{"id":103883,"date":"2026-07-02T22:46:25","date_gmt":"2026-07-02T22:46:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103883"},"modified":"2026-07-02T22:46:25","modified_gmt":"2026-07-02T22:46:25","slug":"stc7093-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7093-2020\/","title":{"rendered":"STC7093-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7093-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-02284-00
\n(Aprobado en Sala de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Santiago S\u00e1nchez Mej\u00eda, contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto penal radicado n\u00ba 52.240. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a \u00abelegir y ser elegido, soberan\u00eda popular, supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, fines esenciales del Estado, democracia participativa\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 3 de agosto pasado, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, en el marco de una investigaci\u00f3n penal \u00abinjustificada\u00bb, dict\u00f3 medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva \u00abdomiciliaria\u00bb contra \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, la cual, seg\u00fan sostiene, fue informada a la opini\u00f3n p\u00fablica mediante comunicado \u00ab(15\/20 sala de instrucci\u00f3n especial)\u00bb cuyo fundamento normativo habr\u00eda sido la disposici\u00f3n que alude a los \u00ab(\u2026) posibles riesgos de obstrucci\u00f3n de la justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Alega que, con tal decisi\u00f3n \u00absin que medie condena\u00bb la Sala acusada \u00abcercen\u00f3 intr\u00ednsecamente los derechos pol\u00edticos del Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez y de contera mis derechos a elegir y de sentirme representado en el Congreso de la Rep\u00fablica\u00bb. En tal sentido manifest\u00f3 que con su voto particip\u00f3 en la elecci\u00f3n del citado Senador, siendo \u00e9l, el \u00abcandidato m\u00e1s votado en toda la historia del pa\u00eds, as\u00ed, es clara su representatividad como elemento de la democracia participativa que impera por mandato de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo entonces que, aunque reconoce que contra la criticada determinaci\u00f3n, existen \u00abrecursos y mecanismos exceptivos de defensa\u00bb, el hecho de que actualmente est\u00e9n en curso las sesiones de las comisiones legislativas y las plenarias, \u00abesperar el tr\u00e1mite de los recurso procesales constituir\u00eda un perjuicio irremediable, pues el Senador Uribe V\u00e9lez no puede participar activamente en las discusiones y en este sentido la materializaci\u00f3n de sus derechos fundamentales a elegir y mi representaci\u00f3n democr\u00e1tica se ve irremediablemente vulnerado\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, arguye que, la providencia afecta directamente los derechos fundamentales de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, pues \u00abno le respetan un juicio justo, sino un proceso arbitrario con vac\u00edos judiciales que solo permitir\u00eda un fallo parcializado, por eso [\u2026] expreso mi inconformidad de la forma en que se est\u00e1 judicializando al Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00ab(\u2026) se declare sin valor ni efecto la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Instrucci\u00f3n Especial de la Corte Suprema de Justicia, calendada el 4 de agosto de 2020, en el caso del Senador \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de los cinco magistrados que suscribieron la providencia que la tutelante cuestiona, manifestaron que se abstienen de emitir consideraci\u00f3n alguna respecto de las afirmaciones realizadas por la quejosa, debido a que \u00ab(\u2026) en la actualidad [\u2026] se encuentran adelantando diferentes actuaciones [\u2026] en contra del nombrado [Uribe V\u00e9lez] las cuales, se recuerda, conforme las previsiones de la Ley 600 de 2000, cuenta con car\u00e1cter reservado. Hacerlo en este tr\u00e1mite constitucional, eventualmente, podr\u00eda configurar una causal de impedimento\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, dejaron claro que se oponen a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto \u00abla accionante no hace parte de la actuaci\u00f3n referida, de ah\u00ed que, no se entienda de qu\u00e9 manera se vulneran sus garant\u00edas [\u2026] as\u00ed las cosas, el requisito de procedibilidad de legitimaci\u00f3n por activa en este asunto de relevancia constitucional se echa de menos\u00bb. <\/p>\n

