{"id":103859,"date":"2026-07-02T22:43:33","date_gmt":"2026-07-02T22:43:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103859"},"modified":"2026-07-02T22:43:33","modified_gmt":"2026-07-02T22:43:33","slug":"stc6913-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc6913-2020\/","title":{"rendered":"STC6913-2020"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente
\nSTC6913-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2020-00210-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que \u00c1ngel Mar\u00eda Custodia Vela le instaur\u00f3 a los Juzgados Primeros Civil Municipal y Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, extensiva a los intervinientes en el radicado n\u00ba 2018-0111. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \u00abal debido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se revoquen \u00ablas providencias judiciales de fechas 17 de enero de 2020 (\u2026) y 28 de mayo de 2020\u00bb, y se ordene al a quo que le otorgue \u00abel t\u00e9rmino legal para contestar la demanda y formular excepci\u00f3n[es]\u00bb. <\/p>\n

En respaldo, afirm\u00f3 que el 17 de enero de 2020, el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 deneg\u00f3 la nulidad que formul\u00f3 con fundamento en la causal prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G. del P. por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, en el ejecutivo que Hern\u00e1n Dar\u00edo Murcia Prada, endosatario en procuraci\u00f3n de Alirio Prada Triana, inco\u00f3 en su contra (radicado n\u00ba 2018-00111), determinaci\u00f3n confirmada por el superior (28 may. 2020). <\/p>\n

Precis\u00f3 que los funcionarios reprochados no valoraron que no tuvo conocimiento de dicho proceso, sino hasta cuando se percat\u00f3 de la medida cautelar que con ocasi\u00f3n del mismo se registr\u00f3 en un t\u00edtulo minero de su propiedad, pues pese a que el ejecutante conoc\u00eda su direcci\u00f3n de \u00abnotificaciones judiciales\u00bb, \u00abcorreo electr\u00f3nico\u00bb y \u00abn\u00famero de tel\u00e9fono\u00bb, decidi\u00f3 adelantar los tr\u00e1mites de su intimaci\u00f3n \u00fanicamente \u00aben la direcci\u00f3n comercial que se consign\u00f3 en la matr\u00edcula mercantil de C\u00e1mara de Comercio\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo que en la \u00faltima \u00abdirecci\u00f3n\u00bb (carrera 1A n\u00ba 33A-30 Casa 43 de Ch\u00eda – Cundinamarca) \u00ablas notificaciones no fueron positivas en su entrega\u00bb, al paso que \u00abnunca salieron de la oficina de vigilancia y (\u2026) jam\u00e1s fueron entregadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, toda vez que \u00abse apeg\u00f3 a lo establecido por la constituci\u00f3n y la ley [,] y en ella [la providencia objetada] se expusieron las razones de hecho y de derecho tenidas en cuenta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Alirio Prada Triana se\u00f1al\u00f3 que no se vulner\u00f3 derecho alguno del promotor, debido a que en la demanda indic\u00f3 \u00abtres (3) direcciones de notificaci\u00f3n del demandado\u00bb, a saber: i) Comercial: \u00abCARRERA 1A #33A-30 CASA 43 (\u2026) Ch\u00eda Cundinamarca\u00bb, ii) De notificaci\u00f3n judicial: \u00abBARRIO VILLA NUEVA MANZANA D CASA 5 (\u2026) la Mesa Cundinamarca\u00bb, y iii) Correo electr\u00f3nico: \u00abangelvelagamba@hotmail.com\u00bb, \u00abtal y como se desprende del certificado de c\u00e1mara de comercio\u00bb, por lo que opt\u00f3 por la primera de ellas, con \u00ab(\u2026)dando como resultado POSITIVAS las entregas, tal y como lo certific\u00f3 la empresa de correo postal INERRRAPIDISIMO, (\u2026) descartando [as\u00ed] las otras dos direcciones\u00bb, ya que \u00ablogr\u00f3 el objetivo de notificar al demandado en tal direcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

El Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, comoquiera que \u00abno se encontr\u00f3 fundamento para declarar la nulidad de toda la actuaci\u00f3n\u00bb, ya que \u00abla notificaci\u00f3n se surti\u00f3 en legal forma\u00bb en \u00abla direcci\u00f3n suministrada por el [ejecutado] (\u2026) ante la C\u00e1mara de Comercio de Zipaquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n

