{"id":103887,"date":"2026-07-02T22:46:37","date_gmt":"2026-07-02T22:46:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103887"},"modified":"2026-07-02T22:46:37","modified_gmt":"2026-07-02T22:46:37","slug":"stc7097-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7097-2020\/","title":{"rendered":"STC7097-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC7097-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02332-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Alejandra, Claudia Mar\u00eda y Sim\u00f3n Francisco S\u00e1nchez Espinosa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron citados el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00ba 2018-00560. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al resolver en segunda instancia la objeci\u00f3n a inventarios dentro del litigio antes referido.
\n2.\tEn s\u00edntesis, expusieron que a petici\u00f3n de la heredera M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Su\u00e1rez, el 3 de abril de 2019 el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 abierto y radicado el juicio sucesorio de su padre Silvio Francisco S\u00e1nchez Barrios, y tanto ellos como Juan Carlos S\u00e1nchez Espinosa, fueron reconocidos como herederos seg\u00fan prove\u00eddo del 10 de junio de 2019. <\/p>\n

Que el 9 de octubre de 2019 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos, en la que objetaron \u00abla partida referente al CDT N\u00b0 25500269288 del Banco Caja Social\u00bb, porque M\u00f3nica Mar\u00eda \u00abs\u00f3lo relacion\u00f3 el 50% del valor\u00bb, al asegurar que el porcentaje restante \u00able pertenece\u00bb, para los cual su apoderado y el del Juan Carlos expusieron distintos argumentos, como el que su padre acostumbraba utilizar \u00abla figura del \u201cmanejo alternativo\u201d el cual al ten\u00eda como prop\u00f3sito dotar de experiencia y conocimiento en el manejo de recursos a su prole\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n fue motivo de objeci\u00f3n, la partida de \u00abla cuenta de ahorros N\u00b0 24005755426 del Banco Caja Social por valor de $98.164.053,66 (\u2026), porque el valor real que aparece (\u2026) corresponde a la suma de $175.658.959\u00bb, pero la heredera M\u00f3nica Mar\u00eda solamente relacionaba \u00ab$77.500.000, en atenci\u00f3n a la devoluci\u00f3n del dinero del contrato de promesa de compraventa celebrado por ella y nuestro difunto padre\u00bb, pero los demandantes refutaron \u00abla falta de capacidad econ\u00f3mica de la se\u00f1ora M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Su\u00e1rez\u00bb. <\/p>\n

Que surtido el pertinente debate probatorio, el 3 de diciembre de 2019 el juzgado defini\u00f3 el incidente \u00abdeclarando parcialmente fundadas las objeciones\u00bb pues excluy\u00f3 \u00abel 50% de los dineros del CDT N\u00b0 25500269288 del Banco Caja Social por $51.756.135,65, al considerar que eran dineros propios de M\u00d3NICA MAR\u00cdA S\u00c1NCHEZ SU\u00c1REZ [y], declar\u00f3 fundada la objeci\u00f3n respecto a los dineros consignados en la cuenta de ahorros N\u00b0 24005755426 del Banco Caja Social, por $175.658.959, esta suma de dineraria en su 100% entraba hacer parte del activo de los inventarios y aval\u00faos, por lo que la interesada NO demostr\u00f3 capacidad econ\u00f3mica para soportar la celebraci\u00f3n de este tipo de negocio (promesa de compraventa)\u00bb. <\/p>\n

Que apelada la anterior decisi\u00f3n \u00abpor todos los interesados\u00bb, el recurso fue desatado por el tribunal en sala unitaria el 31 de julio de 2020, incurriendo en \u00abv\u00edas de hecho que derivaron un defecto f\u00e1ctico, al no tener en cuenta pruebas presentadas (sobreviniente presentada por el apoderado en segunda instancia), as\u00ed mismo porque se valor\u00f3 de manera indebida el material probatorio, en un apreciaci\u00f3n irrazonable de las mismas y por \u00faltimo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la suposici\u00f3n de una prueba (sentencia simulaci\u00f3n), apegado a un extremo ritual, sacrificando la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n

3.\tPretende se proceda a \u00abdejar sin efectos la providencia del 31 de julio de 2020\u00bb, y \u00aben consecuencia, ORDENAR [al tribunal], dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, emita una decisi\u00f3n de reemplazo\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE VINCULADA <\/p>\n

