{"id":103834,"date":"2026-07-02T22:39:18","date_gmt":"2026-07-02T22:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103834"},"modified":"2026-07-02T22:39:18","modified_gmt":"2026-07-02T22:39:18","slug":"stc6864-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc6864-2020\/","title":{"rendered":"STC6864-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC6864-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00334-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela incoada por Jos\u00e9 del Carmen Torres Pinz\u00f3n, contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario, promovido por el aqu\u00ed actor a Sector Resources Ltda., y Coosermin Cta. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad y a los principios de buena fe y lealtad procesal, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. Del libelo tutelar y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se sintetizan, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n

El aqu\u00ed gestor promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Sector Resources Ltda., y Coosermin C.T.A., solicitando se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre \u00e9l y la \u00faltima de las mencionadas entidades; proceso que correspondi\u00f3, por reparto, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9, quien, mediante providencia del 14 de diciembre de 2012, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones del demandante de la siguiente manera: <\/p>\n

\u201cDeclarar que entre el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Torres Pinz\u00f3n y la Cooperativa de Servicios Mineros Coosermin C.T.A. existieron 2 relaciones de trabajo asociado, la primera del 30 de septiembre de 2006 al 15 de noviembre de 2007, la cual se encontraba prescrita; la segunda, del 29 de mayo de 2008 al 29 de mayo de 2011, finalizada por la cooperativa\u201d. <\/p>\n

El 22 de enero de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

En sentencia SL3309 de 14 de agosto de 2019, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, decidi\u00f3 \u201cno casar\u201d el fallo de segundo grado. <\/p>\n

En criterio del promotor, las providencias proferidas en el decurso criticado denotan un inter\u00e9s <\/p>\n

\u201cpol\u00edtico y no jur\u00eddico, desconociendo el orden legal y jurisprudencial al respecto, cayendo en v\u00edas de hecho para no poner inquietos o bravos a los propietarios de la Corporaci\u00f3n Imperial, MULTINACIONAL SECTOR RESOURSER, due\u00f1a de la energ\u00eda de los E.E.U.U. y CANAD\u00c1\u201d. <\/p>\n

Esgrime que \u201cla demanda laboral fue acomodada a la Cooperativa de Servicios Mineros Coosermin Cta.\u201d y no se tuvo por dirigida contra quien, en realidad, fue su \u201cpatr\u00f3n\u201d, esto es, la empresa Sector Resourser Ltda. <\/p>\n

3. Pide, en concreto, dejar sin efectos las decisiones cuestionadas. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 copia de la sentencia emitida por esa corporaci\u00f3n en el comentado subex\u00e1mine. <\/p>\n

2. La Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adujo que el fallo de casaci\u00f3n censurado por el censor se encuentra ajustado \u201ca la jurisprudencia trazada por [esa] alta corporaci\u00f3n\u201d relacionada con el tema objeto de debate. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Deneg\u00f3 el amparo tras anotar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e descarta la presencia de causales de procedibilidad, pues las providencias judiciales que se pretenden dejar sin efecto en virtud del mecanismo de amparo no fueron el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de las autoridades accionadas. Por el contrario, fueron emitidas en el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garant\u00edas para las partes, y obedecen a la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia vigente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En lo que respecta a la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, cabe anotar que el recurso no prosper\u00f3 por causas atribuidas a la parte actora, al contener los cargos formulados deficiencias de orden t\u00e9cnico que impidieron a esa corporaci\u00f3n asumir su conocimiento de fondo, o subsanarlas de manera oficiosa, dado el car\u00e1cter dispositivo del medio impugnatorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el accionante insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Jos\u00e9 Del Carmen Torres Pinz\u00f3n pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efecto la sentencia SL3309-2019 de 14 de agosto de 2019, emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n

2. En el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aun cuando \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el caso a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n

3. Examinado el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n

En efecto, la corporaci\u00f3n criticada, para desestimar las pretensiones del actor, infiri\u00f3 razonadamente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Esta Sala ha precisado que este ac\u00e1pite constituye el petitum de la demanda de casaci\u00f3n, el que por ser de car\u00e1cter rogado le corresponde al recurrente se\u00f1alar el derrotero que debe seguir la Corte, a fin de que se cumpla el prop\u00f3sito que persigue. De otra parte, el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 90 del CPTSS establece que la demanda extraordinaria debe proponer el petitum, de manera clara, expresando lo que persigue con el recurso, es decir, si se debe casar total o parcialmente, determinar la sentencia que impugna, se\u00f1alando cu\u00e1l es la actividad que la Corte debe desplegar en sede de instancia, esto es, si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos \u00faltimos casos, expresar lo que debe disponer en su reemplazo (CSJ SL561-2019). <\/p>\n