3. El Tribunal de Cundinamarca desestim\u00f3 el auxilio tras estimar que los prove\u00eddos controvertidos evidenciaron que los juzgadores \u00abactuaron dentro del marco de sus funciones y en un ejercicio racional de la independencia y autonom\u00eda que es propia de su funci\u00f3n judicial\u00bb, m\u00e1xime cuando luego de analizar el material probatorio recaudado coligieron que aunque el ejecutado adujo que: a) \u00abla direcci\u00f3n consignada en su registro mercantil de persona natural no se ajustaba a la realidad (\u2026), el deudor no pod\u00eda esperar que las personas que consultaran un documento p\u00fablico pudieran discernir cu\u00e1les de los datos que all\u00ed reposaban eran ver\u00eddicos y cu\u00e1les no (\u2026)\u00bb, y b) \u00abno resid\u00eda, ni ten\u00eda en tenencia o posesi\u00f3n el inmueble donde se realiz\u00f3 el enteramiento, allegando para ello constancia de la administraci\u00f3n del conjunto donde \u00e9ste se ubica, la certificaci\u00f3n expedida por la empresa postal se\u00f1alaba que el se\u00f1or Custodio s\u00ed se notificaba en dicho lugar y que las comunicaciones fueron recibidas de manera exitosa\u00bb. <\/p>\n

4. El precursor impugn\u00f3 insistiendo en la transgresi\u00f3n de sus garant\u00edas b\u00e1sicas, porque en su entender, los estrados fustigados pasaron por alto que las comunicaciones remitidas a la \u00abdirecci\u00f3n comercial\u00bb que consign\u00f3 en el registro mercantil \u00abnunca llegaron absolutamente a nadie\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, fue concebida para reivindicar los \u00abderechos fundamentales\u00bb de los ciudadanos, lo que implica acabar o modular los comportamientos atentatorios de ellos. Cuando esto sucede en el marco de un \u00abproceso judicial\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en armon\u00eda con la Corte Constitucional han admitido que es viable, excepcionalmente, analizar el fondo de la situaci\u00f3n planteada a fin de dilucidar si en verdad existi\u00f3 o no una equivocaci\u00f3n constitutiva de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

No obstante, se ha destacado que no cualquier irregularidad es suficiente para desconocer la independencia y autonom\u00eda de quienes imparten justicia. En realidad, para que ello ocurra debe tratarse de un equ\u00edvoco colosal, trascendente y evidente; no de otra manera es plausible la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n en la tarea cotidiana de los jueces naturales. <\/p>\n

2. En el sub judice \u00c1ngel Mar\u00eda Custodia Vela cuestiona a los Juzgados convocados porque no declararon la nulidad de todo lo actuado en el ejecutivo con radicado n\u00ba 2018-0111, a pesar de que, en su criterio, es evidente la configuraci\u00f3n de la causal prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G. del P., toda vez que el acreedor conoc\u00eda su \u00abdirecci\u00f3n de notificaciones judiciales y correo electr\u00f3nico\u00bb, y s\u00f3lo envi\u00f3 las comunicaciones tendientes a su enteramiento del mandamiento ejecutivo a la \u00abdirecci\u00f3n comercial que se\u00f1al\u00f3 en el registro mercantil, sin que aqu\u00e9llas hubiesen sido entregadas\u00bb. <\/p>\n

Si bien el reclamo superlativo se dirige tambi\u00e9n contra el interlocutorio dictado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, esta Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente la que se emiti\u00f3 en la segunda instancia, puesto que fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto objeto de controversia. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la revisi\u00f3n del plenario muy pronto permite deducir que tal pronunciamiento no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, como lo aduce el gestor. <\/p>\n

Para sustentar \u00abla improsperidad del recurso vertical formulado (\u2026) contra el auto del 17 de enero de 2020\u00bb, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad procesal, el Despacho empez\u00f3 por precisar, de cara a la manifestaci\u00f3n que efectu\u00f3 el recurrente y que guarda relaci\u00f3n con que \u00abno reside ni labor[a] en el lugar en el que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso\u00bb, lo que pretendi\u00f3 acreditar \u00aba partir de su propio interrogatorio de parte y del derecho de petici\u00f3n que le habr\u00eda absuelto la propiedad horizontal (\u2026) donde se surti\u00f3 la cuestionada diligencia\u00bb, que: <\/p>\n

1) \u00abpara que un interrogatorio de parte tenga valor de confesi\u00f3n, debe reunir los requisitos de que [trata] el art. 191 del CGP, entre otros que lo declarado perjudique al declarante, lo que evidentemente no sucede en este asunto, pues, su declaraci\u00f3n pretende favorecer su inter\u00e9s en la nulidad\u00bb. <\/p>\n

