{"id":103899,"date":"2026-07-02T22:48:36","date_gmt":"2026-07-02T22:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103899"},"modified":"2026-07-02T22:48:36","modified_gmt":"2026-07-02T22:48:36","slug":"stc7113-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7113-2020\/","title":{"rendered":"STC7113-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC7113-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00146-02 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de julio de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yenny Alejandra Medina Pulido contra el Consejo Superior de Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2019-02728. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abjuez natural\u00bb, la \u00abverdad\u00bb y \u00aba un recurso efectivo\u00bb, presuntamente vulnerados por la sala jurisdiccional convocada. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, los hechos y cuestionamientos sustento de la presente acci\u00f3n como los relat\u00f3 el apoderado de la accionante son los siguientes: <\/p>\n

\u00abSeg\u00fan las im\u00e1genes que han sido ampliamente divulgadas por la internet, medios de comunicaci\u00f3n y redes sociales, el joven dilan mauricio cruz medina es impactado por arma de fuego cuando se encontraba tratando de huir de los efectos generados por gases lacrim\u00f3genos lanzados por efectivos del Esmad, en direcci\u00f3n occidente oriente sobre el costado norte de la avenida calle 19 con carrera 4\u00aa de la ciudad de Bogot\u00e1. Herido, es auxiliado por varias personas, Cruz Roja, Gestores de Convivencia, incluidos defensores de Derechos Humanos que se encontraban en el lugar y m\u00e1s tarde, trasladado a la unidad de urgencias del Hospital Universitario de San Ignacio. Dos d\u00edas despu\u00e9s y a pesar de los m\u00faltiples esfuerzos de los profesionales de la salud, consecuencias de la gravedad de la lesi\u00f3n sufrida, pierde la vida. <\/p>\n

Pocos d\u00edas despu\u00e9s, algunos medios de comunicaci\u00f3n como el noticiero de televisi\u00f3n "Noticias Uno" dejan en evidencia a un integrante del Esmad Polic\u00eda Nacional apuntando en l\u00ednea recta, en diagonal y disparando el arma de dotaci\u00f3n; acci\u00f3n que implicar\u00eda dos d\u00edas despu\u00e9s la muerte de dilan cruz medina. Se supo que se trata del capit\u00e1n de la Polic\u00eda Nacional Manuel Cubillos Rodr\u00edguez. <\/p>\n

La investigaci\u00f3n penal fue asumida en justicia ordinaria por la Fiscal\u00eda 289 de la Unidad de Vida y, en trat\u00e1ndose de un miembro activo de la Polic\u00eda Nacional, por el Juzgado 189 de Instrucci\u00f3n Penal Militar el cual suscita conflicto positivo de competencia que a la postre y tras una paup\u00e9rrima oposici\u00f3n por cuenta del Fiscal de turno, termina siendo asignada a la Justicia Penal Militar, determinaci\u00f3n \u00e9sta que genera el presente recurso extraordinario de amparo a derechos fundamentales de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n

Respecto del prove\u00eddo que critica, esto es, el proferido el 12 de diciembre de 2019 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, encargada de dirimir el conflicto de competencia trabado entre las dos jurisdicciones para conocer del asunto penal, sostuvo: <\/p>\n

\u00abEn nuestro entender los derechos conculcados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en la [decisi\u00f3n] cuestionada son de tal envergadura constitucional que afectan los derechos propios del Bloque Constitucional, tal como lo es el principio de Juez Natural y con \u00e9l los derechos al debido proceso, a la defensa de los leg\u00edtimos intereses de las v\u00edctimas y a un recurso efectivo. No en vano la Oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en su informe [\u2026] de reciente divulgaci\u00f3n, hace importantes se\u00f1alamientos, cuestionamientos y recomendaciones al Estado Colombiano sobre asuntos como el que hoy es materia de la acci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n

Acus\u00f3 entonces la providencia adoptada por la Sala accionada de constituir v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, argumentando en tal sentido que: <\/p>\n

