{"id":103829,"date":"2026-07-02T22:38:07","date_gmt":"2026-07-02T22:38:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103829"},"modified":"2026-07-02T22:38:07","modified_gmt":"2026-07-02T22:38:07","slug":"stc6858-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc6858-2020\/","title":{"rendered":"STC6858-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC6858-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00225-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de julio de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Calma S.A.S., contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad social\u201d iniciado por la aqu\u00ed actora y otros a Miguel \u00c1lvarez Mart\u00ednez e Ivette Patricia \u00c1lvarez Mart\u00ednez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora exige la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Arguye la tutelante que, el 7 de abril de 2014, junto con Marlies Brugger de \u00c1lvarez, Mar\u00eda Cristina Brugger \u00c1lvarez y la Sociedad de Inversiones Macris S.A.S., en calidad de accionistas de Trefiler\u00eda Colombiana S.A., impetraron ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, el pleito objeto de esta salvaguarda con el fin de obtener la declaratoria de \u201c(\u2026) responsabilidad social de quienes fungieron como [sus] liquidadores, dado el hallazgo de una serie de hechos irregulares y maniobras fraudulentas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Aduce que ese despacho \u201c(\u2026) erradamente decidi\u00f3 encausar el proceso por la v\u00eda del verbal sumario, y darle tr\u00e1mite como si fuera de \u00fanica instancia, a pesar del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n aplicable [al caso] (\u2026)\u201d y aun cuando la cuant\u00eda del litigio era de $3.078\u2019087.364. <\/p>\n

Esgrime que, \u201ccasi 6 a\u00f1os desde de la presentaci\u00f3n de la demanda (\u2026)\u201d, el estrado confutado realiz\u00f3 una audiencia el 5 de diciembre de 2019 para proferir la correspondiente sentencia; sin embargo, esa providencia fue emitida, por escrito, el 18 siguiente, de manera \u201c(\u2026) arbitraria, contraevidente, y encuadrada a la fuerza para mantener el sentido del fallo que ya [se] hab\u00eda vertido (\u2026)\u201d, pues en esa oportunidad el juez instructor \u201cadmiti\u00f3\u201d no haber le\u00eddo el expediente dado \u201clo voluminoso del mismo\u201d. <\/p>\n

Indica que \u201cno [tiene] otro medio judicial distinto a la tutela\u201d, para lograr la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, por cuanto, el \u201cderecho de apelaci\u00f3n ha sido sistem\u00e1ticamente negado\u201d por el querellado. <\/p>\n

3. Pide, en concreto, \u201cdejar sin efecto\u201d la sentencia proferida en el caso bajo estudio y los pronunciamientos emitidos con posterioridad. <\/p>\n

1.1 Respuesta del accionado <\/p>\n

Remiti\u00f3 de forma digital el expediente contentivo del pleito sublite.
\n1.2 La sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal deneg\u00f3 el auxilio, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a agencia judicial encartada realiz\u00f3 un pronunciamiento concienzudo de cada una de las probanzas recaudadas en el proceso de cara a los argumentos expuestos por las partes y la normatividad que regula el caso, que le permitieron concluir que el demandado no es responsable de los perjuicios que la demandante dice le fueron causados con ocasi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de Trefiler\u00eda Colombiana S.A., razonamientos que no develan desmesura o disonancia con el ordenamiento jur\u00eddico y por contera no ameritan la intromisi\u00f3n del juez constitucional. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora bien, la promotora sostiene que la agencia judicial convocada trasgredi\u00f3 sus prerrogativas superiores al dictar los autos adiados 20, 28 de enero y 6 de febrero de 2020, sin expresar claramente las razones de tal afirmaci\u00f3n, solo se logra extraer de su escrito que su inconformidad radica en que no le fue concedido el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2019, decisi\u00f3n que no merece reproche si en cuenta se tiene que el proceso objeto de dolamas constitucionales a voces del art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995 se sujeta al tr\u00e1mite verbal sumario como explic\u00f3 con suficiencia la c\u00e9lula judicial convocada. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1.3 La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa insistiendo en los mismos argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El auxilio se concreta en establecer si se vulneraron las prerrogativas fundamentales de Inversiones Calma S.A.S., con la sentencia de 18 de diciembre de 2019, mediante la cual se denegaron las pretensiones invocadas en el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n