2) \u00abla respuesta dada al derecho de petici\u00f3n por la propiedad horizontal, se desvirt\u00faa a partir de la certificaci\u00f3n de recibido, con la constancia de vivir o laborar all\u00ed, expedida por la empresa de mensajer\u00eda, seg\u00fan se lee en la parte final en negrilla de tales certificaciones (fols 19 y 23) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

En tal sentido, destac\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) no es verdad que el Juzgador tenga el deber de increpar al actor para que certifique m\u00e1s all\u00e1 de lo que dispone la ley, dado que de acuerdo a la misma \u201cLa empresa de servicio postal deber\u00e1 cotejar y sellar una copia de la comunicaci\u00f3n, y expedir constancia sobre la entrega de esta en la direcci\u00f3n correspondiente. Ambos documentos deber\u00e1n ser incorporados al expediente\u201d. \u201cSi la comunicaci\u00f3n es devuelta con la anotaci\u00f3n de que la direcci\u00f3n no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petici\u00f3n del interesado se proceder\u00e1 a su emplazamiento\u201d. Devoluci\u00f3n que no aconteci\u00f3 y, contrario sensu, se certific\u00f3 \u201cCON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR\u201d (Fls. 19 y 23 parte in fine). <\/p>\n

Luego de ello, coligi\u00f3 que las certificaciones aportadas por el ejecutante para soportar la notificaci\u00f3n, constituyen un \u00abmedio probatorio (\u2026) objetivo y claro\u00bb, respecto del cual \u00abreina el principio de presunci\u00f3n de autenticidad de que trata el art. 244 del CGP\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo, estableci\u00f3 que \u00abla demanda postul\u00f3 efectivamente dos direcciones\u00bb, debido a que \u00aben caso de no poder surtirse una, [se agotar\u00eda la] (\u2026) segunda\u00bb, lo que en el sub examine no result\u00f3 necesario, en atenci\u00f3n a \u00ablos resultados positivos de la primera\u00bb, la cual se surti\u00f3 en \u00abuna direcci\u00f3n que adem\u00e1s se registr\u00f3 por cuenta del ejecutado en el correspondiente Registro Empresarial de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

En ese contexto, es dable afirmar que la comentada decisi\u00f3n no es antojadiza ni arbitraria, como quiera que obedeci\u00f3, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que se ajust\u00f3 a los postulados del canon 176 del C.G. del P. y que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del sub lite, en raz\u00f3n a que valor\u00f3 en conjunto y razonablemente la evidencia obrante de cara a los \u00abpresupuestos de la causal de nulidad\u00bb aducida. <\/p>\n

La Sala resalta que para la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal a un comerciante inscrito en el registro mercantil, quien deber\u00e1 registrar en la C\u00e1mara de Comercio la direcci\u00f3n donde recibir\u00e1 notificaciones judiciales as\u00ed como su correo electr\u00f3nico, el inciso 3\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 291 del C.G. del P. es claro en prever que \u00absi se registran varias direcciones, la notificaci\u00f3n podr\u00e1 surtirse en cualquiera de ellas\u00bb (Subraya la Sala), como en efecto, se procedi\u00f3 en el asunto objeto de estudio, cuyas comunicaciones fueron correctamente enviadas y exitosamente entregadas en la \u00abdirecci\u00f3n\u00bb dispuesta para ello por el demandado en C\u00e1mara y Comercio, seg\u00fan lo certific\u00f3 la empresa de mensajer\u00eda cabalmente autorizada para lo propio. <\/p>\n

As\u00ed mismo, que el inciso 3\u00ba del numeral 2\u00ba de la aludida norma establece que \u00abCuando la direcci\u00f3n del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podr\u00e1 realizarse a quien atienda la recepci\u00f3n.\u00bb, lo que ratifica la validez de los actos de notificaci\u00f3n judicial, de acuerdo a los hechos descritos, ya que, se itera, las comunicaciones tendientes a la intimaci\u00f3n del ejecutado fueron debidamente entregadas en la nomenclatura consignada por \u00e9l mismo en la mencionada entidad. <\/p>\n

De esta manera, independientemente que la Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una v\u00eda de hecho como lo alude el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que el comentado prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo fin no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los argumentos dados por la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que esta herramienta: <\/p>\n

[\u2026] no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (STC 6 may. 2011, Rad. 00829-00, STC 9232-2018 y STC 4532-2020). <\/p>\n

3. Fluye como corolario de lo expuesto, la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y origen anotados, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n

Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO\u00a0TERNERA\u00a0BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC6913-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2020-00210-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103859","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103859"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103859\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103859"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}