{"id":103870,"date":"2026-07-02T22:44:53","date_gmt":"2026-07-02T22:44:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103870"},"modified":"2026-07-02T22:44:53","modified_gmt":"2026-07-02T22:44:53","slug":"stc6924-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc6924-2020\/","title":{"rendered":"STC6924-2020"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC6924-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-02212-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Desata la Corte la tutela que Andrea G\u00f3mez Porras le instaur\u00f3 a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los intervinientes en la causa n\u00b0 52240. <\/p>\n

1.- La accionante solicit\u00f3, en virtud de la protecci\u00f3n de sus derechos a \u201celegir y ser elegido\u201d y \u201clos principios constitucionales de soberan\u00eda popular, supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y los fines esenciales del Estado, especialmente el de la democracia representativa\u201d, revocar la decisi\u00f3n del pasado 3 de agosto, a trav\u00e9s de la cual la acusada impuso a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en la investigaci\u00f3n que le sigue \u201cpor los presuntos delitos de soborno en actuaci\u00f3n penal y fraude procesal\u201d. <\/p>\n

Para ello, adujo que al privarlo de la libertad se le despoj\u00f3 de \u201csu representaci\u00f3n democr\u00e1tica\u201d en el Congreso de la Rep\u00fablica y \u201cla oportunidad de que [\u00e9l] defienda sus intereses en el debate\u201d legislativo, teniendo en cuenta que junto con 890.000 m\u00e1s, eligi\u00f3 a dicho ciudadano por voto popular para que fuera su voz en esa Corporaci\u00f3n, pero ahora, con ocasi\u00f3n de la providencia censurada, \u201cno puede participar activamente en las discusiones\u201d. <\/p>\n

Acot\u00f3 que Uribe V\u00e9lez \u201csolo puede cesar sus funciones como Senador por una condena en firme y ejecutoriada\u201d, m\u00e1xime que conforme la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el \u201cderecho a elegir y ser elegido\u201d no se circunscribe a la \u201cpotestad de votar por uno u otro candidato\u201d, sino que tambi\u00e9n, comprende la garant\u00eda de que \u201cquien salga elegido popularmente pueda ejercer su cargo sin decisiones arbitrarias que limiten su participaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d. <\/p>\n

Precis\u00f3, adem\u00e1s, que dicha determinaci\u00f3n lesiona los \u201cderechos pol\u00edticos\u201d del funcionario, am\u00e9n que es arbitraria y desproporcionada, porque se expidi\u00f3 \u201cen el marco de una investigaci\u00f3n injustificada\u201d y sin considerar que pod\u00eda adoptarse una menos gravosa, teniendo en cuenta la naturaleza de los punibles imputados, sus calidades personales, pol\u00edticas, profesionales, su actual rol como Senador, y su voluntad de atender las citaciones realizadas por la justicia. <\/p>\n

2.- Iv\u00e1n C\u00e9peda Castro resalt\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en causa activa de la precursora. <\/p>\n

Al momento de registrar el proyecto, los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

El ruego implorado por Andrea G\u00f3mez Porras no puede prosperar, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n

1.- Si bien, como lo afirma la actora, la resoluci\u00f3n de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte puede provocar que el Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez cese en sus funciones, tal directriz no lesiona su \u201cderecho a elegir y ser elegido\u201d. <\/p>\n

1.1. Esto porque los \u201cderechos pol\u00edticos\u201d, entre ellos, el de \u00abelegir y ser elegido\u00bb, no son absolutos, sino que est\u00e1n sometidos a la \u201cConstituci\u00f3n y a la ley\u201d, adem\u00e1s de limitados por pautas que regulan \u201cel ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d y, por tanto, no pueden desconocerse, so pretexto de que dicho atributo otorga a su titular la facultad de exigir que \u00e9l o la \u201celegida\u201d permanezca todo el tiempo para el cual se hizo la selecci\u00f3n. <\/p>\n

De modo que, aunque la \u201celecci\u00f3n\u201d se haya realizado por un periodo determinado, no significa que \u00e9ste, por circunstancias acaecidas con posterioridad, no pueda suspenderse o interrumpirse, bien por hechos naturales como la muerte o a causa de los eventos se\u00f1alados en la ley. <\/p>\n

Por ejemplo, trat\u00e1ndose de la segunda hip\u00f3tesis la Carta Magna en su art\u00edculo 183, dispone que los Congresistas perder\u00e1n su investidura, entre otras cosas, \u201cpor la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o de mociones de censura\u201d y \u201cpor tr\u00e1fico de influencias debidamente comprobado\u201d (numerales 2 y 5). <\/p>\n