M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Su\u00e1rez, por intermedio de apoderado judicial se pronunci\u00f3 para oponerse a lo pretendido, porque en su criterio la resoluci\u00f3n que sus hermanos cuestionan se ajusta a la legalidad, ya que, \u00aben ning\u00fan momento el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 se extralimit\u00f3 en solicitar pruebas sobre una simulaci\u00f3n alegada, porque en \u00faltimas fue y es el argumento que los accionantes alegan pues al manifestar [que ella] no tiene capacidad econ\u00f3mica est\u00e1n queriendo decir que las titularidades que ostenta en los dos bienes ya mencionados, no existen y esto no es otra cosa que una simulaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de los accionantes, al resolver en segundo grado las objeciones a los inventarios y aval\u00faos dentro de la sucesi\u00f3n intestada n\u00b0 2018-00560, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed mismo, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3.\tDel caso concreto. <\/p>\n

Realizado el estudio pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de negarse el amparo deprecado, comoquiera que la providencia censurada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n

3.1.\tEn efecto, para que, con prove\u00eddo del 31 de julio de 2020, la colegiatura accionada hubiera revocado parcialmente el auto dictado por el juzgado a-quo el 3 de diciembre de 2019, mediante el cual se resolvieron las objeciones al inventario y aval\u00fao de los bienes sucesorales, se vali\u00f3 de argumentos que lejos est\u00e1n de tornarse arbitrarios o antojadizos. Ello, porque tras analizar individualmente y en conjunto los medios de prueba incorporados al expediente, encontr\u00f3 acreditado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) que el 26 de noviembre de 2015 la se\u00f1ora M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Barrios junto con su padre Silvio Francisco S\u00e1nchez Barrios como promitentes compradores suscribieron una promesa de compraventa sobre un apartamento y un parqueadero por la suma de $155.000.000, dinero que fue pagado por los promitentes compradores a Luis Fernando R\u00edos Garc\u00eda y Johana G\u00f3mez Salazar como promitentes vendedores seg\u00fan consta en acta del 15 de marzo de 2016 [por cuanto ese contrato] no se celebr\u00f3 (\u2026), se acord\u00f3 en acta de conciliaci\u00f3n del 26 de abril de 2018 que se har\u00eda la devoluci\u00f3n del dinero pagado ($155.000.000) el 8 de agosto de 2018 y que se consignar\u00eda dicha suma de dinero en la cuenta de ahorros No. 24005755426 del Banco Caja Social de propiedad del se\u00f1or Silvio Francisco S\u00e1nchez Barrios, de lo cual se puede colegir que ello se hizo, toda vez que para el periodo del 1 al 31 de julio de 2017, fecha en que ya hab\u00eda fallecido el se\u00f1or Silvio Francisco S\u00e1nchez, se reflejaba un saldo en la cuenta No. 24005755426 de $20.605.257,07, y para el 15 de mayo de 2019 la referida cuenta ya contaba con la suma de $175.658.959; adem\u00e1s que obran dep\u00f3sitos de dineros del 8 de agosto de 2018 en la mencionada cuenta cuyo titular es el causante; circunstancia de la cual encuentra probada esta Sala que efectivamente la suma de dinero de $155.000.000 fue consignada en la cuenta No. 2400755426, la cual proven\u00eda de la devoluci\u00f3n pagada en la promesa de compraventa por parte de los promitentes compradores, m\u00e1xime que los objetantes en el presente asunto no discrepan de que dichos dineros hagan parte del valor total que tiene la cuenta de ahorros del causante. <\/p>\n

(\u2026) que [M\u00f3nica Mar\u00eda y su padre Silvio Francisco S\u00e1nchez Barrios] suscribieron una promesa de compraventa en la cual se se\u00f1al\u00f3 que ostentaban la calidad de promitentes compradores, al igual que estos pagaron la totalidad del precio convenido para la compra de un apartamento y un parqueadero, sin que se especificara que uno de los dos era el que cancelaba dicha suma de dinero o en qu\u00e9 proporci\u00f3n lo hac\u00edan, sino que por el contrario, se indic\u00f3 que el pago se hac\u00eda con recursos propios de los promitentes compradores, y que adem\u00e1s conforme a las pruebas relacionadas en precedencia se encuentra demostrado que M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Suarez manejaba cierto flujo de caja en las cuentas bancarias de que era titular, destac\u00e1ndose la cuenta de ahorros No. 24038043697 en el Banco Caja Social en la cual lleg\u00f3 a tener un saldo de $50.042.583,77 y que adicionalmente para la fecha de suscripci\u00f3n de la promesa de compraventa esta devengaba un salario mensual de $1.000.000 por estar laborando como dependiente judicial, considera esta Sala que el pago fue efectuado por los dos promitentes compradores en igual proporci\u00f3n, es decir en 50% cada uno\u00bb. <\/p>\n

