{"id":103824,"date":"2026-07-02T22:14:51","date_gmt":"2026-07-02T22:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103824"},"modified":"2026-07-02T22:14:51","modified_gmt":"2026-07-02T22:14:51","slug":"sc2840-2020-2008-00192-01_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/sc2840-2020-2008-00192-01_1\/","title":{"rendered":"SC2840-2020 (2008-00192-01)_1"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

SC2840-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-015-2008-00192-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020).- <\/p>\n

Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante, se\u00f1or JUAN CARLOS VERGARA ARANGO, frente a la sentencia del 9 de septiembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, Sala Civil, en el proceso que el impugnante adelant\u00f3 contra LEASING DE CR\u00c9DITO S. A. COMPA\u00d1\u00cdA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL y PERSONAS INDETER-MINADAS con derecho sobre el inmueble objeto de la acci\u00f3n, en el que intervino la PROCURADORA 21 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DEL VALLE. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn la demanda con la que se dio inicio al litigio, que obra en los folios 29 a 36 del cuaderno No. 1, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, declarar que el actor gan\u00f3 por \u201cprescripci\u00f3n agraria\u201d, el dominio del \u201cpredio suburbano\u201d all\u00ed mismo identificado por sus linderos y caracter\u00edsticas, \u201cpor haberlo pose\u00eddo por m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os\u201d; y condenar en costas a la accionada. <\/p>\n

2.\tPara respaldar esos pedimentos, se adujeron los fundamentos f\u00e1cticos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n

2.1.\tEl actor, nueve a\u00f1os antes de la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (16 de mayo de 2008), aproximadamente, \u201cingres\u00f3 de buena fe al predio denominado EL CANEY ubicado en el Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, segregado de uno de mayor extensi\u00f3n, con cabida superficiaria de ochenta y nueve mil ochocientos noventa y tres metros cuadrados con tres mil ochenta cent\u00edmetros cuadrados (89.893.3080 M2)\u201d, identificado adem\u00e1s por los linderos relacionados en el hecho primero del libelo, al que le corresponde la matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-609532 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali. <\/p>\n

2.2.\tDicho ingreso \u201cse dio con el pleno convencimiento de penetrar en tierras abandonadas, solas, bald\u00edas, (\u2026), por el no conocimiento ni identificaci\u00f3n de propietario alguno, pues nadie ejecutaba actos de se\u00f1or y due\u00f1o en la m\u00e1s m\u00ednima manera posible\u201d. <\/p>\n

2.3.\tDesde entonces, el actor ostenta la posesi\u00f3n del terreno en forma \u201cpac\u00edfica, l\u00edcita e ininterrumpida\u201d; lo ha cultivado con sembrad\u00edos de \u201cma\u00edz, cilantro y cebolla cabezona\u201d; ha alquilado parte del mismo; y ha construido en \u00e9l \u201cun aljibe para el riego de los cultivos\u201d, \u201cuna vivienda que consta de tres habitaciones y una cocina\u201d, ocupada por familiares suyos, un \u201ccorral en guadua para el ganado\u201d y un sistema de \u201criego por aspersi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

2.4.\tTambi\u00e9n obtuvo la realizaci\u00f3n de \u201ccanales autorizados por el Municipio de Yumbo (Valle) a fin de evitar inundaciones\u201d y \u201cse encarg[\u00f3] de abrir la calle 34 para mejorar el ingreso al predio, contratando personal y maquinaria pesada para la ejecuci\u00f3n de obra\u201d, trabajos cuyo costo sufrag\u00f3 \u201cde su peculio\u201d. <\/p>\n

2.5.\tEn todo ese tiempo, no ha reconocido como due\u00f1o del bien ra\u00edz \u201ca nadie m\u00e1s\u201d. <\/p>\n

3.\tEl libelo introductorio fue admitido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, mediante auto del 20 de mayo de 2008 (fls. 38 y 39, cd. 1). <\/p>\n

Sin mediar notificaci\u00f3n personal de dicho prove\u00eddo, tanto la demandada, por intermedio de apoderado judicial, como el curador ad litem designado para representar a las personas indeterminadas con derechos sobre el inmueble materia de la acci\u00f3n, contestaron el referido escrito. <\/p>\n

El primero, se opuso a sus pretensiones, dijo no constarle o no ser ciertos los hechos soportantes de las mismas y propuso con car\u00e1cter meritorio las excepciones que denomin\u00f3 \u201cfalta de cumplimiento de los presupuestos para la prescripci\u00f3n agraria\u201d, \u201c[i]nexistencia del tr\u00e1mite abreviado para la prescripci\u00f3n agraria ante la [d]erogatoria del Decreto 508\/74 por el Decreto 2303 de 1989 y la Ley 1152 de 2007\u201d, \u201cinexistencia de normatividad vigente para la prescripci\u00f3n agraria al momento de presentaci\u00f3n de la demanda\u201d, \u201c[c]arencia de los requisitos para prescribir de conformidad con la ley 1152 de 2007\u201d, \u201cno cumplir la posesi\u00f3n del predio con los requisitos del art. 136 de la ley 1152 de 2007 y la Ley 4\u00aa de 1973\u201d y \u201ccarecer el predio del car\u00e1cter de (\u2026) rural\u201d (fls. 65 a 78, cd. 1). <\/p>\n

El segundo, por su parte, en torno de las s\u00faplicas, solicit\u00f3 al juez \u201cprudencia y discernimiento\u201d; y advirti\u00f3 no constarle ninguno de los hechos esgrimidos por el accionante (fls. 149 y 150, cd. 1). <\/p>\n

4.\tLa convocada, por separado (fls. 71 a 79, cd. 2), formul\u00f3 reconvenci\u00f3n, en la que solicit\u00f3 declarar que es la titular del dominio del predio materia de la controversia; ordenarle al se\u00f1or Vergara Arango, como poseedor de mala fe, restitu\u00edrselo, junto con los frutos percibidos o que ella hubiese podido percibir, desde el inicio de la posesi\u00f3n; disponer que no est\u00e1 obligada a reconocer mejoras; y condenar al nombrado, al pago de las costas. <\/p>\n

5.\tEn respaldo de la contrademanda, su proponente manifest\u00f3, en resumen, la adquisici\u00f3n del inmueble disputado mediante escritura p\u00fablica 1013 del 22 de abril de 2003, otorgada en la Notar\u00eda Treinta y Dos de Bogot\u00e1, contentiva de la compra que efectu\u00f3 a la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Caicedo Toro, registrada en la matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-609532 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali; no haberlo enajenado ni prometido en venta con anterioridad; estar privada de la posesi\u00f3n del mismo, por encontrarse en poder del reconvenido; la realizaci\u00f3n en 2003 de un avalu\u00f3, por orden de la entonces propietaria, y en 2008 de un levantamiento topogr\u00e1fico, sin que para entonces el inmueble se encontrara en manos de un tercero; y que tanto el ingreso del demandado al predio, como la posesi\u00f3n por \u00e9l ejercida sobre el mismo, no cumplen los requisitos legales. <\/p>\n