2.\tLa Directora de la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, destac\u00f3 esencialmente que \u00ab(\u2026) carece de competencia sobre la materia tutelada\u00bb, ya que la decisi\u00f3n recriminada en la demanda se da \u00ab(\u2026) en el marco de una investigaci\u00f3n contra un Senador de la Rep\u00fablica\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, de todas formas, la s\u00faplica constitucional no satisface el requisito de la subsidiariedad, pues el proceso penal que se sigue contra el senador Uribe V\u00e9lez \u00ab(\u2026) es un conflicto judicial que se encuentra en tr\u00e1mite ante la autoridad competente\u00bb, y porque, la medida de aseguramiento que se le impuso es de \u00ab(\u2026) car\u00e1cter provisional [\u2026] por lo que en su contra proceden recursos y la continuaci\u00f3n del procedimiento para que se adopte una decisi\u00f3n definitiva\u00bb. <\/p>\n

3.\tIv\u00e1n Cepeda, senador vinculado al presente tr\u00e1mite, y quien funge como parte civil en la investigaci\u00f3n penal en cuesti\u00f3n; en primer t\u00e9rmino, para referirse a las garant\u00edas que se invocan como quebrantadas, se\u00f1al\u00f3 que los parlamentarios no gozan de inmunidad frente \u00aba una posible infracci\u00f3n de la ley penal\u00bb. Seguidamente, solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la tutela por cuanto no satisface el requisito de la subsidiariedad, dado que, \u00ab(\u2026) en el debate judicial, como es de conocimiento p\u00fablico, aunque la defensa pod\u00eda interponer recurso de reposici\u00f3n contra la medida adoptada por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de hacerlo (\u2026)\u00bb; finalmente, puso de presente que, \u00ab(\u2026) mal hacen en atacar las actuaciones que se surten en el proceso penal, personas ajenas al debate judicial, alegando vulneraci\u00f3n de sus derechos pol\u00edticos y pretendiendo con ello reemplazar los mecanismos id\u00f3neos, a los sujetos procesales y a la autoridad competente, para con ello intentar incidir en el debate judicial\u00bb. <\/p>\n

4.\tEl secretario general del Congreso de la Rep\u00fablica, manifest\u00f3 que esa corporaci\u00f3n no tiene competencia para pronunciarse sobre la presente queja, toda vez que en esta se cuestiona una determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia \u00ab(\u2026) organismo colegiado que hace parte de [\u2026] la Rama Judicial, es por ello que solo podr\u00e1 ser modificada, adicionada o derogada por un ente con competencia y que pertenezca a la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 legitimado para interponer el presente resguardo y, en caso de superarse lo anterior, si la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, al proferir el auto del 4 de agosto de 2020, mediante el cual impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en su lugar de residencia a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, en el marco de la investigaci\u00f3n penal que se le adelanta, bajo el radicado n\u00ba 52.240. <\/p>\n

2. \tLa legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n

2.1.\tLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de particulares. <\/p>\n

Por otra parte, las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial. Por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n

Asimismo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene sentado que la legitimaci\u00f3n activa de la acci\u00f3n de tutela, en principio, se refiere al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados. <\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n ha precisado que: \u00ab(\u2026) tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-301\/07 y T- 947\/06). <\/p>\n

Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n

En otro evento resalt\u00f3: \u00abEn lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 00372-01). <\/p>\n

A su vez, destac\u00f3 que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta espec\u00edfica v\u00eda es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales (\u2026) El principio de la informalidad que impera en estos tr\u00e1mites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a \u00e9l se le violaran las \u201cgarant\u00edas fundamentales\u201d y no a quien pretende favorecer\u00bb (CSJ STC, 16 feb. 2011, Rad. 2011-00090-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n

En tal virtud, cuando se discute por tutela una decisi\u00f3n proferida en un contexto judicial en el que procesalmente no se es parte, se ha dicho, en lo pertinente, que \u00ab(\u2026) quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que <\/p>\n

\u00ab[n]o es dable a quien no integra ninguno de los extremos en un determinado pleito, impetrar la acci\u00f3n de tutela para obtener la revocatoria, modificaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de las decisiones adoptadas por el juzgador\u00bb (CSJ, STC5548, 7 may.2014). <\/p>\n

En otra oportunidad, esta Sala expres\u00f3 que, <\/p>\n

\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016). <\/p>\n

Y, en un asunto de perfiles similares se sostuvo que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016).
\nConforme con lo expuesto, en el presente asunto Santiago S\u00e1nchez Mej\u00eda carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, teniendo en cuenta que no acredit\u00f3, como se deduce de las diligencias, poder especial o autorizaci\u00f3n para actuar por esta senda excepcional a nombre de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez; y adem\u00e1s porque, el auto proferido por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, no representa una transgresi\u00f3n directa de sus derechos fundamentales en la medida que, no es a \u00e9l, a quien le resulta aplicable la restricci\u00f3n o limitaci\u00f3n que all\u00ed se impuso. <\/p>\n

