{"id":103837,"date":"2026-07-02T22:40:34","date_gmt":"2026-07-02T22:40:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103837"},"modified":"2026-07-02T22:40:34","modified_gmt":"2026-07-02T22:40:34","slug":"stc6867-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc6867-2020\/","title":{"rendered":"STC6867-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC6867-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00112-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 de marzo de 2020, dictada por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Eduardo Mart\u00ednez Mayorga frente al Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d, adelantado por Ana Silvia S\u00e1nchez Olaya en representaci\u00f3n de sus hijos menores Juli\u00e1n Stevan y Mariana Mart\u00ednez S\u00e1nchez, contra el aqu\u00ed actor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante exige la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n

Ana Silvia S\u00e1nchez Olaya, en nombre de sus hijos Juli\u00e1n Stevan y Mariana Mart\u00ednez S\u00e1nchez, inco\u00f3 libelo de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d contra el promotor1. <\/p>\n

En dicho tr\u00e1mite, la activa solicit\u00f3, adem\u00e1s, decretar el \u201cembargo y retenci\u00f3n\u201d del \u201c(\u2026) 40% de la remuneraci\u00f3n mensual total y de las mesadas adicionales (\u2026)\u201d, devengadas por el peticionario2. <\/p>\n

En prove\u00eddo de 15 de febrero de 2019, el juzgado accionado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el litigio y accedi\u00f3 a la citada cautela y, para esto \u00faltimo, expidi\u00f3 el oficio \u201cN\u00b0 284\u201d el 25 de febrero de 2019, comunic\u00e1ndole esa decisi\u00f3n al pagador del obligado3. <\/p>\n

Surtidas las notificaciones de rigor, el quejoso contest\u00f3 la demanda y, el despacho instructor, el 19 de noviembre de 2019, dict\u00f3 sentencia fijando cuota alimentaria \u201cintegral\u201d a cargo del impulsor, por la suma equivalente al 50% de lo devengado como empleado del Ministerio de Defensa – Ej\u00e9rcito Nacional-4. <\/p>\n

El 29 de noviembre de 2019, el juez cognoscente libr\u00f3 el \u201cOficio N\u00b0 2053\u201d, dirigido a dicha entidad, para que \u00e9sta efectuara los respectivos descuentos, dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del \u201cBanco Agrario de Colombia\u201d5. <\/p>\n

Manifiesta el gestor que el funcionario querellado, al proferir la providencia referida, vulner\u00f3 sus prerrogativas, por cuanto \u201c(\u2026) no evidenci\u00f3, (\u2026) que la cuota [a \u00e9l impuesta,] no [le] alcanz[a] para cubrir todas las obligaciones adquiridas [con las entidades bancarias,] suma[n]do[, adem\u00e1s,] los gastos para [su] subsistencia (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

Sostiene, se encuentra atrasado en el suministro de la cuota alimentaria mensual con sus hijos, debido a sus responsabilidades, las cuales, seg\u00fan advierte, \u201c(\u2026) superan [sus] ingresos (\u2026)\u201d; situaciones, todas ellas, que, en su sentir, no fueron observadas por el juez cognoscente para \u201c(\u2026) ordenar el monto indicado en la sentencia[, lo cual] afecta de manera significativa [su] carrera como sub-oficial del Ej\u00e9rcito Nacional (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

3. Solicita, en concreto, dejar sin efecto el prove\u00eddo censurado para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial \u201c(\u2026) revis[ar] minuciosa[mente] [sus] ingresos y obligaciones (\u2026)\u201d y, de manera ponderada, fijar, nuevamente, \u201c(\u2026) la cuota integral mensual, (\u2026)\u201d en favor de sus descendientes8. <\/p>\n

1. . \t\tRespuesta de la accionada y vinculados. <\/p>\n

1. Yudy Pe\u00f1a T\u00e9llez indic\u00f3 que, si bien es apoderada judicial del querellante en el decurso reprochado, desconoce el libelo constitucional ahora propuesto, en nombre propio, por su poderdante9. <\/p>\n

2. Ana Silvia S\u00e1nchez Olaya se pronunci\u00f3 frente a los hechos manifestados por el suplicante y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, por cuanto la decisi\u00f3n debatida, en su criterio, \u201c(\u2026) no ocasiona un perjuicio irremediable para [\u00e9l, al contrario,] (\u2026) quedaron probados [sus] ingresos y [su] capacidad econ\u00f3mica (\u2026)\u201d. Finalmente pidi\u00f3 se declare la improcedencia del resguardo, porque \u201c(\u2026) los derechos de los menores prevalecen por orden constitucional sobre los dem\u00e1s (\u2026)\u201d10. <\/p>\n

