{"id":103832,"date":"2026-07-02T22:38:32","date_gmt":"2026-07-02T22:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103832"},"modified":"2026-07-02T22:38:32","modified_gmt":"2026-07-02T22:38:32","slug":"stc6862-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc6862-2020\/","title":{"rendered":"STC6862-2020"},"content":{"rendered":"
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC68622020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2020-02181-00\u00a0
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de septiembre dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julia Fernandez Gutierrez de Pi\u00f1eres frente a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora demand\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial acusada al proferir la decisi\u00f3n de medida de aseguramiento contra el senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, dentro de la investigaci\u00f3n penal identificada con radicado 52240. <\/p>\n

2. Apuntal\u00f3 sus peticiones en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n

2.1. Narr\u00f3 que, en las \u00faltimas elecciones al Congreso de la Rep\u00fablica, ejerci\u00f3 su derecho al voto y eligi\u00f3, junto con m\u00e1s de 890.000 personas, como \u00abSenador\u2026 al entonces candidato \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, siendo el\u2026 m\u00e1s votado en toda la historia del pa\u00eds, as\u00ed, es clara su representatividad, como elemento de la democracia participativa que impera por mandato de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.2. Refiri\u00f3 que, en el marco de la investigaci\u00f3n penal que se adelanta contra el citado aforado, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 3 de agosto de 2020, impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva sustituida por \u00abdetenci\u00f3n domiciliaria\u00bb al Senador Uribe V\u00e9lez, al considerar que \u00ab\u2026existen \u201c(\u2026) posibles riesgos de obstrucci\u00f3n de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n

2.3. Manifest\u00f3 que dicha decisi\u00f3n cercen\u00f3 intr\u00ednsecamente los \u00abderechos pol\u00edticos del senador Uribe V\u00e9lez y de contera viol\u00f3 [sus] [garant\u00edas] a elegir y de [sentirse] representada en el Congreso de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n

II. RESPUESTA \tDE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Especial de Instrucci\u00f3n acusada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al aseverar, en suma, que \u00abel requisito de procedibilidad de la legitimaci\u00f3n por activa en este asunto de relevancia constitucional se echa de menos por cuanto y en tanto no se acredita siquiera m\u00ednimamente por los accionantes que por virtud de las decisiones judiciales que se han adoptado al interior del proceso donde es investigado un senador de la Rep\u00fablica, se infiera amenaza o riesgo de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los reclamantes, menos el invocado de elegir y ser elegido\u00bb. <\/p>\n

2. Iv\u00e1n Cepeda Castro sostuvo que el procedimiento adelantado por la autoridad enjuiciada se ha surtido dentro de los l\u00edmites legales. Adem\u00e1s, acot\u00f3 que \u00ablas y los accionantes carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para interponer esta solicitud de tutela, por cuanto so pretexto de que les sean protegidos su derecho fundamental invocado, pretenden cercenar los derechos de quienes participan en la actuaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n

3. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por su parte, arguye que esa entidad no est\u00e1 legitimada por pasiva y que la tutela es improcedente, toda vez que incumple el requisito de subsidiariedad. En cuanto al reproche sobre vulneraci\u00f3n de derechos pol\u00edticos, asegura que la decisi\u00f3n confutada no impone sanci\u00f3n alguna, luego no destituy\u00f3, ni inhabilit\u00f3 para el ejercicio pol\u00edtico.
\n4. El Secretario de Senado, en nombre de esa corporaci\u00f3n, manifest\u00f3 que a \u00e9sta le compete la funci\u00f3n legislativa y la determinaci\u00f3n contra la cual se promueve el amparo es de naturaleza judicial. Concluye que corresponde, en consecuencia, ser \u00abmodificada, adicionada o derogada\u00bb por una autoridad \u00abque pertenezca a la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De la literalidad del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, emerge palmario que este mecanismo extraordinario fue concebido para la protecci\u00f3n inmediata de derechos fundamentales cuando estos han sido amenazados o vulnerados. Adem\u00e1s, de dicha norma se obtiene que no podr\u00e1 interponerse la acci\u00f3n si la persona tiene o tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial a trav\u00e9s de los cuales pudo o puede reclamar y obtener la salvaguarda de esas garant\u00edas, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable. <\/p>\n

Los derechos fundamentales amparables con esta s\u00faplica excepcional son, en l\u00ednea de principio subjetivos y, por tanto, su titularidad y legitimaci\u00f3n para reclamarlos le corresponde a la persona \u00abvulnerada o amenazada\u00bb de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

2. En el sub examine, la gestora pretende se deje sin efecto la providencia proferida el 3 de agosto de 2020 por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez con imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, sustituida por la \u00abdetenci\u00f3n domiciliaria\u00bb, pues en su sentir dicha determinaci\u00f3n vulnera sus prebendas esenciales. <\/p>\n

3. Al respecto, advierte la Corte que la acci\u00f3n constitucional deprecada en el particular asunto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, seg\u00fan se constata de las probanzas allegadas1, la accionante no es sujeto procesal en el tr\u00e1mite debatido, esto es, no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva dentro del mismo que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados en el escritor genitor. <\/p>\n

4. Sobre el particular, la Corte tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u00ab[E]n el promotor del amparo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes. <\/p>\n

[\u2026] En el sub lite, es claro el fracaso de la salvaguarda porque del relato del [tutelista] y de las evidencias adosadas a este expediente, emerge que [ella] no particip\u00f3 en el pleito denunciado en ninguna de las dos se\u00f1aladas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar por esta v\u00eda las decisiones all\u00ed adoptadas\u00bb (CSJ STC4001-2018 Mar. 22 de 2018, rad. 2018-00041-01). <\/p>\n

5. Sumado a lo anterior, es necesario resaltar que si la accionante propende por la defensa del Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, se reitera su falta de legitimaci\u00f3n para actuar en esta tramitaci\u00f3n, pues no obra en el plenario poder expresamente conferido por aquel para representarlo ni tampoco manifest\u00f3 concurrir como agente oficioso del mismo. Tal circunstancia, reafirma su ausencia de facultad para promover la s\u00faplica. <\/p>\n

6. Finalmente, en lo que refiere a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable, tampoco resulta procedente, en raz\u00f3n a que no se \u00ab\u2026han demostrado las circunstancias necesarias para conceder a la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 may. 2010, Rad. 00249-01 reiterada en STC10782-2014). <\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \tSala Especial de Instrucci\u00f3n \tde la Sala Penal de la Corte Suprema, AEI-00156-2020, rad. 52240, 3 \tago. 2020.
\n4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC68622020 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2020-02181-00\u00a0 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de septiembre dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julia Fernandez Gutierrez de Pi\u00f1eres frente a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103832","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103832"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103832\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}