2. Se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, por cuanto, si bien, se hallan satisfechos todos los requisitos generales de procedibilidad, no se advierte configurada ninguna de las causales espec\u00edficas que habilitan la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para cuestionar decisiones judiciales. <\/p>\n

En efecto, examinada la resoluci\u00f3n confutada en este asunto, se observa que, con absoluta claridad, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga explic\u00f3 los motivos por los cuales se exclu\u00eda la responsabilidad endilgada a Miguel \u00c1ngel \u00c1lvarez Mart\u00ednez e Ivette Patricia \u00c1lvarez, quienes fungieron como liquidadores de la sociedad Trefiler\u00eda Colombiana S.A. <\/p>\n

Sobre el t\u00f3pico, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]on el fin de verificar si en efecto la finalidad de la maquila fue la informada por el aqu\u00ed demandado, resultaba de m\u00e1xima relevancia la revisi\u00f3n de las actas de la asamblea general de accionistas de Trefilco S.A. de los a\u00f1os 2000 a 2007, a las cuales no fue posible accede, pese a la insistencia del despacho (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El 21 de julio de 2017, el despacho volvi\u00f3 a insistir en la necesidad de que se allegaran las referidas actas por intermedio del apoderado de la parte demandante, sin que se haya cumplido con la referida carga y sin que se haya esgrimido justificaci\u00f3n alguna para no allegarlas\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En tal medida, las consecuencias adversas de que el despacho se haya visto privado de la posibilidad de revisar [tales documentos] deber\u00e1 asumirlas la parte actora, pues, probado est\u00e1, que contaba con las referidas actas y a pesar de ello no las facilit\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) No sobra agregar, en este punto, que seg\u00fan la declaraci\u00f3n del testigo Eleazar Uribe Pinilla, quien fuera revisor fiscal de Trefilco S.A., en liquidaci\u00f3n, durante los a\u00f1os 2000 a 2007, Miguel \u00c1ngel \u00c1lvarez Mart\u00ednez siempre present\u00f3 sus informes anuales de gesti\u00f3n a la asamblea de accionistas, siendo aprobados dichos informes sin objeciones, de donde puede inferirse que estaba autorizado para maquilar y que dicha actividad estaba directamente relacionada con los fines de la liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Indic\u00f3 que, si bien la asamblea de accionistas de Trefiler\u00eda Colombiana S.A. decidi\u00f3 en el 2012, iniciar en contra del demandado la acci\u00f3n de responsabilidad social sublite, no lograron probar que aqu\u00e9l \u201cse apart\u00f3 de la diligencia con la cual debe obrar un buen hombre de negocios\u201d, pues de los \u201c19 testigos decretados a instancia\u201d, s\u00f3lo uno compareci\u00f3 a rendir su declaraci\u00f3n, sin que de ella pudiera vislumbrarse la culpa atribuida al extremo pasivo. <\/p>\n

Finaliz\u00f3 exponiendo: <\/p>\n

\u201cEn lo atinente a la no constituci\u00f3n de la reserva de que trata el art\u00edculo 245 del C\u00f3digo de Comercio, resulta suficiente con acotar que Miguel \u00c1ngel \u00c1lvarez Mart\u00ednez, no fue el \u00faltimo liquidador de la compa\u00f1\u00eda, raz\u00f3n por la que, en caso de persistir la necesidad, le correspond\u00eda a quien lo sucedi\u00f3, hacer la correspondiente reserva\u201d. <\/p>\n