6.\tEl juzgado del conocimiento admiti\u00f3 la reconvenci\u00f3n con auto del 25 de marzo de 2009, que notific\u00f3 por estado (fl. 80, cd. 2). <\/p>\n

7.\tEl contrademandado, al contestar el libelo de mutua petici\u00f3n, se opuso a sus pretensiones y se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos. Adicionalmente, plante\u00f3 las excepciones de \u201cPRESCRIPCI\u00d3N AGRARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO\u201d y \u201cFALTA DE LEGITIMIDAD EN CABEZA DE LEASING S.A. C.F.C., PARA ALEGAR LA REIVINDICACI\u00d3N\u201d (fls. 81 a 85, cd. 2). <\/p>\n

8.\tSurtido el tr\u00e1mite de la primera instancia, la citada oficina judicial le puso fin con sentencia del 28 de mayo de 2012, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la primigenia demanda, neg\u00f3 las de la reconvenci\u00f3n y conden\u00f3 en costas a LEASING DE CR\u00c9DITO S.A. (fls. 352 a 385. Cd. 4).
\n9.\tInconforme, dicha persona jur\u00eddica apel\u00f3 el fallo del a quo. En el tr\u00e1mite de la segunda instancia, se adhiri\u00f3 a dicho recurso la Procuradora 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle. <\/p>\n

10.\tLuego del decreto y pr\u00e1ctica de una prueba de oficio, el Tribunal Superior de Santiago de Cali, Sala Civil, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2014, desat\u00f3 las alzadas, prove\u00eddo en el que revoc\u00f3 el apelado; neg\u00f3 las pretensiones del libelo con el que se dio inicio al proceso; declar\u00f3 no probadas las excepciones planteadas frente a la reivindicaci\u00f3n; declar\u00f3 el dominio de la primigenia demandada y reconviniente, sobre el terreno disputado; orden\u00f3 al se\u00f1or Vergara Arango restituir dicho predio a aqu\u00e9lla y lo conden\u00f3 a pagarle $42.072.807.oo, por concepto de frutos; reconoci\u00f3 en favor del contrademandado las \u201cmejoras \u00fatiles plantadas en el predio\u201d, teniendo derecho a optar por una de las alternativas consagradas en el art\u00edculo 966 del C\u00f3digo Civil; cancel\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda; e impuso las costas al nombrado (fls. 194 a 222 vuelto, cd. del Tribunal). <\/p>\n

LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n

Tras historiar lo acontecido en el proceso, compendiar el fallo de primera instancia, condensar los cuestionamientos que le hicieron las apelantes, tener por cumplidos los presupuestos procesales y reconocer la legitimaci\u00f3n de los intervinientes, el Tribunal, para arribar a las determinaciones que adopt\u00f3, consign\u00f3 los fundamentos que pasan a compendiarse: <\/p>\n

I.\tPrimera parte: la pertenencia. <\/p>\n

1.\tDe conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1973, reformatorio del art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936; los Decretos 508 de 1974 y 2303 de 1989; y la Ley 2289 de 1989, la prescripci\u00f3n agraria exige la satisfacci\u00f3n de los siguientes requisitos: \u201ccreer de buena fe, al momento de iniciar la posesi\u00f3n, que se trata de tierras bald\u00edas\u201d; poseer el predio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba de la ley al principio atr\u00e1s citada; que la posesi\u00f3n se extienda por cinco o m\u00e1s a\u00f1os; y que se trate de \u201cterrenos no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

2.\tA continuaci\u00f3n, con ayuda de la jurisprudencia y de la doctrina, explic\u00f3 el sentido y alcance de la exigencia inicial, en torno de la cual precis\u00f3 que, seg\u00fan las previsiones del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 200 de 1936, son bald\u00edos \u201clos predios \u2018r\u00fasticos\u2019, no pose\u00eddos o no explotados econ\u00f3micamente por personas particulares con plantaciones, sementeras, ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica, es decir por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o\u201d. <\/p>\n

3.\tCon tal base, pas\u00f3 a verificar si tal condici\u00f3n se cumpl\u00eda en el caso sub lite, para lo que aludi\u00f3 al contenido de las siguientes pruebas: <\/p>\n

3.1.\tDocumentales: certificado de tradici\u00f3n No. 370-609532; oficio aportado por el actor, que \u00e9l dirigi\u00f3 a la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas e Infraestructura de Yumbo, el 24 de junio de 2005; certificaci\u00f3n de uso del suelo, expedida por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n de Yumbo; Certificaci\u00f3n del DANE – Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, del 17 de junio de 2008; y Oficio de Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n de Yumbo, fechado el 15 de junio de 2010. <\/p>\n

3.2.\tLa inspecci\u00f3n judicial practicada y el dictamen pericial rendido en concurrencia con ella. <\/p>\n

3.3.\tLos testimonios de Miguel \u00c1ngel Barrera Sinisterra, Carlos Hernando Enciso Murillo, Gustavo Adolfo Morales Mej\u00eda, Camilo Jim\u00e9nez Arana, Juli\u00e1n Saucedo, Jairo Garz\u00f3n, Jairo Calero \u00c1lvarez y Jos\u00e9 Alberto Cuervo Le\u00f3n. <\/p>\n

3.4.\tEl interrogatorio de parte absuelto por el primigenio demandante y demandado en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

3.5.\tLa copia del proceso que el se\u00f1or Juan Carlos Vergara Arango adelant\u00f3 contra la Universidad Aut\u00f3noma de Occidente (prueba trasladada). <\/p>\n

4.\tDe ese material probatorio, el Tribunal extrajo las siguientes conclusiones: <\/p>\n

4.1.\tLa \u201ccarencia de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica cuando el actor entr\u00f3 a ocupar el bien, podr\u00eda ponerse en duda ante la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Carlos Enciso arriba rese\u00f1ada\u201d, pues \u00e9l afirm\u00f3 que el terreno hab\u00eda sido cultivado con anterioridad. <\/p>\n

4.2.\tAs\u00ed no se tuviera en cuenta esa declaraci\u00f3n y se admitiera que el terreno carec\u00eda de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, mal podr\u00eda reconocerse que ostentaba \u201cla condici\u00f3n de bald\u00edo (\u2026), si en cuenta se tiene que para el momento en que el actor inici[\u00f3] su \u2018posesi\u00f3n\u2019 el bien no pod\u00eda ser considerado como \u2018r\u00fastico\u2019\u201d. <\/p>\n

5.\tEn sustento de la segunda de tales inferencias, explic\u00f3: <\/p>\n

5.1.\tBuena parte de la prueba documental relacionada, acredita que \u201csu uso (\u2026) es INDUSTRIAL\u201d. <\/p>\n

