\/p>\n

Esa hermen\u00e9utica de la cual difiero, brilla cuando la Sala adoctrina que, \u201c(\u2026) son fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros, a trav\u00e9s de la cual se definen las reglas que han de regir su sociedad de bienes o desechar su nacimiento(\u2026)\u201d, en silogismo que ulteriormente reitera al considerar: \u201c(\u2026) el resultado de esta conjunci\u00f3n de elementos es que los futuros contrayentes normen la comunidad de bienes, incluso para se\u00f1alar que ning\u00fan bien ingresar\u00e1 a la misma, sin que la estipulaci\u00f3n sea una afrenta a la moral social, las buenas costumbres o una forma de esclavitud, como incorrectamente lo califica el casacionista (\u2026)\u201d. <\/p>\n

7. Disido de ese criterio que limita o restringe la celebraci\u00f3n de pactos o convenciones entre la pareja, fincando su validez y existencia a los otorgados con antelaci\u00f3n al acto jur\u00eddico matrimonial o a la fase previa de iniciaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital. Ello ri\u00f1e con principios b\u00e1sicos del ordenamiento, con los tiempos que hoy corren, con las nuevas realidades de la familia, con el creciente reconocimiento de los derechos de la mujer para participar en condiciones de igualdad en todas las actividades humanas y el hecho relevante demostrado y aceptado por las partes, en el asunto objeto de sentencia, consistente en la celebraci\u00f3n entre los contendientes de la Escritura P\u00fablica 875 del 15 de marzo de 2005, en la cual pareja atest\u00f3, que: \u201c(\u2026) no se constituir\u00e1 sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (\u2026)\u201d, pues, del mismo modo, en forma indirecta se le restringe el vigor interpretativo a este acto negocial o a otros que puedan celebrar consortes, luego del matrimonio o de iniciada la convivencia. <\/p>\n

7.1. Matrimonio-sociedad conyugal y Uni\u00f3n marital de hecho-sociedad patrimonial. R\u00e9gimen de igualdad. Sin duda conforme al art\u00edculo 7 de la Ley 54 de 1990 a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes le son aplicables las normas del Libro 4, T\u00edtulo XXII, Cap\u00edtulos I a VI del C\u00f3digo Civil, de modo que resulta inaceptable resistir el gobierno y eficacia de las disposiciones del matrimonio de la sociedad conyugal a la sociedad patrimonial de los compa\u00f1eros; por ello, no se puede rehusar la adjudicaci\u00f3n de normas sobre las capitulaciones del matrimonio a la sociedad patrimonial, en ello, no puedo demeritar a la sentencia, porque se ajusta a esta intenci\u00f3n legislativa. <\/p>\n

Ahora bien, desde el caso concreto, la Escritura P\u00fablica 875 del 15 de marzo de 2005, donde se atest\u00f3: \u201c(\u2026) no se constituir\u00e1 sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (\u2026)\u201d, en la controversia se debi\u00f3 reivindicar con pleno vigor el derecho de una pareja para autoregular y determinar su vida econ\u00f3mica, no solamente antes de la convivencia, con capitulaciones o actos jur\u00eddicos similares a esa estirpe, cohet\u00e1neamente con su iniciaci\u00f3n o celebraci\u00f3n, inclusive durante la ejecuci\u00f3n y desarrollo de la vida de la instituci\u00f3n familiar. <\/p>\n

El Estado Constitucional y Social de derecho, previsto en la Carta, tanto en su pre\u00e1mbulo, como en los art\u00edculos 2, 42, 58 y 335 entre otros, sumados a la regla 13 edifican un conjunto de principios, valores que abogan por la plena igualdad entre el matrimonio y la sociedad patrimonial, esencialmente en lo tocante con el r\u00e9gimen patrimonial. Lo antelado, salvo algunas especificidades, como la relativa a la presunci\u00f3n legal para la formaci\u00f3n de la sociedad patrimonial cuando han transcurrido dos a\u00f1os de existencia de uni\u00f3n marital prevista en el literal b del art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990, para predicar la sociedad patrimonial, o las concernientes a las solemnidades especiales para el contrato matrimonial. No obstante, en su sustancialidad, uni\u00f3n marital y matrimonio deben estar plenamente equiparados, y el r\u00e9gimen de bienes como entidad propia de las formas de familia, cuando las personas son plenamente capaces, debe cimentarse en la soberana voluntad de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros. <\/p>\n

