{"id":103900,"date":"2026-07-02T22:49:00","date_gmt":"2026-07-02T22:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103900"},"modified":"2026-07-02T22:49:00","modified_gmt":"2026-07-02T22:49:00","slug":"stc7114-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7114-2020\/","title":{"rendered":"STC7114-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

STC7114-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2020-00348-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 4 de agosto de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Elvia Torres Soto contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2018-00039. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al no invalidar una conciliaci\u00f3n que se aprob\u00f3 \u00abomitiendo pronunciamiento de las pretensiones\u00bb.
\n2.\tEn s\u00edntesis, expuso que impetr\u00f3 demanda de uni\u00f3n marital de hecho y existencia de sociedad patrimonial contra Alberto Mesa Echeverri, cuyo conocimiento asumi\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1; autoridad que tras el tr\u00e1mite de rigor de las excepciones de m\u00e9rito, convoc\u00f3 a las partes y apoderados para la audiencia inicial la cual se llev\u00f3 a cabo el 8 de noviembre de 2018. <\/p>\n

Asever\u00f3 que instalada la diligencia en menci\u00f3n, la funcionaria cognoscente \u00absin mediar raz\u00f3n alguna, procedi\u00f3 a expresar que no era necesario evacuar la audiencia del art\u00edculo 372 del C.G.P.\u00bb, porque en su criterio \u00abno era necesario declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho [que] se \u201cinfer\u00eda\u201d (\u2026) exist\u00eda [entre los compa\u00f1eros permanentes]\u00bb, e \u00abinici\u00f3 (\u2026) \u201cferiando\u201d los bienes relacionados, sin tener en cuenta \u201clinderos, aval\u00faos, ubicaci\u00f3n de los bienes\u201d\u00bb, pese a que, por ejemplo, el precio \u00abreal (\u2026) de la finca de Girardot\u00bb, estaba lejos del que indic\u00f3 el demandado, pues proporcion\u00f3 \u00abuna informaci\u00f3n completamente falsa y err\u00f3nea\u00bb y luego \u00abescogi\u00f3 los mejores bienes y de mayor valor\u00bb, y a ello accedi\u00f3 la juez \u00aben detrimento de la se\u00f1ora Ana Elvia Torres Soto\u00bb. <\/p>\n

Que cuando expres\u00f3 \u00abque no estaba de acuerdo\u00bb con lo anterior, la juez le advirti\u00f3 \u00abque le iba a imponer una multa\u00bb, por lo que fue \u00abimposible con su comportamiento interponer recurso alguno\u00bb, y de esa manera \u00abgrosera y displicente\u00bb sent\u00f3 el \u00abacta de conciliaci\u00f3n completamente salida de todo contexto legal violatorio a todas luces de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, pues \u00abrelaciona bienes producto de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb no declarada; que \u00abal momento de expedir los oficios, se le expres\u00f3 que no ser\u00eda aceptada en las oficinas de registro de Instrumentos P\u00fablicos\u00bb, lo que efectivamente sucedi\u00f3 pues \u00abfueron devueltos\u00bb. <\/p>\n

Que promovi\u00f3 \u00abincidente de nulidad de lo actuado a partir del 8 de noviembre de 2018\u00bb, y ante ello el juzgado convoc\u00f3 a una audiencia en la que \u00abpretendi\u00f3 declarar la uni\u00f3n marital de hecho, pero como las partes no llegaron a un acuerdo respecto a la fecha, la juez no realiz\u00f3 pronunciamiento alguno\u00bb, por lo que la demandante aport\u00f3 un dictamen pericial donde verific\u00f3 \u00abque de los bienes relacionados en el acta hab\u00eda un detrimento econ\u00f3mico (\u2026), aproximadamente por la suma de (\u2026) $1.549.173.000 [y que] los bienes adjudicados a la se\u00f1ora a\u00fan contin\u00faan en poder del se\u00f1or Alberto Mesa\u00bb, adem\u00e1s de que estaba incluido un predio que la actora adquiri\u00f3 \u00abmediante sucesi\u00f3n\u00bb; no obstante, \u00abla se\u00f1ora juez dice \u201cdeben acudir a otra instancia para hacer cumplir la conciliaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n