3. El Comando General de las Fuerzas Militares \u2013Ej\u00e9rcito Nacional \u2013 Direcci\u00f3n de Sanidad- solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues, asegur\u00f3, no ser la autoridad \u201c(\u2026) competente para propiciar la informaci\u00f3n requerida [y] para dirimir conflictos de familia (\u2026)\u201d. De otra parte, expres\u00f3, respecto de la inconformidad formulada por el accionante, que aqu\u00e9l \u201c(\u2026) debe realizar una demanda de disminuci\u00f3n de la cuota de alimentos y esto tendr\u00e1 que efectuarse con todos los soportes que den fe de [su] situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual (\u2026)\u201d11. <\/p>\n

4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras indicar que avizor\u00f3, <\/p>\n

\u201c(\u2026) contrario a lo razonado por el tutelante, [que el juez querellado] s\u00ed efectu\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria, tuvo en cuenta el elenco demostrativo relevante para desatar el asunto como lo fueron los gastos de los comunes hijos, la presunci\u00f3n de necesidad de \u00e9stos en raz\u00f3n a la minor\u00eda de edad, as\u00ed como la capacidad econ\u00f3mica de Carlos Eduardo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) la fijaci\u00f3n de alimentos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, luego el se\u00f1or Carlos Eduardo Mart\u00ednez Mayorga est\u00e1 en libertad, si lo considera pertinente, de solicitar la correspondiente modificaci\u00f3n de la cuota alimentaria, de reunirse las condiciones legalmente establecidas para ello, por lo que cuenta con un medio judicial id\u00f3neo para tal efecto (\u2026)\u201d12. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el suplicante, con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el escrito inicial13. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n

2. En reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha insistido en el alcance amplio de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el marco del Estado Social de Derecho. Ello impone un tratamiento jur\u00eddico proteccionista por medio de la tutela judicial efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n

Esta garant\u00eda cobra especial valor en el \u00e1mbito del derecho a los alimentos, por cuanto estos comportan todo lo indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes14; de manera que, cuando las circunstancias as\u00ed lo exigieren, puede acudirse a procedimientos especiales previstos en la ley, como son los procesos de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos. <\/p>\n

Frente a los elementos constitutivos del \u201cderecho de alimentos\u201d, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jur\u00eddico positivo, de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia cuando carece de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1\u00ba y 95, Num. 2) en el interior de la familia, por ser \u00e9sta la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad (Art. 5\u00ba) o el n\u00facleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados se\u00f1alados en la ley, o la calidad de c\u00f3nyuge o divorciado sin su culpa (\u2026)\u201d15. <\/p>\n

Desde esta perspectiva, es indiscutible que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son beneficiarios prevalentes del derecho de alimentos. Sin embargo, la fijaci\u00f3n de la forma y cuant\u00eda en que han de prestarse depende de varios elementos que acrediten la existencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, el alto tribunal constitucional ha referido como \u201ccaracter\u00edsticas de las obligaciones alimentarias\u201d: <\/p>\n

\u201c(\u2026) a. La obligaci\u00f3n alimentaria no es una que difiera de las dem\u00e1s de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jur\u00eddica y una situaci\u00f3n de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligaci\u00f3n alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros m\u00e1s cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. d. La obligaci\u00f3n de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protecci\u00f3n efectiva, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del C\u00f3digo Civil); el concepto de la obligaci\u00f3n, las v\u00edas judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del C\u00f3digo del Menor), y el tr\u00e1mite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestaci\u00f3n alimentaria hacer efectiva su garant\u00eda, cuando el obligado elude su responsabilidad (\u2026)\u201d16 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n

En este punto esta corporaci\u00f3n ha precisado que adem\u00e1s de los presupuestos antes distinguidos, esto es, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante, ha de verificarse \u201c(\u2026) la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hip\u00f3tesis del donante (\u2026)\u201d17. Como los tres elementos axiol\u00f3gicos de la obligaci\u00f3n alimentaria deben concurrir simult\u00e1neamente, la falta de todos o de alguno de ellos torna nugatoria la respectiva acci\u00f3n. <\/p>\n

3. Descendiendo al caso bajo examen, el petente persigue que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n, se revoque la providencia de 19 de noviembre de 2019, mediante la cual el juzgado accionado fij\u00f3 cuota alimentaria \u201cintegral\u201d a su cargo, equivalente al 50% de lo devengado como sub-oficial del Ej\u00e9rcito Nacional, pues, en su sentir, el funcionario encargado no valor\u00f3 adecuadamente las pruebas de su capacidad econ\u00f3mica. <\/p>\n