\u00abLa [\u2026] Sala Disciplinaria reconoce en el Auto de marras y en cuanto al estudio de la relaci\u00f3n entre la conducta y el servicio que; "La correspondencia que debe existir entre la conducta punible y el servicio activo en la fuerza p\u00fablica es una exigencia que debe determinarse a trav\u00e9s de una sana ponderaci\u00f3n de los elementos de juicio disponibles. <\/p>\n

Aspecto clave que permiti\u00f3 a la Colegiatura asignar la Competencia a la Justicia Penal Militar, lo constituyeron los testimonios de los uniformados, que a su vez fueron perpetradores subordinados directos del Capit\u00e1n cubillos, siendo ellos el pt. monz\u00f3n rojas miguel \u00e1ngel, pt medina carvajal diego felipe, pt mario andr\u00e9s rivera s\u00e1nchez y el si. yampier iv\u00e1n rodr\u00edguez bland\u00f3n, testimonios estos que por esa raz\u00f3n pierden objetividad e imparcialidad; pretermitiendo lo que para las v\u00edctimas resultaba un ejercicio de obligatorio cumplimiento el de contrastar las manifestaciones que al un\u00edsono presentaron todos los policiales con relaci\u00f3n a las declaraciones o entrevistas de civiles que estando en el lugar de los acontecimientos ofrecieron un relato de los hechos con un contenido claramente contrario a los dicho por aquellos. <\/p>\n

El 23 de noviembre rindieron entrevista ante funcionarios del CTI los se\u00f1ores h\u00e9ctor wilmar olarte cancino [\u2026] el ciudadano fabi\u00e1n emilio paredes Aristiz\u00e1bal [\u2026]; un d\u00eda despu\u00e9s es decir el 24\/11\/19 se recibieron las entrevistas de alexandra paola gonz\u00e1lez zapata [\u2026] de angie lorena medina panqueba [\u2026]. <\/p>\n

Las manifestaciones rendidas por estos cuatro ciudadanos son abiertamente diferentes a lo asegurado por los policiales, en primer lugar niegan que de parte de los pocos manifestantes que para el momento en que es gravemente herido DILAN MAURICIO se estuviera agrediendo o atacando a la fuerza p\u00fablica, en segundo lugar, coinciden que las reacciones del ESMAD no estaban realmente justificadas, y que ser\u00edan \u00e9stos los que estaban afectando con el uso desmedido de la fuerza una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica, tambi\u00e9n dan cuenta de varios disparos realizados con armas diferentes a las granadas de aturdimiento y los gases lacrim\u00f3genos, (trufay, marcadores y desde luego escopetas calibre 12 mm). Ahora bien, resulta pertinente agregar, que entre los se\u00f1ores olarte cancino y paredes aristizabal al parecer no existe ning\u00fan conocimiento entre s\u00ed o relaci\u00f3n de amistad. Y por la otra parte, tanto alexandra paola como angie lorena fungen como defensoras de derechos humanos integrantes que representan a la sociedad civil en las denominadas Comisiones de Verificaci\u00f3n E Intervenci\u00f3n – CVI, espacios con reconocimiento estatal ofrecido por la Resoluci\u00f3n 1190 de 2018 del Ministerio del Interior y distrital mediante Decreto 563 de 2015. <\/p>\n

Resulta pues evidente, que la Sala omiti\u00f3 hacer un estudio acorde e integral, de conjunto y en contexto en cuanto al contenido de las amplias y precisas manifestaciones de tiempo, modo y lugar, someti\u00e9ndolas al an\u00e1lisis y contrastaci\u00f3n necesarias lo que sin duda alguna como m\u00ednimo debi\u00f3 generar en el H. Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, DUDA RAZONABLE en cuanto al supuesto cumplimiento del principio FUNCIONAL (referido a que el delito cometido debe tener relaci\u00f3n con el servicio), elemento que representa el eje central para la competencia militar . <\/p>\n