5.2.\tEl sector donde se encuentra ubicado el terreno disputado, de antes al inicio de su ocupaci\u00f3n, ten\u00eda el mismo uso -industrial-, como dieron cuenta de ello \u201calgunos de los testigos\u201d, el dictamen pericial que conforma la prueba trasladada y el aval\u00fao realizado por \u201cSAUCEDO & SAUCEDO. Asesores Inmobiliarios S.A.\u201d, am\u00e9n que pod\u00eda deducirse de la construcci\u00f3n de varias bodegas para empresas \u201ccomo Chiclets Adams, Autosuperior y Cuala\u201d. <\/p>\n

5.3.\tSi bien es verdad que el predio en cuesti\u00f3n es \u201crural\u201d, forma parte de \u201cla zona industrial de Arroyohondo\u201d. <\/p>\n

5.4.\tHa tenido una alta valorizaci\u00f3n, comprobada con los distintos aval\u00faos que se tienen del mismo.
\n6.\tComo corolario de lo anterior, el Tribunal expuso: <\/p>\n

Entonces, si el uso de la zona donde est\u00e1 ubicado el bien es netamente industrial, porque adem\u00e1s tienen asiento almacenes de dep\u00f3sito (\u2026) y finalmente tambi\u00e9n funcionan \u2018moteles\u2019, aquel predio, as\u00ed est\u00e9 inculto (como lo encontr\u00f3 el actor), no podr\u00eda ser se\u00f1alado como un bien bald\u00edo por carecer de la condici\u00f3n de ser \u2018r\u00fastico\u2019, condici\u00f3n que la ostentaba, se itera, incluso desde tiempo atr\u00e1s al momento en el que actor lleg[\u00f3] a ejercer sus actos de posesi\u00f3n. Un bien de esta naturaleza jam\u00e1s puede estar rodeado de predios cuya destinaci\u00f3n obedezca a las prenombradas. En esto debemos destacar que el propio actor, se\u00f1or Juan Carlos Vergara, cuando lleg[\u00f3] al inmueble se precat[\u00f3] que el mismo conlinda[ba] con dos haciendas \u2018El Cortijo\u2019 y \u2018El Caney\u2019, es decir, dos propiedades privadas. <\/p>\n

7.\tEl Tribunal, en procura de reforzar la precedente inferencia, esto es, que el predio no pod\u00eda catalogarse de bald\u00edo, adujo como \u201ccircunstancias adicionales\u201d, que desde el inicio de la posesi\u00f3n ten\u00eda v\u00eda de acceso, se encontraba en proximidades de la \u201cautopista Cali \u2013 Yumbo\u201d y muy cerca de estos dos centros urbanos. <\/p>\n

8.\tEn suma, el ad quem concluy\u00f3: <\/p>\n

Entonces, si reunimos todos esos t\u00f3picos, el uso de la zona donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cercan\u00eda de industrias, f\u00e1bricas, establecimientos de comercio, las v\u00edas de acceso con que contaba y cuenta el inmueble, y no s\u00f3lo la que finalmente llegaba o llega a \u00e9l, sino la [a]utopista cercana y la presencia casi aleda\u00f1a de dos centros urbanos con su marcada influencia, que son la capital del Departamento del Valle del Cauca y el centro industrial de Yumbo, la conclusi\u00f3n obvia es que el terreno en cuesti\u00f3n no pod\u00eda para el momento en que el actor entr\u00f3 en posesi\u00f3n consider\u00e1rselo como \u2018r\u00fastico\u2019 y por ende en la mente de cualquier persona no pod\u00eda caber la creencia que frente a sus ojos se hallaba un terreno \u2018bald\u00edo\u2019.
\nSi bien entonces, podr\u00edamos afirmar como se hace en la demanda, que en el predio no hab\u00eda nada de cultivos o sementeras ni ganados, ni cerramientos visibles, para cuando el actor inici\u00f3 su posesi\u00f3n, esto es, a mediados del a\u00f1o 2000, no obstante, el predio estaba lejos de ser considerado como \u2018r\u00fastico\u2019. <\/p>\n

Al estar ubicado en una zona de uso industrial, tener v\u00eda de acceso as\u00ed sea precaria, a esca[s]os metros de una autopista y en la zona de influencia de dos centros urbanos (Cali y Yumbo), puede una persona creer de buena fe que est\u00e1 entrando en un bien bald\u00edo? Para la Sala ello no es posible. <\/p>\n

9.\tAl cierre de esta parte del fallo, el Tribunal acot\u00f3: <\/p>\n

En consecuencia, del estudio de las pruebas allegadas, se concluye que el actor no logr\u00f3 llevar al pleno convencimiento de la Sala que su creencia inicial fue la de haber entrado a ocupar tierras de nadie, con la expectativa futura de poder ganarlas mediante adjudicaci\u00f3n, como es el tr\u00e1mite propio de los bienes bald\u00edos y que esa creencia fue de buena fe; por el contrario, fue evidente que ni siquiera en un principio, el demandante ingres\u00f3 de buena fe -creyendo que se trataba de un bien bald\u00edo-, ya que a pesar de haber logrado demostrar que no ingres\u00f3 derrumbando cercos, ni por el uso de la fuerza, al no hallar obst\u00e1culos f\u00edsicos ni humanos, no pudo haber tenido el raciocinio de que aquel era un terreno bald\u00edo, ya que la zona donde el lote se ubica, es una zona de uso industrial, poco o nada utilizada para labores agr\u00edcolas o de pastoreo, pues de acuerdo al elevado aval\u00fao del metro cuadrado en el sector, resultar\u00eda inviable la labor debido a los alt\u00edsimos costos de la siembra por metro cuadrado, m\u00e1xime si como en el caso presente, se trata de cultivos de pan coger como cilantro, piment\u00f3n o cebolla. <\/p>\n

En sentir de la Sala, el primer requisito de la pretensi\u00f3n puesta a consideraci\u00f3n por el actor \u2018a) creer de buena fe, al momento de iniciar la posesi\u00f3n, que se trata de tierras bald\u00edas\u2019, no se encuentra presente. <\/p>\n

II.\tSegunda parte: la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

1.\tLuego de disertar en abstracto sobre la acci\u00f3n de dominio, el ad quem precis\u00f3 que son sus elementos estructurales \u201cla propiedad en cabeza del actor; que la cosa sobre la cual verse sea (\u2026) singular, ra\u00edz o mueble, o (\u2026) cuota determinada de ella; que la posesi\u00f3n se encuentre radicada en el demandado; y que haya identidad entre el bien del actor y el pose\u00eddo por el demandado\u201d. <\/p>\n

2.\tCon tal base, coligi\u00f3 la satisfacci\u00f3n de dichas exigencias, as\u00ed: <\/p>\n

2.1.\tEl dominio del inmueble disputado pertenece a la reivindicante, como se desprende de la copia de las escrituras p\u00fablicas 1248 del 19 de febrero de 1999, otorgada en la Notar\u00eda Veintinueve de Bogot\u00e1, y 1013 del 22 de abril de 2003, conferida en la Notar\u00eda Treinta y Dos tambi\u00e9n de esta capital, as\u00ed como del certificado de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-609532 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, donde esos instrumentos fueron inscritos. <\/p>\n