Conforme expone, de esos elementos demostrativos pod\u00eda extraerse que la cuota fijada le impide \u201c(\u2026) cubrir todas las obligaciones adquiridas [con las entidades bancarias,] suma[n]do[, adem\u00e1s,] los gastos para [su] subsistencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En la referida determinaci\u00f3n, el despacho querellado consider\u00f3 que Juli\u00e1n Stevan y Mariana Mart\u00ednez S\u00e1nchez tienen la necesidad alimentaria, pues son menores de edad y requieren el apoyo de su padre para su sostenimiento. <\/p>\n

Enseguida, relacion\u00f3 las pruebas soporte de los gastos mensuales de los ni\u00f1os, al respecto sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A]na Silvia S\u00e1nchez Olaya acredit\u00f3 pagar arriendo con copia del contrato suscrito el 1\u00b0 de julio de 2018 por valor de $450.000 (fol. 14); cancela por concepto de transporte de los menores $1\u2019780.000 de fecha 7 de diciembre de 2018 (fol. 12), pensi\u00f3n del colegio \u201cGimnasio Militar\u201d por $762.700 y $838.200 respectivamente (\u2026)\u201d18. <\/p>\n

Asimismo, refiri\u00f3 que \u201c(\u2026) el obligado cuenta con capacidad econ\u00f3mica, toda vez que labora como Sargento Viceprimero del Ej\u00e9rcito Nacional, (\u2026)\u201d, hecho corroborado con la certificaci\u00f3n expedida por esa entidad, adosada al plenario criticado; de otra parte, asever\u00f3, que el alimentante no demostr\u00f3 tener otras personas a su cargo. <\/p>\n

A su vez, se comprob\u00f3 la solvencia de la madre de los alimentarios, quien \u201c(\u2026) labora en oficios varios devengando un salario por $696.000 (\u2026)\u201d, tal como consta en el documento suscrito por su jefe inmediata. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, el ruego no sale avante porque la tesis adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el sentenciador efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n plausible de los elementos suasorios y los supuestos normativos pertinentes que lo condujeron a la providencia reprochada. <\/p>\n

En efecto, la autoridad recriminada, para fijar la cuota alimentaria, tuvo como soporte el acervo probatorio aportado y recaudado en el plenario, el mismo que, en manera alguna, fue tachado u objetado por el querellante y, del cual, se desprenden tanto, los gastos de los menores, como la capacidad econ\u00f3mica del actor. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, destaca la Sala que, la obligaci\u00f3n alimentaria est\u00e1 determinada directamente por las condiciones patrimoniales del alimentante, por ello, cuando las circunstancias socioecon\u00f3micas de uno de los padres sea m\u00e1s favorable, \u00e9ste deber\u00e1 auxiliar en mayor medida, conforme lo ha expresado la Corte en otros asuntos19. <\/p>\n

4.1. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica propende por la protecci\u00f3n reforzada de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en la regla 44 y en otras disposiciones, como desarrollo del principio de la supremac\u00eda constitucional. Precisamente consigna el indiscutido apotegma: \u201cLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (art. 44. C. N.) (negrilla y subrayas nuestras). <\/p>\n

En tal sentido, esta Colegiatura aludi\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, (\u2026) lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores (\u2026)\u201d20. <\/p>\n

Bajo esa \u00f3ptica, no puede olvidarse la preeminencia del derecho de alimentos de los menores frente a otras acreencias de car\u00e1cter econ\u00f3mico, comercial o de otro orden que hubiese adquirido el obligado, por cuanto, de ninguna manera, lo pueden exonerar de cumplir sus deberes como padre. <\/p>\n

Esta obligaci\u00f3n emanada del art\u00edculo 44 \u00eddem, reclama su verificaci\u00f3n y cumplimiento tanto de las autoridades p\u00fablicas como de los particulares, porque de ello pende el aseguramiento de las condiciones de vida digna de los ni\u00f1os y ni\u00f1as. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, y por ello debe brind\u00e1rsele al alimentario las garant\u00edas y los beneficios para su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo integral, siendo tal prestaci\u00f3n un elemento esencial en pro de ese objetivo (\u2026)\u201d21. <\/p>\n