\u201cNo debe soslayarse, adem\u00e1s, lo que a lo largo de esta sentencia se ha venido sosteniendo, en el sentido de que la culpa no es sin\u00f3nimo de responsabilidad. Esto para significar que aunque eventualmente, \u00e9ste u otro comportamiento, llegare a apartarse de la prudencia que como liquidador debi\u00f3 observar, lo cierto es que no basta la incorrecci\u00f3n de la conducta que se consolide la responsabilidad, pues sabido es que se trata de un fen\u00f3meno para cuya materializaci\u00f3n se requiere la presencia de todos sus elementos, esto es, la culpa, el da\u00f1o y el nexo causal, y ante la inexistencia de cualquiera de ellos, no puede abrirse paso a la acci\u00f3n resarcitoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

N\u00f3tese, en la determinaci\u00f3n confutada el juzgado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que para determinar si la actuaci\u00f3n de Miguel \u00c1ngel \u00c1lvarez Mart\u00ednez, referente al sistema de \u201cmaquila\u201d desarrollado durante su labor de liquidador de Trefiler\u00eda Colombiana S.A., afect\u00f3 los intereses de esa empresa, necesariamente deb\u00edan escrutarse las actas de asamblea para determinar si ese ejercicio mercantil se encontraba debidamente autorizado; sin embargo, el extremo activo se mostr\u00f3 renuente a descubrir tales documentos, aun cuando los mismos se encontraban en su poder. <\/p>\n

Igualmente, la corporaci\u00f3n fustigada explic\u00f3 que la actora no prob\u00f3 la relaci\u00f3n del nexo causal y el da\u00f1o por ella alegado dentro del asunto sublite ni los perjuicios que, en su sentir, se irrogaron, razones suficientes para denegar la responsabilidad endilgada. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)2. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n

\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

4. Ahora, ning\u00fan reproche merece el hecho de que el juzgado querellado, dispusiera emitir el fallo de manera escritural, pues, atendiendo a lo dispuesto en la parte final del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso5, el juez dej\u00f3 expresa constancia de las razones por las cuales no le era posible dictar la sentencia en forma oral, para ello indic\u00f3: i) la complejidad del asunto, pues se trata de un litigio donde se debate \u201cun tema t\u00e9cnico y especializado\u201d; ii) la densidad del expediente, el cual cuenta \u201ccon m\u00e1s de mil folios\u201d, y iii) las numerosas pruebas practicadas. <\/p>\n

A pesar de lo anterior, el juez recriminado, anunci\u00f3 el sentido de fallo dirigido a desestimar las pretensiones invocadas, mismo que se mantuvo en la sentencia escrita, por tanto, el convocado actu\u00f3 conforme a lo permitido por la ley procesal. <\/p>\n

5. Por otro lado, en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el estrado querellado al denegar la alzada impetrada contra el fallo proferido en el asunto bajo estudio, por cuanto, seg\u00fan el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995, \u201clos conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composici\u00f3n, se sujetar\u00e1n al tr\u00e1mite del proceso verbal sumario\u201d el cual, a voces del art\u00edculo 435 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil6, vigente al momento del inicio del comentado subex\u00e1mine, se adelanta en \u00fanica instancia. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada, pero por las razones aqu\u00ed trasuntadas. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tCSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982.
\n3 \tCSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. \t0500022130002017-00242-01.
\n4 \tCSJ. STC de 25 \tde enero de 2012, exp. 2011-02659-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5 \t\u201cSi \tno fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deber\u00e1 \tdejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la \tSala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este \tevento, el juez deber\u00e1 anunciar el sentido de su fallo, con \tuna breve exposici\u00f3n de sus fundamentos, y emitir la decisi\u00f3n \tescrita dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, sin que en \tning\u00fan caso, pueda desconocer el plazo de duraci\u00f3n del \tproceso previsto en el art\u00edculo 121\u201d.
\n6 \t\u201cSe \ttramitar\u00e1n en \u00fanica instancia por el procedimiento que \tregula este cap\u00edtulo\u201d
\n7 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n

15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6858-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00225-01 Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020) Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de julio de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103829\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}