2.2.\tLa condici\u00f3n de ser el reconvenido el poseedor del predio perseguido, se desprende de lo expresado por \u00e9l en la contestaci\u00f3n de la contrademanda y en el libelo con el que se dio inicio al proceso. <\/p>\n

2.3.\tFinalmente, el car\u00e1cter singular del inmueble sobre el que trat\u00f3 la acci\u00f3n y su identidad con el detentado por el demandado, se infieren de las inspecciones judiciales practicadas y de los dict\u00e1menes periciales rendidos en el curso de lo actuado. <\/p>\n

3.\tDebido a la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n, el Tribunal se ocup\u00f3 de las excepciones propuestas para combatirla. <\/p>\n

3.1.\tEn relaci\u00f3n con la \u201cprescripci\u00f3n agraria adquisitiva de dominio\u201d, reiter\u00f3 las conclusiones a que arrib\u00f3 frente a la pertenencia reclamada en el libelo genitor de la controversia. <\/p>\n

3.2.\tRespecto de la \u201cfalta de legitimidad\u201d de la reivindicante, fincada en que nunca ha tenido la posesi\u00f3n del inmueble, estim\u00f3 impropio tal fundamento y, adicionalmente, que est\u00e1 plenamente comprobado su inter\u00e9s, por tratarse de la due\u00f1a del bien perseguido. <\/p>\n

4.\tFinalmente, pas\u00f3 al estudio de las prestaciones mutuas, en virtud de lo cual calific\u00f3 la posesi\u00f3n del demandado como de buena fe. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, con base en las pruebas recaudadas, principalmente, en el dictamen pericial ordenado y practicado en el curso de la segunda instancia, cuantific\u00f3 los frutos y, de otro lado, reconoci\u00f3 las mejoras plantadas en el predio, por el poseedor. <\/p>\n

LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

Contiene dos cargos con alcances parciales, en tanto que en cada uno de ellos se combati\u00f3 \u00fanicamente la desestimaci\u00f3n de la pertenencia por prescripci\u00f3n agraria, reclamada en la demanda inaugural del proceso. <\/p>\n

La Corte los decidir\u00e1 en el mismo orden de su proposici\u00f3n, por ser el que l\u00f3gica y jur\u00eddicamente corresponde. <\/p>\n

CARGO PRIMERO <\/p>\n

Con estribo en el motivo inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se enrostr\u00f3 al Tribunal haber quebrantado directamente, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 12 de la Ley 200 de 1936, modificados aqu\u00e9l y \u00e9stos por los art\u00edculos 2\u00ba y 4\u00ba de Ley 4\u00aa de 1973, respectivamente; por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 762, 764, 768, 769, 2512, 2518, 2517, 2534 del C\u00f3digo Civil y 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y por indebida aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 946, 947, 950, 952, 961, 962, 964 y 966 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Luego de reproducir el contenido de los tres primeros c\u00e1nones atr\u00e1s indicados y buena parte de los fundamentos del fallo del Tribunal, el recurrente, en sustento de la acusaci\u00f3n, expuso: <\/p>\n

1.\tEsa autoridad sent\u00f3 la regla de que un inmueble ubicado en una \u201czona industrial, jam\u00e1s puede (\u2026) ser r\u00fastico\u201d, de la que infiri\u00f3 que por ser esa la situaci\u00f3n del predio disputado, \u201cmal pudo el demandante tener la convicci\u00f3n de que al tomar posesi\u00f3n\u201d del mismo, \u201cestaba ocupando un predio bald\u00edo\u201d, no obstante carecer de cercas y de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, situaci\u00f3n que \u201caniquil[\u00f3], seg\u00fan el fallo, su buena fe\u201d y determin\u00f3 el fracaso de la pertenencia reclamada. <\/p>\n

2.\tPuntualiz\u00f3 que \u201cel Tribunal enarbol[\u00f3] una tesis que podr\u00edamos llamar absoluta: la caracter\u00edstica de un sector, impide f\u00edsica y jur\u00eddicamente que en el mismo coexistan predios de diferente naturaleza\u201d. <\/p>\n

3.\tCon tales bases y tras dejar en claro que no combate las inferencias f\u00e1cticas a que arrib\u00f3 el ad quem, pues la violaci\u00f3n de la ley sustancial que denunci\u00f3 es directa, el impugnante explic\u00f3 la incorrecci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n que ese juzgador hizo de los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 200 de 1936. <\/p>\n

3.1.\tSobre ellos advirti\u00f3, de entrada, que \u201cestablecen dos tipos de presunciones, excluyentes entre s\u00ed: en virtud de aquel se suponen de propiedad privada, y no bald\u00edos, los fundos pose\u00eddos por los particulares, entendida esta posesi\u00f3n como la ejercida a trav\u00e9s de su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica; por el contrario, conforme al segundo precepto, se suponen bald\u00edos los predios r\u00fasticos no pose\u00eddos de tal manera, es decir, los no explotado[s] econ\u00f3micamente\u201d. <\/p>\n

3.2.\tDestac\u00f3 que, por lo tanto, \u201cla explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de un predio por medio de hechos propios del due\u00f1o, es la circunstancia determinante de que se presuma, ora que es de propiedad privada, ora que es bald\u00edo\u201d. <\/p>\n

3.3.\tEnfatiz\u00f3 \u201cque el predio, para que pueda ser catalogado como bald\u00edo, no debe estar explotado econ\u00f3micamente o, al menos, no tener huellas materiales de las cuales pueda deducirse tal explotaci\u00f3n, lo cual no excluye que la haya tenido en el pasado, (desde luego que se trata de bienes de propiedad particular)\u201d. <\/p>\n

3.4.\tPrecis\u00f3 que esa exigencia tiene \u201ccar\u00e1cter individual y espec\u00edfico respecto del predio que es objeto de la pretensi\u00f3n de pertenencia, vale decir, que es de un inmueble individualizado y particular del cual pueden predicarse las exigencias del art\u00edculo 12. As\u00ed, su calidad de r\u00fastico o rural, debe predicarse s\u00f3lo de \u00e9l, pues exclusivamente sobre el mismo es que recaen los actos de ocupaci\u00f3n y explotaci\u00f3n econ\u00f3mica propios de la posesi\u00f3n; y sobre el mismo, por tanto, es que puede predicarse, de un lado, la buena fe, pero equivocada creencia del prescribiente de haber ocupado y pose\u00eddo un bald\u00edo, y de otro que dicha relaci\u00f3n posesoria haya durado cinco a\u00f1os, todo ello con prescindencia de otros requisitos, pues la ley no los trae\u201d. <\/p>\n