7.2. La sentencia debi\u00f3 haber abogado por la aplicaci\u00f3n del principio de la autonom\u00eda de la voluntad en forma plena y con total libertad para una y otra instituci\u00f3n. <\/p>\n

El C\u00f3digo Civil en el art\u00edculo 113 precisa que \u201cEl matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer (interpr\u00e9tese, dos sujetos de derecho autorizados por el ordenamiento) se unen con el fin de vivir juntos, de procrear (no necesariamente, apenas es posibilidad, pero no obligaci\u00f3n) y de auxiliarse mutuamente\u201d, y en sentido semejante la Ley 54 de 1990, en coherencia con el art\u00edculo 42 de la Carta, son dos formas de familia que generan efectos jur\u00eddicos patrimoniales y personales. <\/p>\n

Los efectos personales no son exclusivamente para el matrimonio, sino tambi\u00e9n para la uni\u00f3n marital, pero mediados por una fuerte intervenci\u00f3n del Estado, porque las dos son formas institucionales de familia, son unidades sociol\u00f3gicas y pol\u00edticas b\u00e1sicas, que revisten un basamento angular para la construcci\u00f3n del tejido social y del propio Estado y, en general, de la propia humanidad. Estas dos formas, al mismo tiempo que las uniones familiares de hecho, civiles, concubinatos o uniones maritales de hecho irregulares -no previstas en la Ley 54 de 1990-, constituyen, adem\u00e1s, aut\u00e9nticos negocios jur\u00eddicos, verdaderas declaraciones de voluntad que se exteriorizan para producir efectos jur\u00eddicos en forma solemne o no, creando, modificando o extinguiendo relaciones jur\u00eddicas; en este sentido, es innegable, contienen declaraciones deliberadas que deben cumplir las condiciones de los negocios jur\u00eddicos, tanto de validez como de existencia. <\/p>\n

Por regla general, los aspectos personales, incumben a lo p\u00fablico, por su incidencia en el todo social o pol\u00edtico, por estructurar la base y esencia de la sociedad, porque son instituciones familiares neurales, por ejemplo, para incorporar, educar y forjar nuevos individuos para la prolongaci\u00f3n y futuro de la sociedad o para transmitir la cultura, la nacionalidad, el lenguaje, la idiosincracia, el ethos, etc. Constituyen, por excelencia, fuente central para la sociedad y el Estado, y a ellas, vale sumar la escuela. Por ello, los aspectos personales, casi todos, son de orden p\u00fablico, intervenidos y reglados estatalmente de modo imperativo, como por ejemplo, la naturaleza jur\u00eddica de esas formas de familia, el estado civil, los alimentos, las guardas, las adopciones, la postestad parental, la violencia intrafamiliar, las acciones positivas y negativas del estado civil, la restituci\u00f3n internacional de menores, etc. Incluso, algunos aspectos excepcionales econ\u00f3micos que por repercutir en el espacio socio-pol\u00edtico y por ligarse con derechos constitucionales, como lo tocante con el patrimonio de familia o la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, tambi\u00e9n son auscultados e intervenidos, porque se relacionan con el derecho fundamental a la vivienda de los compa\u00f1eros o consortes, al ser la familia, la c\u00e9lula motor de lo social y pol\u00edtico, cuya desatenci\u00f3n puede generar crisis sociales o pol\u00edticas. Muchos de estos aspectos personales se regulan en la Libro I del C\u00f3digo Civil, en disposiciones especiales, en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, y en la propia Constituci\u00f3n. <\/p>\n

Empero, en la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica, regulada en nuestro medio, especialmente en el Libro IV del C\u00f3digo Civil, de las obligaciones y contratos, salvo, algunas restricciones, reviste una visi\u00f3n particular. Los actos jur\u00eddicos sin degestaci\u00f3n de las diferentes formas de familia y su ejecuci\u00f3n constituyen verdaderos negocios jur\u00eddicos, genuinos y verdaderos negocios jur\u00eddicos conformados por declaraciones de estirpe bilateral y principal, de ejecuci\u00f3n permanente o sucesiva, salvo la solemnidad de que est\u00e1 revestido el matrimonio, no as\u00ed la uni\u00f3n marital. Por consiguiente, el aspecto econ\u00f3mico en las distintas modalides de familia, implica una dimensi\u00f3n que conlleva un sagrado respeto al principio de la autonom\u00eda de la voluntad de la pareja sin distingos de g\u00e9neros, para determinar los contenidos de sus relaciones econ\u00f3mico-jur\u00eddicas. <\/p>\n