Es preciso entonces traer a colaci\u00f3n apartes de la Sentencia C.372 de 2016 el cual define que aunque parezca evidente que la conducta punible ocurre en ejercicio de una deber legal, la concurrencia de acciones distorsionadas, si se quiere desviadas, se estar\u00eda perdiendo cualquier relaci\u00f3n con el deber legal del cumplimiento de la misi\u00f3n; dice la Sentencia entre otros apartes que: "…En relaci\u00f3n con el elemento funcional que debe concurrir para activar la competencia excepcional de la Justicia Penal Militar: que el delito cometido tenga relaci\u00f3n directa con el servicio, la Jurisprudencia ha destacado su especial importancia en la configuraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del fuero, precisando que el mismo consiste "en que la conducta punible tenga una conexi\u00f3n directa con el cumplimiento de una funci\u00f3n leg\u00edtima", lo que significa, a su vez, que si "el comportamiento t\u00edpico es consecuencia del desarrollo de una tarea propia del servicio, pero la misma es cumplida de forma distorsionada o desviada, la acci\u00f3n perder\u00e1 cualquier relaci\u00f3n con la labor legal y ser\u00e1, como cualquier delito com\u00fan, objeto de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria"\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide se declare \u00ab(\u2026) la nulidad de la providencia proferida el pasado 12 de diciembre de 2019 donde se resolvi\u00f3 el conflicto de competencia entre el Juez 289 de Instrucci\u00f3n Penal Militar y la Fiscal\u00eda 189 Seccional (sic) que radic\u00f3 en cabeza de la jurisdicci\u00f3n militar la investigaci\u00f3n por el homicidio de Dilan Cruz Medina (\u2026) disponer la remisi\u00f3n del expediente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que este organismo reasuma la investigaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl magistrado ponente de la providencia recriminada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada, relacion\u00f3 los elementos probatorios que valor\u00f3 e indic\u00f3 que, oportunamente ofici\u00f3 a la Fiscal\u00eda a fin de que allegara la totalidad del material recaudado, sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que el ente acusador al responder no hizo menci\u00f3n \u00ab(\u2026) de la existencia de las entrevistas realizadas por miembros del CTI a ciudadanos que participaron en la protesta, mismas que ahora echa de menos la accionante y que sostiene, dan una versi\u00f3n distinta a la narrada por los agentes de polic\u00eda\u00bb; de modo que, sostuvo, la determinaci\u00f3n se profiri\u00f3 con los elementos obrantes en el plenario.
\n2. En la misma l\u00ednea, la presidenta de la Sala acusada expuso que el prove\u00eddo en discusi\u00f3n tuvo fundamento en los elementos de prueba que \u00able fueron entregados [\u2026] como parte de las diligencias\u00bb. <\/p>\n

3.\tPor su parte, la Secretar\u00eda de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria resalt\u00f3 \u00abla autonom\u00eda e independencia del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir los conflictos que se presentan en las distintas jurisdicciones\u00bb. De otro lado, inform\u00f3 que el 5 de diciembre de 2019 libr\u00f3 comunicaci\u00f3n a la fiscal\u00eda del caso a fin de que emitiera pronunciamiento sobre el conflicto suscitado. <\/p>\n

4.\tEl abogado defensor del policial implicado en los hechos materia de investigaci\u00f3n penal, luego de efectuar un an\u00e1lisis particular de los testimonios echados de menos por la accionante en la valoraci\u00f3n probatoria realizada por la corporaci\u00f3n tutelada, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n dictada por aquella \u00abse encuentra ajustada a derecho y no evidenciaba la configuraci\u00f3n de defectos procedimentales\u00bb. <\/p>\n

5.\tLos delegados de la Procuradur\u00eda 17 y 28 Judicial Penal II de Bogot\u00e1 resaltaron que lo resuelto \u00ab(\u2026) no solo se fundament\u00f3 en las declaraciones de los agentes de polic\u00eda, sino tambi\u00e9n en elementos objetivos que determinaron la competencia, como lo son: el fuero militar del investigado, quien para la fecha de los hechos ostentaba la calidad de miembro activo de la Fuerza P\u00fablica; la conducta desplegada, que fue en cumplimiento de sus funciones; y finalmente, el arma con la que se lesion\u00f3 a la v\u00edctima, elemento de dotaci\u00f3n oficial proporcionado al investigado (\u2026)\u00bb. A\u00f1adieron que, no corresponde adelantar \u00abjuicios de valor\u00bb que conciernen al proceso, ya que la providencia dictada por el Consejo Superior de la Judicatura en este caso, se limit\u00f3 \u00ab(\u2026) simplemente la asignaci\u00f3n de un juez natural a la causa\u00bb. <\/p>\n