3.5.1.\tCuando \u201cel juzgador ve en las normas analizadas la existencia de requisitos diferentes -como las caracter\u00edsticas del sector aleda\u00f1o al predio pose\u00eddo-, las desnaturaliza, las hace decir lo que en verdad no dicen, tergiversa, en fin, su esp\u00edritu, todo lo cual conduce a que las viol[e] por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n\u201d, que fue lo que aqu\u00ed aconteci\u00f3, toda vez que el Tribunal \u201clleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el predio no era r\u00fastico, y tampoco bald\u00edo porque consider\u00f3 que tales naturalezas depend\u00edan, no del predio en s\u00ed, sino del sector en s\u00ed, o sea, claramente, de elementos extra\u00f1os a los requisitos prevenidos en la ley\u201d. <\/p>\n

3.5.2.\tNi \u201cpor asomo puede sostenerse que porque los predios aleda\u00f1os al que es objeto de prescripci\u00f3n no sean r\u00fasticos, aquel pueda perder dicha calidad\u201d, ya que la \u201cnaturaleza de un sector\u201d no se \u201ctransmite\u201d o \u201ccontagia autom\u00e1ticamente\u201d a los inmuebles que lo integran. <\/p>\n

3.5.3.\tLa \u201c\u00edndole de un predio no la determina de manera excluyente su ubicaci\u00f3n, sino su destinaci\u00f3n\u201d, de lo que se sigue que el car\u00e1cter de \u201cr\u00fastico\u201d de un terreno depende de su \u201cvocaci\u00f3n agropecuaria, as\u00ed como uno urbano o industrial deriva tal condici\u00f3n del hecho de estar destinado a la construcci\u00f3n de edificaciones o establecimientos comerciales de cualquier clase\u201d. <\/p>\n

3.5.4.\tPor consiguiente, \u201csostener, como lo hizo el ad quem, que el predio demandado en reivindicaci\u00f3n no puede ser r\u00fastico porque en los lotes aleda\u00f1os se construyeron bodegas y moteles; porque queda cerca de una autopista y est\u00e1 dotado de una v\u00eda importante de acceso; porque varios testigos depusieron en el sentido de que la zona es industrial; porque en los dict\u00e1menes periciales se dijo que el sector ten\u00eda tal caracter\u00edstica; y porque, finalmente, [e]n el Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio y en la(\u2026) certificaci[\u00f3n] expedida(\u2026) por el IGAC, se [indic\u00f3] el mismo sentido, constituye un garrafal error de entendimiento sobre el alcance de los efectos de las normas que se enlistan como err\u00f3neamente interpretadas\u201d, desde luego que las pruebas mencionadas \u201cdicen lo que de las mismas extrajo el Tribunal\u201d. <\/p>\n

4.\tAl yerro de interpretaci\u00f3n atr\u00e1s se\u00f1alado se sum\u00f3, por un lado, que no se hicieron actuar las normas disciplinantes de la posesi\u00f3n y de la prescripci\u00f3n adquisitiva; y, por otro, la indebida aplicaci\u00f3n de las concernientes con la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

5.\tPara terminar, el recurrente explic\u00f3 la trascendencia de los desatinos que imput\u00f3 al sentenciador de segunda instancia y, con m\u00e1s detalle, la forma como resultaron quebrantadas de manera directa, las normas sustanciales enlistadas al inicio de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl Tribunal, en relaci\u00f3n con al art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936, reformado por el 4\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1973, y m\u00e1s exactamente, sobre la prescripci\u00f3n agraria en \u00e9l contemplada, limit\u00f3 su an\u00e1lisis a determinar las dem\u00e1s normas legales aplicables y a establecer los requisitos para que esa forma de ganar el dominio de un inmueble opere, que enumer\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n

a) creer de buena fe, al momento de iniciar la posesi\u00f3n, que se trata de tierras bald\u00edas;
\nb) poseerla de acuerdo al art\u00edculo 1\u00ba de la misma ley;
\nc) posesi\u00f3n durante 5 a\u00f1os continuos;
\nd) terrenos no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de su ocupaci\u00f3n. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, concentr\u00f3 su atenci\u00f3n en la primera de esas exigencias y, en procura de definir su alcance, observ\u00f3 que los terrenos bald\u00edos son predios \u201cr\u00fasticos\u201d, es decir, no urbanos, carentes de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, inferencia que sustent\u00f3 en la presunci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00ba de la misma Ley 200 de 1936 y en el concepto de un tratadista nacional. <\/p>\n

De ah\u00ed pas\u00f3 a verificar si en el caso sub lite estaba cumplido el referido presupuesto axiol\u00f3gico, para lo cual aludi\u00f3 al contenido de la prueba documental, la inspecci\u00f3n judicial practicada, los diferentes dict\u00e1menes militantes en el proceso, la testimonial recepcionada y el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, an\u00e1lisis que lo llev\u00f3 a colegir, en resumen, que por estar ubicado el predio de la litis en una zona industrial altamente desarrollada y valorizada, mal pod\u00eda admitirse que para cuando el promotor de este asunto litigioso ingres\u00f3 en \u00e9l -mediados del a\u00f1o 2000-, pudo, de buena fe, tener la creencia de que se trataba de un bien bald\u00edo. <\/p>\n

2.\tEsa s\u00edntesis de la sentencia combatida deja al descubierto, que el sentenciador de segunda instancia no incurri\u00f3 en las falencias interpretativas que el censor le atribuy\u00f3 en el cargo ahora examinado, pues el sentido y alcance que le concedi\u00f3 al art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 4\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1973, epicentro del cargo, fue el que corresponde a dicho precepto, que es del siguiente tenor: <\/p>\n

Art\u00edculo 12.- Modificado, Art\u00edculo 4, L. 4 de 1973. Establ\u00e9cese una prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras bald\u00edas, posea en los t\u00e9rminos del [a]rt\u00edculo 1 de esta Ley, durante cinco (5) a\u00f1os continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotaci\u00f3n, de acuerdo con el mismo [a]rt\u00edculo. <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Esta prescripci\u00f3n no cubre sino el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agr\u00edcolas, industriales o pecuarios y que se haya pose\u00eddo quieta y pac\u00edficamente durante los cinco (5) a\u00f1os continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos. <\/p>\n

3.\tNinguna duda queda sobre que, como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, la prescripci\u00f3n especial agraria prevista en la norma escrutada, requiere la creencia \u201cde buena fe\u201d por parte del poseedor, de que el predio sobre el que ejerce se\u00f1or\u00edo corresponde a \u201ctierras bald\u00edas\u201d; que la posesi\u00f3n consista \u201cen la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d; que dure \u201ccinco (5) a\u00f1os continuos\u201d; que el terreno, pese a ser de propiedad privada, no est\u00e9 siendo explotado por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n; y que no corresponda a las zonas de reserva especificadas en el art\u00edculo 1\u00ba de la misma compilaci\u00f3n legal. <\/p>\n

En palabras recientes de la Corte: <\/p>\n

Como se aprecia, la prescripci\u00f3n adquisitiva agraria contemplada en el precepto que antecede ostenta naturaleza especial, pues est\u00e1 caracterizada por lo siguiente: <\/p>\n

(\u2026) Al inicio de la posesi\u00f3n, quien la ejerza, debe ingresar al predio con la creencia de buena fe de que el mismo es un terreno bald\u00edo, pese a que, en realidad, se trate de un inmueble de propiedad privada. <\/p>\n

