{"id":103892,"date":"2026-07-02T22:47:29","date_gmt":"2026-07-02T22:47:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103892"},"modified":"2026-07-02T22:47:29","modified_gmt":"2026-07-02T22:47:29","slug":"stc7105-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7105-2020\/","title":{"rendered":"STC7105-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7105-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02270-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elba Abuabara de Castro y Augusto Castro Ariza contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, \u00abigualdad procesal\u00bb, \u00ableg\u00edtima defensa\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dicen vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidieron \u00abdejar sin efectos las providencias de\u2026 5 de febrero, [que] solicit\u00f3 una prueba a la parte demandada; de 5 de agosto mediante la cual se revoc\u00f3 el auto de 8 de julio y se otorg\u00f3 una nueva oportunidad para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n y la de 20 de agosto de 2020 que neg\u00f3 la nulidad y la ilegalidad propuesta por [ellos]\u00bb. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Elba Abuabara de Castro y Augusto Castro Ariza promovieron demanda contra Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones, que fue parcialmente acogida con sentencia del 24 de octubre de 2019, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes. <\/p>\n

2.2. Remitidas las diligencias al Tribunal criticado, dicha autoridad procedi\u00f3 a admitir la alzada y, posteriormente, con prove\u00eddo del 5 de febrero de 2020, decret\u00f3 una prueba de oficio. <\/p>\n

2.3. Recaudado dicho elemento de convicci\u00f3n, a trav\u00e9s de auto del 10 de marzo de 2020, el ad quem enjuiciado convoc\u00f3 a las partes\ta \u00abaudiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u00bb, diligencia que no se realiz\u00f3 por la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, a ra\u00edz de la crisis ocasionada por la pandemia que origin\u00f3 el virus Covid-19. <\/p>\n

2.4. Cumplido lo anterior, la sede judicial acusada, con auto del 8 de junio de los corrientes, concedi\u00f3 a los apelantes el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que sustentaran el recurso, disponi\u00e9ndose que se remitiera dicha providencia \u00abel mismo d\u00eda de su inserci\u00f3n en estado al correo electr\u00f3nico de las partes\u00bb. <\/p>\n

2.5. Vencido el plazo concedido para la sustentaci\u00f3n de la alzada, sin que la demandada se pronunciara, mediante determinaci\u00f3n del 8 de julio de 2020, se declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n, decisi\u00f3n que dicho extremo procesal censur\u00f3 en s\u00faplica, medio de impugnaci\u00f3n rechazado, por improcedente, con auto del 27 de julio siguiente. Sin embargo, se dispuso que se le diera tr\u00e1mite de reposici\u00f3n, en acatamiento de los dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.6. A trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 5 de agosto de la anualidad que avanza, el estrado querellado, en sede de reposici\u00f3n, revoc\u00f3 el prove\u00eddo de 8 de julio anterior y, en su lugar, dispuso correr un nuevo traslado a la enjuiciada para que sustentara la apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.7. Seguidamente, la parte demandante reclam\u00f3 la \u00abdeclaratoria de nulidad o legalidad\u00bb de ese \u00faltimo prove\u00eddo, petici\u00f3n que fue desestimada con auto del 20 de agosto del cursante a\u00f1o, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en s\u00faplica la actora. <\/p>\n

2.8. Expresaron los gestores del amparo que el elemento de juicio decretado en segunda instancia, \u00abnunca fue solicitada en las oportunidades procesales pertinentes\u2026 y hasta el momento tampoco se [les] ha puesto en conocimiento en segunda instancia, de modo que no lo [conocen], nunca fue sometido a controversia, con lo cual se incurre en una primera v\u00eda de hecho\u00bb; y que la providencia que corri\u00f3 traslado para sustentar la alzada fue debidamente enterada a las partes, a trav\u00e9s de su inserci\u00f3n en el estado respectivo, por lo que no debi\u00f3 concederse a su antagonista un t\u00e9rmino adicional para esos efectos, atendiendo que \u00abel env\u00edo al correo era un mero acto de difusi\u00f3n no un acto notificatorio (sic)\u00bb, circunstancias que conllevaban la prosperidad de la solicitud de invalidez que formularon. <\/p>\n

2.9. Agregaron que su contraparte desconoci\u00f3 su deber de vigilar el proceso, pues de haberlo acatado hubiese conocido de la providencia que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta destac\u00f3 que \u00abel decreto de la prueba de oficio es viable siempre que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos\u00bb y que, por tal raz\u00f3n, la que orden\u00f3 en el juicio criticado \u00ab\u2026 se sujet\u00f3 a las disposiciones que la codifican\u2026\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n del 5 de agosto de los corrientes: <\/p>\n