En ese contexto, es evidente que el alcance de la impugnaci\u00f3n en el sub examine se encuentra mal formulado, ello en raz\u00f3n que el impugnante reclama que una vez casada la sentencia, \u00aben su lugar acceder a las pretensiones demandadas\u00bb, lo cual es una impropiedad, pues una vez casada totalmente la sentencia de segundo grado, el recurrente deb\u00eda orientar a la Corte para proceder a confirmar, revocar o modificar la decisi\u00f3n del a quo.\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, sigui\u00f3 se\u00f1alando las \u201cdeficiencias de orden t\u00e9cnico\u201d contenidas en la demanda de casaci\u00f3n que imped\u00edan el estudio de fondo de ese remedio extraordinario. Al respecto, indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l cargo primero, fue planteado \u00abpor la violaci\u00f3n de la Ley 79 de 1988 y art\u00edculos 3, 7, 8, 9 y 12 de la Ley 1233 de 2008. Adem\u00e1s del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, y el segundo \u00abBasado en la sentencia de la Honorable Corte Constitucional (sentencia T-003 de 2010) y (sentencia T-003 de 2010) y art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, de protecci\u00f3n de los disminuidos laboralmente en raz\u00f3n de su trabajo, principio de la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA\u201d. <\/p>\n

\u201cQuedando una vez m\u00e1s la Corte imposibilitada de asumir el conocimiento frente a la ausencia de tales exigencias, pues dado el car\u00e1cter dispositivo del recurso, es imposible que esta Sala entre a subsanar de manera oficiosa en el cargo primero la senda de violaci\u00f3n y en el segunda tanto la senda como el submotivo\u201d <\/p>\n

Luego, sostuvo que el gestor mezcl\u00f3 argumentos \u201cf\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u201d incumpliendo la carga de individualizar con precisi\u00f3n las equivocaciones que habr\u00eda cometido el ad quem, m\u00e1s a\u00fan cuando \u201clas v\u00edas directa e indirecta se excluyen entre s\u00ed y solo pueden proponerse en una misma demanda de casaci\u00f3n de manera independiente y en cargos separados\u201d. <\/p>\n

Explic\u00f3 que, al juez de la casaci\u00f3n, \u201cle compete ejercer un control de legalidad sobre la decisi\u00f3n de segundo grado\u201d, siempre y cuando el escrito contentivo del remedio extraordinario \u201csatisfaga las exigencias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo\u201d. <\/p>\n

Finaliz\u00f3 exponiendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]sta Sala observa de la demanda inaugural que la pretensi\u00f3n del actor era que se declarara que entre \u00e9l y la Cooperativa de Servicios Mineros \u2013COOSERMIN CTA- hab\u00eda existido un contrato de trabajo, petici\u00f3n que fue acogida por el a quo y por el ad quem, al indicar que esa relaci\u00f3n fue de trabajo asociativo, por lo tanto, el colegiado no le desconoci\u00f3 su calidad de socio cooperado como lo inform\u00f3 en casaci\u00f3n, y si lo que pretend\u00eda era que se reconociera la primac\u00eda de la realidad sobre las formas respecto de su vinculaci\u00f3n, debi\u00f3 citar como empleador a la sociedad canadiense Sector Resources LTDA., y a la Cooperativa de Servicios Mineros \u2013COOSERMIN CTA- como intermediaria laboral, lo que lleva a concluir que el Tribunal no se equivoc\u00f3 de cara a lo planteado en esta litis\u201d. <\/p>\n

\u201cEn conclusi\u00f3n, es evidente que el recurrente en casaci\u00f3n no logro derruir las conclusiones del Tribunal de que entre el actor y la Cooperativa de Servicios Mineros \u2013COOSERMIN CTA-, existi\u00f3 un verdadero acuerdo cooperativo de trabajo asociado, motivo por el cual el fallo impugnado se conserva inc\u00f3lume y los cargos se desestiman (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Aunque el convocante no comparta los anteriores argumentos, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza para permitirle el paso a esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta los normativos aplicables al caso concreto. <\/p>\n

N\u00f3tese, la Sala tutelada explic\u00f3 que, por un lado, el gestor incurri\u00f3 en deficiencias t\u00e9cnicas en la demanda de casaci\u00f3n que imposibilitaban el estudio de ese recurso, y por el otro, si el interesado pretend\u00eda la declaratoria de una relaci\u00f3n de trabajo con la sociedad Sector Resources Ltda., debi\u00f3, desde el inicio del litigio, llamar dentro del proceso a esa sociedad como su empleador; sin embargo, ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, pues sus pretensiones iban dirigidas a obtener el reconocimiento de un v\u00ednculo laboral con la Cooperativa de Servicios Mineros \u2013 Coosermin C.T.A.-. <\/p>\n

Es pertinente indicar que el referido remedio extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal del libelo de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n

4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos1 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19692, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,3 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb8, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb9; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n2 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n3 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n4 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n5 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, \tFondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. \tSerie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. \tSerie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n6 \tCorte IDH, Caso de la \tMasacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, \tFondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. \tSerie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n7 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n8 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n9 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6864-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00334-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2020, por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}