El acto jur\u00eddico matrimonial o de los convivientes, como negocio jur\u00eddico es acto principal, mientras las capitulaciones matrimoniales o los pactos para determinar la forma de gobierno econ\u00f3mico, son actos jur\u00eddicos accesorios; y por lo mismo, en todo cuanto se refieren a lo patrimonial, y a cuanto pacte la pareja entre s\u00ed, debe brillar un absoluto respeto a la autonom\u00eda de la voluntad, cuando se dan todas las condiciones de un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido; de modo que, cuando la pareja decida libremente el r\u00e9gimen econ\u00f3mico que se avenga al sistema constitucional y al de los actos y negocios jur\u00eddicos autorizados en el ordenamiento, debe privilegiar la voluntad de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros, ora en el modelo general econ\u00f3mico cuando adopte de separaci\u00f3n patrimonial total, ya la plena comunidad o cualesquiera otra clase de sistema o forma, o ya en sus particularidades para la conformaci\u00f3n, integraci\u00f3n, disoluci\u00f3n, liquidaci\u00f3n del haber social, etc. En el punto, ni el Estado, ni el legislador o el juez, pueden ser autoritarios para franquear y devertebrar el querer de las partes. La autoridad del Estado, apenas llena vac\u00edos o ejerce facultades supletivas, y solamente puede entrometerse cuando haya silencio o lesi\u00f3n grave en los derechos de las partes, pero, excepcionalmente, con el fin de hacer respetar el orden p\u00fablico, o los derechos fundamentales agredidos o para restablecer derechos. <\/p>\n

Los c\u00f3nyuges o los compa\u00f1eros gozan de plena inteligencia, voluntad, albedr\u00edo o independencia para escoger de consuno el r\u00e9gimen econ\u00f3mico que pretendan de acuerdo con el principio general seg\u00fan el cual los particulares pueden disponer de sus bienes presentes y futuros como expresi\u00f3n de la voluntad de autodeterminaci\u00f3n, siempre y cuando no afecten intereses p\u00fablicos o derechos de terceros. Los principios constitucionales de libertad democr\u00e1tica de audeterminaci\u00f3n relacionados con los art\u00edculos 2, 13, 58 y 333. Asimismo, los principios del C\u00f3digo Civil, avalan esta posibilidad, como el art\u00edculo 15, seg\u00fan el cual: \u201cpueden renunciarse derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al inter\u00e9s individual del renunciante (\u2026)\u201d, en concordancia con los art\u00edculos 16 y 1602, ej\u00fasdem. <\/p>\n

En este sentido, ha dicho la doctrina constitucional: <\/p>\n

\u201cDentro de este cuadro, la autonom\u00eda permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues \u00e9stas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el l\u00edmite del orden p\u00fablico, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad p\u00fablicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre s\u00ed, las cuales en principio no producen efectos jur\u00eddicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel.
\n\u00a0 <\/p>\n

\u201c4. Dicha concepci\u00f3n casi absoluta del poder de la voluntad en el campo del Derecho Privado fue moderada en la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX como consecuencia de las conquistas de los movimientos sociales y la consideraci\u00f3n del inter\u00e9s social o p\u00fablico como una entidad pol\u00edtica y jur\u00eddica distinta e independiente de los intereses individuales y superior a \u00e9stos, que inspir\u00f3 la creaci\u00f3n del Estado Social de Derecho y la intervenci\u00f3n del mismo, en m\u00faltiples modalidades, en el desarrollo de la vida econ\u00f3mica y social, para proteger dicho inter\u00e9s y especialmente el de los sectores m\u00e1s necesitados de la poblaci\u00f3n, lo cual ha limitado visiblemente el campo de acci\u00f3n de los particulares en materia contractual. Por tanto, se puede afirmar que en la actualidad el principio de la autonom\u00eda de la voluntad privada mantiene su vigencia pero con restricciones o, visto de otro modo, se conserva como regla general pero tiene excepciones.
\n\u00a0
\n\u201c5. En lo que concierne al Estado colombiano, el C\u00f3digo Civil, sancionado el 26 de Mayo de 1873, consagr\u00f3 la concepci\u00f3n original de la autonom\u00eda de la voluntad privada, como se desprende principalmente de los Arts. 16, en virtud del cual \u2018no podr\u00e1n derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia est\u00e1n interesados el orden y las buenas costumbres\u2019, y 1602, seg\u00fan el cual \u2018todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales \u201d2. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos expresados, la autonom\u00eda, en consecuencia, en el punto concreto, al menos permite advertir, dos efectos concretos <\/p>\n