6.\tEl Fiscal 298 de la Unidad de Vida de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que no cuenta en la actualidad con el expediente de la investigaci\u00f3n, pues lo remiti\u00f3 desde el 17 de enero de 2020 a la justicia penal militar en acatamiento de la decisi\u00f3n de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que dirimi\u00f3 el conflicto de jurisdicciones; agreg\u00f3 que tuvo conocimiento que la actuaci\u00f3n fue asignada al \u00abJuez 189 Penal Militar\u00bb. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

En tal sentido, resolvi\u00f3 dejar sin efecto el auto recriminado y ordenar a la \u00ab(\u2026) Fiscal\u00eda 298 Seccional de la Unidad de Vida Bogot\u00e1 que, [\u2026] remita al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, las entrevistas rendidas ante el CTI por los ciudadanos H\u00e9ctor Wilmar Olarte Cancino, Fabi\u00e1n Paredes Aristiz\u00e1bal, Alexandra Paola Gonz\u00e1lez Zapata y Angie Lorena Medina Panqueba, as\u00ed como la totalidad de los elementos de juicio que hubiesen sido recolectados por ese despacho fiscal\u00bb hasta las fechas aludidas. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ponente de la providencia censurada, reiterando los argumentos planteados en su intervenci\u00f3n inicial; al respecto, insisti\u00f3 en que, no se incurri\u00f3 en la v\u00eda de hecho denunciado, por cuanto la decisi\u00f3n recriminada se fund\u00f3 en los elementos de prueba que la Sala tuvo a su alcance al momento de resolver el conflicto. Agreg\u00f3 que la fiscal\u00eda no alleg\u00f3 las declaraciones de las personas que alega la tutelante faltaron en el an\u00e1lisis, y que las mismas fueron conocidas por la manifestaci\u00f3n de la accionante, pero la fiscal\u00eda, incluso a\u00fan despu\u00e9s de ser requerida, no las aport\u00f3. <\/p>\n

Finalmente, adujo que \u00ab(\u2026) la tesis que plantea la Corte Suprema de Justicia\u2013Sala de Casaci\u00f3n Penal, [\u2026] traza un precedente seg\u00fan el cual cada vez que vayan apareciendo nuevos elementos materiales probatorios o evidencias f\u00edsicas dentro de una investigaci\u00f3n penal, es posible discutirse la competencia y poner en discusi\u00f3n qui\u00e9n es el Juez Natural de la causa, tal y como sucede en el presente asunto, pues pretende que esta Colegiatura vuelva a dictar el fallo valorando unas entrevistas que, se itera, y as\u00ed lo reconoci\u00f3 el Juez constitucional, no se ten\u00edan en el momento de resolver el conflicto por la sencilla raz\u00f3n de que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no las remiti\u00f3 a este cuerpo colegiado\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial accionada, vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la quejosa al proferir el auto de 12 de diciembre de 2019 mediante el cual dirimi\u00f3 el conflicto de jurisdicciones, asignando el conocimiento de la investigaci\u00f3n penal que se adelanta contra el miembro del grupo ESMAD de la Polic\u00eda Nacional, Manuel Cubillos Rodr\u00edguez, a la Justicia Penal Militar, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, concretamente por omitir valorar varias declaraciones de testigos presenciales de los hechos objeto de indagaci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

2.1.\tAcorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

2.2.\tSi bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n

\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, a partir de la censura planteada por la reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por incurrirse en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, en la medida en que alega que para definir la colisi\u00f3n de jurisdicciones no existi\u00f3 una valoraci\u00f3n integral de los medios de prueba adosados, y en concreto de los testimonios recaudados por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de los ciudadanos H\u00e9ctor Wilmar Olarte Cancino, Fabi\u00e1n Paredes Aristiz\u00e1bal, Alexandra Paola Gonz\u00e1lez Zapata y Angie Lorena Medina Panqueba, omisi\u00f3n que constituir\u00eda la v\u00eda de hecho de denunciada. <\/p>\n