N\u00f3tese que son aspectos ajenos al elector y que, de verificarse, dan lugar a que el servidor de que se trate sea despojado de las calidades que adquiri\u00f3 con el \u201cvoto popular\u201d. Mem\u00f3rese que una vez alguien adquiere la condici\u00f3n de \u201cservidor p\u00fablico\u201d, sea por ese medio, o a trav\u00e9s de una designaci\u00f3n que haga otra persona, queda sujeto por tal calidad a un r\u00e9gimen especial. De suerte que no basta para su permanencia el acto que ah\u00ed lo llev\u00f3, es necesario que cumpla con tales lineamientos. <\/p>\n

Siendo as\u00ed, nada obsta para que por virtud de la \u201cConstituci\u00f3n y la ley\u201d, quien sea elegido mediante sufragio sea \u201cseparado definitiva o temporalmente de sus funciones\u201d, como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia est\u00e1 autorizada por la Constituci\u00f3n para investigar los delitos en los que hubieren podido incurrir los miembros del Congreso e imponer en el tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n \u201cmedida de aseguramiento\u201d para \u201casegurar el resultado del proceso\u201d. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que el art\u00edculo 186 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018, prev\u00e9 que <\/p>\n

[d]e los delitos que cometan los Congresistas, conocer\u00e1 en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, \u00fanica autoridad que podr\u00e1 ordenar su detenci\u00f3n. En caso de flagrante delito deber\u00e1n ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposici\u00f3n de la misma corporaci\u00f3n.
\n\u00a0
\nCorresponder\u00e1 a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.
\n\u00a0
\nContra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n. Su conocimiento corresponder\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

La primera condena podr\u00e1 ser impugnada. <\/p>\n

A su turno, el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 250 de ese mismo estatuto, ense\u00f1a que \u201c[e]n ejercicio de sus funciones la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, deber\u00e1:1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garant\u00edas las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservaci\u00f3n de la prueba y la protecci\u00f3n de la comunidad, en especial, de las v\u00edctimas. <\/p>\n

El canon 355 de la Ley 600 de 2000, aplicable al evento en cuesti\u00f3n por mandato del art\u00edculo 75 de ese mismo compendio, contempla que \u201c[l]a imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento proceder\u00e1 para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuaci\u00f3n de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucci\u00f3n, o entorpecer la actividad probatoria\u201d. <\/p>\n

A rengl\u00f3n seguido el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 355 consagra, que [c]uando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor p\u00fablico, en la misma providencia se solicitar\u00e1 a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensi\u00f3n, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acci\u00f3n de la justicia. <\/p>\n

A su vez, el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 134 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala: [m]ientras el legislador regula el r\u00e9gimen de reemplazos, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar al reemplazo la muerte; la incapacidad f\u00edsica absoluta (\u2026); ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n

[e]l ejercicio de la funci\u00f3n de Congresista puede ser suspendido en virtud de una decisi\u00f3n judicial en firme. En este evento, la Comisi\u00f3n de \u00c9tica y Estatuto del Congresista conocer\u00e1 de tal decisi\u00f3n que contendr\u00e1 la solicitud de suspensi\u00f3n a la C\u00e1mara a la cual se pertenezca. <\/p>\n

La Comisi\u00f3n dispondr\u00e1 de cinco (5) d\u00edas para expedir su dictamen y lo comunicar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n legislativa, para que \u00e9sta, en el mismo t\u00e9rmino, adopte la decisi\u00f3n pertinente. <\/p>\n

Si transcurridos estos t\u00e9rminos no hubiere pronunciamiento legal, la respectiva Mesa Directiva ordenar\u00e1 la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la investidura congresal, la cual se extender\u00e1 hasta el momento en que lo determine la autoridad judicial competente. <\/p>\n

Entonces, si por mandato de la Constituci\u00f3n y la ley es viable que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte, con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal que adelanta contra el Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, lo separe de su \u201cfunci\u00f3n de Congresista\u201d, no se puede predicar, por esa raz\u00f3n, afectaci\u00f3n del \u201cderecho del derecho a elegir y ser elegido\u201d. <\/p>\n

1.2. La Corte, en un caso de similares contornos a \u00e9ste, en el que se invoc\u00f3 la \u201cla vulneraci\u00f3n del derecho a elegir y ser elegido\u201d porque la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n sancion\u00f3 a un \u201cservidor p\u00fablico\u201d con destituci\u00f3n e inhabilidad general por el t\u00e9rmino de quince a\u00f1os, explic\u00f3, a la luz del canon 40 constitucional y el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San Jos\u00e9), que los \u201cderechos pol\u00edticos\u201d son relativos; disertaciones que por su pertinencia, se citan in extenso. <\/p>\n