Esta particularidad se a\u00f1ade, por lo tanto, al elemento subjetivo propio de toda posesi\u00f3n, puesto que, se reitera, debe existir en el poseedor, cuando empiece a detentar el respectivo bien, la convicci\u00f3n de que no ha salido del dominio de la Naci\u00f3n y de que puede, por lo tanto, ser objeto de apropiaci\u00f3n, toda vez que no da muestras de haber sido explotado previamente por persona alguna. <\/p>\n

Como la buena fe posesoria \u2018se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunci\u00f3n contraria\u2019 (art. 769 ib.), norma que armoniza con la regla general que en el mismo sentido consagra el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la referida creencia que debe acompa\u00f1ar al poseedor de un predio agrario para los efectos de la usucapi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1973, tambi\u00e9n se presume en el prescribiente y, por ende, se impone al demandado desvirtuarla. <\/p>\n

(\u2026) Se trata de una posesi\u00f3n cualificada, como quiera que el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1973, al que el precepto que se viene analizando remite, la concibe como \u2018la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo\u2019, realizada mediante \u2018hechos positivos\u2019 como \u2018las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u2019, por lo que \u2018[el] cerramiento y la construcci\u00f3n de edificios no constituyen por s\u00ed solos pruebas de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica pero s\u00ed pueden considerarse como elementos complementarios de ella\u2019. <\/p>\n

Con otras palabras, no basta para la materializaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva que se estudia, la realizaci\u00f3n de meros actos de se\u00f1or y due\u00f1o, que claro est\u00e1, no se excluyen, sino que es indispensable la verificaci\u00f3n de actos indicativos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, como los que, a t\u00edtulo de ejemplo, menciona la norma, o de cualesquiera otros que tengan esa connotaci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026) La posesi\u00f3n, as\u00ed entendida, debe ejercerse, como m\u00ednimo, \u2018durante cinco (5) a\u00f1os continuos\u2019 y ser quieta y pac\u00edfica, precisiones que, en suma, traducen, que no debe haberse iniciado con violencia (CSJ, SC 6504 del 27 de mayo de 2015, Rad. n.\u00b0 2002-00205-01). <\/p>\n

4.\tDescartada, como queda, la indebida interpretaci\u00f3n del ya tantas veces mencionado art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936, hay que agregar, respecto de la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba ib\u00eddem, que estos no son normas sustanciales sino probatorias, en tanto que, como lo reconoci\u00f3 expresamente el propio recurrente, consagran las presunciones consistentes, la de aqu\u00e9l, en que son de propiedad privada los fundos pose\u00eddos por los particulares, mediante actos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica; y la del \u00faltimo, en que son bald\u00edos \u201clos predios r\u00fasticos no pose\u00eddos en la forma que se determina en el [a]rt\u00edculo anterior\u201d. <\/p>\n

Al respecto, debe memorarse que tienen la connotaci\u00f3n de sustanciales los preceptos \u201cque declara[n], crea[n], modifica[n] o extingue[n] relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, [los] que se ocupa[n] de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica\u201d y que \u201cese calificativo no lo pueden tener los art\u00edculos que regulan determinada actividad probatoria o procesal. Los de aqu\u00e9lla, porque su violaci\u00f3n simplemente constituye un puente para dar al traste con el derecho sustancial, como as\u00ed lo diferenci\u00f3 el legislador (art\u00edculo 374, in fine, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), y los de \u00e9sta, porque su trasgresi\u00f3n lo que pone en entredicho son las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n\u201d, en pro de cuya protecci\u00f3n se establecieron las causales de casaci\u00f3n \u201cdistinta[s] a la instituida para denunciar errores de juzgamiento\u201d (CSJ, SC del 1\u00ba de junio de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00611-01; se subraya). <\/p>\n

Trat\u00e1ndose, se reitera, de mandatos de disciplina probatoria, regulativos de dos indicios espec\u00edficos, su infracci\u00f3n, en el \u00e1mbito casacional, traducir\u00eda la comisi\u00f3n de un error de derecho que, a su turno, podr\u00eda conducir al quebranto de la ley sustancial, sin que, por lo tanto, pueda confundirse la vulneraci\u00f3n medio de aquellos preceptos -los probatorios- con la transgresi\u00f3n final de \u00e9stos -los sustanciales-. <\/p>\n

Por consiguiente, que el Tribunal hubiese hecho actuar o no en el proceso las referidas presunciones y, en caso positivo, que su utilizaci\u00f3n haya sido o no correcta, es cuesti\u00f3n que s\u00f3lo pod\u00eda, y puede, dilucidarse a la luz de la violaci\u00f3n indirecta, y no de la directa, que fue la que se propuso. <\/p>\n

5.\tEl fracaso de los reproches anteriormente analizados, deja en el vac\u00edo las acusaciones relativas a la falta de aplicaci\u00f3n de las normas regulativas de la posesi\u00f3n y a la indebida utilizaci\u00f3n de las concernientes con la reivindicaci\u00f3n, pues estas anomal\u00edas fueron planteadas como consecuenciales de aquellos primeros defectos. <\/p>\n

6.\tEl cargo no prospera. <\/p>\n

CARGO SEGUNDO <\/p>\n

Tambi\u00e9n con fundamento en la primera de las causales de casaci\u00f3n, se reproch\u00f3 al Tribunal haber vulnerado indirectamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 12 de la Ley 200 de 1936 -consideradas las modificaciones que al inicial y al \u00faltimo les hicieron el 2\u00ba y el 4\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1973-, as\u00ed como los c\u00e1nones 762, 764, 768, 769, 2512, 2517, 2518, 2534 del C\u00f3digo Civil y 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y por indebida aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 946, 947, 950, 952, 961, 962, 964 y 966 del C\u00f3digo Civil, todo como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3, al apreciar las pruebas del proceso, que lo condujeron a resolver equivocadamente, en forma negativa, la pertenencia reclamada en la primigenia demanda; y de manera positiva, la reivindicaci\u00f3n deprecada en la reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

En desarrollo de la acusaci\u00f3n, su autor esgrimi\u00f3 los planteamientos que seguidamente se compendian: <\/p>\n

1.\tAludi\u00f3 a los fundamentos de la sentencia impugnada, de los que extrajo que la negativa de la pertenencia solicitada obedeci\u00f3 a que el ad quem, fincado en que en el sector donde se encuentra ubicado el predio objeto de dicha acci\u00f3n, para la \u00e9poca en la que el demandante ingres\u00f3 al mismo, exist\u00edan \u201cbodegas, v\u00edas de comunicaci\u00f3n, autopistas, moteles, etc.\u201d, es decir, se trataba de una \u201czona industrial\u201d, estim\u00f3 que ese terreno no pod\u00eda calificarse de r\u00fastico, por lo que \u201cmal pudo el demandante tener la convicci\u00f3n, al tomar posesi\u00f3n de inmueble, de estar ocupando un predio bald\u00edo, as\u00ed el mismo, como la sentencia lo reconoce, al momento de tal ocupaci\u00f3n estuviera sin cercas e inexplotado\u201d. <\/p>\n