Explic\u00f3 que \u00absi bien es cierto que tanto los declarantes como la misma M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Suarez manifestaron que su padre (\u2026) siempre le daba dinero, ya sea para fechas especiales como regalos o por cualquier situaci\u00f3n, indicando \u00e9sta que ella ahorraba dichos dineros y que por tal raz\u00f3n siempre tuvo solvencia econ\u00f3mica y que con dichos ahorros de lo que le daba su padre, m\u00e1s lo que ella ahorr\u00f3 del tiempo que trabaj\u00f3 fue que pag\u00f3 la mitad del precio convenido en la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa del apartamento y parqueadero, es preciso decir que no por el hecho de haberse donado dineros por su padre y que ellos hubieran sido utilizados para la celebraci\u00f3n del negocio prometido, se puede predicar la simulaci\u00f3n de la promesa de compraventa, ni mucho menos se puede colegir que los mismos hacen parte de una acumulaci\u00f3n imaginaria de la herencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Sobre la afirmaci\u00f3n de los apelantes en el sentido que la totalidad del dinero del negocio jur\u00eddico pertenec\u00eda a su progenitor dada la incapacidad econ\u00f3mica de su hermana M\u00f3nica Mar\u00eda, coligi\u00f3 que los recurrentes alegaban \u00abla simulaci\u00f3n de la promesa de compraventa por interposici\u00f3n fingida de persona\u00bb, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte, afirm\u00f3 \u00abque no se demostr\u00f3 en el asunto que el negocio jur\u00eddico celebrado haya sido simulado por supuestamente hacer figurar como compradora a M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez, cuando realmente no ten\u00eda dicha calidad; raz\u00f3n por la cual no se puede aceptar el argumento expuesto por los dem\u00e1s herederos de que dichos dineros no fueron pagados por M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez, puesto que adem\u00e1s no se ha declarado la simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico celebrado en otro proceso, ni obra prueba que acredite que efectivamente la totalidad del dinero de la promesa de compraventa fue pagado \u00fanicamente por Silvio Francisco S\u00e1nchez\u00bb. Y bajo tal entendimiento, asever\u00f3: <\/p>\n

\u00abuna supuesta simulaci\u00f3n puede llegar a ser relativa con un fondo negocial de donaci\u00f3n lo que implicar\u00eda que de todas maneras dicho dinero devuelto por los promitentes vendedores a los promitentes compradores sigue siendo de propiedad de los dos promitentes compradores, puesto que la problem\u00e1tica de donaci\u00f3n en caso tal de que la hubiere, tiene que ver no con la propiedad del dinero donado sino con el art\u00edculo 1243 del C\u00f3digo Civil referido al primer acervo imaginario, como as\u00ed mismo res\u00e9\u00f1ese que con independencia de la capacidad econ\u00f3mica de M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez, el negocio jur\u00eddico de compraventa no necesariamente ha tenido que ser simulado en raz\u00f3n a la presunta incapacidad de M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez, puesto que bien pudo haber una donaci\u00f3n del dinero para efectuar la compra que se hizo, y como se itera, sigue siendo una problem\u00e1tica del primer acervo imaginario y no de que M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez no sea la propietaria de esas sumas de dinero\u00bb. <\/p>\n