[r]esulta, por tanto, errado argumentar que la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos consagra un derecho fundamental a que los funcionarios de elecci\u00f3n popular no puedan ser separados de sus cargos, temporal o definitivamente, por medio de procedimientos judiciales, administrativos o disciplinarios distintos del juicio criminal, que cada Estado ha implementado en ejercicio de su soberan\u00eda y de su potestad punitiva. <\/p>\n

4.- Por el contrario, los derechos pol\u00edticos no tienen el car\u00e1cter de absolutos, pues se encuentran limitados por otros principios inherentes a la condici\u00f3n humana como la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia, sobre los cuales se erige el Estado social de derecho, y que justifican la imposici\u00f3n de restricciones constitucionales y legales al principio democr\u00e1tico, por razones de inter\u00e9s general (\u2026). <\/p>\n

Las garant\u00edas pol\u00edticas consagradas en la Convenci\u00f3n y en la Constituci\u00f3n, en tanto pilares esenciales de la democracia y de la materializaci\u00f3n de los dem\u00e1s derechos fundamentales, llegan hasta donde se lo permiten los derechos esenciales o innatos de la persona humana, al punto que uno de los prop\u00f3sitos m\u00e1s importantes del constitucionalismo contempor\u00e1neo se patentiza en alcanzar el equilibrio perfecto entre los derechos humanos y el ejercicio de la democracia, mediante una labor de ponderaci\u00f3n de principios que proh\u00edbe al poder de decisi\u00f3n de las mayor\u00edas desconocer las garant\u00edas b\u00e1sicas e incondicionales de todos los individuos, incluidas las de las minor\u00edas m\u00e1s vulnerables. <\/p>\n

Los derechos humanos esenciales constituyen l\u00edmites que el procedimiento de toma de decisiones por mayor\u00edas no puede traspasar, dentro de los cuales se encuentra un dise\u00f1o institucional l\u00f3gico y coherente, concebido y estructurado para servir de contrapeso y control a todos los organismos y funcionarios que tienen como labor el despliegue del poder p\u00fablico del Estado, a fin de evitar, precisamente, que la propia institucionalidad termine por contravenir los prop\u00f3sitos para los cuales ha sido dise\u00f1ada. <\/p>\n

Para el logro de ese objetivo, nuestro ordenamiento constitucional implement\u00f3 un riguroso sistema de controles al despliegue del poder pol\u00edtico emanado del procedimiento democr\u00e1tico, los cuales pueden ser ejercidos directamente por los ciudadanos o por los organismos que ostentan dicha competencia. <\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, el derecho de petici\u00f3n, las acciones de cumplimiento, el ejercicio de la oposici\u00f3n, la revocatoria del mandato, la iniciativa en las corporaciones p\u00fablicas, la interposici\u00f3n de acciones p\u00fablicas en defensa de la Constituci\u00f3n y la ley, el plebiscito, el referendo, y la consulta popular, son formas de participaci\u00f3n del ciudadano en las decisiones que deben tomar sus representantes, algunas de las cuales se encaminan a vigilar y controlar directamente el ejercicio del poder p\u00fablico, en tanto que otras lo hacen por medio de \u00f3rganos de control aut\u00f3nomos e independientes de car\u00e1cter judicial, administrativo, fiscal y disciplinario, a los cuales est\u00e1 sometida la funci\u00f3n p\u00fablica (\u2026). <\/p>\n

Si bien es cierto que los derechos pol\u00edticos no se agotan con el acto de votar, porque los ciudadanos contin\u00faan con la potestad de participar en la toma de decisiones p\u00fablicas, no puede decirse con el mismo acierto que los electores conservan un derecho fundamental sin restricciones a que los elegidos permanezcan en sus cargos y gobiernen durante todo el per\u00edodo establecido en la Constituci\u00f3n, porque esto \u00faltimo no depende \u00fanicamente de que los gobernantes hayan sido escogidos por la voluntad de las mayor\u00edas, sino que se requiere que cumplan con las obligaciones constitucionales y legales propias de sus funciones. <\/p>\n

Una cosa es que el derecho a elegir involucre tambi\u00e9n la garant\u00eda al ejercicio continuo de las funciones de quienes han sido elegidos, con el fin de que \u00e9stos ejecuten los programas pol\u00edticos por los cuales votaron los ciudadanos, y otra bien distinta que dichos funcionarios deban ser separados de sus cargos cuando incumplen sus propuestas, las realizan de manera ineficiente con detrimento para la administraci\u00f3n p\u00fablica, o se apartan de la legalidad. <\/p>\n

Los ciudadanos, entonces, no poseen derecho fundamental a que los elegidos mediante el voto popular permanezcan incondicionalmente en el desempe\u00f1o de sus cargos, porque existe una garant\u00eda superior en favor de todos los habitantes del territorio nacional para que prevalezca el inter\u00e9s general y se asegure el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a cuya observancia est\u00e1n obligadas todas las autoridades de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