7.2.1 De un lado, la prevalencia de la regla 1774, al se\u00f1alar: \u201cA falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio, contra\u00edda la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este t\u00edtulo\u201d, es un precepto que impone al Estado y a los jueces, respetar la libertad contractual y su ingerencia es apenas suplentiva. El texto al hallarse en el Libro Cuarto de nuestro C\u00f3digo Civil de las obligaciones y de los contratos, y en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico, dispone en forma contundente y expl\u00edcita que la regla general es la autonom\u00eda de la voluntad, y no precisamente el r\u00e9gimen de gananciales. Los compa\u00f1eros o c\u00f3nyuges pueden celebrar la clase de actos jur\u00eddicos, o las convenciones o negocio que deseen para regular su r\u00e9gimen econ\u00f3mico y, por lo mismo, tanto el r\u00e9gimen de gananciales como el de la sociedad patrimonial es meramente subsidiario o supletivo ante el silencio de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros. <\/p>\n

Pero, adem\u00e1s, la regla en cuesti\u00f3n no establece oportunidad o temporalidad alguna para la celebraci\u00f3n de pactos, ni obsta, para que de haber surgido sociedad de gananciales o sociedad patrimonial la pareja renuncie a la celebraci\u00f3n de acuerdo o a los ejercicios persnal\u00edsimos de pensar, de la libertad negocial, de decidir o de celebrar pactos. Y es, en este contexto, como puede interpretarse el art\u00edculo 198 del C\u00f3digo Civil, y no de la forma como lo pretende el casacionista. <\/p>\n

El texto 1774 es compatible con el art\u00edculo 1775 ej\u00fasdem, cuando expresa que \u201cCualquiera de los c\u00f3nyuges siempre que sea capaz, podr\u00e1 renunciar a los gananciales que resulten a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin perjuicio de terceros\u201d, significa complementariamente que c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros o esposos como futuros c\u00f3nyuges o quienes opten por la uni\u00f3n marital, si son plenamente capaces, no pueden tener barrera u obst\u00e1culo alguno, para renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal o a la sociedad patrimonial en cualquier momento, salvo cuando pretendan afectar los derechos de terceros. La \u00fanica censura es la mala fe, el fraude o los pactos ama\u00f1ados para perjudicar a terceros. <\/p>\n

7.2.2. La segunda consecuencia tiene que ver con la necesaria interpretaci\u00f3n que, desde el \u00e1ngulo constitucional y convencional (Convenci\u00f3n Interamericana o Pacto de San Jos\u00e9), debe darse a la regla 1771 del C\u00f3digo Civil, cuando dispone, que \u201c[s]e conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a \u00e9l, y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro\u201d. La disposici\u00f3n al estar referida a las convenciones celebradas con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n, ha sido fuente para interpretaciones restrictivas digan que proh\u00edbe la celebraci\u00f3n simult\u00e1nea o posterior. <\/p>\n

En el punto, entonces, la sentencia es sumamente temerosa, y se adentra en una ex\u00e9gesis restrictiva, desentendido de la historia actual, porque fue la acu\u00f1ada con antelaci\u00f3n a la Ley 28 de 1932, porque como adelante lo demuestro, el gobierno del visionario de Olaya Herrera, por medio de quien luego fuera Magistrado de esta Sala, Luis Felipe Latorre, defendi\u00f3 el criterio diferente y contrario. <\/p>\n

