{"id":103889,"date":"2026-07-02T22:46:56","date_gmt":"2026-07-02T22:46:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103889"},"modified":"2026-07-02T22:46:56","modified_gmt":"2026-07-02T22:46:56","slug":"stc7102-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7102-2020\/","title":{"rendered":"STC7102-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7102-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02356-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Faber Alberto Ruiz G\u00f3mez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 se ordene \u00abla suspensi\u00f3n del proceso\u00bb objeto de reproche. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Jos\u00e9 Herney y Melba Ruiz Ruiz; Jos\u00e9 Fredy, Ilda Ambrosia y Faber Alberto Ruiz G\u00f3mez formularon demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Rosania del Socorro Guti\u00e9rrez Vidal, Rodrigo Cer\u00f3n Valencia y La Previsora SA Compa\u00f1\u00eda de Seguros, que fue desestimada con sentencia del 22 de febrero de 2018, decisi\u00f3n que apelaron los demandantes. <\/p>\n

2.2. Admitida la alzada, la parte actora solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, a lo que accedi\u00f3 el Tribunal criticado con auto del 4 de marzo de 2020, decisi\u00f3n que censuraron en reposici\u00f3n los demandados, siendo revocada con prove\u00eddo del 9 de julio siguiente, para en su lugar, negar la prenotada suspensi\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00ablos requisitos exigidos por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 161 del CGP se cumplen a cabalidad\u2026\u00bb, por lo que se debi\u00f3 confirmar la suspensi\u00f3n decretada; y que \u00abel resultado de la acci\u00f3n penal s\u00ed incidir\u00e1 en la indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o causado\u2026\u00bb, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n dijo remitirse a \u00ablos considerandos y a lo decidido en los autos proferidos el 4 de marzo y 9 de julio del presente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n

2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. Bajo esa perspectiva, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el prove\u00eddo de de julio de 2020, que revoc\u00f3 el dictado el 4 de marzo de esta misma anualidad, no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaba improcedente la suspensi\u00f3n que reclam\u00f3 el tutelante, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 la suspensi\u00f3n del proceso procede a solicitud de parte, entre otros eventos, cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, que verse sobre cuesti\u00f3n que se imposible ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n, siempre que se acredite la existencia del proceso que la determina y una vez que el asunto que debe suspender se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia\u2026 <\/p>\n

Examinados los planteamientos de los recurrentes, considera esta judicatura que les asiste raz\u00f3n al se\u00f1alar que la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso presentada por\u2026 la parte demandante, no se ajusta a los lineamientos del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo161 del CGP, toda vez que, del propio texto de dicha disposici\u00f3n, se desprende que para la operancia de la llamada \u201cprejudicialidad penal\u201d, la resoluci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal debe influir necesariamente en la decisi\u00f3n del proceso civil, es decir, debe verificarse que cualquiera que sea la determinaci\u00f3n de la justicia penal, repercutir\u00e1 directamente en las resultas de la controversia civil, circunstancia que ciertamente no se cumple en este caso. <\/p>\n

En efecto, por la naturaleza del debate que nos ocupa, la decisi\u00f3n que se adopte sobre la responsabilidad penal que le asiste a\u2026 Rosania del Socorro Guti\u00e9rrez Vidal por los hechos ocurridos el 18 de enero de 2015, por los que se demanda en esta acci\u00f3n civil, puede no llegar a influir en la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed se profiera y, en todo caso, dicha influencia no en todos los eventos de car\u00e1cter absoluto. <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

Tampoco puede perderse de vista, que bajo ninguna circunstancia le es dable al operador judicial asumir o suponer que la decisi\u00f3n que profiera la justicia penal ser\u00e1 de car\u00e1cter condenatorio, ni mucho menos fundar sus determinaciones en dichas conjeturas, so pena de soslayar la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho al debido proceso (art. 29 de la CP). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 la norma que regula la suspensi\u00f3n del proceso en el C\u00f3digo General del Proceso (art\u00edculo 161) y concluy\u00f3 que no se configuraban los presupuestos necesarios para frenar el curso del litigio cuestionado, comoquiera que la decisi\u00f3n de dicho asunto no depende \u00abnecesariamente\u00bb de las resultas del proceso penal, que se adelanta por el accidente de tr\u00e1nsito g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de responsabilidad civil. <\/p>\n

Entonces, tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

3. En este punto, cabe a\u00f1adir, que no verifica la Sala que como lo pregona el actor, el Tribunal querellado haya desconocido la jurisprudencia existente sobre la suspensi\u00f3n del proceso, atendiendo que los precedentes que invoc\u00f3 el quejoso versan sobre supuestos f\u00e1cticos diferentes a los acontecidos en el caso objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

4. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7102-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02356-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Faber Alberto Ruiz G\u00f3mez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103889","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103889"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103889\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103889"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}