La competencia disciplinaria de la Procuradur\u00eda General de Naci\u00f3n forma parte de esta limitaci\u00f3n constitucional al poder democr\u00e1tico, al tiempo que lo fortalece, y en cuanto tal, contribuye a la guarda y promoci\u00f3n de los derechos humanos que es, igualmente, el fin perseguido por los Estados que suscribieron la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos (\u2026). <\/p>\n

En consecuencia, no tuvo raz\u00f3n el tutelante cuando afirm\u00f3 que la actuaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n vulner\u00f3 sus derechos a \u201celegir y ser elegido\u201d (STC7174-2014, enfatiza la Sala). <\/p>\n

1.3. Sumado a lo anterior, no es cierto que a ra\u00edz de la resoluci\u00f3n confutada la impulsora pierda su \u201crepresentaci\u00f3n democr\u00e1tica\u201d, ya que \u00e9sta se encuentra a salvo con el sistema de reemplazos prescritos en la Carta de Derechos. <\/p>\n

En efecto, para conjurar las ausencias de un miembro del Congreso ante esa situaci\u00f3n y los efectos que \u00e9sta pueda tener frente a la \u201celecci\u00f3n de los ciudadanos\u201d, el art\u00edculo 134 superior establece: <\/p>\n

[l]os miembros de las Corporaciones P\u00fablicas de elecci\u00f3n popular no tendr\u00e1n suplentes. Solo podr\u00e1n ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, seg\u00fan el orden de inscripci\u00f3n o votaci\u00f3n obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. <\/p>\n

Para efectos de conformaci\u00f3n de qu\u00f3rum se tendr\u00e1 como n\u00famero de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporaci\u00f3n con excepci\u00f3n de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicar\u00e1 en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. <\/p>\n

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripci\u00f3n electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocar\u00e1 a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten m\u00e1s de veinticuatro (24) meses para la terminaci\u00f3n del periodo. <\/p>\n

Luego, en dichos t\u00e9rminos la \u201crepresentaci\u00f3n\u201d de la peticionara estar\u00eda garantizada. <\/p>\n

2.- Frente a los otros reparos, relativos a los \u201cderechos pol\u00edticos de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez\u201d, lo \u201cinjustificado del procedimiento\u201d y los t\u00e9rminos de la \u201cmedida de aseguramiento\u201d, la quejosa carece de legitimaci\u00f3n para impugnarlos. <\/p>\n

Primero, porque los privilegios esenciales que eventualmente estar\u00edan comprometidos no son los suyos, sino, los del citado Congresista, a quien incumbe, por ser su titular, defenderlos por s\u00ed mismo o a trav\u00e9s del representante que designe para el efecto y, no, a los terceros for\u00e1neos a la controversia. <\/p>\n

De otro lado, cuando se enjuician actuaciones judiciales (su impulso, su tr\u00e1mite o las decisiones que en el marco de ellas se adopten), los \u00fanicos facultados a disputarlas son las partes e intervinientes en el respectivo litigio, ya que son sus garant\u00edas las que podr\u00edan resultar agraviadas. <\/p>\n

Por eso, la Sala ha expuesto: <\/p>\n

(\u2026) para acudir a este mecanismo de resguardo supralegal, los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre revista un inter\u00e9s que posibilite su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta transgresi\u00f3n generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de los que integran alguno de los extremos del litigio o sean terceros reconocidos (STC 4 jun. 2020, rad. 2020-00258-01). <\/p>\n

Recordando que <\/p>\n

(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (STC 16617-2016). <\/p>\n

Por consiguiente, no puede la querellante, ni a\u00fan so pretexto de ser electora de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, defender las prerrogativas de \u00e9ste, como tampoco cuestionar la legalidad de la investigaci\u00f3n que se le sigue o de la restricci\u00f3n que se le impuso; ello s\u00f3lo interesa al implicado y a los part\u00edcipes de ese debate. <\/p>\n

3.- En conclusi\u00f3n, como la \u201cseparaci\u00f3n de la funci\u00f3n de Congresista del Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez\u201d no transgrede el \u201cderecho a elegir, como a ser representada\u201d de la gestora, quien adem\u00e1s carece de legitimaci\u00f3n para disputar la causa que se le sigue a dicho servidor, el auxilio reclamado debe desestimarse. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela solicitada por Andrea G\u00f3mez Porras. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6924-2020 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-02212-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020). Desata la Corte la tutela que Andrea G\u00f3mez Porras le instaur\u00f3 a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103870","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103870\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}