Que el Procurador 61 Judicial II de Familia tambi\u00e9n hizo ver las falencias del acta de conciliaci\u00f3n y al evidenciar \u00abdenegaci\u00f3n de justicia\u00bb, pidi\u00f3 que se procediera a \u00abdeclarar sin valor ni efecto\u00bb lo dispuesto en la audiencia del 8 de noviembre de 2018, pero con prove\u00eddo del 18 de julio de 2019, el juzgado deneg\u00f3 la solicitud aduciendo \u00abque dicha determinaci\u00f3n se encuentra ejecutoriada (\u2026) y por ende constituye cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que insisti\u00f3 en la \u00abnulidad\u00bb inicialmente deprecada y en la pedida por el Ministerio P\u00fablico, sin que el accionado variara su postura, y que tras surtirse el tr\u00e1mite del recurso de queja, mediante auto del 6 de julio de 2020, el tribunal declar\u00f3 bien denegado el de apelaci\u00f3n, quedando as\u00ed \u00abagotadas las instancias\u00bb. <\/p>\n

3.\tPretende que, por esta v\u00eda, se proceda a \u00abdejar sin valor ni efecto el acta de audiencia de fecha 8 de noviembre de 2018\u00bb, y como consecuencia se ordene \u00abse\u00f1alar fecha para la diligencia de declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho (\u2026), disoluci\u00f3n y (\u2026) liquidaci\u00f3n la sociedad patrimonial de hecho, entre los se\u00f1ores Ana Elvia Torres Soto y el se\u00f1or Alberto Mesa Echeverri\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n

1.\tLa Juez D\u00e9cima de Familia de Bogot\u00e1, remiti\u00f3, en medio digital, el expediente contentivo del proceso objeto del presente cuestionamiento. <\/p>\n

2.\tLa Comisar\u00eda Novena de Familia de esta capital, adujo que era infundada su vinculaci\u00f3n pues es ajena a los hechos materia del tr\u00e1mite procesal criticado. <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Concedi\u00f3 el auxilio al encontrar que la juez accionada incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto por haber actuado completamente al margen del procedimiento establecido\u00bb, al aprobar una conciliaci\u00f3n sin definir de fondo del asunto, y realizar \u00abuna distribuci\u00f3n de bienes\u00bb que no identific\u00f3 para habilitar su registro, y \u00absin conocer su valor, lo que imped\u00eda hacer juicio de proporcionalidad\u00bb, es decir, \u00absin respetar siquiera las normas que regulan la liquidaci\u00f3n de sociedades conyugales y maritales (CGP 523), vale decir que no hubo decisi\u00f3n sobre el objeto del litigio y en cambio si la hubo sobre el aspecto liquidatorio que se adelanta en tr\u00e1mite posterior\u00bb. Pese a ello, no accedi\u00f3 al \u00abcontrol de legalidad\u00bb pedido por el demandado \u00aben aras de que se decidiera de fondo el asunto adicionando \u201cla sentencia\u201d\u00bb, ni a las solicitudes de nulidad elevadas por la actora y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, como \u00abde ninguna manera pod\u00eda dejarse de lado que la uni\u00f3n marital de hecho es presupuesto esencial de la sociedad patrimonial (\u2026); y al no haber reca\u00eddo el acuerdo sobre la totalidad de las pretensiones y excepciones, no pod\u00eda declararse terminado el proceso\u00bb, concluy\u00f3 que \u00abel proceder de la juez constituye una omisi\u00f3n de su deber de administrar justicia, pues a la fecha ni la demandante ni el demandado han obtenido una soluci\u00f3n a su conflicto, a pesar de haberlo presentado ante la administraci\u00f3n de justicia y haber cumplido con todas las cargas procesales que les correspond\u00edan, estructur\u00e1ndose [vulneraci\u00f3n] del derecho al debido proceso y consecuentemente el derecho al estado civil como atributo de la personalidad jur\u00eddica\u00bb. En ese orden, dej\u00f3 \u00absin valor ni efecto la parte resolutiva aprobatoria de la conciliaci\u00f3n celebrada el 8 de noviembre de 2018 para que en su lugar disponer que la se\u00f1ora Juez D\u00e9cima de Familia se vuelva a pronunciar\u00bb corrigiendo los yerros observados. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el vinculado Alberto Mesa Echeverri para refutar los argumentos de la querellante y, en suma, para censurar la utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00abcomo medio alternativo frente a imposibilidad de ejercer derechos propios en el momento correspondiente\u00bb. En ese sentido, asever\u00f3 que en la audiencia de conciliaci\u00f3n se realiz\u00f3 \u00abel reconocimiento de derechos a quien fue ciertamente compa\u00f1era de vida por muchos a\u00f1os, m\u00e1s no hasta la fecha que ella alude\u00bb, atendi\u00e9ndose \u00abla m\u00e1xima pretensi\u00f3n de la ahora accionante [que] era la obtenci\u00f3n de un fin patrimonial, que en efecto le fue reconocido de forma consensual (\u2026), m\u00e1s a\u00fan, con anuencia de la representante judicial (\u2026), quien incluso ahora coadyuva la tutela, donde ning\u00fan reparo, objeci\u00f3n o recurso se formul\u00f3\u00bb, y que lo all\u00ed acordado obedeci\u00f3 a \u00abuna negociaci\u00f3n libre\u00bb, la cual \u00abdesde el mismo d\u00eda de la audiencia comenz\u00f3 a dar cumplimiento\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, al aprobar una conciliaci\u00f3n en la que, sin definir la uni\u00f3n marital de hecho deprecada, se asignaron los bienes que all\u00ed fueron relacionados, y con ello declarar terminado el declarativo n\u00b0 2018-00039. <\/p>\n