2.\tCon base en tal razonamiento, explic\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 12 de la Ley 200 de 1936, en el sentido de que, como consecuencia de no haber encontrado satisfecho el comentado requisito, no los hizo producir, en el caso sub lite, los efectos que ellos consagran, en particular, el \u00faltimo -prescripci\u00f3n adquisitiva especial agraria-. <\/p>\n

3.\tA continuaci\u00f3n, le imput\u00f3 al citado sentenciador la comisi\u00f3n de los siguientes errores de hecho, por tergiversaci\u00f3n: <\/p>\n

3.1.\tDel certificado de libertad del inmueble del litigio, como quiera que pas\u00f3 por alto que en \u00e9l se indic\u00f3: \u201cTipo de predio Rural\u201d. <\/p>\n

3.2.\tDel oficio remitido por el actor a la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Yumbo el 24 de junio de 2005, en tanto que all\u00ed manifest\u00f3 que el terreno era explotado \u201ccon diferentes cultivos\u201d y que \u00e9l ten\u00eda \u201cel oficio de agricultor\u201d. <\/p>\n

3.3.\tDe la certificaci\u00f3n sobre el uso del suelo, expedida por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n de Yumbo el 27 de junio de 2008, habida cuenta que en ella se especific\u00f3 que el \u201cinmueble tiene un \u2018[u]so transitorio: agr\u00edcola y ganadero\u2019\u201d. <\/p>\n

3.4.\tDel oficio librado por la misma dependencia atr\u00e1s citada el 15 de junio de 2010, pues all\u00ed se indic\u00f3 que el inmueble del proceso \u201cest\u00e1 ubicado en el corregimiento de \u2018\u2026Arroyohondo, zona rural de este municipio\u2026\u2019\u201d. <\/p>\n

3.5.\tDe la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, toda vez que por las descripciones que contiene, en particular, sobre el acceso al terreno visitado, de ella se desprende que el mismo era \u201crural\u201d y \u201cno (\u2026) una edificaci\u00f3n ubicada en el \u00e1rea urbana o industrial\u201d. <\/p>\n

3.6.\tDel \u201cconcepto pericial de julio 10 de 2010\u201d, en raz\u00f3n a que en \u00e9l se asever\u00f3 que \u201c\u2026este predio es rural\u201d, debi\u00e9ndose tener en cuenta que \u201c[l]o rural es lo r\u00fastico\u201d. <\/p>\n

3.7.\tDel \u201caval\u00fao realizado por SAUCEDO & SAUCEDO\u201d, ya que basta leerlo para comprender que se refiri\u00f3 a un \u201cpredio rural\u201d, como quiera que lo describi\u00f3 \u201ccomo formando parte de la Hacienda El Cortijo\u201d. <\/p>\n

3.8.\tDel \u201caval\u00fao de fecha 1\u00ba de octubre de 2003, allegado como prueba trasladada\u201d, pues en \u00e9l, \u201ca m\u00e1s de las caracter\u00edsticas industriales de la zona en donde est\u00e1 ubicado el predio, [se] se\u00f1al[\u00f3] que \u2018[c]onjuntamente en el sector se presentan a\u00fan suelos de uso agr\u00edcola representados principalmente por cultivos de sorgo y ca\u00f1a de az\u00facar\u2019\u201d, constataci\u00f3n de la que se infiere la coexistencia en la zona de \u201cpredios industriales y agr\u00edcolas, es decir rurales, o sea r\u00fasticos\u201d. <\/p>\n

3.9.\tDel interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la primigenia demandada y reconviniente, en la medida que all\u00ed confes\u00f3 \u201cque en el inmueble no desarroll\u00f3 (\u2026) actividades agr\u00edcolas, industriales o ganaderas\u201d, reconocimiento con el que se demostr\u00f3 \u201cla ausencia de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y\/o de vestigios de la misma\u201d, por lo que \u201cmal pod\u00eda el se\u00f1or VERGARA ARANGO haber advertido que el inmueble estaba sometido a explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, o que lo hab\u00eda estado en el pasado\u201d, lo que \u201cbastaba, (\u2026), para calificar su ocupaci\u00f3n como realizada de buena fe\u201d. <\/p>\n

3.10.\tLa prueba testimonial, en concreto, las declaraciones de los se\u00f1ores Miguel \u00c1ngel Barrera, Hernando Enciso Murillo, Camilo Jim\u00e9nez Arana, Juan Saucedo y Juan Garz\u00f3n, quienes se refirieron a la posesi\u00f3n ejercitada por el actor sobre el predio y a los actos constitutivos de la misma, am\u00e9n que a m\u00e1s de se\u00f1alar que \u201cla zona es industrial\u201d, depusieron \u201cque en ella coexisten predios destinados a labores propias del campo\u201d y que esa fue la utilizaci\u00f3n que aqu\u00e9l le dio al terreno en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

4.\tEn definitiva, el recurrente concluy\u00f3 que de los medios de convicci\u00f3n atr\u00e1s relacionados \u201csurg\u00eda palpitante la prueba de que el predio del se\u00f1or VERGARA ARANGO, a pesar de hallarse en un sector industrial, ten\u00eda una vocaci\u00f3n diferente a la de los dem\u00e1s predios de la zona\u201d, evidencia que el Tribunal no apreci\u00f3 y que lo condujo a adoptar las determinaciones con las que fulmin\u00f3 el litigio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl ad quem, en cuanto hace a los hechos, se limit\u00f3 a verificar la satisfacci\u00f3n del presupuesto de la acci\u00f3n relativo a que el poseedor, al momento de ingresar al inmueble que detent\u00f3 con \u00e1nimo se\u00f1or y due\u00f1o, tuviese la creencia de que se trataba de un predio bald\u00edo. <\/p>\n

Al respecto, explic\u00f3 que el terreno materia de la litis, para ese entonces, no ostentaba \u201cla condici\u00f3n de bald\u00edo\u201d, porque \u201cno pod\u00eda ser considerado como r\u00fastico\u201d debido a algunas de sus propias particularidades -colindaba con dos haciendas, ten\u00eda v\u00eda de acceso y hab\u00eda presentado una alta valorizaci\u00f3n-; y a las caracter\u00edsticas de la zona en la que estaba ubicado -ser industrial, con notorio desarrollo en tal sentido, contaba con la autopista Cali-Yumbo y se encontraba en inmediaciones de estos dos centros urbanos-. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que esas circunstancias no hac\u00edan cre\u00edble que el gestor de este asunto litigioso, para cuando empez\u00f3 a poseer el bien objeto de su pretensi\u00f3n adquisitoria -mediados del a\u00f1o 2000-, hubiese tenido dicho convencimiento. <\/p>\n