La Sala entonces, adopta una posici\u00f3n enteramente conservadora, a pesar de los debates que hubo en Sala de discusi\u00f3n de esta sentencia y sobre el particular. Las capitulaciones, o los pactos entre c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros, tendientes a regular el r\u00e9gimen de bienes, pueden celebrarse no exclusivamente antes, como con criterio condicionado se interpreta, sino simult\u00e1nea o posteriormente a la celebraci\u00f3n del matrimonio, o a la iniciaci\u00f3n de la convivencia entre los compa\u00f1eros.
\nEn este \u00faltimo caso, antes, durante el per\u00edodo de los dos a\u00f1os al que da lugar al emergimiento de la presunci\u00f3n contenida en el literal b del art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990, sino tambi\u00e9n posteriormente, luego de transcurridos esos dos a\u00f1os de convivencia, o con posterioridad a la celebraci\u00f3n del matrimonio, pueden otorgarse capitulaciones o actos an\u00e1logos para determinar lo conducente con la vida econ\u00f3mica de la pareja. <\/p>\n

En el punto, aqu\u00ed advertido, la Corte debi\u00f3 interpretar la historia para haber adoctrinado en la forma aqu\u00ed se\u00f1alada, defendiendo la plena autonom\u00eda e igualdad, sin consideraci\u00f3n a dogmatismos ni a ideas de estirpe feudal o sacral, ni a l\u00edmites temporales de clase alguna, salvo, los derechos de los discapacitados. <\/p>\n

De tal modo que se impone una interpretaci\u00f3n en el marco de la democracia constitucional y de la autonom\u00eda de la voluntad, de las reglas 1771 y 1774 del C\u00f3digo Civil colombiano a fin de clausurar el paso a hermen\u00e9uticas cerradas y oscurantistas que impiden a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros, cuando son plenamente capaces, organizar, planear, decidir su convivencia con absoluta claridad e independencia con relaci\u00f3n a la sociedad de bienes. <\/p>\n

La Corte no debi\u00f3 dejar de lado el an\u00e1lisis hist\u00f3rico de las capitulaciones matrimoniales, en particular del cambio de paradigma que represent\u00f3 la Ley 28 de 1932 en el reconocimiento de los derechos de la mujer casada, encarando las capitulaciones matrimoniales como acto dispositivo de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros que sin fracturar su convivencia pueden celebrarlas o reformarlas, antes, simult\u00e1neamente o con posterioridad a la celebraci\u00f3n del matrimonio o a la formaci\u00f3n consensual de la uni\u00f3n marital con plena autonom\u00eda y sin prohibiciones, siempre y cuando no contravengan el orden p\u00fablico o las buenas costumbres. <\/p>\n

7.3. La Ley 28 de 1932 y su importante contribuci\u00f3n para los derechos de la mujer casada <\/p>\n

La consolidaci\u00f3n de los derechos de la mujer, como integrante de la familia y de la sociedad, como persona capaz de manejar su propio patrimonio, \u00fanicamente puede obtenerse mediante el otorgamiento de todos sus derechos econ\u00f3micos y jur\u00eddicos en un plano de igualdad con el hombre. Del mismo modo, esto se demanda para las parejas homosexuales o de diferente orientaci\u00f3n sexual en pro de proteger la diferente orientaci\u00f3n, y el patrimonio de cada integrante de la pareja. Una de tantas formas de consecuci\u00f3n de la igualdad es la autorizaci\u00f3n de la celebraci\u00f3n de capitulaciones, pactos o convenciones, en forma previa, simult\u00e1nea o posterior a la formaci\u00f3n o celebraci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos constitutivos de la familia, porque permite abrir espacios contra la violencia de g\u00e9nero y contra la violencia econ\u00f3mica y moral de la mujer, por cuanto sin independencia econ\u00f3mica, no puede existir plena satisfacci\u00f3n de las garant\u00edas personales. <\/p>\n