2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo pleito, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed mismo, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3.\tDel caso concreto. <\/p>\n

Realizado el pertinente examen a los argumentos del presente reclamo y cotejados \u00e9stos con la informaci\u00f3n que brindan las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 el otorgamiento de la salvaguarda implorada, en la medida en que la actuaci\u00f3n censurada, estructura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n

3.1.\tFlexibilizaci\u00f3n de los requisitos gen\u00e9ricos. <\/p>\n

Si bien se ha venido sosteniendo que el auxilio se torna improcedente cuando no se cumplen los presupuestos de la temporalidad y de la subsidiariedad, en el entendido de que su formulaci\u00f3n debe realizarse en un tiempo prudencial, y que previo a su invocaci\u00f3n hay que agotar los mecanismos de defensa establecidos en la ley, tambi\u00e9n se ha dicho y reiterado que puede prescindirse v\u00e1lidamente de tales exigencias cuando existen relevantes circunstancias que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar su procedibilidad. <\/p>\n

Tales condiciones se evidencian en esta oportunidad, porque independientemente de la desidia atribuible a la representante judicial de la actora, por no refutar jur\u00eddicamente la omisi\u00f3n de la juzgadora en la definici\u00f3n del litigio, tal acto refleja una falencia de la directora del proceso que inobserv\u00f3 la normativa que rige la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y existencia de sociedad patrimonial, causando con ello un evidente agravio a las prerrogativas superiores derivadas del art\u00edculo 29 superior. <\/p>\n

Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9525-2018, STC16372-2018, y STC4284-2019, 4 abr. 2019, rad. 00008-01, entre otras).
\nEntonces, la no utilizaci\u00f3n de los recursos contra la decisi\u00f3n por la que ahora se duele la querellante, no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n. En otras palabras, la omisi\u00f3n que en aquella oportunidad se suscitara por parte de la interesada, no se convierte en talanquera para remediar los defectos que enseguida se analizan, en tanto conlleva una grave transgresi\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas y que ampara prevalentemente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3.2.\tDe los yerros para la procedibilidad de la tutela. <\/p>\n