Lo hasta aqu\u00ed comentado, basta para se\u00f1alar que la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d22. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte, el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de este auxilio refuerza su improcedencia, pues su prosperidad est\u00e1 limitada, entre otras cuestiones, a la ausencia de mecanismos para controvertir las amenazas o vulneraciones de los derechos sustanciales. <\/p>\n

En efecto, el presuntamente afectado tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n para que, nuevamente, se regule la mesada alimentaria, con base en las novedades que se puedan presentar. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, los pronunciamientos emitidos al interior de los procesos de alimentos s\u00f3lo tienen efectos de cosa juzgada formal; por tanto, el accionante puede solicitar su modificaci\u00f3n, de conformidad con el inciso 7\u00b0 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia23 o, tambi\u00e9n, la disminuci\u00f3n del porcentaje estipulado, conforme lo dispone el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 130 \u00eddem24. <\/p>\n

A ello debi\u00f3 proceder, previo a acudir a esta acci\u00f3n residual porque le compete a la autoridad cognoscente, pronunciarse y definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus pedimentos. <\/p>\n

La existencia de herramientas propicias para obtener el resguardo de los preceptos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al [funcionario competente], sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos (\u2026) o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d25. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos26 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196927, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d28, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio29. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia30, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales31; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas32. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb33, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb34; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tFolio 74; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n2\u0002 \tP\u00e1gina web en: Consulta de Procesos de la Rama Judicial, \tradicado 11001311000420190015400.
\n3\u0002 \tIb\u00eddem.
\n4\u0002 \tFolios 27 al 34; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n5\u0002 \tFolios 71; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n6\u0002 \tFolio 4; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n7\u0002 \tIb\u00eddem. <\/p>\n

9\u0002 \tFolio 68; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n10\u0002 \tFolios 74 al 80; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n11\u0002 \tFolios 89 al 98; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n12\u0002 \tFolios 100 al 109; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n13\u0002 \tFolios 192 y 193; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n14\u0002 \tEl art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la \tAdolescencia
\n15\u0002 \tCorte Constitucional, sentencia C-994 de 2004.
\n16\u0002 \tCorte Constitucional, sentencia C-727 de 2015.
\n17\u0002 \tCSJ. Civil, sentencia STC1314 de 7 de febrero de 2017, exp. \t2016-00695-01.
\n18\u0002 \tFolios 27 al 34; \u201c2020-112 \tcuaderno tribunal\u201d.
\n19\u0002 \tSTC2728-2020; Radicaci\u00f3n n. \u00ba \t68001-22-13-000-2019-00556-01; Aprobado en sesi\u00f3n de once de \tmarzo de dos mil veinte. STC3152-2020; Radicaci\u00f3n n.\u00b0 \t17001-22-13-000-2020-00014-01; Aprobado en sesi\u00f3n de \tdieciocho de marzo de dos mil veinte.
\n20\u0002 \tCSJ. STC18057-2017 \tde 2 de nov. 2017, rad. 2017-00626-01.
\n21\u0002 \tCSJ. STC8052-2017 de 7 jun. 2017, rad. 2017-00137-01.
\n22\u0002 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. \t2012-01828-01.
\n23\u0002 \tCon \ttodo, cuando haya variado la capacidad econ\u00f3mica del \talimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com\u00fan \tacuerdo podr\u00e1n modificar la cuota alimentaria, y cualquiera \tde ellas podr\u00e1 pedirle al juez su modificaci\u00f3n. En \teste \u00faltimo caso el interesado deber\u00e1 aportar con la \tdemanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta \tde conciliaci\u00f3n o del acuerdo privado en que haya sido \tse\u00f1alada.
\n24\u0002 \tART\u00cdCULO \t130. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACI\u00d3N \tALIMENTARIA. Sin perjuicio de las garant\u00edas de cumplimiento \tde cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, \tel juez tomar\u00e1 las siguientes medidas durante el proceso o en \tla sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacci\u00f3n \tde la obligaci\u00f3n alimentaria:
\n1. \tCuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez \tpodr\u00e1 ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y \tconsignar a \u00f3rdenes del juzgado, hasta el cincuenta por \tciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del \tdemandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, \tluego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden \tanterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable \tsolidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, \tprevio incidente dentro del mismo proceso, en contra de aqu\u00e9l \to de este se extender\u00e1 la orden de pago.
\n25\u0002 \tCSJ. Civil, sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01.
\n26\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n27\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n28\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n29\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n30\u0002 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n31\u0002 \tCorte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n32\u0002 \tCorte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones \tpreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de \tagosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n33\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n34\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6867-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00112-01 Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 de marzo de 2020, dictada por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103837","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103837"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103837\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}