La discriminaci\u00f3n a la mujer casada o de la compa\u00f1era en la uni\u00f3n marital a\u00fan no termina; es heredada de las fases esclavista y feudal. En el caso de la mujer casada, el C\u00f3digo Civil colombiano hered\u00f3 esos sistemas jur\u00eddicos arcaicos frente a la mujer, y fueron transpolados a los art\u00edculos 177 hasta el 211 del C\u00f3digo Civil, perpetuando proyectos de discapacidad y explotaci\u00f3n, cuando contra\u00eda matrimonio, debiendo ser representada o autorizada por su marido, dise\u00f1o societario que se reflejaba en: 1. Sistema cosificante. 2. Potestad marital, seg\u00fan la cual, el marido representaba los derechos personales y econ\u00f3micos de la mujer casada. 3. Administraci\u00f3n unilateral del marido del total del patrimonio de la mujer casada, de los bienes propios, de los bienes sociales, y por supuesto, de los propios del marido. Era el \u00fanico administrador del todo. 4. Ausencia de capacidad procesal de la mujer casada, salvo autorizaci\u00f3n del marido. 5. Ausencia de capacidad de obrar o de ejercicio para celebrar o modificar contratos o para aceptar o repudiar la herencia; con el agravante del requerimiento de licencia judicial para realizar las subrogaciones del art\u00edculo 1791 del C\u00f3digo Civil, en el patrimonio personal y social. 6. Requerimiento de autorizaci\u00f3n del marido para ejercer profesi\u00f3n. 7. Intermediaci\u00f3n del marido en la solicitud de la mujer casada para pedir separaci\u00f3n de bienes. 8. Ausencia de derechos pol\u00edticos de las mujeres, etc. <\/p>\n

Se trataba de un sistema econ\u00f3mico, d\u00e9spota, autoritario y arbitrario del marido sobre el patrimonio propio de la mujer que avalaba el ordenamiento jur\u00eddico; guiado por un nocivo y obsoleto esquema de universalidad al que ingresaban los bienes propios de la mujer y los que, ulteriormente, se obten\u00edan como sociales, pero tambi\u00e9n los propios, porque el hombre administraba y dispon\u00eda a su antojo, mientras que la mujer casada requer\u00eda autorizaciones del propio marido. Esa autoridad social y ancestral era secundada y avalada por el legislador, agravada por la carencia de la capacidad de obrar o de ejercicio, as\u00ed como de la capacidad procesal. \u00bfQui\u00e9n le ped\u00eda cuentas al marido? Nadie. El patrimonio se tornaba uno, con plena garant\u00eda para las obligaciones contra\u00eddas por el \u00fanico administrador frente a los acreedores; pues de la gesti\u00f3n y del control estaba exclu\u00edda la mujer por la incapacidad legal que le otorgaba la ley, equipar\u00e1ndola en forma similar a las de los ni\u00f1os y ni\u00f1as.
\nEs claro que el sistema inicial del C\u00f3digo Civil, subyugaba a la mujer casada frente a terceros y frente al propio marido, tach\u00e1ndola de incapaz, de modo que su marido era su representante y responsable; pero tambi\u00e9n el \u00fanico administrador de la sociedad conyugal y de los derechos econ\u00f3micos de la mujer. <\/p>\n