\u2026 se tom\u00f3 al tener en cuenta que, si bien es cierto la notificaci\u00f3n de las providencias se surte por estado, no lo es menos que, en efecto, se incurri\u00f3 en un error involuntario en la transcripci\u00f3n del correo electr\u00f3nico de la apoderada de UFINET COLOMBIA S.A., y por ello, no fue posible que se efectuara el conocimiento por ese medio, de la decisi\u00f3n adoptada y, principalmente, de la total reactivaci\u00f3n operacional de la Rama Judicial, luego de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales\u2026 <\/p>\n

As\u00ed que, en aras de garantizar el principio de equilibrio e igualdad procesal de las partes -por cuanto la demandante fue debidamente enterada a trav\u00e9s de la remisi\u00f3n del auto a su correo electr\u00f3nico, y pudo realizar la respectiva sustentaci\u00f3n-, no podr\u00eda cercen\u00e1rsele al otro extremo el derecho de que le fuera remitida la providencia a su correo electr\u00f3nico y que, por equivocaci\u00f3n alejada de mala fe y suspicacia, no pudo cometerse. <\/p>\n

Finalmente, destac\u00f3 que \u00abse encuentra surti\u00e9ndose el traslado de un recurso de s\u00faplica interpuesto por los accionantes contra el auto del 20 de agosto de 2020, que neg\u00f3 solicitud de nulidad impetrada contra el adiado 05 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n

2. Adriana Milena Ojeda Moreno, quien dijo obrar como apoderada judicial Ufinet Colombia S.A., sin que aportara mandato que la facultara para representarla en este tr\u00e1mite, solicit\u00f3 negar el resguardo.
\n3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. Bajo esa perspectiva, sea lo primero precisar que, revisada la demanda de tutela, se advierte que los gestores del resguardo cuestionan: (i) el auto del 5 de febrero de 2020, a trav\u00e9s del cual el estrado accionado decret\u00f3 una prueba de oficio; y (ii) que se hubiese concedido a su antagonista una nueva oportunidad para sustentar la alzada que interpuso contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n

3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el rese\u00f1ado prove\u00eddo de 5 de febrero de 2020, no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado en dicha providencia expres\u00f3 que decretaba la probanza criticada \u00aben uso de las facultades otorgadas por los art\u00edculos 169 y 170 del CGP\u00bb, normas que disponen, en su orden, que: \u00ab[l]as pruebas pueden ser decretadas a petici\u00f3n de parte o de oficio cuando sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2026\u00bb (art\u00edculo 169) y \u00ab[e]l juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb (art\u00edculo 170) -resaltado ajeno al texto-. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, comoquiera que las citadas disposiciones legales permiten al juzgador decretar pruebas de oficio \u00abantes de fallar\u00bb y con la finalidad de \u00abesclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb, por lo que no puede predicarse que el ad quem criticado haya actuado de forma arbitraria, por hacer uso de una de las potestades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico para resolver el litigio sometido a su conocimiento. <\/p>\n

3.1. En este punto, en lo que ata\u00f1e a la inconformidad de los quejosos, conforme a la cual no se les ha permitido controvertir el elemento de juicio recaudado de oficio, cabe a\u00f1adir que no encuentra la Sala que ellos hayan alegado esa circunstancia ante el fallador criticado, lo que hace inviable su reclamo constitucional. <\/p>\n

Y es que, para esgrimir dicha situaci\u00f3n, los quejosos tuvieron la oportunidad de censurar en reposici\u00f3n el auto de 8 de junio de 2020, que corri\u00f3 traslado a las partes para la sustentaci\u00f3n de su alzada. <\/p>\n

De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

Entonces, si los gestores del amparo desperdiciaron \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

4. Respecto a la otra de las inconformidades de los querellantes, se concluye que la solicitud de resguardo resulta prematura, por cuanto no se ha decidido, de manera definitiva, la solicitud de invalidez mediante la cual ellos cuestionaron, precisamente, que se hubiese otorgado a la demandada una nueva oportunidad para sustentar su apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Ciertamente, revisadas las copias remitidas del proceso atacado, se advierte que el Tribunal accionado desestim\u00f3 la referida petici\u00f3n de nulidad con auto del 20 de agosto de 2020, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en s\u00faplica la parte actora, medio de impugnaci\u00f3n que no ha sido decidido. <\/p>\n

Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n

Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n

5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

7<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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