2.2.\tNo obstante, seg\u00fan se extrae de la jurisprudencia aludida, en aquellos eventos en los que el titular del derecho violado o amenazado, por circunstancias personales, no pueda promover su propia defensa, es factible que act\u00fae en su favor un tercero agenciando sus derechos de forma oficiosa; sin embargo, en esta demanda su precursor no se\u00f1al\u00f3 qu\u00e9 circunstancias particulares lo habilitan en este caso para asistirlo en esa condici\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, n\u00f3tese que el accionante en el escrito introductor no indic\u00f3 expresamente que acude a esta acci\u00f3n constitucional como \u00abagente oficioso\u00bb de Uribe V\u00e9lez, empero cuestiona concretamente la providencia que le impuso la medida precautelativa de detenci\u00f3n preventiva, lo que revela que su intenci\u00f3n no es otra que procurar la defensa de las garant\u00edas de aqu\u00e9l, pretendiendo validar su intervenci\u00f3n con fundamento en los derechos pol\u00edticos personales que reclama como quebrantados con la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n

En todo caso, se reitera, si la idea del actor es atacar la juridicidad del prove\u00eddo que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n dict\u00f3 contra \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, adem\u00e1s de, como se dijo, no tener legitimaci\u00f3n para hacerlo, tampoco acredit\u00f3 que \u00e9ste se encontrara en una situaci\u00f3n que le impidiese ejercer su propia defensa, de manera que, eventualmente, pudiera evaluarse la posibilidad de admitir su mediaci\u00f3n en este asunto en calidad de agente oficioso. <\/p>\n

En suma, al no explicarse la imposibilidad del afectado para interponer por s\u00ed mismo o a trav\u00e9s de apoderado especial el tr\u00e1mite objeto de estudio, corresponde declarar su improcedencia. <\/p>\n

Finalmente, al margen de lo anterior, como el tutelante puso de presente la supuesta conculcaci\u00f3n de sus derechos pol\u00edticos, toda vez que, al haber votado en los \u00faltimos comicios parlamentarios por \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, y al no tener este la posibilidad de ejercer el cargo para el que fue elegido por votaci\u00f3n popular, \u00absu representaci\u00f3n en el Congreso se encuentra amenazada\u00bb, es menester precisar que a\u00fan reconocida la trascendencia que pueda atribu\u00edrsele a esas garant\u00edas, la jurisprudencia de esta Corte y la del m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, ha se\u00f1alado que \u00abno son absolutas (CC T-516 de 2014)\u00bb, y, en determinados eventos, pueden estar sujetas a limitantes dependiendo de lo dispuesto por el legislador y las circunstancias propias de cada caso. <\/p>\n

Sobre el particular, al resolver un asunto de contornos id\u00e9nticos, esta Sala, en sede de tutela puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abno se avizora afectaci\u00f3n a la precitada prerrogativa supralegal [derecho a elegir y ser elegido], pues la misma no implica, de ninguna manera, que las personas en ejercicio de cargos de elecci\u00f3n popular no sean sujetos justiciables ni tampoco la imposibilidad de, en virtud de mandato emitido por autoridad competente, suspenderlos, provisional o definitivamente, de sus funciones o de imponerles una medida preventiva\u00bb (CSJ STC3474-2017, 15 mar. 2017, rad. 2017-00488-00). <\/p>\n

3.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

Quien acciona carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar la actuaci\u00f3n penal que se sigue contra \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, ante la falta de acreditaci\u00f3n de los presupuestos m\u00ednimos de configuraci\u00f3n del apoderamiento judicial o de la agencia oficiosa; adicionalmente, tampoco demostr\u00f3 que se le haya quebrantado garant\u00eda alguna con ocasi\u00f3n de la providencia cuestionada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7093-2020 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-02284-00 (Aprobado en Sala de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Santiago S\u00e1nchez Mej\u00eda, contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n; tr\u00e1mite al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103883","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103883"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103883\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}