Ese nefasto r\u00e9gimen fue advertido por las mujeres colombianas en la d\u00e9cada del veinte del siglo pasado, y por algunos hombres quienes pusieron en tela de juicio el sistema del C\u00f3digo Civil en pos de aniquilar esa estirpe feudal y esclavista de la dote y de la incapacidad de la mujer para manejar su propio patrimonio. La Ley 28 de 1932 es la expresi\u00f3n de esa voluntad y de las nuevas fuerzas de poder.
\nEl gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera capt\u00f3 el problema, atizado por el pensamiento de valerosas mujeres como Amalia L\u00f3pez de Mesa y Ofelia Uribe de Acosta; por medio del abogado consultor de la Presidencia, Luis Felipe Latorre, ante la C\u00e1mara de Representantes de 1932, defendi\u00f3 el \u201cProyecto de ley sobre reformas civiles-r\u00e9gimen patrimonial en el matrimonio\u201d, que luego del tr\u00e1mite se transform\u00f3 en la Ley 28. En su exposici\u00f3n se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201cEn una forma u otra, casi todos los pa\u00edses han ido otorgando a la mujer mayores garant\u00edas, m\u00e1s independencia, m\u00e1s medios defensivos, etc.
\n\u201cLa ley italiana del 17 de julio de 1919 aboli\u00f3 las restricciones a la capacidad de la mujer casada, quien puede actualmente disponer de sus bienes con toda libertad y sin control alguno [\u2026]
\n\u201cEn Alemania, el contrato de matrimonio puede hacerse antes o despu\u00e9s de este, modificarse en cualquier tiempo y con toda libertad [\u2026] De los mismos bienes puede disponer con toda libertad la mujer casada, cuya incapacidad desapareci\u00f3 con el C\u00f3digo alem\u00e1n de 1900.
\n\u201cEl C\u00f3digo Civil suizo de 1907 consagra, en su art\u00edculo 179, el derecho de celebrar el contrato de matrimonio antes o despu\u00e9s de este, pudiendo as\u00ed modificarse el r\u00e9gimen matrimonial en cualquier tiempo.
\n\u201cLa leyes francesas de 1907 y 1919 establecen que [\u2026] la mujer tiene sobre los productos de su trabajo personal y sobre las econom\u00edas que provengan de \u00e9l, los derechos de administraci\u00f3n y de disposici\u00f3n a t\u00edtulo oneroso [\u2026]
\n\u201cEn los Pa\u00edses Bajos, la mujer casada puede disponer libremente de su salario, conforme a una ley de 1907.
\n\u201cEn Austria, los bienes no constituidos en dote forman el patrimonio personal de la mujer, la cual goza de la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n.
\n\u201cEn Rumania, por virtud de una ley sobre el contrato del trabajo, la mujer casada goza de entera capacidad para contratar [\u2026] y puede disponer con entera libertad no solamente de su salario, sino tambi\u00e9n de todas las econom\u00edas y adquisiciones que provengan de \u00e9l.
\n\u201cEn Inglaterra [\u2026] la mujer casada goza de plenos poderes sobre su patrimonio personal [\u2026]
\n\u201cEn los Estados Unidos la mujer casada goza de la plena capacidad civil.
\n\u201cEn el moderno C\u00f3digo de la Rep\u00fablica Turca [\u2026] la mujer que ejerce una profesi\u00f3n lucrativa tiene el derecho de ejecutar todos los actos inherentes a su ejercicio [\u2026] <\/p>\n

\u201c[\u2026]
\n\u201cSi a la rese\u00f1a precedente se a\u00f1aden las modernas instituciones citadas al principio, de pa\u00edses como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Finlandia [sic], se comprender\u00e1 c\u00f3mo no es posible que Colombia se sustraiga al movimiento universal contempor\u00e1neo, que persigue la emancipaci\u00f3n econ\u00f3mica de la mujer y el reconocimiento de su capacidad civil, sin que esto haya ocasionado en ninguna parte del mundo los trastornos que aqu\u00ed se han tenido y que no podr\u00edan producirse sino en el supuesto inadmisible de que las mujeres colombianas fueran inferiores intelectual y moralmente a las de todos los pa\u00edses de la tierra en donde se les han otorgado aquellos derechos.
\n\u201cEs de creerse que el Congreso de 1932, que vendr\u00e1 inspirado en las m\u00e1s altas ideas de civilizaci\u00f3n y progreso, sabr\u00e1 dar buena acogida al proyecto de ley en referencia\u201d3. <\/p>\n

Esa reforma, dio paso a la administraci\u00f3n dual de la sociedad conyugal, pero no alcanz\u00f3 su materializaci\u00f3n, en lo tocante con las capitulaciones matrimoniales, como convenci\u00f3n que pudiera celebrarse despues de contra\u00eddo el matrimonio. <\/p>\n

Hoy, la Corte en pos de permitir la plena igualdad en la pareja y el real ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, debe robustecer una hermene\u00fatica constitucional, que viabilice la igualdad de derechos econ\u00f3micos al interior de la pareja. Bajo la observancia del respeto, la ayuda, el socorro y solidaridad mutua, cada cual debe tener independencia y libertad para que de consuno, los consortes, los compa\u00f1eros o c\u00f3nyuges, administren sus propios bienes sin interferencia o se les permita celebrar los acuerdos o pactos que mejor estimen de conformidad con el principio de la autonom\u00eda de la voluntad; ya para dar paso a una aut\u00e9ntica sociedad de bienes, entre personas que comparten un destino, o para adquirir independencia con respecto a sus propios patrimonios. Todo lo anterior sin desquiciar los principios, valores y derechos de naturaleza constitucional y observando los supremos fines de la familia contempor\u00e1nea. <\/p>\n