3.2.1.\tEn primer lugar, deviene desacertado que en el asunto ordinario objeto de estudio, la juzgadora de conocimiento hubiera desconocido que para avalar la conciliaci\u00f3n, cuando es en derecho y adem\u00e1s tiene el car\u00e1cter procesal, deb\u00eda verificar que sirviera como mecanismo efectivo para la soluci\u00f3n del conflicto puesto bajo su conocimiento, y sumado a ello, que ante la posterior cr\u00edtica recibida de las partes y del Ministerio P\u00fablico, en lugar de procurar remediarla, optara por mantenerla bajo supuestos que no se ajustaban a la realidad ni al ordenamiento legal aplicable para el caso debatido. <\/p>\n

En efecto, la foliatura da cuenta que de cara a una demanda con la que se pretend\u00eda declarar una uni\u00f3n marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, en la etapa conciliatoria la juez obvi\u00f3 establecer las condiciones legales para establecer su existencia, y sin al menos delimitar las fechas de inicio y terminaci\u00f3n de dicho estado civil, inst\u00f3 a que se precisaran los bienes sociales y seguidamente su reparto, sin que para tal proceder mediara un soporte jur\u00eddicamente v\u00e1lido. <\/p>\n

Ello, porque si bien Ley 979 de 2005, estableci\u00f3 \u00abmecanismos \u00e1giles para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, y en particular su art\u00edculo 2\u00b0 dispuso que \u00ab[l]a existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, se declarar\u00e1 por cualquiera de los siguientes mecanismos: (\u2026) 2. Por Acta de Conciliaci\u00f3n suscrita por los compa\u00f1eros permanentes, en centro legalmente constituido\u00bb, y del mismo modo el siguiente canon se\u00f1al\u00f3 que la sociedad patrimonial tambi\u00e9n \u00abse disuelve\u00bb a trav\u00e9s de dicho mecanismo, en ning\u00fan momento abandon\u00f3 la idea de exigir el cumplimiento de una cualquiera de las causales previamente definidas para tales eventos. <\/p>\n

Es decir, para declarar tanto la uni\u00f3n marital como la sociedad patrimonial, independientemente de la v\u00eda que se emplea para ello, valga citar la escritura p\u00fablica, la conciliaci\u00f3n o la sentencia judicial, debe verificarse por el notario, conciliador o juez, lo contemplado en los casos previstos en los literales a) y b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, esto es, que \u00abexista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os\u00bb entre una pareja \u00absin impedimento legal para contraer matrimonio\u00bb, o que existiendo la uni\u00f3n marital en los t\u00e9rminos indicados \u00abe impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n

En segundo lugar, m\u00e1s all\u00e1 del desentendimiento de los apoderados de las partes sobre la manera de abordar jur\u00eddicamente el pleito, emerge ajeno al orden jur\u00eddico que al interior del proceso que legalmente se mostraba id\u00f3neo para resolver el conflicto de intereses planteado, la juez optara por limitarlo a un reparto de los bienes que en el momento relacionaron, sin detenerse a establecer si en realidad ten\u00edan la calidad de sociales, en tanto no se fijaron los extremos temporales de la uni\u00f3n marital que habilitara la existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n

Aunado a la falta de explicaci\u00f3n sobre el fundamento legal para establecer una sociedad patrimonial, la tuvo por disuelta para enseguida realizar una precaria liquidaci\u00f3n, y omitiendo la identificaci\u00f3n de los bienes, los adjudic\u00f3 sin detallar las hijuelas que viabilizaran su registro inmobiliario -como equivocadamente insisti\u00f3 en posteriores prove\u00eddos-, y pese a ello, como si se tratara de una conciliaci\u00f3n total, declar\u00f3 \u00abterminado el presente asunto\u00bb cuando en realidad las pretensiones de la acci\u00f3n no hab\u00edan sido materia de estudio. <\/p>\n