2.3.\tSobre el defecto f\u00e1ctico o la viabilidad del auxilio al encontrar falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (\u2026) El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. <\/p>\n

Sobre el punto, ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (\u2026), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 02231-00, reiterada, entre otras en STC10993-2016, 10 ago. 2016, rad. 02110-00, y STC18073-2017, 2 nov. 2017, rad. 00458-01). <\/p>\n

Entre tanto, el precedente constitucional se\u00f1ala que el yerro f\u00e1ctico se produce por \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente\u00bb, o cuando el juzgador \u00abapreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar\u00bb (CC T-567\/98, T-239\/96, T-576\/93, T-442\/94 y T-538\/94, reiterada en SU-241\/15). <\/p>\n

3.\tCaso concreto. <\/p>\n

Bajo las anteriores premisas, y delimitada la problem\u00e1tica planteada, desde ya la Corte anticipa que respaldar\u00e1 el fallo impugnado, es decir, la concesi\u00f3n del amparo, acogiendo la tesis de la Sala a quo que advirti\u00f3 de la determinaci\u00f3n objeto del resguardo, una apreciaci\u00f3n incompleta de los elementos de conocimiento recaudados por la Fiscal\u00eda encargada del caso, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n

Revisado el auto de 12 de diciembre de 2019, desde la perspectiva ius fundamental, se tiene que la colegiatura acusada para establecer la jurisdicci\u00f3n que tramitar\u00e1 la investigaci\u00f3n y el juicio punitivo por la muerte del joven Dilan Cruz Medina, a partir de los hechos materia de indagaci\u00f3n y de la conducta desplegada por el gendarme perteneciente al Escuadr\u00f3n Antidisturbios implicado, auscult\u00f3 las declaraciones rendidas por los patrulleros Miguel \u00c1ngel Monz\u00f3n Rojas, Diego Felipe Medina Carvajal y Mario Andr\u00e9s Rivera S\u00e1nchez, as\u00ed como la del Subintendente Yampier Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Bland\u00f3n, quienes al un\u00edsono afirmaron que el \u00abuso de la fuerza\u00bb en esa ocasi\u00f3n obedeci\u00f3 a \u00ablos ataques\u00bb que habr\u00edan recibido por parte de los manifestantes, y que quien dio la orden de actuar de esa manera fue el mismo capit\u00e1n Cubillos Rodr\u00edguez, el investigado. <\/p>\n

Para complementar, la Sala accionada se detuvo especialmente en los dichos del Subintendente Rodr\u00edguez Bland\u00f3n, cuya testificaci\u00f3n rendida ante el Juez 189 Penal Militar, resumi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Posteriormente nos ubicamos en la calle 19 a eso de las 15:40 horas donde observamos un grupo de personas que bajaba hac\u00eda el occidente de la ciudad, se encontraban acompa\u00f1ados por gestores de convivencia y funcionarios de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, ante ellos se encontraba la doctora ESMERALDA CARO G\u00d3MEZ, funcionaria de la personer\u00eda, quien estaba interviniendo ante los manifestantes, veo que la funcionaria se entrevista con mi capit\u00e1n, despu\u00e9s de eso mi capit\u00e1n hace el anuncio del uso de la fuerza y la doctora con el personal de gestores de convivencia hacen una l\u00ednea y le piden a los muchachos que se retiren pac\u00edficamente, los encapuchados empiezan a arrojar piedras y objetos contundentes hacia nosotros e inclusive los funcionarios antes mencionados se retiran para evitar ser agredidos, mi capit\u00e1n ordena el inicio del procedimiento empleando granadas de humo y de aturdimiento y se hace necesario el empleo de armas y municiones menos letales avanzando en l\u00edneas de cuadras en sentido oriental, hab\u00edan bastantes muchachos encapuchados lanz\u00e1ndonos piedras y objetos contundentes y devolvi\u00e9ndonos las granadas, cuando veo que un joven est\u00e1 lanzando objetos contundentes, se agacha recoge un cartucho y lo devuelve y sale corriendo y cuando lo veo es que cae al piso".\u00bb.
\nEsas atestaciones, le fueron suficientes a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para determinar que la conducta reprochada a Cubillos Rodr\u00edguez tuvo relaci\u00f3n con un acto propio del servicio policial y se dio en cumplimiento de sus funciones, en tal sentido sostuvo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) esos hechos ocurrieron en un acto del servicio propio del Capit\u00e1n Manuel Cubillos Rodr\u00edguez, quien como integrante del Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios de la Polic\u00eda Nacional, el d\u00eda 23 de noviembre de 2019, procedi\u00f3 a ordenar el uso de la fuerza para dispersar una manifestaci\u00f3n que se estaba dando en el centro de la ciudad, tal y como lo se\u00f1alaron las pruebas testimoniales referidas en precedencia, donde se presentaron varios enfrentamientos sobre el sector de la calle 19 con carrera cuarta, en los que los miembros de la Fuerza P\u00fablica fueron atacados por algunos manifestantes debi\u00e9ndose acudir al uso de la fuerza, con lo cual result\u00f3 lesionado el joven Dilan Mauricio Cruz Medina, quien posteriormente falleci\u00f3 en el Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n