Pero en suma, como no hubo ninguna labor probatoria eficaz tendiente a demostrar o bien la simulaci\u00f3n absoluta de la promesa de compraventa o bien la simulaci\u00f3n relativa por interposici\u00f3n de parte, deber\u00e1 tenerse el negocio jur\u00eddico de la promesa de compraventa como un negocio jur\u00eddico de car\u00e1cter oneroso realizado entre dos promitentes vendedores y dos promitentes compradores que ante la ausencia de estipulaci\u00f3n sobre las proporciones en que promet\u00edan comprar, debe presumirse que era de una manera proporcional, luego las devoluciones deb\u00edan efectuarse igualmente de manera proporcional. Por lo anterior, se estima que sale prospero el argumento apelativo de la heredera M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Suarez y en consecuencia se procede a determinar que, teniendo en cuenta que el 50% del pago convenido en la promesa de compraventa equivale a $77.500.000, deber\u00e1 esta suma excluirse de la cuenta de ahorros No. 2400575426, para que en su lugar quede como activo social \u00fanicamente la suma de $98.158.959 que es el saldo que queda luego de restar los $77.500.000 a la suma de $175.658.959\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, no accedi\u00f3 al reparo sobre \u00abla decisi\u00f3n de excluir el 50% del valor contenido en el CDT No. 25500269288\u00bb, porque, contrario a lo aducido por algunos de los apelantes: <\/p>\n

\u00abEst\u00e1 probado que M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Suarez y Silvio Francisco S\u00e1nchez Barrios (q.e.p.d.) adquirieron un CDT de n\u00famero 25500269288 con el Banco Caja Social por valor de $51.756.135,65, el cual fue aperturado el 18 de abril de 2017, renovado del 18 de octubre de 2018, con fecha de vencimiento del 18 de abril de 2019, cuya titularidad se dej\u00f3 como alternativa, como as\u00ed lo certific\u00f3 la entidad Bancaria, es decir que cualquiera de los dos titulares pod\u00eda disponer del CDT. As\u00ed entonces, se advierte que al aparecer como titulares del CDT tanto M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Suarez como Silvio Francisco S\u00e1nchez Barrios (q.e.p.d.), es decir que los dos eran beneficiarios teniendo el mismo grado de participaci\u00f3n, se estima que est\u00e1 demostrado que el dinero consignando en dicho t\u00edtulo valor pertenece a ellos dos en igual proporci\u00f3n, habida cuenta que no obra documento de prueba que acredite algo distinto; adem\u00e1s que para el a\u00f1o 2017, fecha en que se adquiri\u00f3 el CDT, si bien es cierto que en la declaraci\u00f3n rendida por M\u00f3nica Mar\u00eda S\u00e1nchez Suarez esta manifest\u00f3 que para tal calenda no realizaba ninguna actividad econ\u00f3mica y que en ese tiempo viv\u00eda de lo que le daba su pap\u00e1, lo cierto es que se demostr\u00f3 que esta para tal fecha manejaba dineros en cuentas bancarias por distintos valores, de lo cual se puede colegir que esta si ten\u00eda recursos econ\u00f3micos propios, ya sea por ahorros producto de la labor que desarroll\u00f3 desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016 como dependiente judicial, o por ahorros de lo que su padre le regalaba de manera habitual como as\u00ed se declar\u00f3, lo cual como se dijo en precedencia no hace parte del acervo imaginario de la herencia. Por consiguiente, se concluye que la decisi\u00f3n del Juzgado de excluir el 50% de los dineros del CDT No. 25500269288 del Banco Caja Social por valor de $51.756.135,65, para que en su lugar quede inventariado solo el 50% del mencionado CDT, habr\u00e1 de confirmarse\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad por los actores son incompatibles con la salvaguarda, pues persiguen anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la corporaci\u00f3n accionada y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n que les fue adversa, finalidad que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha dicho que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva, porque dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia paralela a las previstas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que mientras las decisiones confutadas cuenten con una razonable sustentaci\u00f3n, el auxilio no se abre paso, pues \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto cuya actuaci\u00f3n se censura (CSJ STC, 21 jul. 1995, rad. 2397), en tanto que, \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC 24 jun. 2004, rad. 00142-01, citada entre otras en STC5685-2020, 19 ago. 2020, rad. 01588-00). <\/p>\n

En este orden, se descarta la configuraci\u00f3n de yerro f\u00e1ctico, procedimental o de otra \u00edndole, pues las falencias que a trav\u00e9s de esa senda se endilgan, corresponden a aspectos que fueron amplia y suficientemente debatidos al interior del juicio, siendo resueltos mediante razonamientos que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, que inhiben al fallador constitucional para invalidar lo definido por el de instancia o para imponerle una determinada tesis que la sustituya. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo antedicho, por cuanto lo resuelto por el tribunal convocado, no es producto de un subjetivo criterio que configure desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico, \u00e9ste ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7097-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02332-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Alejandra, Claudia Mar\u00eda y Sim\u00f3n Francisco S\u00e1nchez Espinosa contra la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103887\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}