No obstante, la magnitud del yerro material como de procedimiento que se acaba de describir, este \u00faltimo se mantuvo por el despacho accionado al desatender sistem\u00e1ticamente las solicitudes de invalidaci\u00f3n presentadas \u2013 en principio por ambas partes-, y al final por la actora y el agente del Ministerio P\u00fablico, sin siquiera analizar que este \u00faltimo le endilgara \u00abdenegaci\u00f3n de justicia\u00bb por terminar un proceso sin abordar el objeto del mismo. <\/p>\n

N\u00f3tese que inicialmente el demandado plante\u00f3 su inconformidad, pues el 29 de noviembre de 2018 solicit\u00f3 adici\u00f3n de la \u00absentencia\u00bb; luego fue la demandante quien el 12 de diciembre de esa anualidad propuso incidente de nulidad de lo actuado a partir de la audiencia del 8 de noviembre, inclusive, todo lo cual fue denegado por el juzgado el 3 de mayo de 2019. Luego, en mayo de esa anualidad, la actora reiter\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad y el Procurador 61 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 declarar sin valor ni efecto el acta de audiencia de conciliaci\u00f3n, lo que nuevamente fue desestimado con auto del 18 de julio de 2019. <\/p>\n

La argumentaci\u00f3n dada por el juzgado se circunscribi\u00f3 a que ya el pleito hab\u00eda terminado y como la decisi\u00f3n estaba ejecutoriada, quedaba cobijada por el principio de la cosa juzgada, aseveraci\u00f3n que, dadas las desacertadas circunstancias que dieron lugar a tal actuaci\u00f3n, deviene infundada, pues qued\u00f3 evidenciado que la autoridad encartada no resolvi\u00f3 de fondo el objeto de la controversia. <\/p>\n

3.2.2.\tBajo el anterior entendimiento, surgen con claridad el defecto material o sustantivo que hace procedente la injerencia del juez constitucional, en la medida en que la funcionaria querellada se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso, concretamente, porque no fue acertada la interpretaci\u00f3n y empleo de la conciliaci\u00f3n judicial, aplicable como etapa procesal en un juicio declarativo del estado civil como el que es materia del actual cuestionamiento, seg\u00fan ya qued\u00f3 visto. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el juzgador convocado no pod\u00eda desconocer su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la hoy querellante, al otorgar un err\u00f3neo entendimiento de la figura jur\u00eddica comprendida en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, como evento aislado de los supuestos que regulan la uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes – leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, entre otras disposiciones sustanciales a las que \u00e9stas se remiten. <\/p>\n

De igual modo, al desatender los par\u00e1metros que gobiernan la conciliaci\u00f3n judicial prevista en el art\u00edculo 372-6 del estatuto adjetivo, el accionado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en yerro procedimental absoluto, pues dio cabida a un acuerdo sin miramiento en los presupuestos f\u00e1cticos que motivaron la demanda y dejando de resolver sus pretensiones, y de esa manera actu\u00f3 al margen del procedimiento fijado por el legislador para resolver el caso que le fue encomendado. <\/p>\n

La incursi\u00f3n en el referido defecto de procedibilidad por indebida interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la normativa adjetiva, tambi\u00e9n implica que la autoridad convocada desconoci\u00f3 el principio de prevalencia del derecho sustancial, materializado cuando en lugar de revisar si los supuestos esbozados y las circunstancias concretas se ajustaban a lo previsto en el texto legal, opt\u00f3 por sujetarse a un \u00abexcesivo rigorismo formal\u00bb consistente en aprobar un acuerdo por la sola raz\u00f3n de que era \u00abla expresi\u00f3n de la voluntad de las partes\u00bb, pese a las falencias sustanciales y procedimentales de que adolec\u00eda, mismas que luego se abstuvo de corregir. <\/p>\n

Acerca del yerro procedimental, se ha dicho que acaece cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n

Cabe recordar que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb, lo cual inobserv\u00f3 la ac\u00e1 accionada. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

De conformidad con lo anteriormente discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n mediante el cual se concedi\u00f3 el amparo deprecado, y con ello las \u00f3rdenes pertinentes que en tal virtud fueron impartidas para corregir el desafuero que motiv\u00f3 la presente intervenci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA STC7114-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2020-00348-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103900\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}