Y, establecido lo anterior, consider\u00f3 la tutelada que se mantuvo el fuero militar, correspondiendo direccionar el asunto al conocimiento de la justicia castrense. <\/p>\n

Sin embargo, no puede pasar por alto esta Sala que, en la sentencia C-372 de 2016 de la Corte Constitucional, tambi\u00e9n citada en la providencia aqu\u00ed discutida, y a su vez resaltada por la accionante en el escrito introductor, se indic\u00f3 que la aplicaci\u00f3n del mencionado \u00abfuero\u00bb exige una verificaci\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de la simple constataci\u00f3n de los elementos subjetivo y funcional, esto es, de la calidad del sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal y la labor ejecutada, pues para ese Alto Tribunal, adem\u00e1s de que el comportamiento t\u00edpico se d\u00e9 en ejercicio de las funciones legal y constitucionalmente asignadas, si aquellas se cumplen \u00ab(\u2026) de forma distorsionada o desviada, la acci\u00f3n perder\u00e1 cualquier relaci\u00f3n con la labor legal y ser\u00e1, como cualquier delito com\u00fan, objeto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n

En la misma l\u00ednea, en pronunciamiento en sede de tutela, aqu\u00e9lla Corte al estudiar una decisi\u00f3n similar redund\u00f3 en que, para fijar la competencia en la justicia penal militar es relevante llegar a la \u00abcerteza\u00bb que \u00ab(\u2026) la conducta fue cometida por miembros de la fuerza p\u00fablica en servicio activo y que la conducta investigada tenga relaci\u00f3n directa con el mismo servicio, pues si existen dudas sobre la procedencia de aplicar la excepci\u00f3n a la competencia atribuida por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el art\u00edculo 250, la actuaci\u00f3n penal debe ser adelantada por la jurisdicci\u00f3n com\u00fan, por ser la regla general\u00bb (CC T-590A\/14). <\/p>\n

De manera que, para cumplir con la premisa de la certeza, le era preciso a la corporaci\u00f3n ac\u00e1 demandada, decantar la decisi\u00f3n tras agotar por completo el an\u00e1lisis de la totalidad de las probanzas que conforman el expediente recolectadas v\u00e1lidamente por el ente acusador, lo que no se cumpli\u00f3, pues quedaron sin ser apreciadas cuatro declaraciones de testigos directos de los hechos1, que al parecer, ofrecieron versiones dis\u00edmiles a las de los policiales en cuanto al comportamiento del investigado Cubillos Rodr\u00edguez, de quien aducen, presuntamente se habr\u00eda excedido en su proceder.
\nSin embargo, es importante subrayar que, de acuerdo con la revisi\u00f3n efectuada al expediente de la causa por la a quo, la omisi\u00f3n le es ineludiblemente atribuible a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Fiscal 298 Seccional de la Unidad de Vida de Bogot\u00e1 \u2013 que, aunque contaba con las entrevistas de esos otros cuatro declarantes (diligenciadas en el formato oficial FPJ-14) recaudadas e incorporadas a la carpeta de la investigaci\u00f3n desde los d\u00edas 23 y 24 de noviembre de 2019, sin justificaci\u00f3n dej\u00f3 de remitirlas a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pese a que fue oportunamente requerida por aquella mediante oficio del 5 de diciembre de esa misma anualidad, por lo que evidentemente no hicieron parte de la decisi\u00f3n que defini\u00f3 la controversia. <\/p>\n