Esas inferencias, que fueron las que provocaron el fracaso de la acci\u00f3n, las dedujo, en suma, de la prueba documental, con la que se acredit\u00f3 que el \u201cuso del suelo\u201d del predio en cuesti\u00f3n era \u201cindustrial\u201d y que si bien figuraba como \u201crural\u201d, formaba parte de \u201cla zona industrial de Arroyohondo\u201d; de la testimonial, como quiera que con ella se acredit\u00f3 que el sector donde est\u00e1 ubicado el inmueble disputado, ten\u00eda ese uso desde antes del inicio de la posesi\u00f3n alegada por el demandante; de la inspecci\u00f3n judicial, en la que se registraron las caracter\u00edsticas del terreno y de la zona; y de los distintos aval\u00faos, tambi\u00e9n demostrativos de esas condiciones de uno y otra y de la alta valorizaci\u00f3n del primero. <\/p>\n

2.\tCon el prop\u00f3sito de controvertir el raciocinio del ad quem, el recurrente, fincado en las pruebas que denunci\u00f3 como tergiversadas, en s\u00edntesis, sostuvo la plena demostraci\u00f3n en el proceso de que el inmueble materia del litigio, pese a encontrarse ubicado en un \u201csector industrial\u201d, era \u201crural\u201d y, por ende, \u201cr\u00fastico\u201d. <\/p>\n

3.\tMirada en integridad la sentencia de segunda instancia, se advierte que, pese a que es verdad que el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que el terreno del proceso no ten\u00eda la condici\u00f3n de \u201cr\u00fastico\u201d, ese no fue el fundamento toral para que dicha Corporaci\u00f3n desestimara la acci\u00f3n de pertenencia, sino que tal determinaci\u00f3n la deriv\u00f3 de no haber comprobado el actor que \u201csu creencia inicial fue la de haber entrado a ocupar tierras de nadie\u201d, puesto que las pruebas recaudadas dieron cuenta de que el lote al que \u00e9l ingres\u00f3 y el sector donde el mismo se encontraba, ten\u00edan las caracter\u00edsticas ya advertidas -uso industrial, importantes v\u00edas de acceso, gran valorizaci\u00f3n e inmediaci\u00f3n a dos centros urbanos como son Cali y Yumbo-, mismas que hicieron imposible que cualquier persona, entre ellas el aqu\u00ed demandante, pudiera pensar que se trataba de un inmueble bald\u00edo. <\/p>\n

4.\tDe suyo, pues, confrontados unos y otros planteamientos, los del Tribunal y los del impugnante, aflora con total nitidez la intrascendencia de la acusaci\u00f3n, pues as\u00ed se admita que el predio era \u201cr\u00fastico\u201d, como en efecto lo era y\/o es, esa constataci\u00f3n no desvirt\u00faa los fundamentos del fallo confutado y, mucho menos, la conclusi\u00f3n a que en \u00e9l se arrib\u00f3, de no haberse comprobado el primero de los presupuestos propios de la acci\u00f3n intentada. <\/p>\n

Es que aun siendo r\u00fastico, era factible predicar respecto de \u00e9l, como lo hizo el ad quem, que ten\u00eda v\u00eda de acceso, que colindaba con dos haciendas, que se hab\u00eda valorizado de forma importante y que estaba ubicado en un sector con un acentuado desarrollo industrial, en inmediaciones de la autopista Cali-Yumbo y en proximidades de estos dos centros urbanos. <\/p>\n

5.\tCon otras palabras, los planteamientos del recurrente no confrontaron los del Tribunal, sino que transitaron una senda paralela a la marcada por estos \u00faltimos. Como consecuencia de ello, las razones esgrimidas por dicha autoridad no resultaron, en lo m\u00e1s m\u00ednimo, combatidas, manteni\u00e9ndose en p\u00ede, sin que, por lo tanto, haya lugar a disponer el quiebre de la sentencia impugnada. <\/p>\n

6.\tComo se anticip\u00f3 al resolverse la primera acusaci\u00f3n, si en concepto del censor el Tribunal vulner\u00f3 los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 200 de 1936, se impon\u00eda a aqu\u00e9l, por tratarse de normas probatorias, denunciar la comisi\u00f3n de los correspondientes errores de derecho. Ya fuera que no hizo actuar la primera de esas presunciones, porque trat\u00e1ndose de un predio carente de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, no lo tuvo como de propiedad privada; ora que aplic\u00f3 incorrectamente la segunda, porque las circunstancias que tuvo en cuenta para deducir que no era bald\u00edo, no son constitutivas de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica en los t\u00e9rminos del primero de esos preceptos. <\/p>\n

Es importante anotar que la Ley 200 de 1936, el requisito que es corroborado por todas las normas posteriores, exige que el poseedor que reclama prescripci\u00f3n agraria, haya cre\u00eddo en el momento de iniciar la posesi\u00f3n, \u201cde buena fe\u201d que se trataba de tierras bald\u00edas, que no es otra cosa que tener la creencia, con fundamento en los hechos que rodean ese inicio de la posesi\u00f3n, como naturaleza y estado de los bienes, lugar donde est\u00e1n ubicados, inexistencia de cultivos o de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, y dem\u00e1s caracter\u00edsticas del bien, que nadie se ha ocupado o se est\u00e1 ocupando de su explotaci\u00f3n. Esa creencia debe estar fundada en hechos concretos y no en la sola fantas\u00eda del que pretende ser poseedor. <\/p>\n

Es cierto que son cosas diferentes la calidad del bien como r\u00fastico o su dedicaci\u00f3n agr\u00edcola o pecuaria, que es calificaci\u00f3n que se da a la explotaci\u00f3n que hace el poseedor y no anterior a la ocupaci\u00f3n, pero el uso que se de a los predios vecinos puede aportar una noci\u00f3n que ayudar a calificar la buena fe inicial del ocupante del predio, dejando en claro que son dos cosas diferentes. <\/p>\n

Pero nada de eso hizo el censor. Como se dijo, se limit\u00f3 a proponer un an\u00e1lisis distinto de las pruebas, para inferir de ellas la plena comprobaci\u00f3n de que el terreno objeto de la controversia era rural y, como consecuencia de ello, \u201crustico\u201d, actividad totalmente infructuosa, en tanto que dej\u00f3 indemnes la totalidad de los fundamentos en que se ciment\u00f3 el sentenciador de segunda instancia para resolver el litigio en la forma como lo hizo. <\/p>\n

7.\tCorolario de lo expresado, es que el cargo analizado no est\u00e9 llamado a abrirse paso. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 9 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n

Costas en casaci\u00f3n, a cargo de la parte recurrente. Como la accionada replic\u00f3 en tiempo la demanda con que se sustent\u00f3 dicha impugnaci\u00f3n extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo. La Secretar\u00eda de la Sala efect\u00fae la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, env\u00edese el expediente en la forma ordenada. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC2840-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-015-2008-00192-01 Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante, se\u00f1or JUAN CARLOS VERGARA ARANGO, frente a la sentencia del 9 de septiembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103824","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103824\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}