Tales pactos o convenciones pueden celebrarse no solo antes de la estructuraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de voluntad de pareja, ora al momento de vertirla o con posterioridad, en cualquier momento. La lucha por la igualdad de g\u00e9nero a\u00fan no termina, y el Estado Constitucional, debe ser el sistema sociojur\u00eddico para empoderar a las mujeres, a los discriminados y a las personas de identidad de g\u00e9nero u orientaci\u00f3n sexual diferente. <\/p>\n

8. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignada mi anunciada aclaraci\u00f3n. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-002-2010-01409-01 <\/p>\n

Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada en el presente asunto, en el sentido de que la demanda de casaci\u00f3n carece de las formalidades legales para admitirla, no comparto la afirmaci\u00f3n que all\u00ed se hace en torno a que, a ra\u00edz del art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil, las \u00abcapitulaciones son fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros [permanentes]\u00bb. <\/p>\n

De un lado, porque la opugnadora no discuti\u00f3 la validez de la oportunidad en que celebr\u00f3 las capitulaciones con su ex pareja, lo que incluso de haberlo hecho ser\u00eda irrelevante porque de todos modos ese convenio se protocoliz\u00f3 antes de la fecha en que los jueces de instancia fijaron el inicio de la uni\u00f3n marital de hecho; y de otro, toda vez que reservar las capitulaciones \u00fanicamente para los \u00abfuturos\u00bb esposos o compa\u00f1eros permanentes significa excluir, de tajo, la posibilidad de que puedan hacerlo durante la vigencia de la relaci\u00f3n nupcial o de hecho. <\/p>\n

A pesar de que una interpretaci\u00f3n literal de la citada norma \u2013 art. 1771 \u2013 apunta a que ese negocio jur\u00eddico s\u00f3lo pueda realizarse antes del \u00abmatrimonio o del inicio de la uni\u00f3n marital\u00bb, lo cierto es que otros sistemas de interpretaci\u00f3n pudieran consentir que en la \u00e9poca actual no tiene raz\u00f3n de ser dicha exigencia, sino que, como han desaparecido los m\u00f3viles hist\u00f3ricos que la suscitaron (protecci\u00f3n de la mujer en el r\u00e9gimen de potestad marital, esto es, cuando era considerada incapaz y representada por el marido), es admisible morigerarla en el sentido de que los contrayentes o compa\u00f1eros permanentes tienen libertad para concertar su r\u00e9gimen patrimonial en cualquier momento, en virtud del principio de autonom\u00eda de la voluntad privada y la igualdad que se pregona en los tiempos que corren. <\/p>\n

Total que, por ser un tema ajeno a este debate y dada la necesidad de acompasarlo con el sistema moderno, estimo que la temporalidad o atemporalidad para capitular no debi\u00f3 abordarse en esta ocasi\u00f3n, sino posponerse para otra en que las particularidades del caso s\u00ed lo exijan y permitan dilucidar el punto. <\/p>\n

En estos t\u00e9rminos dejo aclarado mi voto. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tAntonio Javier P\u00e9rez Mart\u00edn, Tratado \tde Derecho de Familia, Pactos prematrimoniales, \tTomo II, Lex Nova, Espa\u00f1a, 2009. p, 52.
\n2\u0002 \tCOLOMBIA, CCONST. C-341 \tde mayo 3 de 2003, M. P. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda.
\n3\u0002 \t COLOMBIA, Anales \tde la C\u00e1mara de Representantes, Sesiones Extraordinarias de \t1932: serie 1\u00aa (n\u00fameros 17, 18, 51 y 57), p. 74 Imprenta \tNacional, Bogot\u00e1. Tambi\u00e9n citado, por G\u00f3mez \tMolina, P. M. (2015). R\u00e9gimen \tpatrimonial del matrimonio: contexto hist\u00f3rico que rode\u00f3 \tla promulgaci\u00f3n de la Ley 28 de 1932.\u00a0Estudios \tSocio-Jur\u00eddicos,\u00a017(1), \t41-76. Doi: dx.doi.org\/10.12804\/esj17.01.2014.02<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2222-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-002-2010-01409-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de febrero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veinte (2020). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Marisol D\u00edaz Guar\u00edn frente a la sentencia de 8 de noviembre de 2012, proferida por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}