De modo que, ciertamente la determinaci\u00f3n reprochada tuvo sustento en lo obrante en la foliatura allegada por el ente persecutor, que no contuvo para el momento en que la tutelada se pronunci\u00f3 las declaraciones rese\u00f1adas; por lo tanto, dado ese panorama, no es posible calificar de caprichosa la actuaci\u00f3n de la Sala accionada ni endilgarle en estricto sentido un \u00abyerro\u00bb respecto de la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3. <\/p>\n

Sin embargo, el juez de tutela, si advierte una omisi\u00f3n de esa naturaleza, en aras de garantizar el debido proceso de las partes con inter\u00e9s en el tr\u00e1mite judicial, le concierne intervenir para enmendar la anomal\u00eda detectada, disponiendo que sean adoptados los correctivos a que haya lugar para esos efectos, sin que ello signifique en este espec\u00edfico caso una censura directa a la Sala aqu\u00ed demandada, la que, como lo resalt\u00f3 la Hom\u00f3loga de primer grado, se pronunci\u00f3 de conformidad con lo existente en el cuaderno aportado por la fiscal\u00eda. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, comoquiera que el delegado fiscal vinculado no expuso en estas diligencias razones que explicasen por qu\u00e9 las entrevistas mencionadas no hicieron parte del material remitido, resulta forzoso indicar que es dicha entidad \u2013 la fiscal\u00eda \u2013 como lo resalt\u00f3 la a quo, la que resulta comprometida en la afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, por lo que corresponder\u00e1 refrendar la orden tutelar dispuesta en el fallo impugnado; esto es, previa anulaci\u00f3n del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el conflicto de jurisdicciones, env\u00ede a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el expediente completo de la investigaci\u00f3n identificada con el SPOA 2019-13871, donde reposan las entrevistas de los ciudadanos \u00abH\u00e9ctor Wilmar Olarte Cancino, Fabi\u00e1n Paredes Aristiz\u00e1bal, Alexandra Paola Gonz\u00e1lez Zapata y Angie Lorena Medina Panqueba\u00bb, a fin de que hagan parte de la resoluci\u00f3n que a dicha corporaci\u00f3n le concierne adoptar, sin que ello signifique insinuar o sugerir en manera alguna el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 el auxilio y con ello la declaratoria de invalidez del auto atacado \u2013 12 de diciembre de 2019 \u2013 dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el conflicto de jurisdicciones en cuesti\u00f3n, as\u00ed como la orden a la Fiscal\u00eda 298 Seccional de la Unidad de Vida de Bogot\u00e1 para que remita el expediente completo a esa corporaci\u00f3n a fin de que la nueva decisi\u00f3n comprenda el examen de la totalidad de los elementos probatorios all\u00ed recaudados. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \tH\u00e9ctor \tWilmar Olarte Cancino \t(Gestor de convivencia de la Secretar\u00eda de Seguridad del \tDistrito de Bogot\u00e1), visible a folios 446 a 452 de la carpeta \tentrevistado por el t\u00e9cnico del CTI, Ximena Ballesteros \tQuijano; Alexandra \tPaola Gonz\u00e1lez Zapata \t(polit\u00f3loga, defensora de los Derechos Humanos) visible a \tfolios 442 a 445, entrevistada por la investigadora Luz \u00c1ngela \tSabogal; Fabi\u00e1n \tParedes Aristiz\u00e1bal \t(desempleado, testigo) visible a folio 462, entrevistado por \tGiovanni Mayorga Arias; y Angie \tLorena Medina Panqueba \t(abogada fundaci\u00f3n Comit\u00e9 Solidaridad con los Presos \tPol\u00edticos) visible a folio 460, entrevistada por Germ\u00e1n \tAdelmo Cuadrado Gonz\u00e1lez.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7113-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00146-02 Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de julio de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yenny […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103899"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103899\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}